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Sus proyectos también contemplaron la producción de material para desacreditar a estas organizaciones pro-vida.


  

 

El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) gastó más de 60 mil dólares para investigar a los grupos pro-vida en Perú y otros países de América Latina. Parte de este dinero provino de la multinacional del abortoPlanned Parenthood, acusada de traficar con órganos de bebés abortados en sus instalaciones.


Según reportes de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), entre 2007 y 2011 la ONG Promsex invirtió 64.209 dólares en tres proyectos dirigidos a obtener toda la información posible sobre las organizaciones civiles y religiosas que defienden la vida desde la concepción, a quienes denomina "conservadores" y "antiderechos".


Para su primer proyecto, "Investigación sobre grupos fundamentalistas y conservadores y difusión con campañas de prensa", ejecutado entre 2007 y 2008, Promsex recibió 37.649 dólares de IPAS USA, una organización estadounidense dedicada a promover la legalización del aborto a nivel internacional.


Este proyecto tenía como fin "indagar, analizar y difundir con mayor minuciosidad información relacionada a los Derechos Sexuales y Reproductivos y las posiciones de Grupos Conservadores en Latinoamérica".


Su objetivo general fue "alimentar la comunidad prochoice (pro-aborto) brindándoles insumos para la reflexión, elaboración de posiciones y documentos, así como estrategias de intervención".


Para los años 2008 y 2009 IPAS dio a Promsex otros 16.560 dólares para su proyecto "Observatorio de los grupos conservadores en el Perú".


Este "observatorio" de Promsex se dedicó a "hacer un seguimiento e interpretación académica" y "describir las estrategias" de las organizaciones pro-vida en Perú.


Para 2010 y 2011, IPAS, esta vez de la mano de Planned Parenthood Federation of America (PPFA), otorgó 10 mil dólares más para el proyecto "Conservadurismo, fundamentalismos y antiderechos".


Con este dinero, Promsex realizó "seguimiento y asistencia a eventos de grupos conservadores en Iberoame?rica".


Fruto de este financiamiento, Promsex difundió una serie de folletos en los que atacaba a organizaciones pro-vida como Ceprofarena y el Population Research Institute, así como a ACI Prensa, el Opus Dei y el Sodalicio de Vida Cristiana.


Promsex: Una década promoviendo "aborto legal" en Perú


El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos surgió hace diez años, y desde sus inicios guarda una estrecha relación con la controversial Planned Parenthood.

Para su segundo año de existencia, 2006, Promsex ya ejecutaba un proyecto de 45.826 dólares pagado por Planned Parenthood Federation of America, titulado "Ampliando el acceso al aborto legal".

Ese mismo año ya tenía 81.476 dólares en otros proyectos que promovían el acceso al "aborto legal", financiados por la International Women's Health Coalition, IPAS USA y The Population Council.

 

 

 

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Un testimonio más de que los pronósticos de "inviabilidad" de los médicos no son la última palabra. Cada ser humano concebido merece la oportunidad de luchar por su vida, y los padres merecen el apoyo de sociedad y gobierno para vivir dicha condición de la mejor manera.


  

 

En agosto de este año, Ignacia Lobos, la primera bebé chilena operada de atresia laríngea antes de nacer, cumplió un año de vida luego de haber sido diagnosticada como "inviable". Su madre, Daniela Castro, recordó el embarazo como "doloroso y difícil entender" pero dijo estar muy feliz porque hoy su hija está "haciendo una vida normal".


En el cuarto mes de gestación de Ignacia, los doctores detectaron la atresia laríngea, una malformación congénita que obstruye el paso del aire a los pulmones y que con frecuencia causa la muerte si no se detecta tiempo.


"Fue muy doloroso. A los cuatro meses supimos el problema y al quinto se definió que no viviría. La pasamos muy mal. ¿Cómo le explicaba a mis hijos que su hermanita no iba a vivir? Fue difícil entender", relató Daniela a ACI Prensa.


Solo dos semanas antes del parto, los médicos confirmaron que existía una posibilidad de revertir la situación. El 5 de agosto de 2014 un equipo de setenta profesionales del área de obstetricia, neonatología, pediatría y anestesiología de los hospitales Dr. Luis Calvo Mackenna y Dr. Luis Tisné Brousse, llevó a cabo la hazaña médica que salvó la vida de Ignacia.


