En Chile se está legislando un atentado contra la heterosexualidad, alerta experta.

Para el 2 de noviembre estaba prevista la votación en el Senado del proyecto de ley que “reconoce y da protección a la identidad de género” en Chile, que finalmente se pospuso para el 13 de diciembre, para que la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía presente nuevas indicaciones.

El proyecto sostiene que la identidad de género se determinará de acuerdo a “la vivencia interna” de la persona que “cual puede corresponder o no con el sexo” biológico. A partir de esa definición, las personas podrán cambiar su nombre y sexo en el registro civil.

El proyecto incluye también a niños desde los 0 hasta los 14 años, quienes podrán en forma voluntaria cambiar su “sexo registral” ante un Juez de Tribunal de Familia, para lo cual basta presentar informes médicos y psicológicos que sustenten la decisión.

Y entre los 14 y 18 años un menor podrá solicitar el cambio de sexo en el Registro Civil. En ambos casos si los padres se oponen, el menor podrá recurrir ante un juez de un Tribunal de Familia.

La directora del Observatorio Legislativo Cristiano, Marcela Aranda, conversó con ACI Prensa y dijo que el proyecto de ley es “un atentado contra la heterosexualidad” porque busca “sentar las bases de una relativización de la normalidad, de la conducta sexual humana”.

Respecto al cambio de nombre y sexo en personas adultas, Aranda alertó que esto es “una puerta para el ‘matrimonio homosexual’ o la adopción homoparental” porque una persona que acude a la ley, podrá entonces casarse con otra del mismo sexo y estar en legalidad.

Por otra parte, la normativa que permitiría al cambio de nombre y sexo registral en niños y adolescentes es un “atentado contra la infancia” ya que la “personalidad antes de la pubertad y la adolescencia aún está en construcción”.

Una de las indicaciones del proyecto, plantea que la decisión de cambio de nombre y sexo en menores de 18 años se podrá revertir por una sola vez, argumento que ratifica que este es un proyecto “aberrante”, dijo Aranda ya que los estudios indican que “entre un 80 y 95 por ciento de los casos que presentan disforia de género se revierten de manera natural y sin tratamiento”.

“Si a esto, se le suma el proyecto de Garantías de Derechos de la Niñez -que busca igualar toda la legislación interna con la Convención de los Derechos del Niño- los papás no tendrán nada que decir, pues incluso el colegio le enseñará al niño o niña lo que puede ser o lo que quiere ser”.

“Así se le quita totalmente la autoridad a los padres”. Hoy la Constitución de la República “dice que los padres tienen el derecho preferente a educar a sus hijos.

Esto es en el más amplio concepto moral, físico, cultural, espiritual (...) Pero el proyecto de Garantías de la Niñez indica que rebajaron nuestro derecho preferente a una responsabilidad preferente”, agregó la también coordinadora de la organización civil Padres un Paso al Frente.

Aranda manifestó que todo esto es parte de una gran “reingeniería social, una dictadura totalitaria e ideológica que abarca mucho más que la ideología de género”.

Actualmente existen 61 proyectos que apuntan a la “desconstrucción del ser humano” en áreas como la familia, educación, identidad de género, la dignidad y el derecho a la vida en aborto y eutanasia, derechos humanos, entre otros.

Otro elemento que sorprende a Aranda es la rapidez con que se ha legislado este proyecto que “reconoce y da protección a la identidad de género” ingresado en 2013 por los senadores Juan Pablo Letelier (socialista), Ricardo Lagos (del partido por la democracia), Lily Pérez (de renovación nacional) y por los ex congresistas Camilo Escalona (socialista) y Ximena Rincón (demócrata cristiana).

En octubre del 2005, el P. Lodi presentó un habeas corpus para impedir que una embarazada llevase adelante un aborto autorizado por la justicia porque el bebé había sido diagnosticado con el síndrome de Body Stalk.

El Presidente de la Asociación Pro-vida de Anápolis (GO), P. Luiz Carlos Lodi da Cruz, fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Brasil (STJ, por sus siglas en portugués) a pagar la indemnización por daños morales de 60 mil reales (alrededor de 18 mil dólares), por haber presentado un habeas corpus para impedir que se realizara el aborto de un bebé con síndrome de Body Stalk.

