Muchos hispanos indocumentados permanecen escépticos y afirman que no vale la pena arriesgarse a salir de las sombras por los nuevos beneficios temporales ofrecidos por la Casa Blanca.


  

En un discurso a la nación el jueves por la noche, Obama ofreció detalles sobre un decreto que permitirá a unos 4.4 millones de padres de ciudadanos estadunidenses y residentes permanentes vivir temporalmente en Estados Unidos, sin la amenaza de una deportación.

Aunque las comunidades de inmigrantes en Estados Unidos conocían los detalles del discurso, muchos hispanos indocumentados permanecían escépticos y afirmaban que no valía la pena arriesgarse a salir de las sombras por los nuevos beneficios temporales ofrecidos por la Casa Blanca.

“No quiero seguir viviendo a escondidas”, dijo Martínez, una salvadoreña de 34 años, y agregó que sería feliz de inscribirse y pagar una multa para evitar ser deportada.

“Pero si remueven el programa, eso significaría la deportación automática”, añadió, y dijo que ella y su marido, también indocumentado, podrían estar mejor fuera de la vista de las autoridades hasta que se llegue a una solución permanente.

Aunque la medida de Obama para padres de niños que son ciudadanos estadunidenses o residentes legales permanentes podría ofrecer un estatus temporal a hasta 5 millones de inmigrantes, sus muchas limitaciones superan a sus beneficios, según expertos.

“Es un paso en la dirección correcta, pero no va a cumplir su objetivo”, dijo Cheryl Little, una veterana abogada de inmigración y directora de Americans for Immigrant Justice, con sede en Miami.

“La acción aplazada no es estatus legal, simplemente es una prórroga temporal de la deportación”, agregó.

Los postulantes elegibles tendrán que entregar todos los documentos relevantes a las autoridades inmigratorias, incluyendo información sobre por cuánto tiempo han estado en el país, su fuente de ingresos y lugar de trabajo.

Los inmigrantes que han vivido ilegalmente en Estados Unidos por muchos años pueden tener miedo a postular al programa ante la posibilidad de que los deporten en el futuro si se acaba su estatus temporal, así como también a multas elevadas y exposición a cuentas médicas impagas, dijo Mark Hugo López, del Centro Hispánico Pew.

“Quién sabe quién será el próximo presidente y si puedan retirar esta protección”, comentó.

También es posible que los inmigrantes carezcan de la documentación apropiada para probar su elegibilidad, agregó, lo que se traduce en una enorme incertidumbre respecto a los beneficios que pudiera traer la postulación al programa.

La Acción Aplazada para Arribos durante la Niñez (DACA, por su sigla en inglés) ofrece un permiso de trabajo de dos años para adultos jóvenes de entre 15 y 30 años que hayan sido llevados a Estados Unidos en forma ilegal durante su niñez.

La acción ejecutiva de Obama es la medida más significativa para proteger a inmigrantes no autorizados desde 1986, cuando el Congreso aprobó una legislación que permitió obtener la residencia a casi tres millones de inmigrantes ilegales en el país, y finalmente la ciudadanía estadunidense.

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Malas dietas y falta de ejercicio son responsables de casi 10% de todas las enfermedades.


  

Organizaciones internacionales y 170 gobiernos se comprometieron este miércoles a combatir la malnutrición y dijeron que aunque la hambruna ha disminuido, la mitad de la población mundial es afectada de alguna manera por problemas nutricionales.

La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalaron que la hambruna global ha bajado 21 por ciento desde 1992.

Sin embargo, personas que viven en una misma comunidad o incluso en el mismo hogar sufren en forma variable de hambre, deficiencias en micronutrientes y obesidad.

La FAO y la OMS llamaron a políticos, científicos, sociedad civil y sector privado a renovar esfuerzos para fijarse objetivos más ambiciosos y erradicar la desnutrición en el planeta.

Parte de nuestro desequilibrado mundo muere aún de hambre, y otra parte se ceba hasta la obesidad, hasta tal punto que la esperanza de vida vuelve a retroceder, recordó Margaret Chan, directora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) al arrancar la segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2).

Las agencias se reunieron en una conferencia aquí con ministros de Salud, Alimentación y Agricultura de 170 países y adoptaron la Declaración de Roma sobre la alimentación y un marco de acción que incluye 60 recomendaciones para luchar contra la desnutrición, las carencias alimenticias y la obesidad.