Con el nombre de terapia EXIT (Exutero Intrapartum Treatment), los médicos realizaron una traqueotomía a la bebé en una intervención hecha fuera del útero materno pero aún conectada al cordón umbilical de la madre.


"Esto fue un tremendo desafío y un éxito. Primero, lo complejo fue coordinar dos centros hospitalarios y cuatro equipos médicos. Lo segundo, fue lograr con éxito el procedimiento", recordó el Dr. Patricio Varela, quien trabajó en la operación de Ignacia.


El cirujano pediátrico y fundador de la Asociación Latinoamericana de Malformaciones Torácicas (ALMAT), explicó a ACI Prensa que "existen malformaciones incompatibles con la vida". Sin embargo, respecto a la actual discusión del proyecto de aborto por causal de inviabilidad fetal, Varela respondió que "independiente del caso, si la madre va a tomar la decisión -de abortar- con la información que le dan, es muy delicado, porque a veces la información puede estar errada en pacientes que tienen posibilidades de vida real".


Daniela siempre tuvo la esperanza firme pese al diagnóstico que le habían dado inicialmente sobre su pequeña Ignacia. "Ahora que nació Ignacia pienso que hubiese sido un error tomar esa decisión (aborto). Aunque me cueste todo lo que me cueste, prefiero pagar esos costos antes de no haberla tenido", reflexionó Daniela.


Tras la intervención quirúrgica, la pequeña Ignacia permaneció un año en el hospital para ver su evolución y prepararla para su salida. Durante su estadía, su madre pensaba "si mi hija está luchando, no ha bajado los brazos, no lo puedo hacer yo. Prefiero que mi hija esté viva y hacer lo imposible porque esté aquí. No me importan los otros sacrificios".


Ya en casa y con toda una vida por delante, Ignacia disfruta junto a su familia. En lo cotidiano, la bebé requiere cuidados en su traqueotomía y eventualmente una máquina para facilitar su respiración en caso de contraer una enfermedad que afecte a sus pulmones.


Daniela evalúa la situación de su hija y solo tiene palabras de gratitud. "Estoy agradecida porque tuve a los mejores doctores. También de mi familia que siempre me dio aliento, y por sobre todo de Dios, que para mí lo fue todo", afirma.

 

 

 

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El tema del aborto "no tiene consenso" pues la opinión pública peruana es "contraria de manera mayoritaria al aborto".


  

 

El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de Perú, Juan Carlos Eguren, lamentó que el gobierno pretenda encubrir las acusaciones de corrupción y lavado de activos contra la Primera Dama, Nadine Heredia, promoviendo la despenalización del aborto.


La Comisión que preside Eguren rechazó en mayo de este año el proyecto de despenalización del aborto terapéutico, promovido en Perú por ONGs financiadas por la trasnacional del aborto Planned Parenthood, envuelta actualmente en un escándalo por el tráfico de órganos de bebés asesinados en sus instalaciones en Estados Unidos.


En las próximas semanas, a instancias del gobierno, el proyecto de despenalización del aborto sería debatido por la Comisión de Constitución del parlamento peruano. De ser aprobado en esa instancia, podría pasar al debate en el Pleno del Congreso.


En declaraciones recogidas por el diario peruano Expreso, Eguren indicó que "llama la atención lo lamentable de las prioridades de la Comisión de Constitución, habiendo tantos temas importantes como la reforma política, y poner como prioridad la despenalización del aborto".


El tema del aborto, explicó el parlamentario, "no tiene consenso", pues la opinión pública peruana es "contraria de manera mayoritaria al aborto".


"Somos una sociedad que le dice sí a la vida", subrayó.

Que el gobierno a través de sus parlamentarios ejerza presión sobre el proyecto de ley de despenalización del aborto "no es más que una cortina de humo" en medio de las denuncias de lavados de activo y corrupción que rodean en estos días al gobierno, particularmente a la Primera Dama Nadine Heredia, aseguró.


Eguren lamentó que el congresista Fredy Otárola, perteneciente al partido de gobierno y presidente de la Comisión de Constitución, "parece que ha convertido a la Comisión de Constitución en caja de resonancia de estas ONGs abortistas que trafican con los órganos y tejidos, porque este tema no es urgente, ni necesario, ni tampoco deseado por la opinión pública, muy cuestionable y que ha puesto al descubierto los fines ilegales e inhumanos de estas ONGs".


Nadine Heredia se encuentra en el punto más bajo de su aprobación, con apenas un 13 por ciento, según la encuesta difundida a mediados de mes por el diario El Comercio y la empresa Ipsos Perú.


