La corrupción es un “cáncer” que “carcome cotidianamente” al pueblo de Latinoamérica y que 'destruye poblaciones enteras sometiéndolas a la precariedad'


  

 

La corrupción es un “cáncer” que “carcome cotidianamente” al pueblo de Latinoamérica y que “destruye poblaciones enteras sometiéndolas a la precariedad”, advirtió el Papa.


En una carta escrita con motivo de la asamblea ordinaria del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), que sesiona estos días en El Salvador, Francisco sostuvo que la corrupción “arrasa con vidas sumergiéndolas en la más extrema pobreza”.


El texto, de unas tres páginas de extensión, el pontífice destacó la forma “admirable” con la cual “muchos hermanos” salen todos los días a pelear contra ese fenómeno con su trabajo y enfrentando así “los desbordes de muchos”.


Recordó los tres siglos de la Virgen de Aparecida, patrona del Brasil, y evocó a los pescadores que descubrieron la estatuilla de Nuestra Señora de la Concepción envuelta en fango.

 

 

 

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De acuerdo con el Inegi, el 83% de la ciudadanía a nivel nacional, considera que la corrupción es frecuente o muy frecuente en sus estados; destaca asimismo que, en 2015, hubo una entidad, Sinaloa, en donde la corrupción fue percibida como el principal problema de la entidad, aun por arriba de la inseguridad


  

 

La democracia mexicana enfrenta dos bloques problemáticos que deben resolverse para lograr su consolidación y conseguir una transición democrática efectiva que se traduzca en un sólido Estado de bienestar. El primero de ellos, se estructura por la tríada de: pobreza, desigualdad y rezago social; el segundo, se integra con la de inseguridad, corrupción e impunidad.


Al respecto, es importante señalar que la violencia social sigue creciendo, que las estrategias implementadas resultan insuficientes, y que la corrupción ha sido identificada como uno de los mayores problemas sociales, a la par de la inseguridad pública en el país.


En efecto, de acuerdo a información del Inegi, captada a través de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG, 2015), los principales problemas percibidos por la ciudadanía en las entidades de la República son, en primer lugar, la inseguridad y, en segundo lugar, de manera generalizada, la corrupción.


Las mediciones del Inegi indican que, en 23 de las 32 entidades de la República, la inseguridad es el principal problema percibido por la ciudadanía. Entre ellas, hay siete en donde más del 70% de la población opina en ese sentido; tales entidades son: Tamaulipas, en donde el 79.8% de la población opina que la inseguridad es el principal problema de su estado.


En segundo lugar aparece el estado de Guanajuato, con 79.3% de la población que opina en el mismo sentido; le sigue el estado de Guerrero con 78%; en cuarto sitio se ubica el Estado de México con 76.8%; en quinto sitio está Tabasco, con 74.7%; seguido de los estados de Quintana Roo y Veracruz, con porcentajes de 73.6% y 70%, respectivamente.


Las cinco entidades en donde se registran menores porcentajes en este indicador son Oaxaca con 48.4%; Durango con 46.6%; Chiapas con 42.4%; Yucatán con 33.8% y Nayarit con 22.4%.


Es importante destacar también que en las nueve entidades en donde no se considera a la inseguridad como principal problema, en siete de ellas la principal problemática identificada es el desempleo, siendo éstas: Aguascalientes, Campeche, Durango, Hidalgo, Nayarit, Tlaxcala y Yucatán; mientras que, en Chiapas, otra de las entidades en esta lista, el principal problema percibido por la ciudadanía es la pobreza.


Además de corruptos, la ciudadanía considera que los gobiernos estatales, en general, tienen un mal desempeño. En ese sentido, es importante destacar que hay 14 entidades de la República en las cuales 36% o más (es decir, al menos uno de cada tres ciudadanos), considera que el principal problema de su entidad es el mal ejercicio del gobierno. En este indicador son Colima, Tabasco, Morelos, Chiapas y la Ciudad de México las que presentan los mayores porcentajes de opinión ciudadana negativa.


