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Más de 65 por ciento llegarán a la tercera edad como jubilados pobres.


  

Treinta y cinco de cada 100 mexicanos tendrán una pensión al terminar su vida laboral, ya que el sistema de pensiones conformado por las instituciones de seguridad social del país sólo cubre una tercera parte de la población económicamente activa (PEA).

Esto es porque el sistema de pensiones de México adolece de diversos problemas: baja cobertura nacional, dispersión de esquemas, debido a que se tienen registrados 105 modelos de pensión según cada dependencia e instancia pública, y bajas tasas de remplazo, por lo que las pensiones serán mínimas.

En el contexto del taller Investigaciones y evaluación de los sistema de pensiones en México, organizado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIE-UNAM), la coordinadora del mismo y experta en el tema, Berenice Ramírez, planteó lo anterior y sostuvo que 65 por ciento de los trabajadores del país no van a tener una pensión, por lo que para la gran mayoría será muy difícil sostenerse, luego de que dejen de laborar.

Habrá por tanto una gran generación de jubilados pobres en el país, indicó y agregó que la reforma a la Ley del Seguro Social de 1995 tenía, entre otros objetivos, ampliar la cobertura de trabajadores bajo los esquemas de seguridad social; sin embargo, luego de dos décadas lo que ha crecido es el empleo informal no protegido.

En entrevista, explicó que el sistema pensionario está dando bajas tasas de remplazo, por lo que los trabajadores tendrán al momento de su jubilación pensiones mínimas.

Además, las nuevas condiciones del mercado laboral, donde hay mucha movilidad de trabajadores e informalidad y pululan esquemas de contratación como por honorarios, están dejando fuera de esta prestación a muchos trabajadores.

Prevalece por ejemplo el outsourcing, que no ofrece garantías laborales y a la par hay alrededor de 7 millones de trabajadores que están en empresas que no brindan seguridad social.

La investigadora sostuvo que el tema de las pensiones presenta muchos lastres y sobre todo una gran dificultad, porque sólo uno de cada tres trabajadores tendrá derecho a este beneficio.

Se pronunció por que en este momento el gobierno realice un diagnóstico claro y certero de la situación actual de las pensiones, porque tampoco hay una gran solvencia financiera para pagar o cubrir este derecho a todos los trabajadores que lo tienen. Un punto central, según la experta del IIE-UNAM, es que este tema implica recursos públicos, ya que por haberse hecho la reforma a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como se hizo, muchas de las pensiones en curso de pago las sigue cubriendo el gobierno, y por tanto la deuda pública aumenta y las obligaciones estatales se elevan de manera permanente.

Este problema tiene que ser analizado con una visión económica, demográfica, sociológica y hasta antropológica. Esto porque uno de los temas que ahora surgen entre los especialistas en pensiones es el costo de la salud, porque la transición demográfica conlleva un aumento de riesgos epidemiólogicos para la gente mayor de 65 años en enfermedades costosas, que no están contempladas en los presupuestos del IMSS o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, donde, además, ya hay un grave problema de atención, tiempos de espera, abasto de medicamentos, entre otros muchos y graves problemas, comentó.

Berenice Ramírez indicó en este foro que también es fundamental medir el impacto en las finanzas públicas, para atender los sistemas de pensiones y de atención en salud de los futuros pensionados.

De acuerdo a los análisis que ha elaborado la experta sobre el tema, lo que visualiza para el futuro cercano es un porcentaje bajo de trabajadores que cubran los requisitos para tener una pensión digna, y que 65 o 70 por ciento de los trabajadores no podrán contar con una pensión.

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Investigan abusos en albergue de Oaxaca

Artistas e intelectuales desconfían del manejo de recursos y retiran el apoyo a Hijos de la Luna.


  

La Procuraduría de Justicia de Oaxaca inició cuatro averiguaciones previas por diversos delitos cometidos contra menores en igual número de albergues infantiles en el estado.

Un par de esos expedientes ya fueron consignados ante un juez y dos se encuentran en proceso de investigación, los cuales corresponden a la Casa Hogar Hijos de la Luna, que maneja María del Socorro Ramírez González desde hace 13 años, reveló en entrevista con MILENIO el procurador del estado, Joaquín Carrillo Ruiz.