La reciente difusión del contenido de supuestas agendas de Heredia, que darían cuenta de movimientos financieros irregulares, así como de financiamiento venezolano, han puesto en el ojo de la tormenta a la Primera Dama de Perú.


El 17 de septiembre, el Pleno del Congreso de Perú votó a favor de pedir al Ministerio Público investigar a Nadine Heredia por presunto lavado de activos.

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Celebrará una 'Semana por la Vida', que contará, con actividades lúdicas, científicas y culturales y que culminará con la VI Marcha por la Vida que se celebrará el próximo 15 de noviembre.


  

 

Ante la proximidad de las elecciones que se realizarán a finales de este año, la plataforma ciudadana Derecho a Vivir (DAV) cuestiona al Tribunal Constitucional (TC) por su silencio ante un recurso sobre la inconstitucionalidad de la ley del aborto presentado hace cinco años y denuncia el doble rasero del Partido Popular ante esta norma a la que se opuso cuando era oposición y que ahora, en el gobierno, no ha modificado.


En 2010, 50 diputados del Partido Popular presentaron el mencionado recurso que aún no ha sido respondido por el alto Tribunal. Al respecto DAV señala que "con esta decisión el máximo órgano de garantía constitucional complementa el macabro juego político-jurídico desarrollado por el Partido Popular desde que se planteara la aprobación de la ley" del aborto que otorga a las madres el "derecho" a someterse a esta práctica anti-vida.


El Tribunal Constitucional ha decidido no pronunciarse al respecto con el pretexto de "no interferir en el desarrollo de la campaña electoral de los próximos comicios generales" por lo que según DAV "el TC se suma a la ceremonia de la confusión orquestada por el Partido Popular".


La portavoz de Derecho a Vivir, Gádor Joya, ha declarado que "es muy grave que el Tribunal Constitucional haya sido incapaz de tutelar el derecho fundamental a la vida de cerca de 600.000 concebidos. Más aún cuando este organismo ya estableció con claridad en su sentencia de 1985 que el 'nasciturus' (no nacido) debe ser protegido jurídicamente para que se cumpla el artículo 15 de nuestra Constitución: todos tienen derecho a la vida".


Desde Derecho a Vivir se considera también que "el recurso que el Partido Popular presentó es un documento incómodo, porque deja en evidencia la traición de sus firmantes, entre los que se encuentran Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, de tal forma que la 'Ley Aído' es ya de facto la 'Ley Rajoy', puesto que han asumido sus postulados, pese a su cosmética actuación ante el constitucional hace cinco años".


Además la doctora Joya reclama al Tribunal Constitucional "que deje a un lado las consideraciones e intereses políticos que pueda tener, que no permita que se deteriore su buen nombre y el prestigio de una institución que debe estar al servicio de los españoles, de todos los españoles, incluidos los que ya viven en el seno materno".


Antecedentes

El PP interpuso un recurso a la ley del aborto en 2010 que fue firmado por Soraya Sáenz de Santamaría y Mariano Rajoy cuando eran parte de la oposición. Posteriormente, durante las elecciones anteriores prometieron en varias ocasiones y como parte de su programa electoral modificar el marco legal para mejorar la protección de la vida humana.


Sin embargo, una vez en el Gobierno y con el apoyo de la más amplia mayoría absoluta en el Parlamento aprobaron por unanimidad un proyecto de ley en Consejo de Ministros que posteriormente fue defenestrado junto al titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Finalmente el PP realizó una modificación legal que a pesar de ser beneficiosa para las menores, es a todas luces insuficiente.

 

 

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Expertos afirman que esta decisión solamente beneficiará a los agresores sexuales.


  

 

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de Chile aprobó la segunda fase del proyecto que despenaliza el aborto, incluyendo como tercera causal el aborto por violación. Ya estaban contempladas las causales de riesgo de vida de la madre y la llamada "inviabilidad fetal" y ahora el debate pasa a la Comisión de Constitución de la misma Cámara.


El 15 de septiembre, en la última jornada de votación de la Comisión de Salud, los diputados aprobaron la causal de violación por 8 votos a favor y 5 en contra. También se decidió incluir un programa de acompañamiento a la mujer financiado por el Estado y se redujo el plazo para acceder al aborto, en el caso de las menores de edad, de 18 a 14 semanas de gestación.


