La propuesta del Ejecutivo del liberal Malcolm Turnbull fue rechazada el lunes por la noche por 33 votos a 29 ante la oposición del Partido Laborista, el Verde, el grupo de Nick Xenophon y el senador independiente Derryn Hinch.


  

 

El Senado australiano rechazó la propuesta del Gobierno para convocar un plebiscito sobre la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo, al que se oponían defensores de los derechos de los homosexuales.


La propuesta del Ejecutivo del liberal Malcolm Turnbull fue rechazada el lunes por la noche por 33 votos a 29 ante la oposición del Partido Laborista, el Verde, el grupo de Nick Xenophon y el senador independiente Derryn Hinch.


“Esta noche el plebiscito sobre el matrimonio igualitario fue derrotado en el Senado y esta noche avanzamos hacia la igualdad”, dijo en un comunicado la senadora Jane Rice, portavoz de asuntos LGTBIQ (Lesbianas, gais, trasgénero, bisexuales, intersexuales y “queer”).


Laboristas, Verdes y activistas a favor del matrimonio gay abogan por legalizar estas uniones sin someterlas a un plebiscito, al considerar que este podría alentar la “homofobia”.


El presidente de la organización Matrimonio Igualitario, Alex Greenwich, dijo que los partidarios de legalizar estas bodas deberían enfocar sus esfuerzos para que el Parlamento se pronuncie sobre el asunto.


En contra de la ley de Matrimonios de 1961


Sabemos que la mayoría de los australianos, así como la mayoría de los legisladores, apoyan la reforma”, comentó Greenwich en declaraciones citadas por la cadena local ABC.


El Gobierno australiano planeaba convocar el plebiscito el 11 de febrero con la pregunta “¿Debería cambiarse la ley para permitir que parejas del mismo sexo contraigan matrimonio?”.


El fiscal general, George Brandis, había advertido de que el rechazo del plebiscito podría posponer durante años el debate sobre la legalización de estas uniones. Antes de la votación, el diputado de la coalición liberal conservadora Andrew Broad aseguró que el Gobierno descartaba reabrir el debate en la presente legislatura, que concluye en 2019, en el caso de que el plebiscito fuera rechazado.


Australia, que acepta la unión civil en varios de sus estados, ha recibido críticas de varias organizaciones por su lentitud en la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo.


En diciembre de 2013, el Tribunal Superior anuló una ley que permitía estas bodas en el Territorio de la Capital Australiana por considerar que contravenía la Ley Federal de Matrimonios de 1961. También han fracasado propuestas legislativas similares en el estado de Tasmania y en Nueva Gales del Sur, cuya capital es Sídney.

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En Chile se está legislando un atentado contra la heterosexualidad, alerta experta.


  

 

Para el 2 de noviembre estaba prevista la votación en el Senado del proyecto de ley que “reconoce y da protección a la identidad de género” en Chile, que finalmente se pospuso para el 13 de diciembre, para que la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía presente nuevas indicaciones.


El proyecto sostiene que la identidad de género se determinará de acuerdo a “la vivencia interna” de la persona que “cual puede corresponder o no con el sexo” biológico. A partir de esa definición, las personas podrán cambiar su nombre y sexo en el registro civil.


El proyecto incluye también a niños desde los 0 hasta los 14 años, quienes podrán en forma voluntaria cambiar su “sexo registral” ante un Juez de Tribunal de Familia, para lo cual basta presentar informes médicos y psicológicos que sustenten la decisión.


Y entre los 14 y 18 años un menor podrá solicitar el cambio de sexo en el Registro Civil. En ambos casos si los padres se oponen, el menor podrá recurrir ante un juez de un Tribunal de Familia.


La directora del Observatorio Legislativo Cristiano, Marcela Aranda, conversó con ACI Prensa y dijo que el proyecto de ley es “un atentado contra la heterosexualidad” porque busca “sentar las bases de una relativización de la normalidad, de la conducta sexual humana”.


Respecto al cambio de nombre y sexo en personas adultas, Aranda alertó que esto es “una puerta para el ‘matrimonio homosexual’ o la adopción homoparental” porque una persona que acude a la ley, podrá entonces casarse con otra del mismo sexo y estar en legalidad.


Por otra parte, la normativa que permitiría al cambio de nombre y sexo registral en niños y adolescentes es un “atentado contra la infancia” ya que la “personalidad antes de la pubertad y la adolescencia aún está en construcción”.


Una de las indicaciones del proyecto, plantea que la decisión de cambio de nombre y sexo en menores de 18 años se podrá revertir por una sola vez, argumento que ratifica que este es un proyecto “aberrante”, dijo Aranda ya que los estudios indican que “entre un 80 y 95 por ciento de los casos que presentan disforia de género se revierten de manera natural y sin tratamiento”.

“Si a esto, se le suma el proyecto de Garantías de Derechos de la Niñez -que busca igualar toda la legislación interna con la Convención de los Derechos del Niño- los papás no tendrán nada que decir, pues incluso el colegio le enseñará al niño o niña lo que puede ser o lo que quiere ser”.


“Así se le quita totalmente la autoridad a los padres”. Hoy la Constitución de la República “dice que los padres tienen el derecho preferente a educar a sus hijos.

Esto es en el más amplio concepto moral, físico, cultural, espiritual (...) Pero el proyecto de Garantías de la Niñez indica que rebajaron nuestro derecho preferente a una responsabilidad preferente”, agregó la también coordinadora de la organización civil Padres un Paso al Frente.


Aranda manifestó que todo esto es parte de una gran “reingeniería social, una dictadura totalitaria e ideológica que abarca mucho más que la ideología de género”.


Actualmente existen 61 proyectos que apuntan a la “desconstrucción del ser humano” en áreas como la familia, educación, identidad de género, la dignidad y el derecho a la vida en aborto y eutanasia, derechos humanos, entre otros.


Otro elemento que sorprende a Aranda es la rapidez con que se ha legislado este proyecto que “reconoce y da protección a la identidad de género” ingresado en 2013 por los senadores Juan Pablo Letelier (socialista), Ricardo Lagos (del partido por la democracia), Lily Pérez (de renovación nacional) y por los ex congresistas Camilo Escalona (socialista) y Ximena Rincón (demócrata cristiana).

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