La directora general de la OMS, Margaret Chan, declaró a los delegados que la desigualdad social y de ingresos, y las brechas entre los niveles de nutrición son las más altas de las que se tenga memoria.

Algo está mal. Parte de nuestro desequilibrado mundo aún se muere de hambre, mientras otras partes se llenan de comida a un nivel de obesidad tan propagado, que reduce las cifras de expectativa de vida y dispara el costo en salud a cifras astronómicas, sostuvo Chan.

La funcionaria afirmó que debería haber reglas sobre consumo máximo de alimentos para proteger a la población de enfermedades vinculadas a la dieta.

De acuerdo con la declaración sobre nutrición, las malas dietas y la falta de ejercicio son responsables de casi 10 por ciento de todas las enfermedades y discapacidades.

Chan criticó el intento por contener la propagación del virus del ébola en África occidental con la prohibición a la carne de caza. Si se prohíbe la caza, venta y consumo de esta comida, la gente muere de hambre, comentó.

Tenemos que ir más lejos. Nuestra responsabilidad es transformar estos compromisos en resultados concretos. Espero que en esta conferencia anunciemos objetivos que vayan más allá de lo que ya ha sido fijado insistió José Graziano da Silva, director general de la FAO.

Los debates y les mesas redondas proseguirán hasta el viernes en la sede de la FAO en Roma, donde el papa Francisco es esperado esta mañana.

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Seguro Popular cubre enfermedades sólo en el papel

El Estado ha garantizado la atención de apenas decenas de casos de enfermedades como hepatitis C o el cáncer de colon, las cuales llegan a tener más de 4 mil casos anuales.


  

Hay enfermedades dentro del Seguro Popular que solo se cubren en el papel pues no hay suficientes hospitales acreditados, es decir, validados por la Secretaría de Salud, para garantizar que sus afiliados accedan a la atención en donde lo necesiten.

En 2012 el Seguro Popular comenzó a cubrir enfermedades históricamente solicitadas por grupos de pacientes como la hepatitis C o el cáncer de colon y recto. Para hacerlo se les incluyó dentro del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos dedicado a financiar las enfermedades que por su alto costo son capaces de empobrecer a cualquier familia que las padezca, como el cáncer de mama, el cáncer infantil o el VIH/Sida, entre otras.

Sin embargo, desde entonces ha financiado apenas 14 casos de cáncer de colon y recto, la cual provoca alrededor de 4 mil muertes cada año en México, y cinco de hepatitis C, enfermedad que aumenta en 19 mil 300 casos anualmente, según cifras del Inegi y el Instituto Nacional de Salud Pública, respectivamente.

La principal razón de estas cifras es que para todos los pacientes con cáncer colorrectal el Seguro Popular cuenta solo con tres unidades acreditadas para atenderlos, ubicadas en Chihuahua, Yucatán y Campeche; mientras que para hepatitis C solo dos, en el DF y en Sinaloa. Los pacientes de otros estados del país pueden acudir a hospitales públicos cercanos a su casa, pero al no estar acreditados por el Seguro Popular tendrán que pagar el alto costo del tratamiento, y eso si está disponible.

Para que un usuario del Seguro Popular pueda acceder a cualquier tratamiento, independientemente de la complejidad o el costo que tenga, debe acudir a una unidad médica acreditada por la Secretaría de Salud, quien previamente verifica que el hospital o clínica cuente con estándares mínimos de seguridad, calidad y capacidad para atender a los pacientes.

Otras enfermedades tienen un destino similar a las dos mencionadas: aunque el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos también cubre el cáncer de ovario germinal, que afecta a 4 mil mujeres cada año, o el trasplante renal para menores de 18 años, en dos años solo pagó el tratamiento de dos pacientes con estos padecimientos, para los que solo cuenta con tres y cuatro unidades acreditadas en el país, respectivamente.

“Es una manera de distraer el proceso, por un lado el Seguro Popular te dice sí tenemos acceso universal a la salud y ya está incluido tu padecimiento, pero hay una dilación al prestar ese servicio. El ejemplo más claro es con la hepatitis C, este año se devolvió dinero porque no se ocupó el presupuesto porque las unidades no se han acreditado.

