Este hecho tiene efectos económicos nocivos para las mujeres no solo a nivel personal, sino en el funcionamiento de la economía nacional.

El Pleno de la Cámara de Senadores demandó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STy PS) información detallada sobre la implementación de un Programa Nacional Preventivo y de Sensibilización que prevenga y desaliente el despido por embarazo y la discriminación laboral en todos los centros de trabajo en el país, con perspectiva de género.

Lo anterior, al destacar que de acuerdo a la Encuesta Nacional de la Dinámica de los Hogares (ENDIREH 2011), informó que en el país hay 18.4 millones de mujeres ocupadas, de las cuales 22.6 por ciento se declararon víctimas de violencia laboral en los 12 meses previos a la entrevista, ya sea por recibir un menor sueldo que el de sus pares hombres, bajo las mismas condiciones de trabajo, o tener una menor oportunidad de ascenso.

Por esa razón, los senadores consideraron necesario que en el reporte que envíe la dependencia se incluya el número de mujeres despedidas por embarazo a nivel nacional y las acciones realizadas para investigar los hechos y, en su caso, fincar las responsabilidades correspondientes.

Al respecto, se precisa en el texto que el 14.9 por ciento de todas las mujeres de 15 años y más, que alguna vez en su vida han trabajado o solicitado trabajo, declararon que les han solicitado el certificado de no gravidez como requisito para su ingreso al trabajo, o por embarazarse las despidieron o bajaron el salario, no obstante que la legislación laboral lo prohíbe, según la ENDIREH 2011.

En un segundo dictamen, avalado también por el Pleno senatorial, se acordó solicitar a la procuradurías Federal de la Defensa del Trabajo, estatales y del Distrito Federal, informen el número de denuncias realizadas por el despedido a mujeres: por embarazo o por condición de maternidad; las empresas o instituciones públicas que han incurrido en esas prácticas y las acciones implementadas para tutelar el derecho de las afectadas.

En este sentido, informe, en su caso, de las acciones promovidas contra servidores públicos en materia de responsabilidades administrativas, en términos de ley, y los casos en que ha procedido una denuncia por el delito de discriminación por restricción o negativa de derechos laborales cometidos en contra de mujeres, ya sea por su condición de género, embarazo o maternidad.

Además, las procuradurías General de la República, Generales de Justicia de los estados y del Distrito Federal, tendrán que exponer los casos en los que se inició una averiguación previa por la comisión del delito de discriminación por restricción o negativa de derechos laborales, en contra de la mujer, por su condición de género, por embarazo o maternidad, así como en las que se ha derivado en el ejercicio de la acción penal, y consignación.