No dio detalles de los delitos ni las personas involucradas en la indagatoria, por “la secrecía del caso”, toda vez que dichas averiguaciones previas en torno al albergue que dirige Ramírez González se encuentran abiertas y la investigación está en curso.

Hijos de la Luna es uno de los 22 albergues que operan en territorio oaxaqueño, los cuales dan vivienda, alimento y vestido a un total 760 niños.

Pero el manejo de la mayoría de estos lugares, que está en manos de particulares, es discrecional, y en general se desconocen las condiciones en que viven los menores y cómo se administran dichos centros.

Para muchos, este es el caso de Hijos de la Luna, que se ubica en la colonia Guadalupe Victoria, una de las más marginadas de Oaxaca y en la que viven 42 niños de uno a 14 años de edad, en su gran mayoría hijos de prostitutas.

Y tras los antecedentes del albergue La Gran Familia, en Zamora, Michoacán, que dirigía Rosa Verduzco, Mamá Rosa, que fue intervenido por la PGR por denuncias de abusos, maltrato y secuestro, surgieron voces de alerta para evitar que en Oaxaca ocurra lo mismo.

A SIMPLE VISTA TODO OPERA NORMALMENTE

La directora María del Socorro mostró a MILENIO el inmueble. Al frente se ve una construcción de dos pisos que abajo sirve de bodega, muy desordenada por cierto, y arriba es la habitación de niñas, con mejor imagen, cinco literas y un colchón grande en el suelo.

Por un portón se accede a un enorme terreno donde la cocina tiene alimentos en el piso y nada frescos, además de un “salón de usos múltiples”, con tablones, y un dormitorio con seis literas.

Al fondo se ven por lo menos dos casas con carros estacionados. Es donde habita Doña Coco (así se le conoce) sus hijos y su esposo, que comparten con ella el manejo del albergue.

Del lado izquierdo del terreno se observa una lona. Es el comedor. Ahí, una veintena de niños, de entre uno y cuatro años, permanecen disciplinados y silenciosos. Consumen sus alimentos.

No hablan, no sonríen, solo cuando ven las cámaras que los enfocan. La ropa que visten refleja claramente la miseria de la que provienen y es poco, casi nada, paliada en este lugar.

El resto de los menores —explica Doña Coco— está en la escuela. Reconoce que la capacidad del albergue está rebasada, pero garantiza que los que ahí habitan no están abandonados y sus mamás tienen que visitarlos, por lo menos, dos o tres veces al mes.

Quienes, por necesidad, ahí habitan, pese a las limitaciones, están bien cuidados, protegidos… No hay malos tratos, violencia y nada que perjudique el bienestar de los menores.

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Trabas a migrantes en México

 

Falta de infraestructura, personal, que no se garantice el debido proceso a los solicitantes de asilo, o el desconocimiento por parte de las mismas autoridades, es a lo que se enfrentan los migrantes.


  

 

La segunda vez que Arlen José huyó de Honduras guardaba en el bolsillo lo equivalente a mil pesos mexicanos y la cicatriz fresca de un balazo en el gemelo de su pierna izquierda.

Al momento de salir con lo puesto de San Pedro Sula, su ciudad natal, el hondureño de 18 años llevaba al menos dos meses recluido en su casa. Tenía pánico a dejarse ver por el vecindario, narra en entrevista con Animal Político en el albergue Tochán, en el DF, porque tras ser deportado de Estados Unidos –a donde migró en un primer intento- los mareros a los que había conseguido evadir unos meses antes para evitar ser reclutado a la fuerza lo esperaban para darle sentencia.

“A la Mara vos no le podés decir no”, dice el joven con una sonrisa cansada mientras se acaricia la aparatosa marca de la pierna, como si aún recordara el tacto frío del plomo abrasándole la piel.

Ahora Arlen está en México. Después de que en Estados Unidos le negaran ayuda para solicitar ante un juez la condición de refugiado –el abogado de oficio se encogió de hombros cuando el hondureño le argumentó que no podía ser deportado porque su vida corría peligro si regresaba a su país-, Arlen consiguió, gracias a la ayuda de activistas religiosos y a organizaciones de la sociedad civil, que la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (COMAR) le concediera asilo tras meses de trámites burocráticos.