“Lo único que hacen es dilatar el proceso de atención, y las personas se siguen muriendo porque no hay acceso igualitario a la salud a pesar de que estás en Fondo (de Protección contra Gastos Catastróficos) no te puedes atender porque no tienes una unidad cercana, tienes que moverte, no tienes recursos para moverte y te mueres. Si eso no es obstaculizar el derecho a la salud, yo no sé qué es”, criticó Luis Adrián Quiroz, integrante de la organización Red de Acceso, dedicada a apoyar a pacientes con enfermedades crónico-degenerativas.

A pregunta expresa, el activista consideró que en el país hay pocos hospitales acreditados debido a que tienen que pasar por un proceso burocrático al que calificó de lento y engorroso.

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Los religiosos enviaron su solidaridad con los familiares de las víctimas de Ayotzinapa, y advirtieron que la situación de inseguridad no sólo ha empeorado, sino que ha desatado una verdadera crisis nacional.


  

Los Obispos de México enviaron un mensaje este miércoles en el que dicen “¡Basta ya!” de sangre, de muertes y de desapariciones en el país. En el pronunciamiento de la Conferencia del Episcopado mexicano -en el que participaron los obispos- los religiosos enviaron su solidaridad con los familiares de las víctimas de Ayotzinapa, y advirtieron que la situación de inseguridad no sólo ha empeorado, sino que ha desatado una verdadera crisis nacional.

“¡Basta ya! No queremos más sangre. No queremos más muertes. No queremos más desparecidos. No queremos más dolor ni más vergüenza”, inicia el documento enviado por los obispos, en el que además se solidarizaron con los familiares y amigos de las víctimas de Tlatlaya e Iguala, que “se suman a los miles de víctimas anónimas en diversas regiones de nuestro país.”

Además. los obispos se sumaron al “clamor generalizado por un México en el que la verdad y la justicia provoquen una profunda transformación del orden institucional, judicial y político, que asegure que jamás hechos como estos vuelvan a repetirse”.

“Muchas personas viven sometidas por el miedo, la desconfianza al encontrarse indefensas ante la amenaza de grupos criminales y, en algunos casos, la lamentable corrupción de las autoridades”, continúa el texto.

Esta “situación dolorosa”, consideraron los obispos en el marco de su 98 Asamblea Plenaria, tiene que ser atendida por todos los mexicanos, cada uno desde su propio lugar y en su propia comunidad.

“En medio de esta crisis vemos con esperanza el despertar de la sociedad civil que, como nunca antes en los últimos años, se ha manifestado contra la corrupción, la impunidad y la complicidad de algunas autoridades.

“Es necesario pasar de las protestas a las propuestas. Que nadie esté como buitre esperando los despojos del País para quedar satisfecho. La vía pacífica, que privilegia el diálogo y los acuerdos transparentes, sin intereses ocultos, es la que asegura la participación de todos para edificar un país para todos”, indica.

Para los obispos, México está en un momento crítico en el que se juega una auténtica democracia que garantice el fortalecimiento de las instituciones, el respeto de las leyes y la educación, así como el trabajo y la seguridad de las nuevas generaciones.

Es urgente, consideraron, que la ciudadanía acompañe y participe en la construcción del bien común, y que el Estado garantice orden institucional y administración de justicia que genere confianza.
“Sin el acompañamiento y la vigilancia por parte de la sociedad civil, el poder se queda en manos de pocos.

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Actualmente, la Cámara de Diputados discute el Presupuesto de Egresos de 2015, el cual deberá estar aprobado a más tardar el próximo 15 de noviembre.


  

Los diputados tienen en sus manos cada año cerca del 10% del Presupuesto de Egresos de la Federación para asignarlo a fondos cuyos recursos no se tendrán que justificar y que servirán para proyectos que los mismos legisladores impulsarán en estados y municipios y de los que podrán obtener un beneficio político o una “recompensa”, concluye un análisis de la consultoría Integralia.

Tras revisar el Proyecto de Presupuesto de Egresos que el Ejecutivo entregó cada año desde 1997 y compararlo con lo aprobado por los diputados, se concluyó que la regla es sólo modificar las partidas “con atractivo político” como lo asignado a carreteras y caminos rurales, infraestructura hidráulica, programas sociales, programas del campo, universidades públicas, cultura y deporte.

“Los rubros más negociables en el presupuesto tienen algunas características que los hacen atractivos políticamente: tienen gran relevancia y visibilidad para la población, en algunos casos exceden la capacidad de pago de los estados y el ejercicio de algunos de estos rubros se descentralizó y ello les da atractivo especial porque aumenta los recursos de quien ejerce el gasto”, explica el estudio La Negociación política del presupuesto en México que se presentó este martes.

