El Estado debe reconocer y respetar la tutela de los padres y no anteponerse a ellos para promover la sexualidad en los adolescentes.
Los partidos PRI, PAN y Partido Verde retiraron el dictamen de reforma a la Ley General de Salud, que pretendía garantizar los supuestos "derechos a la salud sexual y reproductiva para los adolescentes".
El documento proponía considerar la salud sexual como materia de salubridad general e incluirla en los servicios básicos de salud. También establecía que no se requeriría la asistencia o ratificación de los padres para prestar servicios de salud reproductiva y sexual a los menores de edad, excepto en aquellos caso en que la prestación de servicios implicara un procedimiento quirúrgico o irreversible.