Cuestionado si conocía las dificultades que enfrentan miles de centroamericanos para conseguir refugio, Arlen admite que es consciente de que su historia con un final feliz es una rara excepción en México, país que a pesar de su histórica imagen de lugar de asilo para las personas que huyen por algún motivo, no está abriendo la puerta. Al contrario, según las estadísticas de la COMAR, de las 4 mil 589 solicitudes recibidas en 2013 –la cifra se cuadriplicó en comparación con 2012, cuando se recibieron mil 296- sólo se aprobaron mil 134. Es decir, que apenas un 24.7% de las peticiones de refugio fueron aceptadas. El resto recibió la orden de ser expulsados de México y devueltos a las colonias de las que salieron huyendo.

“México está muy lejos de ese otro México de los años 80, cuando se hablaba de un país muy solidario con los refugiados. Ahora estamos viviendo retos muy fuertes de violencia, y sin embargo México no está a la altura. No está adoptando un grado de solidaridad mayor en relación a la violencia que se vive en Centroamérica, ni está teniendo en cuenta las necesidades de protección internacional que tienen tanto centroamericanos, como los mexicanos que migran a Estados Unidos”, expone en entrevista Nancy Pérez, directora de Sin Fronteras, organización de la sociedad civil que, junto con otras 150 organizaciones de 14 países de las Américas, presentó el pasado lunes 27 de octubre en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el documento ‘Iniciativa Cartagena +30’; un estudio en el que las organizaciones exponen los avances y desafíos en materia de protección internacional en toda la región latinoamericana.

 

 

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Desde que los estudiantes emprendieron movilizaciones de protesta, el gobierno estatal de Guerrero suspendió completamente el abasto de víveres para alimentar a los alumnos, así como el pago mensual de las becas.


  

“A partir de que comienza el movimiento, el 26 de septiembre, el gobierno nos dejó de mandar el poco apoyo que nos daba –explica un representante del comité estudiantil, asignado a la Cartera de Raciones, cuya identidad se mantiene bajo reserva, por seguridad–. Desde el primer momento (de las movilizaciones) nos cortaron las raciones de comida, y esto es lo que hace el gobierno para debilitarnos.”

Cada semana, detalla el representante estudiantil, el gobierno estatal está obligado a entregar financiamiento para que la Normal adquiera, directamente con proveedores, los alimentos que sus alumnos consumen, y que son complementados con los vegetales y granos que los mismos estudiantes cultivan. Sin embargo, advierte el normalista que coordina las labores de preparación de alimentos, en el actual periodo de movilizaciones “el financiamiento quedó totalmente suspendido (…) y esto es algo que suelen hacer las autoridades cada vez que realizamos alguna movilización, así lo hicieron durante las protestas de 2011 y 2012 (por el asesinato de dos normalistas, a manos de policías federales y ministeriales de Guerrero), les gusta dejarnos sin comida para presionarnos, para que dejemos de protestar, pero como nosotros ya conocemos esta forma de actuar de las autoridades, tan pronto como empezamos el movimiento llamamos a la solidaridad y ésta es efectiva, hasta el momento: las organizaciones civiles, los egresados, los estudiantes de otras universidades del país, los vecinos y ciudadanos de Guerrero saben que en estos casos las autoridades siempre nos suspenden las raciones alimenticias, y ellos mismos (los organismos civiles y la ciudadanía) son los que nos están apoyando, difundiendo, acopiando víveres… así es como este movimiento continúa“.

El apoyo del gobierno estatal, aclara el representante de los normalistas, “la verdad que no es mucho, aunque éste es un internado del sector público, y obviamente nos tienen que estar mandando alimentos las autoridades, esa es su obligación, pero desde finales de septiembre esto no ha sido así, sin explicación, simplemente dejaron de enviar los recursos”.

En la Normal de Ayotzinapa, detalla, los 520 alumnos suelen recibir tres raciones de comida, “un desayuno ligero, una comida fuerte, y una cena también ligera, pero como ahora nos estamos alimentando con los víveres que nos ha donado la ciudadanía, tenemos que racionar aún más los alimentos, y sólo estamos haciendo dos comidas: una a las 9 de la mañana y una a las 4 de la tarde… en la noche, comemos cualquier cosa.