“Cuando los diputados pueden asignar libremente recursos millonarios se estimula que haya sobornos o los llamados moches porque alcaldes y gobernadores ofrecen recompensas a cambio de recibir recursos”.

Actualmente, la Cámara de Diputados discute el Presupuesto de Egresos de 2015, el cual deberá estar aprobado a más tardar el próximo 15 de noviembre.

Integralia advierte que en la discusión de este año también se han incluido partidas dentro del Ramo 23 que contemplan proyectos de gestión para que los mismos legisladores los promuevan en municipios o estados; u obtengan comisiones y recompensas de los alcaldes y gobernadores tras la asignación de recursos.

Los fondos que están en la mira son tres: el fondo de cultura, el fondo para infraestructura deportiva y el fondo de pavimentación que, en conjunto, este año recibieron 11 mil millones de pesos.

Por ejemplo, para 2015, el Proyecto de Presupuesto del Ejecutivo sólo propone 2 mil millones de pesos para el Fondo de Pavimentación, pero los diputados buscan que lo mínimo asignado sean 5 mil millones, monto que recibió en 2014.

El monto que para 2015 los diputados podrán dividir en fondos de libre asignación asciende a 65 mil millones de pesos, según lo negociado con Hacienda durante la discusión de la Ley de Ingresos.

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Jóvenes reclutados por el crimen organizado

Los grupos “saben cómo buscar, como captar y seducir” a los menores en situación de calle o vulnerables que carecen de atención familiar u oportunidades escolares y económicas.


  

El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), realizó el estudio La reinserción socio familiar de los adolescentes en conflicto con la ley. De la situación actual hacia una propuesta de intervención.

En él se destaca que en México, 11 mil 559 adolescentes en todo el país fueron objeto de diversas medidas por haber cometido infracciones a las leyes penales. De ellos, 4 mil 959 fueron privados de su libertad por considerar que cometieron delitos graves. Del total, 93% fueron hombres y 7% mujeres.

La semana pasada, como parte del Seminario sobre violencia en México realizado en el Colegio de México, Azaola dictó la conferencia “Fábrica de sicarios” para explicar los hallazgos de su estudio donde realizó entrevistas y encuestas a 278 menores de entre 14 y 18 años de edad recluidos en Centros para adolescentes en conflicto con la ley ubicados en Morelos, Hidalgo, Coahuila y Sinaloa.

El título de la conferencia es demoledor. La primera pregunta que surge es ¿Qué estamos haciendo como sociedad para que niños y adolescentes delincan? La explicación es multifactorial, pero con una coincidencia: las omisiones. “Tiene que ver con carencias importantes en su formación familiar, económica y sin un Estado que tampoco respondiera de manera apropiada”. El resultado del abandono hacia la niñez y adolescencia de este país “hoy en día saltan de esa manera”, dice la investigadora en entrevista con Animal Político.

Así impacta el crimen en la vida de niños y jóvenes

Los casos “más severos y preocupantes” son los de los adolescentes captados por grupos de la delincuencia organizada, pues han vivido experiencias que trastocaron su vida de manera radical, explica el estudio.

El crimen organizado necesita de personas para hacer funcionar su negocio. Los puestos más bajos de la estructura son ocupados por jóvenes de las colonias y barrios donde operan y son también los más expuestos a ser detenidos o asesinados.

De los 278 entrevistados, 10% fue acusado de delitos contra la salud y 10% por delincuencia organizada; 9% utilizó armas de alto poder para delinquir.

La presencia del crimen organizado en el país tiene un impacto en la vida cotidiana, por lo que niños, niñas y adolescentes están más propensos a cometer delitos. Los grupos “saben cómo buscar, como captar y seducir” a los menores en situación de calle o vulnerables que carecen de atención familiar u oportunidades escolares y económicas, explica la investigadora Azaola.

“Están más propensos porque el crimen organizado no va a tocar a tu puerta y sacar a los niños de tu casa, pero sí va a saber qué niños no cuentan con esa protección por parte de su entorno y son más susceptibles e influenciables a caer”, comenta la investigadora.

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Los jóvenes se incorporan a pandillas porque no hay unión familiar, ni educación dentro de la familia, falta de empleo y oportunidades.