El proyecto establece que para todos los casos en que se solicite el aborto, la mujer debe manifestarlo de forma explícita y en caso de menores de edad, estas deben contar además con la autorización de su representante legal.


En el debate sobre la causal de aborto por violación, que duró 10 horas, los parlamentarios a favor de la iniciativa argumentaron que se trata de una "situación dolorosa" pero, que no se puede "obligar a una mujer" a continuar con un embarazo producto de un hecho de violencia porque "constituye una tortura".


Por su parte, el diputado del partido Renovación Nacional (RN), Nicolás Monckeberg, votó en contra de la causal de violación y en su intervención criticó al Estado que "no va a hacer nada para proteger -a las mujeres- ante un caso tan atroz como la violación".


"No corresponde que el parlamento actúe con tanta impunidad respecto al verdadero culpable de este delito, que es el violador, y con tanta prontitud para garantizar el derecho al aborto", sostuvo el diputado.


"Ni siquiera se establece medidas concretas para accionar contra el violador (...) estamos siendo completamente condescendientes con el violador, el culpable, y nos importa más que el inocente que será eliminado injustamente".


Asimismo, la diputada del partido Unión Demócrata Independiente (UDI) y miembro de la Comisión de Salud, Marisol Turres, expresó que el aborto no se justifica porque "sumará un segundo crimen que es matar a un inocente" y "el hijo tiene derecho a nacer y a ser criado por una familia que lo acoja y lo quiera".


En tanto, el diputado Jorge Rathgeb (RN), añadió que "los argumentos para aprobar esta iniciativa se caen por sí mismos, porque hacen prevalecer la libertad de una persona por sobre la vida de otra. Y, obviamente, cuando estamos hablando desde ese punto de vista, no podemos estar discutiendo con gente que protege la libertad por sobre la vida de otra persona".


También, el diputado Gustavo Hasbún (UDI), enfatizó que la normativa "está mal redactada", "genera confusión dentro del Poder Judicial" y "abre la puerta para aquellas personas que quieran abusar de la ley".


"Aquí no hemos actuado con la responsabilidad del cargo, por el contrario, con una carga ideológica tremenda en este artículo (...) Al no existir voluntad para corregir esta norma, yo rechazo esta causal", manifestó el parlamentario.


Tanto Hasbún como parlamentarios de su bancada esperan que se revierta la votación en las respectivas comisiones revisoras así como en la votación en la Cámara de Diputados el próximo 7 de octubre.

 

 

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La píldora del día siguiente es un riesgo para la sociedad. Además de actuar como posible pastilla abortiva, está comprobado que su ingesta con regularidad puede causar daños físicos en la mujer.


  

 

El Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) autorizó la venta en farmacias de la píldora del día siguiente sin receta médica, luego de que algunos miembros de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, donde se discute actualmente el proyecto de ley de aborto, pidieran al Gobierno facilitar el acceso de las mujeres a este producto.


A principios de este mes, la resolución del ISP (entidad dependiente del Ministerio de Salud y responsable de las políticas del sistema de salud pública en Chile) modificó la condición de comercialización de esta píldora, la cual fue aprobada en septiembre de 2006 durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. Las antiguas y únicas condiciones para acceder a ella eran ser mayor de 14 años y la receta médica.


Según informa el sitio web del ISP, la principal razón de la liberación de receta de la píldora del día siguiente recae en que su uso va en aumento y "lleva 10 años de uso, es segura y la farmacovigilancia demuestra que no tiene efectos negativos para la salud pública".


En este contexto, el experto en bioética y miembro de la Pontificia Academia para la Vida, Dr. Patricio Ventura-Juncá, dijo a ACI Prensa que "todos los estudios referentes a la repartición facilitada de esta píldora demuestran que no existe ningún impacto en disminuir los embarazos no deseados en ninguno de los países estudiados".


Por lo tanto, "la entrega de la píldora sin ningún requisito incluso a menores de edad, visto solo desde el punto de vista científico y de salud pública parece un gran despropósito. Este sería un gasto inútil y dada la escasez de recursos del Ministerio de Salud esto presenta una objeción ética".


Además, continuó el experto, "se está exponiendo a las mujeres a un impacto alto de dosis de hormonas que tienen efectos transitorios agudos indeseados", como "dolor abdominal, vómitos, sangramiento, entre otros".


"Aquí nos topamos con una ideología de género muy especial que afecta la dignidad de la mujer, de la maternidad y del sentido de la sexualidad", afirmó el Dr. Ventura.