La supresión del abasto alimenticio, sin embargo, no es el único medio de presión económica que han emprendido las autoridades contra los normalistas, señala otro integrante del comité estudiantil que forma parte de la academia de cuarto año (el último nivel de estudios de esta Normal), sino que “como forma de reprimirnos también nos suspendieron el pago de las becas a todos los estudiantes“.

Tal como explicó el representante estudiantil, los 124 alumnos del cuarto y último año de formación en la Normal de Ayotzinapa (80 que cursan la licenciatura en educación primaria, y los 44 que cursan la licenciatura en educación física) tiene derecho a una beca mensual de mil pesos, proveniente del presupuesto estatal, así como a otra beca de 750 pesos que vienen del presupuesto federal. Y ambas becas, detalló, tanto la que otorga el gobierno estatal como la que otorga el gobierno federal, que sirven a los estudiantes para financiar sus traslados y alimentación a las escuelas donde deben realizar prácticas docentes, dejaron de pagarse tras la emboscada policiaca sufrida en Iguala.

Asimismo, las autoridades estatales también suspendieron la entrega de recursos económicos que, para el pago de fotocopias, están obligadas a entregar a los 520 estudiantes de todos los niveles formativos de la Normal de Ayotzinapa, y que asciende a 38 pesos por alumno al mes.

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Se percibe que el sector público es más proclive a acciones como el soborno, fraude, apropiación, nepotismo, extorsión, tráfico de influencias y uso indebido de información privilegiada para fines personales.


  

Un nuevo estudio de Parametría revela que sólo un 7% consideró que en las empresas privadas hay más corrupción y 27% dijo que tanto en las empresas públicas como en las privadas existen estas malas prácticas.

De acuerdo con diversos estudios realizados por instituciones nacionales e internacionales, México es de los países con un alto grado de corrupción. Ejemplo de ello, es el ranking de percepción de corrupción realizado anualmente por la organización Transparencia Internacional, donde el país ocupa el lugar 106 de 177 naciones estudiadas.

La literatura y opiniones de expertos han encontrado diferentes explicaciones sobre qué fomenta la corrupción en un estado, cuál es el papel de los ciudadanos para combatirla y cuáles son las consecuencias de este fenómeno. Entre otras explicaciones se encuentran la falta de regulación, fenómenos culturales, instituciones débiles, impunidad, así como elementos de corte económico.

Al respecto, Parametría indagó el tema en su más reciente encuesta nacional en vivienda, ello con la finalidad de investigar qué opinan los ciudadanos sobre este asunto.

Un dato que llama la atención es que cuándo se preguntó a los mayores de 18 años, cuál es la razón principal por la que hay corrupción en México, un 26% mencionó causas económicas para la existencia de la misma como el desempleo, los bajos salarios o la pobreza.

La segunda causa más mencionada fue: por gobiernos o políticos corruptos (22%), seguido de la falta de educación, valores o ambición (13%). A diferencia de lo señalado por el presidente Enrique Peña Nieto en el evento “300 Líderes más influyentes de México”, únicamente el 5% de los mexicanos considera que la principal explicación para el nivel de corrupción que existe en el país tiene que ver con algo cultural.

Otro dato importante sobre el diagnóstico de la corrupción en México, es que casi la mitad de los entrevistados (48%) considera que quien fomenta estas prácticas es el gobierno; seguido de 30% que señala que tanto los ciudadanos, los empresarios y el gobierno fomentan la corrupción. Únicamente 13% de los entrevistados mencionó a los ciudadanos como los agentes que promueven estas prácticas.

La participación de la sociedad en la exigencia de transparencia y rendición de cuentas es indispensable para poder combatir los actos de corrupción. Además de los mecanismos institucionales que todos los estados deben poseer en contra de estas prácticas, el contar con una ciudadanía activa que exija sanciones legales o sociales ante estos hechos es fundamental.

Contrario a ello, los datos de esta encuesta indican que en el país la opinión pública se siente poco útil en el combate a la misma.