De acuerdo con el Inegi, hay 15 entidades de la República en las que se rebasa el promedio nacional relativo a la consideración de que la falta de rendición de cuentas es el principal problema del estado. Aun y cuando no aparece entre los problemas más severos, el hecho de que las personas lo perciban ya en esta categoría, habla de su vinculación necesaria con los temas de la corrupción y el mal gobierno.


Las entidades en donde se identifica en mayor medida esta problemática son: Querétaro, Ciudad de México, Colima, Sonora y San Luis Potosí.



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El canciller Luis Videgaray Caso defendió la postura del gobierno federal en torno a la detención del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.


  

 

Durante su comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, el funcionario federal explicó que ante dicha situación el gobierno mexicano ha decidido continuar el proceso de extradición, situación que se ha analizado con autoridades guatemaltecas.


El canciller explicó que al recurrir a la figura de extradición cierra las posibilidades al implicado para que se abra un resquicio de libertad jurídicamente y esto podría ser interpretado judicialmente como una falta al debido proceso y quedaría en libertad el exmandatario.


Dijo que Duarte de Ochoa y su defensa, quedan en este momento en posibilidades de enfrentar sus responsabilidades por lo que se le acusa desvío de recursos públicos, lavado de dinero y vínculos con recursos de procedencia ilícita.


Puntualizó que el exmandatario fue detenido en Guatemala en cumplimiento de una ficha roja emitida por Interpol México, con orden de detención con fines de extradición, y es por ello que la autoridad mexicana mantendrá esa vía.


Por otra parte, el funcionario federal se refirió a la relación que vive nuestro país con Estados Unidos, donde manifestó que se tienen que aprovechar las oportunidades con otros continentes e incluso con América Latina para diversificar las negociaciones.


“México aprovecha esta coyuntura para hacerse más presente en el mundo, para incrementar nuestras relaciones comerciales, fomentar la inversión directa en México, pero también incrementar el diálogo político”, afirmó.


Reconoció que la política exterior enfrenta nuevos desafíos como los nacionalismos que han provocado el cierre al desarrollo del mundo y la presencia de actores políticos “de diversas latitudes que cuestionan el principio de integración global”, sostuvo.


“Ante el reto que enfrenta la nueva administración en los Estados Unidos, los agravios, y las políticas amenazantes al interés nacional, el gobierno de México ha definido dos pilares de actuación: Diversificar nuestras negociaciones hacia el resto del mundo y enfrentar el reto con convicción, incrementando el diálogo político basándose en principios claros y explícitos”, detalló el canciller mexicano.

 

 

 

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“Javier Duarte de Ochoa notificó que no podía designar a un abogado defensor, ya que no contaba ‘con recursos económicos para hacerlo’, según consta en el expediente [3741-2017] que se armó en el Quinto Tribunal de Sentencia Penal [de Guatemala]” (Organización Editorial Mexicana-Informex, 18 de abril de 2017).


  

 

Cuando uno piensa en el ex Gobernador de Veracruz (2010-2016), Javier Duarte de Ochoa, lo menos que uno piensa de él es que pueda sufrir de carencias económicas. Después de todo, son decenas las acusaciones en su contra por los delitos de enriquecimiento ilícito, desvío de recursos locales y subsidios federales -como los de educación, salud, e infraestructura-, y lavado de dinero a través de empresas “fantasma”. En la actualidad, la Auditoría Superior de la Federación tiene interpuestas ante la Procuraduría General de la República (PGR), al menos, 60 delaciones penales en su contra. De ser comprobadas todas, el veracruzano enfrentaría cargos por un daño patrimonial que superaría los 60 mil millones de pesos. Sin embargo, en noviembre del año pasado, a unos días del cambio de Gobierno en Veracruz, la oposición panista expuso que el daño patrimonial del mandato de Duarte ascendía a 16 mil millones de pesos.