"Los embarazos no deseados en adolescentes son un tema que va mucho más allá del uso de un fármaco. Estos tienen que ver con una educación integral de la sexualidad, la afectividad y el amor en una pareja".


En cuanto al impacto de la píldora en menores de edad, el Dr. Ventura advirtió que "el excluir a los padres de este acto lo único que hace es romper el círculo de confianza y de relaciones que debe existir en la familia, el cual es un ayuda para el ejercicio responsable de la sexualidad".

 

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Planned Parenthood representa también un riesgo para la mujer.


  

 

Un grupo de sobrevivientes al aborto dio su testimonio en el Capitolio y pidió que el gobierno deje de financiar a Planned Parenthood, la multinacional abortista más grande de Estados Unidos acusada de traficar órganos de bebés.


Esta audiencia fue convocada para analizar las "horribles prácticas abortistas" que se realizan en las clínicas de Planned Parenthood y debatir si los afiliados de la organización deben seguir recibiendo los fondos federales, que provienen en su mayoría de Medicaid y de Title X.


Dos comités de la Cámara, el comité judicial y el comité de energía y comercio, han puesto en marcha investigaciones sobre la organización abortista. Una de ellas surgió a partir de las acusaciones de que estas clínicas trafican órganos y partes de los bebés abortados.


Del grupo de testigos presentes en la audiencia, dos de ellos, Melissa Ohden y Gianna Jessen sobrevivieron al doloroso aborto con solución salina en 1977.


En la práctica del aborto por solución salina se retira el líquido amniótico del vientre de la madre y se le sustituye por una solución salina concentrada que absorbe el bebé. Este líquido quema y corroe la piel de la criatura y causa la muerte.


Aunque ninguna de las dos sufrió un intento de aborto fallido en una clínica de Planned Parenthood, ambas sostienen que su destino hubiera sido el mismo o peor en una clínica de esta organización.


Melissa Ohden expresó que si bien algunos de sus compañeros habían sobrevivido a intentos de aborto en otras clínicas que no estaban afiliadas a Planned Parenthood.


"La expectativa de querer acabar con nuestras vidas mediante un aborto es la misma para quienes pierden la vida allí", manifestó.


"Siempre he creído que si mi madre hubiera abortado en un clínica de Planned Parenthood yo no estaría aquí. Con sus 300 mil abortos al año ellos tienen la experiencia para asegurarse de que "no ocurran los fracasos como yo", continuó Ohden.


"Nosotros somos tus amigos, tus colegas de trabajo, tus vecinos y tu difícilmente adivinaras que estas mirando a alguien que ha sobrevivido a lo que nosotros pasamos", añadió.


La madre de Jessen tenía casi siete meses de embarazo cuando en una de las clínicas de Planned Parenthood le aconsejaron que se sometiera a un aborto por solución salina. Jessen sobrevivió durante 18 horas y luego fue sacada del vientre de su madre.


Como resultado del aborto fallido sufrió de parálisis cerebral. " He perdonado a mi madre biológica", dijo en su testimonio.


Ohden sobrevivió varios días después de la solución salina antes de que le indujeran el parto a su madre. Cuando "nació" pesaba 1 kilo y 36 gramos.


"Por la gracia de Dios, soy más que una estadística", dijo. Su abuela materna, la enfermera que la recibió en el parto, quería dejarla morir, pero dos enfermeras intervinieron y tuvo atención médica. Ohden dijo que sufría de ictericia, convulsiones y problemas respiratorios como consecuencia del aborto fallido.
" en el comercio con las partes del cuerpo del feto.

 

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Recomienda DIF detectar síntomas de suicidio

Es importante que la familia y amigos ayuden a quien muestre signos de alguna intención suicida y estén alertas.


  

 

Con la finalidad de prevenir a la ciudadanía sobre posibles intentos de suicidio en familiares, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), informa las señales de alerta para evitar alguna tragedia.

 

Silvia Castro Sauceda, encargada del área psicológica del DIF, explicó sobre el cuadro clínico que presentan las personas con intención de escapar de sus problemas de la manera más fácil.

 

"Está comprobado que con sólo poner atención a quien en broma o juego te hace referencia sobre el suicidio, vale la pena escucharlo ya que este simple hecho reduce el riesgo de que se consuma, y de ahí poder atenderlo", dijo Castro Sauceda.

 

Mencionó que las causas principales porque una persona decida terminar con su vida, es por cuestiones económicas, el término de una relación, crisis familiar, e incluso consumen alcohol y drogas como un estimulante depresivo.