  

La violencia afecta mayormente a los jóvenes en Latinoamérica ya sea como víctimas o victimarios, en especial a los de bajos recursos económicos, según un informe la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Más de un centenar de expertos en temas de prevención de violencia, junto a activistas y funcionarios participan en el segundo día de la Conferencia Internacional "Alianza para la Prevención del Crimen y la Violencia Juvenil en las Américas".

En el encuentro se analiza cómo prevenir el crimen y los aportes de los gobiernos para esta tarea. En la reunión el Banco Mundial anunció una donación por 5 millones de dólares para fortalecer políticas de prevención para Guatemala, Honduras y El Salvador, fondos que serán destinados a gobiernos locales.

El Banco también ha autorizado 55 millones de dólares en préstamos, 40 millones para Guatemala y 15 millones para Honduras para inversión en los municipios con más alta incidencia de homicidios.
Norman Quijano, alcalde de San Salvador, quien participa en la Conferencia, asegura que las pandillas, según la percepción ciudadana, constituyen el mayor problema en su país.

Indicó que las encuestas revelan que las pandillas son "el más grave problema del país...primero la inseguridad y luego el desempleo y la situación económica", dijo Quijano que, tras implementar acciones como la veda de armas y observatorios ciudadanos, la percepción de seguridad ha mejorado

De acuerdo con el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito la violencia en la región involucra a jóvenes entre 14 y 29 años.

Vinicio Cantera, representante de la Fundación Transiciones Guatemala, dijo que los jóvenes se incorporan a pandillas "porque no hay unión familiar, ni educación dentro de la familia, falta de empleo y oportunidades". Cantera fue asaltado por dos hombres en Guatemala en 2009, que tras robarle le dispararon por la espalda dejándolo parapléjico.

Los expertos han señalado que invertir en la prevención es la solución al tema de la violencia. Una encuesta de la Universidad de Vanderbilt, Tennessi, Estados Unidos, reveló que se mejoró en más de un 50 por ciento la percepción de seguridad en las comunidades en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá gracias a proyectos de prevención financiados por la Agencia de Estados Unidos para el

Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).

La violencia también genera la búsqueda de otras alternativas como la migración. Según el Banco Mundial, más de 11 mil niños de El Salvador fueron detenidos en la frontera de Estados Unidos, y el 67 por ciento de los jóvenes en edad laboral de Honduras, Guatemala y El Salvador dejan sus países, lo cual tiene un costo para los gobiernos de 80 MIL millones de dólares "tanto por fuga de cerebros como por los costos de repatriación".

Como resultado de la conferencia se integrará una Red de Soluciones a la Violencia, una plataforma de conocimiento e intercambio virtual de buenas prácticas.

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Campesinos aseguran ser víctimas constantes del crimen organizado.


  

Para los campesinos, sobre todo de las regiones con mayor delincuencia organizada “el pan de todos los días” son las “extorsiones, abigeato, desapariciones, asesinatos, pagos de cuotas y secuestros” además de que deben competir con empresas del ramo “lavadoras de dinero”, aseguraron dirigentes campesinos durante VIII Congreso Nacional de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA).

Anta situación demandaron al gobierno al gobierno federal que se establezcan esquemas que protejan a los hombres del campo de las agresiones y abusos de los narcotraficantes y en tal sentido, José Narro Céspedes, presidente de la CNPA, señaló que de concretarse un pacto por la seguridad en el país se incluya a los campesinos, dadas dichas circunstancias.

Max Correa, líder de la Central Campesina Cardenista (CCC) dijo que la delincuencia organizada sabe cuándo, quiénes y cuánto recibirán algunos campesinos como subsidio y por lo tanto son candidatos a la “extorsión” y señaló que el abigeato o robo de ganado es una práctica muy común de la que son víctimas los productores. Así mismo alertó sobre la instalación de empresas que son “lavanderías” del dinero del crimen con las cuales deben competir de manera “desleal” los campesinos.

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Lanzan app para combatir el hambre

La aplicación para dispositivos móviles evitará desperdiciar los alimentos dirigiéndolos a quienes más los necesitan.


  

La Secretaría de Estado Vaticano en colaboración con el gobierno italiano lanzarán el próximo 8 de diciembre “Fame Zero, Food for Everyone” (“Hambre Cero, Comida para Todos”) una novedosa aplicación para dispositivos móviles que evitará desperdiciar los alimentos dirigiéndolos a quienes más los necesitan.

La campaña usa como lema la frase del Papa Francisco “Una sola familia humana. Alimentos para todos” y su lanzamiento coincidirá con el encendido del árbol de Navidad de la Plaza de España en Roma, Italia.