Luego está lo que las autoridades le han encontrado -hasta el momento-: una amplia sarta de casas de lujo ligadas a él, en varios países (el rancho Las Mesas en el Edomex; casas en Veracruz, Campeche y la CdMx; propiedades en Houston, Miami, Nueva York y hasta en Madrid, España), que en conjunto, alcanzan a sumar unos 472 millones 643 mil 988 pesos; un mínimo de 34 compañías “fantasma”, que de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria, tenían contratos con el gobierno veracruzano por tres mil 300 millones de pesos; 112 cuentas bancarias congeladas por la PGR en noviembre de 2016; 20 millones 467 mil pesos confiscados durante los cateos a tres casas del ex mandatario veracruzano, ubicadas en la Ciudad de México; un avión Lear Jet 45 (con un costo de 50 millones de pesos) y un helicóptero (de 15 millones de pesos) embargados en el Rancho Las Mesas. La lista pareciera no tener fin. Como sea, lo anterior no da indicio para pensar que Javier Duarte sea una persona con problemas de liquidez. A pesar de lo que le ha sido incautado por las autoridades mexicanas, a Duarte aún le falta aclarar lo que pasó con los miles de millones que desapareció, como por arte de magia, durante su sexenio. Es decir, por ahora, sólo han rascado la punta del iceberg, pero la gran masa de opacidad, aún permanece sumergida.


Ayer, Javier Duarte compareció ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal por Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala. Allí, junto con un abogado contratado, se negó a ser extraditado a México para enfrentar las acusaciones en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero. “En este momento no puedo allanarme hasta que llegue la solicitud formal de extradición y sea evaluada por mi defensa. Esto no quiere decir que no lo vaya a hacer, sino que me reservó ese derecho hasta ese momento”, mencionó el ex Gobernador. Con esta decisión, el proceso para que Javier Duarte enfrente a la justicia mexicana podría tardar varios meses si usa los recursos legales de esa nación para retrasar su envío. En ese sentido, ¿puede ser que Duarte haya dicho “no tengo un quinto para mi abogado” con la finalidad de demorar, aunque sea un poco más, su proceso de extradición? Eso queda a juicio del lector.



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Corrupción, tráfico de influencias y de no haber protegido a las víctimas de un naufragio... vaya, por no hacer bien su trabajo.


  

 

En una decisión histórica, la Corte Constitucional de Corea del Sur aprobó la destitución de la presidenta Park Geun-hye por haber cometido actos que "violaron la Constitución y las leyes", de acuerdo con The New York Times.


Park Geun-hye está acusada por corrupción, tráfico de influencias y de no haber protegido como debía a las víctimas del desastre del ferry de Sewol, en 2014.


La presión a la presidenta comenzó cuando una televisora surcoreana reveló que su amiga empresaria Choi Soon-Sil había manejado documentos e información clasificada y había asesorado al gobierno sobre política nacional e internacional. El acceso a documentos confidenciales es especialmente problemático cuando Choi ni siquiera ocupaba algún cargo oficial.


El escándalo no paró ahí y hubo más acusaciones de colaboraciones entre Park y Choi para presionar a grandes multinacionales de Corea del Sur para que donaran fuertes sumas de dinero a organismos sin ánimo de lucro controlados por ella, y haber desviado parte de ese dinero a sus cuentas personales.


Entre las investigaciones por corrupción sobresale el caso de la tecnológica Samsung, en el cual el vicepresidente del conglomerado Lee Jae-yong presuntamente pagó decenas de miles de millones de dólares para garantizar el respaldo estatal a una fusión de afiliados en 2015.


Después de muchas protestas y presiones, en diciembre del año pasado se sometió a votación una propuesta para destituir a la presidenta surcoreana: obtuvo 234 votos a favor, 34 más de los 200 que necesitaba para proceder.

 

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El Índice de Percepción de la Corrupción 2016, que elabora la ONG Transparencia Internacional, registró un retroceso general en América Latina, con una puntuación media regional de 44 sobre 100.