En octubre del 2005, el P. Lodi presentó un habeas corpus para impedir que una embarazada llevase adelante un aborto autorizado por la justicia. Su bebé había sido diagnosticado con el síndrome de Body Stalk. Esta anomalía se caracteriza porque el cordón umbilical es corto y no hay posibilidad de cierre de la pared abdominal, ocasionando problemas en las extremidades y la columna vertebral.

De acuerdo con el STJ, la mujer ya había tomado medicación para inducir el parto, cuando llegó al hospital la decisión del Tribunal de Justicia de Goiás, que atendió el pedido del sacerdote y determinó la interrupción del procedimiento.

Ella, entonces, volvió a su casa en Morrinhos, en la región sur de Goiás. A los días el bebé nació, falleciendo poco después.

La decisión unánime de la Tercera Sala del STJ acompañó el voto de la jueza Nancy Andrighi, considerando que el sacerdote abusó del derecho de acción y violó derechos de la mujer embarazada y de su esposo, provocándoles sufrimiento inútil.

Para Andrighi, el sacerdote actuó “temerariamente” cuando pidió la suspensión del procedimiento del aborto. Dijo además que el presbítero “busco la tutela estatal para defender sus particulares ideas sobre la interrupción del embarazo”.

Más tarde leyó en una noticia del periódico local ‘O Popular’ que el juez Aluísio Ataídes de Sousa había suspendido la licencia que permitía el aborto del bebé, pero el reportaje también decía: “La decisión, entre tanto, perdió objeto, pues el procedimiento ya fue realizado”.

Sin embargo, al contrario de lo informado por la prensa, “la orden llegó a tiempo para salvar a Geovana de la muerte”. “Los padres del bebé volvieron a Morrinhos, su ciudad, sin que yo supiera sobre lo ocurrido, siempre creyendo en la veracidad de la noticia del periódico ‘O Popular’”, dijo el P. Lodi.

El sacerdote lamentó tal equívoco y garantizó que si “hubiera sabido que Geovana había sobrevivido y que sus padres estaban en Morrinhos, sin duda yo habría ido a visitarlos, acompañarlos durante el embarazo, ofrecerles asistencia durante el parto (como hicimos con tantas otras embarazadas) y, tratándose de un bebé con riesgo de muerte inminente, bautizarlo luego del nacimiento. Y si falleciera, para mí sería un honor hacer sus ceremonias fúnebres acompañando a la familia hasta el cementerio”.

Finalmente, el sacerdote recuerda que el mismo pedido de indemnización, negado en primer y segundo grado, “fue ahora sorprendentemente acogido en el STJ”.

“En otra época, sin embargo, esa Corte ya se mostró a favor de la defensa de los niños por nacer con discapacidad, al revocar por unanimidad una decisión del TJRJ (Tribunal de Justicia de Río de Janeiro) que autorizaba un aborto de un bebé anencefálico (HC 32152). Quien dio la histórica sentencia fue la jueza Laurita Vaz, que hoy preside el Tribunal Superior de Justicia”.

Los actos académicos deshonestos de los universitarios, como plagiar tareas o comprar títulos, dejan una “mancha de corrupción” en las instituciones educativas.

La directora de Integridad Académica de la Universidad del Sur de Australia, Tracey Bretag, comentó en una conferencia en la UDEM que los alumnos deshonestos se exponen a no aprender y no sobresalir en su vida.

Dijo que hay que inculcarles a los jóvenes la ética académica porque es de suma importancia para su futuro.

“Los profesores tienen mucho que ver con la integridad académica, y concretamente de la compra de trabajos, son ellos los que están frente a los alumnos, en las trincheras, y son sólo ellos quienes pueden hacer la diferencia”, sostuvo.

“Los alumnos son muy inteligentes y si detectan que hay muy pocas probabilidades de que sean sorprendidos no estamos ayudándolos a que tengan integridad académica”, señaló.

Al respecto, la profesora investigadora de la Facultad de Derecho de la UANL, Gina Prado, comentó que la ética es primordial en los alumnos, pues deben poner el ejemplo como docentes inculcándoles valores.

Agregó que los maestros deben enseñarles a los alumnos a darles referencia y crédito a los autores al momento de hacer trabajos, porque si no, se convierte automáticamente en plagio.

