Mediante una reforma al Código Civil se busca garantizar que en los casos de fecundación asistida se cuente con el consentimiento de la mujer.
Será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien resuelva si el delito de aborto, tipificado en el artículo 149 del Código Penal del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, contraviene la Constitución, los Tratados Internacionales y la Ley General de Salud, informaron asociaciones civiles, en rueda de prensa.
Y es que en 2013, el Ministerio Público ejerció acción penal contra “Johana”, por su probable responsabilidad en la comisión de delito de aborto, esto porque la mujer veracruzana decidió interrumpir su embarazo con medicamento, pero que al tener complicaciones acudió al médico, mismo que la denunció, y por lo que fue encarcelada.
No obstante, Aracely González Saavedra, del Colectivo Equifonía por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres, A.C., y Verónica Cruz, del Centro Las Libres de Información en Salud Sexual Región Centro A.C., destacaron que dicho encarcelamineto fue arbitrario.
En ese contexto, refirieron que de manera puntual, al artículo 149 del código penal estipula que: “comete delito de aborto quien interrumpe el embarazo en cualquiera de sus etapas”, y cuya pena, de conformidad con el artículo 150, la mujer que comete aborto “será sancionada con tratamiento en libertad, consistente en la aplicación de medidas educativas y de salud”.
En el caso citado, “Johana” promovió un amparo, lo que derivó en un recurso de revisión, y del cual se consideró que el asunto cumple con las características de importancia y trascendencia para que lo conozca la Suprema Corte.
El caso de “Johana” es emblemático y podría crear jurisprudencia si se resuelve en favor de los derechos humanos de las mujeres.
Las integrantes de las citadas organizaciones civiles destacaron que la resolución a favor podría eliminar del Código Penal el delito de aborto hasta las doce semanas de gestación; incluso podría tener un alcance mayor y sacar de todos los códigos penales del país este delito –aborto-.
Señalaron que de acuerdo a estadísticas oficiales, como el aborto es considerado un delito, de manera anual más de un millón y medio de mujeres –sobre todo jóvenes- se practican un aborto de manera clandestina, lo que pone en riesgo su salud y su vida.
“Es por ello que la reasunción y el estudio del presente caso permitirá continuar desarrollando los criterios de la Suprema Corte de Justicia para construir jurisprudencia respecto de los temas de los cuales no se ha integrado, tales como el derecho a la no discriminación, derechos de las mujeres, derecho a la vida privada, a la libertad de pensamiento, al acceso a la información, entre otros, y su impacto en el derecho penal”.
