Eduardo Montealegre, aprovechó el polémico ForoAborto para anunciar su intención de presentar un proyecto de ley para legalizar el aborto en las primeras 12 semanas de gestación.
Curiosamente, la portavoz de Women´s Link Worldwide, Mónica Roa, y el resto de participantes de ForoAbierto también relacionan el aborto con los diálogos de la Habana. «Parece que forma parte del argumentario que pretendían blandir en la Javeriana para que tuviera mayor repercusión», señala el director de campañas de CitizenGO, Luis Losada, quien además califica de «paradójico hablar de paz cuando se decreta la pena de muerte a los más indefensos: los bebes por nacer».
Para 'MovilizateYa', «mientras se siga considerando que hay vidas humanas desechables, jamás podrá haber un verdadero progreso ni una verdadera paz».
La campaña tacha de «hipócrita» la iniciativa por «violentar la vida de los más vulnerables al tiempo que se protege a los que han cometido crímenes contra la humanidad». Así se lo están diciendo al Fiscal Montealegre:
«El aborto no es un derecho; es un fracaso. Un Estado que desprecia la vida de los más desprotegidos es un Estado totalitario que se arroga el derecho de decidir quiénes viven o no»
La campaña de 'MovilizateYa' recuerda al Fiscal General que el Código Civil protege la vida del no nacido. ¿Cómo va a ser plenamente disponible sin causa alguna?, se pregunta Losada. La campaña también recuerda el art. 11 de la Constitución Política de Colombia que señala que «la vida humana es inviolable». Por último, recuerdan que ningún tratado internacional considera el aborto como un derecho.
Además, el director de campañas de CitizenGO denuncia que en el aborto «lo único seguro es la muerte de un inocente y la ausencia de soluciones dignas para su madre».
Losada considera que la propuesta de aborto libre de Montealegre está relacionada con la práctica de la filial colombiana de Planned Parenthood, Profamilia, de promover el «derecho» al aborto. Una práctica que ya le ha merecido denuncias públicas y una investigación por parte de la Superintendencia de Salud. «Pretenden blindar su negocio jurídicamente, pero ni el Código Civil ni la Constitución les ampara», concluye.