 

"Detrás de esto hay previamente un transformo de personalidad que consigo trae la depresión, o problemas de bipolaridad, donde las sustancias a nivel cerebral que se generan no están en los niveles adecuados, entonces lo que para nosotros es un problema común y fácil de resolver, para de ellos es imposible", destacó la psicóloga.

 

Dentro de las características que presentan son las reacciones y respuestas exageradas ó extremistas ante una situación, cambios bruscos en los estados de ánimo y manías, además de destacar que esto se puede presentar en cualquier edad, pero afecta más a los que tienen trastornos de personalidad y bipolaridad.

 

En el Sistema DIF se brinda el servicio psicológico a las personas interesadas en un horario de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana a 3 de la tarde.

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Sin tomar en cuenta los aspectos éticos que conlleva el proceso, sobre todo la congelación de embriones. El Presidente acepta que este hecho fue para "cumplir" una sentencia de la corte Interamericana.


  

 

El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, firmó hoy un decreto que habilita la fecundación in vitro en el país y busca cumplir con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), informó la Casa Presidencial.


La fecundación in vitro fue prohibida por la Sala Constitucional en el 2000 y en el 2012 la CorteIDH declaró que dicha prohibición constituía una "violación de los derechos humanos" y ordenó al país centroamericano que la reactivara.

 

El pasado 3 de septiembre Solís puso el decreto en consultas del Colegio de Médicos y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), que administra los servicios públicos de salud.


La fecundación in vitro fue prohibida por la Sala Constitucional en el año 2000, pues interpretó que la vida comienza desde la concepción y que la técnica médica permitía desechar o destruir seres vivos.

 

El Estado fue demandado por un grupo de nueve parejas con problemas de infertilidad y en noviembre de 2012 la CorteIDH declaró que la prohibición de la fertilización in vitro en Costa Rica constituye una "violación de los derechos humanos" y ordenó al país centroamericano que la reactivara.

 

La CorteIDH declaró culpable al Estado por vulnerar el "derecho a la vida privada y familiar, a la integridad personal en relación con la autonomía personal, a la salud sexual, al de gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico y al de no discriminación".

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Los diputados presentes (448 de los 650) votaron mayoritariamente (330 por 118) en contra del llamado «derecho» al suicidio asistido.


  

 

Ese año, el Parlamento rechazó una legislación parecida, si bien desde entonces han aumentado los casos de británicos enfermos que han recurrido a la Justicia para reclamar un pretendeido derecho al suicidio asistido, así como los viajes a clínicas especializadas en el extranjero, como Dignitas en Suiza.


La proposición de ley, que fue revocada en primera lectura tras un intenso debate, había sido introducida a título personal por el laborista Rob Marris, que abogaba por legislar para dar opción a los enfermos terminales a morir con «dignidad».


El texto propuesto habría facultado a los médicos a prescribir una dosis letal a los pacientes con una perspectiva de vida de menos de seis meses que lo hubieran solicitado.


Como salvaguardas, cada caso habría sido supervisado por dos médicos y un juez del Tribunal Superior, el enfermo habría tenido que ingerir sin ayuda los fármacos y los doctores habrían podido negarse a recetarlos.


14 años de cárcel


En virtud de la Ley del suicidio de 1961, actualmente es ilegal en Inglaterra y Gales ayudar o alentar a una persona a poner fin a su vida y está penado con hasta 14 años de cárcel.


Irlanda del Norte cuenta con una ley similar, mientras que Escocia no tiene una normativa específica, si bien en la práctica una persona puede ser procesada al amparo de la legislación relativa al homicidio.


Antes del debate, el primer ministro británico, David Cameron, expresó sus dudas sobre la necesidad de modificar la ley actual, al igual que el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, que instó a los parlamentarios a rechazar la propuesta de Marris.


En nombre de varios credos, Welby afirmó hace unos días que, si el proyecto se aprobaba, se crearía una situación en la que el suicidio sería visto como algo que se apoya en lugar de ser considerado «una tragedia».


La organización «Cuidar, no matar», contraria a la eutanasia, advirtió de que esta legislación era «peligrosa» y podía dejar desprotegidas a las personas vulnerables.


Por contra, la entidad a favor del suicidio asistido «Dignidad al morir» argumentaba que la nueva ley permitiría a mucha gente enferma evitar un sufrimiento innecesario.

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