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Organizaciones civiles y organizaciones de padres de familia rechazaron los artículos 50 y 58 de la Ley de Protección a las niñas, niños y adolescentes, aprobada en lo general por el pleno del Senado y que será discutida por la Cámara de Diputados, pues cuestionaron que el concepto de “derechos sexuales y reproductivos”, que indica dicha legislación, permite la pederastia.
Además señalaron que la legislación obliga al estado a garantizar derechos como el aborto a menores de edad. En un desplegado en la prensa nacional hoy, diversas organizaciones entre ellas la Comisión Mexicana de Derechos Humanos A.C., Red Familia, Consejo Mexicano de la Familia, A.B.P., Juntos por México, entre otras, señalan que “diversas organizaciones de la sociedad civil y asociaciones de padres de familia, hemos dialogado los últimos días con legisladores de diversos partidos políticos para hacerles ver el grave error de establecer el concepto de los mal llamados ‘derechos sexuales y reproductivos’ en la ley de protección a las niñas, niños y adolescentes en los artículos 50 y 58 por las siguientes razones”.
Entre las negativas se deben, a que aseguran desconocer la motivación de quienes de “manera dolosa” afirman que estos llamados “derechos” son obligatorios para el Estado mexicano. Las organizaciones firmantes aseguran que ello es falso, y que “atenta contra la salud, la estabilidad emocional y la seguridad física y sicológica de los niños”. “En ningún tratado internacional vinculante y mucho menos en la Constitución Mexicana existen esos falsos “derechos sexuales y reproductivos”, aseveran. Además señalan que los derechos que se pretenden crear “no se definen claramente en la ley” y destacaron que “las únicas defecciones que existen son las que establecen que cualquier persona, incluyendo niños pequeños, tienen el derecho de disfrutar sin restricción alguna, salvo que sea voluntario, cualquier práctica sexual, ¿pederastia?”, cuestionan las asociaciones.
Además indican que esta con esta legislación obligan al Estado por encima de la autoridad de los padres o tutores, “a ofrecer servicios de salud reproductiva como el aborto, la esterilización permanente y la mutilación genital para ‘cambiar de género’”. “¡A niñas y niños!, ¿a menores de edad?”, cuestiona las organizaciones.
El desplegado va dirigido al Presidente Enrique Peña Nieto, al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al presidente de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, el presidente del Senado de la República, Miguel Barbosa Huerta, y a los Presidentes de los partidos de la Revolución Institucional (PRI), César Camacho Quiroz, de Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Navarrete Ruiz y a los diputados federales.
Las organizaciones aseguran que sus planteamientos han sido recibidos por muchos diputados y senadores “sensatos y que también son padres de familia: por qué entonces aceptar las ‘recomendaciones’ de quienes en una actitud poco clara pretenden cambiar radicalmente iniciativa presidencial y echar por la borda las bondades de esta legislación que hoy, más que nunca, en medio del clima de inseguridad y violencia, urge para garantizar la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes”.
Ante la “vital importancia de esta ley”, exigen que sean eliminados conceptos indefinidos, “perjudiciales para nuestros hijos porque los expone a la manipulación y coerción psicológica incluida la violencia y el abuso sexual”. Y cuestionan si “¿eso pretende la Ley? ¿Eso quieren los legisladores? ¿Es ese el espíritu y la motivación del Jefe del Ejecutivo al proponer esta iniciativa preferente?” Hicieron un llamado a la sociedad civil del país que “comparte esta misma inquietud” para que esté alerta y lista a iniciar una movilización nacional para evitar que sean aprobadas estas legislaciones, que aseguraron “atentan contra el bienestar de nuestras hijas e hijos menores de edad”.
Finalmente reiteraron su exigencia para que cuando la ley sea discutida en la Cámara de Diputados, se elimine el concepto de “derechos sexuales y reproductivos”. El pasado domingo, la Arquidiócesis de México criticó también está legislación. De la que advirtieron “serios defectos”, pues aseguraron abrirá las puertas a “deleznables abortos legales para salvaguardar otros derechos”. Entre ellos, señalaron que dicha legislación “defiende el derecho de los niños y adolescentes a la vida, supervivencia y desarrollo, pero omite la protección que todo ser humano debe tener desde el momento de la concepción. Las políticas abortistas se confirman cuando los artículos 50, fracción XI y 58, fracción VIII, sostienen la educación sexual integral para ejercer ‘responsablemente’ derechos sexuales y reproductivos de los niños y adolescentes, abriendo la puerta a deleznables abortos legales para salvaguardar otros derechos.
A pesar de estas contradicciones, las reservas que intentaron modificar estos artículos fueron desechadas por el voto de sesenta senadores”. En una segunda observación, la Arquidiócesis indicó que el proyecto infiere una “tímida y casi nula” participación de los padres de familia, diluyendo el concepto de matrimonio entre un hombre y una mujer como “la mejor institución del derecho familiar capaz de prevenir cualquier forma de violencia”.
