El Estado mexicano presenta incumplimientos en protección consular, no discriminación, presunción de inocencia y al debido proceso en el caso de los presos indocumentados.
La asistencia consular es un derecho de los migrantes ante cualquier proceso de detención reconocido por la legislación nacional e internacional. Para que se haga efectivo es obligación de las autoridades policíacas, ministeriales o judiciales notificar al detenido el derecho a contar con esta protección consular antes de que rinda su primera declaración, pero no suele cumplirse según el informe sobre los centroamericanos encarcelados en el país “Migrantes en Prisión”, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH) y el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana (UIA) del campus de la Ciudad de México.
Éste es sólo uno de los incumplimientos del Estado mexicano en su obligación de proteger los derechos de las personas migrantes detenidas, pero el informe también señala que otros tres se incumplen sistemáticamente:
• A la no discriminación. El informe relata que la población centroamericana es más criminalizada por la policía, el Ministerio Público y por las autoridades judiciales.
• A la presunción de inocencia. No se debería aplicar sistemáticamente la prisión preventiva sino sólo como medida cautelar. El informe asevera que “muchos migrantes están renunciando voluntariamente a pelear su inocencia y están renunciando a su periodo de ofrecimiento de pruebas, aceptando la responsabilidad del delito por el que son acusados, ellos deciden hacerlo de esta manera, para agilizar su salida, pues, en caso que decidan defender su inocencia, implica que se prolongue su estancia en el penal y con posibilidades de ser condenados de cualquier forma.
• Al debido proceso. Los migrantes desconocen el sistema de procuración y administración de justicia lo que da más margen a los funcionarios a cometer irregularidades.
Las reos son uno de los sectores más vulnerables de la sociedad por su intrínseca condición de aislamiento, pero si además se trata de presos migrantes que estaban en tránsito por México la vulnerabilidad se multiplica, ya que como viajeros no cuentan con documentación que acredite su estancia regular en el país por lo que tienen miedo a ser descubiertos; vienen de una situación de marginación y desconocen la cultura, las leyes nacionales y a veces hasta el idioma. Pero además, una vez detenidos no sólo desconocen el sistema de justicia mexicano, sino que se encuentran en un país ajeno y sin redes sociales o familiares. Los migrantes presos tienen tres vías para mantener el contacto con su familia: las visitas familiares, las llamadas telefónicas y el correo postal. Pero su condición aumenta los obstáculos para mantener la comunicación por lo que frecuentemente pierden prácticamente todo contacto directo con su familia.
El perfil de los centroamericanos presos
Si nos quedamos con los datos de las 27 procuradurías observamos que de los mil 219 centroamericanos presos, 972 se encuentran en penales estatales y 247 en penales federales. El 45% son guatemaltecos y el 34% hondureños. De la información disponible, sólo tres presos en penales del Estado de Michoacán tenían documento migratorio regular, el resto son indocumentados presumiblemente en tránsito por el país. La mayoría no tienen sentencia y están a la espera de juicio.