Finalmente, se preguntó por las expectativas de los ciudadanos sobre la todavía no creada Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), institución cuya legislación lleva siete meses detenida en la cámara de diputados y cuyo propósito es combatir estas prácticas. Al respecto, más mexicanos (43%) consideran que esta nueva institución no ayudará a combatir la corrupción del país, 40% menciona que ayudará poco y 9% tiene altas expectativas sobre la Comisión.

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Los médicos han tenido que ser comisionados a unidades de otras ciudades, por sufrir extorsiones, entre otros delitos.


  

Médicos y enfermeras del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) adscritos a hospitales y clínicas de Acapulco, Iguala, Chilpancingo, zonas de la sierra de Guerrero, así como a municipios de Tamaulipas, han tenido que ser comisionados a unidades de otras ciudades, por sufrir extorsiones, ya que han sido víctimas de diversos delitos.

La administración del instituto ha apoyado estos cambios de trabajadores que han sufrido acciones de la delincuencia, señaló el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Issste, Luis Miguel Victoria Ranfla.

Guerrero y Tamaulipas son las entidades donde se registran más casos de esta naturaleza, por lo que el sindicato y la administración del instituto han realizado cambios de estos trabajadores, debido a las amenazas serias y graves que han recibido, así como por asaltos y otros delitos.

El dirigente señaló lo anterior y puntualizó que ante este problema, que se presenta desde hace dos años, médicos de base que han sido víctimas de acciones criminales fueron comisionados a otra ciudad, y son cubiertos por personal de guardias y con suplencias, pertenecientes a las zonas donde están ubicadas las unidades médicas, que conocen mejor e incluso están asentados en las mismas, además de que no tienen que trasladarse de un municipio a otro.

En entrevista explicó que otro problema que sufren los médicos de los estados mencionados son los asaltos en los traslados que realizan para poder cumplir con sus trabajos.

Sostuvo que también se han tenido casos aislados de extorsiones en Jalisco y Puerto Vallarta, donde tuvieron que comisionar médicos a otras regiones, ya que estaba en riesgo su integridad.

Victoria Ranfla expuso que los casos son de médicos a los que grupos delictivos han querido extorsionar, les han querido cobrar derecho de piso como en el caso de un médico del Distrito Federal, secuestrado en el trayecto de su consultorio a su domicilio y que fue asesinado. No obstante, afirmó, el problema va en descenso.

Hace algunos meses se tenían muchos casos de médicos y enfermeras amenazados en varios municipios de Guerrero, así como en Reynosa y Tampico. Hoy hay menos casos registrados, debido a que ha habido una tarea para movilizar a otras zonas y de manera ágil al personal sanitario que se encuentra en esta situación.

El dirigente sindical comentó, además, que en la bolsa de trabajo también se está llevando a cabo una revisión de plantillas.

Se busca, dijo, que las plazas se apeguen a la realidad; por ejemplo, si una enfermera del turno vespertino en el Hospital López Mateos físicamente está en el turno nocturno, o sábados y domingos, se actualiza su plaza.

Hay decenas de cientos de movimientos de personal que no están registrados y esto no permite ver dónde hace falta.

Hay mayor demanda de personal para los turnos nocturnos, de sábados, domingos y días festivos, porque cuando se hicieron las plantillas de los centros de trabajo no se asignaron trabajadores a esos turnos y toman personal del matutino y vespertino para cubrirlos.

Existe un desfase con la realidad en cuanto a número de trabajadores por turno, por adscripción y por hospital, concluyó.

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Vive México peor crisis de DH desde 1968

El director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch afirma que los casos Iguala y Tlatlaya ponen a prueba al gobierno mexicano.


  

México vive la peor crisis de derechos humanosdesde 1968; la desaparición de 43 estudiantes en Iguala y el hallazgode las muchas fosas clandestinas que ha aparecido mientras se busca alos normalistas secuestrados, “son muestra de la degradación más profunda en la que ha caído México en ámbitos como la justicia, la violencia, la vigencia de los derechos humanos, la corrupción y la impunidad”, asegura el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.