“Si no formamos a los alumnos como valores, ¿qué vamos a esperar de ellos como futuros profesionistas? Uno como catedrático debe formarlos con el ejemplo.
Si uno es ético ellos van a responder de la misma manera”, explicó la abogada.

El tema del mercado de la copia también lo abordó Tracey Bretag, quien explicó que en Australia quienes redactan un ensayo de mil palabras para otra persona cobran unos 80 dólares, es decir, casi mil 600 pesos.

“Es un precio barato, incluso conocí a una persona que pagó 40 dólares por 40 páginas y es un poco alarmante, porque se puede presentar como un mercado para gente que quiere hacer dinero a la mala”, dijo la especialista.

Agregó que la mayoría de los jóvenes realizan “compras de pánico” al pedir un trabajo uno o dos días antes de la entrega, tiempo insuficiente para elaborar tareas de calidad.

“Hasta el momento lo único que tenemos es información cualitativa a nivel anécdotas que cuentan nuestros alumnos alrededor del mundo, que están siendo víctimas de fuertes presiones de parte de proveedores profesionales de sitios que ofrecen sus servicios de realización de trabajos”, detalló.

La experta trabaja en una investigación en Australia en la que han participado estudiantes de universidades de aquel país.

EL PAÍS inicia una serie de reportajes sobre sectores de la sociedad estadounidense que respaldan la candidatura de Hillary Clinton.

Sólo hace falta nombrar a Donald Trump para que la tertulia se anime.

“Yo le digo una cosa personal, sin ofender a nadie. Si me pregunta, yo grito a los cuatro vientos que voto a Hillary Clinton”, dice la puertorriqueña María Vázquez, la única mujer en la mesa del centro de la tercera edad de Reading.

Los demás asienten. Y explican que todo cambió en Reading, una ciudad industrial en Pensilvania, cuando los latinos empezaron a llegar en masa. Que antes, como dice Vázquez, “los que vivían aquí eran ‘hillbillies’. ‘Hillbillies’ es el término, a veces despectivo, que designa a los blancos rurales de la región montañosa, minera e industrial, del este de Estados Unidos. El hombre que ha insultado a mexicanos y musulmanes, que ha ofendido a mujeres y veteranos de guerra, es persona non grata.

Reading es una de las ciudades con más pobreza de Estados Unidos. El 40% vive por debajo del umbral. También es una de las que tiene más hispanos. De sus 88.000 habitantes, casi un 60% son de origen latinoamericano.

Los votantes de la demócrata Clinton no merecen estudios sociológicos ni de psicoanálisis de salón como los de Trump. Nadie va a buscarlos y observarlos, como a los blancos que votan al republicano Trump, con actitud paternalista como si fueran un objeto de estudio etnológico. Nadie intenta ‘comprenderlos’, como si fueran adolescentes desorientados. Pero seguramente se parecen tanto o más a la ‘América real’, o a lo que en cincuenta años será la ‘América real.

En Reading, territorio Clinton, el ‘make America great again’, el ‘vamos a hacer América grande de nuevo’, el eslogan de Trump, tiene poco sentido. Aquí los latinos ya creen que Estados Unidos es un gran país y Reading una buena ciudad para vivir, pobre quizá, pero barata, con dimensiones humanas y vida de barrio.

Si visitasen las escuelas, se darían cuenta de que los blancos anglosajones, los descendientes de los alemanes que llegaron a estas tierras en los siglos XVII y XVIII, son minoría. Y constatarían que en Reading —lejos de las metrópolis multiétnicas como Nueva York, Miami o Los Ángeles— el futuro pertenece a los hijos de los puertorriqueños, dominicanos y mexicanos.

En las afueras de Reading, la Universidad Albright es otra galaxia. El Reading latino queda lejos, un mundo exótico para muchos estudiantes. Pero la preferencia por Clinton es similar.

En el cine del campus se proyecta ‘Reading 1974’, un documental de culto que retrataba la ciudad durante el verano de la dimisión del presidente Richard Nixon por el escándalo del Watergate. Uno de los personajes de la película es un nazi local.

"Esto ya no existe", lanza alguien a Gary Adlestein, uno de los tres directores del documental y profesor en Albright.

Adlestein responde con una ironía sobre el eslogan de Trump. “Bueno. No existe", dice. "Hasta que volvamos a hacer América grande”.