  

 

En la región, 11 países obtuvieron una peor nota que en año anterior y cuatro mejoraron su puntuación. La caída más fuerte la registró México, que quedó con 30 puntos en la posición 123 (de 176), cinco puntos menos que el año anterior.


Chile, aunque es uno de los mejor situados en la región también registró una fuerte caída, de cuatro puntos, y quedó en el lugar 24 de la tabla, con 66 puntos. Dos de los países que más mejoraron fueron Argentina, con cuatro puntos más que en el año anterior, Paraguay, con tres puntos más y Brasil, con dos más.


El país mejor situado de América Latina fue Uruguay, en la posición 21 con 71 puntos, seguido de Chile y Costa Rica, en la posición 41 con 58 puntos.


En el lado opuesto, Venezuela fue el peor clasificado de la región, en la posición 166 con solo 17 puntos. Le sigue Haití (posición 159 con 20 puntos), Guatemala, (posición 136 con 28 puntos) y Paraguay, México y Honduras, que comparten la posición 123 con 30 puntos...

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Una ley 3de3 flojísima.

La bancada del PAN en el Senado aceptó la propuesta del PRI y PVEM para aprobar una ley 3de3 con limitaciones.


  

 

La bancada del PAN en el Senado aceptó la propuesta del PRI y PVEM para aprobar una ley 3de3 con limitaciones, que obligue a los funcionarios a publicar los montos, valores, especificaciones, ubicaciones de inmuebles y demás datos contenidos de su declaración patrimonial.


La senadora panista Marcela Torres Peimbert explicó que también están de acuerdo con que quede a voluntad del servidor público el incluir o no la información patrimonial de sus cónyuges y dependientes económicos directos.


"Lo que estamos pidiendo es que haya una versión pública. Lo que pedía la ley del PAN era mucho más riguroso en ese tema, sin embargo, creo que pensando en el bien del País y las resistencias brutales que estamos viendo de toda la clase política, lo importante es que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) salga como tal", dijo.


"Aun cuando no es el ideal, que era que se diera más descripción pública, el PAN acompaña este listado que se hace, sin pormenorizar, siempre y cuando en el SNA se tenga toda la información desglosada, las declaraciones completas".


La secretaria de la Comisión Anticorrupción recordó que los propios impulsores de la Ley 3de3 ya cedieron ante la propuesta del PRI y PVEM, por lo que no es necesario seguir peleando por una disposición más exhaustiva.


Torres Peimbert consideró que lo más importante es conseguir que priistas y verdes acepten aprobar un paquete integral de leyes que incluya la nueva Fiscalía Anticorrupción y reformas al Código Penal Federal, para que los funcionarios puedan ser castigados con cárcel.


"Si ya hasta los ciudadanos cedieron en su propia ley, pues nosotros tampoco vamos a pelear de más. Más bien peleemos porque haya un buen Sistema Anticorrupción, que funcione, en el que todos los engranes existan", expresó.


"Por eso decimos: está bien, nos allanamos a los documentos del PRI y del PVEM en esas cinco leyes, pero tomen nuestros documentos de nuestras otras dos leyes".


PRD no cede


Entrevistado por separado, el senador del PRD, Armando Ríos Piter, anunció que su bancada no aceptará la propuesta del PRI y el PVEM, por lo que peleará por mantener en la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas la idea original de 3de3.


Algunos políticos se resisten a ser transparentes.

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La cultura de la legalidad, desde la familia

Según el experto de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Colombia, la cultura de la ilegalidad y la presencia del crimen organizado generan un ambiente difícil por el fenómeno de la corrupción y este se puede y debe de combatir desde la familia.



Según el experto, en la medida en que permanezca  y se arraigue la mentalidad del “dinero fácil” es mucho más difícil luchar contra este fenómeno social.

 


Si un niño ve a su papá o mamá pagarle un soborno a un policía para que no le ponga una multa, en 20 años robará en otras cosas fácilmente.

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