“La crisis que viene arrastrando México desde el sexenio de Felipe Calderón a la fecha en materia de derechos humanos es la crisis más seria que ha enfrentado México desde los tiempos de Tlatelolco (la matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968), especialmente con la culminación de estas desapariciones de más de 40 estudiantes. Yo no conozco un hecho similar en América Latina en los últimos 30 años, y aunque en la historia de México ha habido muchos desaparecidos, de esta magnitud y en tiempo real no conozco ningún caso”, dice Vivanco en su entrevista.

Tras participar en una seminario de la 70 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en la que estuvo acompañado por el recién electo Relator Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) Para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, y la ex relatora Catalina Botero, José Miguel Vivanco abordó el tema de la situación del respeto a los derechos humanos en México.

El directivo de HRW hace referencia a los casos de Iguala, Guerrero, en el que seis personas fueron asesinadas presuntamente por policías en coordinación con miembros de la delincuencia organizada y que simultáneamente secuestraron a 43 estudiantes que están desaparecidos; y el ocurrido en el poblado de Tlatlaya, Estado de México, en el que elementos del Ejército son investigados por haber asesinado a civiles y alterado la escena del crimen en un presunto enfrentamiento en el que perdieron la vida 22 personas.

“La gente se pregunta, en especial fuera de México —los mexicanos no tanto pues ya la han vivido—, pero en el extranjero la pregunta es ¿cómo puede ser que unos policías disparen contra estudiantes y que ellos mismos intenten desaparecer a 40 personas? La única explicación es la impunidad. Argumento uno, la impunidad; argumento número dos, la impunidad y argumento número tres, la impunidad; es la impunidad total”, dice Vivanco

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La pobreza persistente y el prejuicio, así como la amplia brecha entre riqueza y miseria, pueden generar un clima de inestabilidad social, además de que imponen altos costos humanos.


  

Una de cada cinco personas en el mundo, o mil 220 millones de individuos, vive en condiciones de pobreza, subsistiendo con menos de 1.25 dólares diarios, de acuerdo con datos difundidos por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En datos difundidos con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, celebrado cada 17 de octubre, la ONU apuntó además que un tercio de la población, o dos mil 400 millones de personas, vive con menos de dos dólares al día.

En un mensaje para conmemorar la fecha, Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, expresó que pese a que se redujo a la mitad el número de personas en pobreza en el mundo de 1990 al 2015, lo que hasta 2010 había mejorado las condiciones de vida de 700 millones de personas, aún existen rezagos.

“Las vidas desfiguradas por la pobreza son crueles, ruines y, a menudo, cortas”, aseguró el titular de la ONU.

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Los efectos: alza de la mortalidad materna e infantil, impedimentos físicos, debilitamiento del sistema inmunitario y de las facultades intelectuales.


  

El "hambre invisible", una lacra desconocida y definida como una carencia de micronutrientes, afecta a más de 2 mil millones de personas en el mundo, según un informe publicado este lunes.

El Instituto Internacional de Investigación sobre la Alimentación (IFPRI), que cada año publica una evaluación sobre el hambre en el mundo, alerta sobre este tipo "a menudo ignorado" de malnutrición, que afecta a las poblaciones cuya alimentación es pobre en nutrientes esenciales.

Zinc, hierro, yodo, vitaminas A y B son algunos de los aportes nutritivos vitales para una buena salud y un buen desarrollo, explica el organismo, basado en Washington.

Si bien los efectos del "hambre invisible" no son observables a corto plazo, estos son "devastadores" con el paso del tiempo: alza de la mortalidad materna e infantil, impedimentos físicos, debilitamiento del sistema inmunitario y de las facultades intelectuales.

Además, el sobrepeso -e incluso la obesidad- y esta lacra no son incompatibles, debido al consumo excesivo de "macronutrientes" (lípidos, glúcidos), agrega el informe.

Más de dos mil millones de personas están afectadas en el mundo por esta carencia, "más del doble de los 805 millones de personas cuyas necesidades calóricas no son cubiertas", subraya el informe, en el que colaboraron las ONG francesa Acted, la irlandesa Concern Worldwide y la alemana Welthungerhilfe.

En total, el "hambre invisible" mata cada año a 1.1 millones de niños de los 3.1 millones que mueren cada año por un problema de malnutrición, estima el estudio.

