Casos como La Gran Familia y Casitas del Sur existen por la carencia de leyes y reglamentos para proteger a la infancia.

El vacío jurídico y el abandono rodean a los niños que por alguna razón se separan de sus padres y son enviados a un albergue, casa cuna o casa hogar. No existe en el país un registro confiable y actualizado sobre la cantidad de infantes y adolescentes que se encuentran en esos espacios. El dato oficial más reciente es de 2010, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y reporta 30 mil individuos que viven en alguna institución de cuidado oficialmente reconocida.

Eso en cuanto al número, pero no hay un sistema de protección que dé certeza jurídica a los menores de edad sobre su ubicación e integridad ni que procure su reintegración al núcleo familiar, sea con sus padres o con otros parientes, como tíos o abuelos.

Tampoco en los albergues, sobre todo privados, se tiene la certeza de que los niños tendrán un sano desarrollo. Abogados integrantes de organizaciones civiles promotoras de los derechos de la infancia aseguran que esas carencias explican en parte situaciones como la del albergue de La Gran Familia, en Michoacán.

Sair Daniel Pinilla, asesor de abogacía de Aldeas Infantiles SOS, resaltó que además hay un sinnúmero de niños y adolescentes que ingresan a otros espacios privados no registrados y de los cuales nada se sabe. Comentó el caso de las granjas que ofrecen servicios de rehabilitación de adicciones.

Sobre la situación jurídica de los infantes que son recibidos en espacios con registro, dijo: viven en el limbo. En el caso de Aldeas Infantiles, a sus casas llegan grupos de hermanos biológicos, generalmente con la orden de alguna autoridad judicial, pero no se tiene información sobre quién ejerce la guarda y custodia y/o la patria potestad. Eso les afecta y pasan años sin que se resuelva. Con frecuencia llegan a la mayoría de edad y ya no lo requieren.

Por eso se entienden fenómenos como el de La Gran Familia, que dirigía Rosa Verduzco, y antes (2008) el de Casitas del Sur en el Distrito Federal. Existen por la carencia de leyes y reglamentos en materia de cuidado y protección de la infancia, señaló Alma Meneses, asesora jurídica de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

Eso no pasaría, señaló, si existiera un mecanismo articulado entre los tres niveles de gobierno e intersectorial, en el que participaran las áreas de asistencia y de justicia. Esa falta de integración ocasiona que los asuntos se queden eternamente en los ministerios públicos, no se les da seguimiento ni los familiares tienen apoyo, por lo tanto, los niños se quedan por siempre en las instituciones.