Por el momento la aplicación solo estará disponible para Italia. Los usuarios deberán registrarse en el sitio web oficial www.famezero.com o descargar la aplicación desde GooglePlay (Android), o Apple Store (iOS). De este modo se establecerá un puente entre quienes tienen comida extra y quienes viven en la pobreza principalmente a causa de la crisis económica.

“Para nosotros el alimento es patrimonio de la humanidad y por lo tanto debe ser defendido. ¡El Hambre Cero es un reto! ¡Véncelo con nosotros!”, animan desde el sitio oficial de Fame Zero.

El proyecto tiene tres tipos de usuarios: los donantes, quienes ofrecen la comida; los ángeles, quienes la recogen y la transportan; y los centros, lugares físicos que reparten los alimentos entre quienes más lo necesitan.

Entre los promotores destaca el español Mons. Francisco Froján, trabajador de la segunda sección de la Secretaría de Estado del Vaticano. “Por ejemplo, imaginaos, habéis hecho una fiesta en casa y tenéis latas de atún de más. Es posible compartir estas informaciones a través de internet y de nuestra aplicación. El ángel llegará a casa esa misma tarde y la comida será entregada inmediatamente a alguien que la necesite”, explicó Mons. Froján según el diario italiano Corriere della Sera.

Esta aplicación llega en un momento de la historia en el que el hambre en el mundo afecta a un millón de personas, mientras que en el planeta se desperdician más de 1,3 millones de toneladas de alimentos al año.

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Las personas con discapacidad representan 5.13 por ciento de la población en México, de este segmento las mujeres discapacitadas que laboran de manera formal son un número muy reducido.


  

 

El secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, sostuvo que es “inadmisible” que de 7 millones 739 mil discapacitados que hay en el país, 3.5 millones viven en pobreza y sólo 1.5 millones están incorporados a la población económicamente activa (PEA).

En el acto en el que se puso en marcha el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para Personas con Discapacidad 2014-2018, el funcionario se comprometió a que la dependencia a su cargo trabajará para que este programa no quede en el papel y se use sólo para “lavarle la cara al problema”. Sobre todo, dijo, porque la discriminación ahonda la brecha de desigualdad y pobreza en el país.

Navarrete Prida también expuso que se analizará si se modifica la Ley Federal del Trabajo (LFT), en lo que refiere a la incorporación de personas con discapacidad en empleos formales, a fin de establecer una cuota de acceso a empleos para estos ciudadanos, y atender el problema de la discriminación laboral en el país, la cual es profunda y tiene diversos matices.

En el acto en el cual estuvo presente el director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para México y Cuba, Thomas Wissing, diputados y diversos funcionarios públicos, el secretario del Trabajo señaló que el programa anunciado ayer es el primero de tipo “especial” y está diseñado de manera integral y multisectorial, y expuso que también mediante el Servicio Nacional del Empleo se realizan en todo el país, ferias de empleo para incentivar la contratación de personas con discapacidad y de adultos mayores. Además, se difunde entre el sector empresarial los incentivos fiscales que la ley les otorga a quienes contratan personas con discapacidad.

Al término del acto, Navarrete Prida fue entrevistado sobre el caso de Iguala, Guerrero, delm que comentó que lo primero que hay que hacer, como se hizo en Michoacán, es restablecer el estado de derecho con la finalidad de que se puedan llevar a cabo los programas sociales y productivos que la región requiere.

También se refirió al tema del empleo y expuso que el presente año cerrará con una cifra de 700 mil nuevos trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero de éstos se tendrá que ver cuántos son nuevos empleos y cuántos se refieren a empleados que pasaron de la informalidad a la formalidad. Explicó que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la informalidad ha bajado 2.5 por ciento, lo cual es un dato muy importante, ya que año con año esta cifra se elevaba y no decrecía.

El secretario también habló sobre el tema de los salarios mínimos. Dijo que la iniciativa para desvincular éstos del pago de unidades de cuenta, como derechos, créditos hipotecarios, está en manos de la Secretaría de Hacienda, en tanto la Comisión Nacional de Salarios Mínimos ya está pendiente del Presupuesto de Egresos del próximo año para iniciar sus trabajos de análisis de este problema, y que el porcentaje de aumento para 2015 saldrá de las negociaciones entre los sectores productivos.

 

 

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