Además de las consecuencias para la salud, el "hambre invisible" "afecta mucho a las economías de los países al perjudicar la productividad de las poblaciones", afirma el IFPRI. El Producto Interior Bruto (PIB) se ve reducido así en la mayoría de los países en desarrollo de 0.7% a 2%. Entre sus recomendaciones, el organismo invita a los gobiernos a "aumentar la diversidad alimentaria", sobre todo obligando a añadir zinc, hierro y vitaminas esenciales a los alimentos durante su transformación.

Sobre el estado del hambre en el mundo, el IFPRI constata una mejora en los países en desarrollo desde 1990, pero recuerda que la situación sigue siendo "grave".

Entre los 16 países más afectados, según datos aunados entre 2009 y 2013, dos presentan una situación "extremadamente alarmante" y están situados en África oriental: Eritrea y Burundi.

El África subsahariana y Asia del Sur reagrupan la casi totalidad de los países cuya situación es juzgada "alarmante": Laos, Mozambique, Níger, República Centroafricana, Madagascar, Sierra Leona, Haití, Zambia, Yemen, Etiopía, Chad, Sudán/Sudán del Sur (reagrupados a falta de datos separados), las Comores y Timor Oriental.

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El mensaje de la comunidad internacional es claro: los hermanos palestinos no serán abandonados.


  

Los países donantes que acudieron a una conferencia en Egipto para recaudar fondos para Gaza se comprometieron a aportar 5.400 millones de dólares, la mitad de los cuales se dedicarán a la reconstrucción de ese territorio destruido por la invasión y bombardeos de Israel a la Franja de Gaza, informó el domingo el ministro de Exteriores noruego.

Borge Brende, ministro de Exteriores de Noruega, anunció la cifra el final de la conferencia de un día que reunió mucho más de los 4 mil millones que el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, esperaba recibir.

Catar se comprometió a aportar 1.000 millones de dólares para la reconstrucción de la Franja de Gaza, con lo que refuerza su papel de país influyente en la región, mientras su rival Emiratos Árabes Unidos, prometió 200 millones.

El secretario de estado norteamericano John Kerry anunció que su país entregaría 212 millones de dólares. La Unión Europea comprometió 568 millones, mientras Turquía anunció que donaría 200 millones.

Organizaciones regionales e internacionales aplaudieron la oferta de Catar, un país pequeño pero acaudalado que tiene rivalidad con sus vecinos de mayor extensión territorial como los Emiratos.

Emiratos Árabes Unidos, como la potencia regional, Arabia Saudí, usan su gran riqueza para socavar la estabilidad regional, básicamente mediante la intervención en asuntos de otros países y ayudando a grupos milicianos como Hamás y la Hermandad Musulmana, el grupo islamista más antiguo con capítulos en buena parte de la región.
Jalid bin Mohamed al-Attiyah, ministro de Exteriores de Catar, hizo el anuncio de la donación de su país y denunció el “silencio internacional” que rodeó a la destrucción en Gaza.

“Aunque el pueblo palestino necesita apoyo económico pero necesitan más apoyo político de la comunidad internacional”, dijo. “Una paz justa es la única garantía verdadera de no se destruya lo que vamos a reconstruir”.

Los donantes tienen la esperanza de que los recursos se entreguen en un periodo de tres años para la reconstrucción de la Franja de Gaza, que hace frontera con Egipto e Israel. Ambos países han bloqueado el acceso a Gaza desde que Hamás tomó el poder en 2007 lo que aumentado el desempleo y las penurias económicas.

Los participantes enfatizaron que la reconstrucción de Gaza no puede llevarse a cabo sin tratar de revivir las conversaciones de paz entre israelíes y palestinos para alcanzar un acuerdo duradero y amplio.

“No podemos perder de vista la raíz de la causa de las hostilidades recientes: Una ocupación que ha durado casi medio siglo, la continua negación de los derechos de los palestinos y la falta de progreso en las negociaciones de paz”, dijo el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, quien más tarde anunció en conferencia de prensa que planea visitar Gaza el martes.

El último conflicto de Gaza fue el más ruinoso de las tres guerras libradas entre Hamas e Israel desde 2008, causando más de 2.000 bajas en el lado palestino, la mayoría civiles. Otros 11.000 resultaron heridos y unas 100.000 personas siguen sin casa.

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