El Gobierno de México se vale de estas tácticas para atraer más a las jóvenes para "instruirlas" en el uso de anticonceptivos, entre otros temas.

El programa Ya tengo 15 inició el fin de semana pasado con la integración de 400 jóvenes al Instituto de la Juventud, quienes recibirán 30 horas de capacitación en temas de género, prevención de violencia, nutrición y Derechos Humanos, por mencionar algunos.

El sábado 19, la Directora General Lic. María Fernanda Olvera Cabrera dio la bienvenida a las jóvenes de este programa que por tercer año consecutivo aplica el Gobierno de la Ciudad de México, para que jóvenes en situación de vulnerabilidad reciban capacitaciones que les permita revertir el contexto de riesgo que viven.

Las chicas fueron invitadas a participar por los tutores sociales voluntarios del instituto, quienes en trabajo de campo detectaron a jóvenes que pudieran caer en embarazo adolescentes, delincuencia, pandillerismo, deserción escolar, drogadicción u otro problema que trunque su desarrollo personal.

Este año, las capacitaciones serán impartidas en tres sedes distintas para evitar que las jóvenes realicen traslados largos: INJUVE, Salón de los Espejos (Deportivo Coyuya) y el centro Cultural El Reloj (ubicado en la Delegación Coyoacán, cerca del Estadio Azteca).
De entrada las jóvenes recibieron su credencial de transporte gratuito que otorga el Programa Jóvenes en Desarrollo y quienes cumplan con el 80% de las asistencias recibirán una computadora de escritorio, que será una herramienta para su desarrollo y fortalecimiento como mujeres, estudiantes e integrantes de nuestra Capital Social.

Las jóvenes beneficiarias deberán presentarse a sus capacitaciones durante 10 sábados, 3 horas, y quienes cumplan con las asistencias reglamentarias recibirán el 5 de diciembre un diploma que acredita su capacitación.

Lo que se busca es hablar sobre las implicaciones de la legislación que regula los derechos de niñas, niños y adolescentes, además de la estrategia nacional para prevenir el embarazo en adolescentes.

Hay políticas públicas y legislaciones que pueden ser una oportunidad para la protección pero que también pueden atentar contra la figura de los padres de familia, de ahí que la asociación civil Red Familia busque incidir en el marco legal de las entidades federativas.

En estos términos se refirió, Juan Antonio López Baljarg, coordinador de Crecimiento Nacional de dicha organización quien informó sobre la realización de un foro en la capital de Durango con padres de familia para hablar sobre este tema.

Por su parte, Maley Infante, coordinadora Jurídica de Red Familia, explicó el fin que se persigue con este tipo de actividades, sostuvo que lo que se busca es hablar sobre las implicaciones de la legislación que regula los derechos de niñas, niños y adolescentes, además de la estrategia nacional para prevenir el embarazo en adolescentes.

En lo referente a la Ley de los Niñas, Niños y Adolescente, recordó que esta se publicó el año pasado y la misma obliga a los estados a que hagan su armonización, sin embargo, en este marco legal se vulnera los derechos y deberes de los padres, porque en ningún momento se hace referencia a su participación en el ejercicio de estos derechos.

Además se incluyen términos que de alguna manera se podrían entender que vulneran la patria potestad de los padres, ya que se hace referencia a la igualdad sustantiva, lo que quiere decir que tanto niños como adultos tienen los mismos derechos y los pueden ejercer de la manera que quieran. No obstante, hay que recordar que la legislación civil en los estados, establece que los niños ejercerán sus derechos a través de sus padres o sus representantes legales.

Adicionalmente se incluye otro término que es el libre desarrollo de la personalidad, esto en pocas palabras significa que niñas, niños y adolescentes pueden hacer lo que quieran, sin autorización de sus padres, asimismo otros como es lo relativo a preferencia sexual, y en donde no se cuenta con la participación de los padres.

En estos temas se debe incluir a los padres de familia ya que ellos son quienes deben decidir qué línea seguir sobre la orientación que sus hijos reciban.

La SEP trabaja en la renovación y fortalecimiento de los contenidos de los libros de texto gratuitos relacionados con sexualidad y educación sexual.

Así lo dio a conocer ayer Claudia Alonso Pesado, directora general adjunta de Igualdad de Género de la SEP, al participar en la inauguración del Foro Nacional del Embarazo en la Adolescencia.

Sostuvo que la sexualidad y la educación sexual son dos conceptos actualmente enfocados en función de la "salud reproductiva" para evitar los embarazos adolescentes.

No obstante, dijo que recientemente la ONU convocó a México y los países de la región a ir más allá de la visión médica y reproductiva, y considerar los derechos sexuales con una perspectiva integral.

"Se estaría incorporando más el enfoque de derechos humanos, fortalecer todo el enfoque científico. Vamos a fortalecer todo el tema de igualdad de género es decir, el replanteamiento de lo que son las nuevas masculinidades", externó.

Actualmente, la educación sexual se aborda en los libros de texto desde el tercer año de primaria pero la renovación de conceptos que trabaja la SEP se incorporará de forma paulatina a otros grados, dijo Alonso.

Celebrará una 'Semana por la Vida', que contará, con actividades lúdicas, científicas y culturales y que culminará con la VI Marcha por la Vida que se celebrará el próximo 15 de noviembre.

Ante la proximidad de las elecciones que se realizarán a finales de este año, la plataforma ciudadana Derecho a Vivir (DAV) cuestiona al Tribunal Constitucional (TC) por su silencio ante un recurso sobre la inconstitucionalidad de la ley del aborto presentado hace cinco años y denuncia el doble rasero del Partido Popular ante esta norma a la que se opuso cuando era oposición y que ahora, en el gobierno, no ha modificado.

En 2010, 50 diputados del Partido Popular presentaron el mencionado recurso que aún no ha sido respondido por el alto Tribunal. Al respecto DAV señala que "con esta decisión el máximo órgano de garantía constitucional complementa el macabro juego político-jurídico desarrollado por el Partido Popular desde que se planteara la aprobación de la ley" del aborto que otorga a las madres el "derecho" a someterse a esta práctica anti-vida.

El Tribunal Constitucional ha decidido no pronunciarse al respecto con el pretexto de "no interferir en el desarrollo de la campaña electoral de los próximos comicios generales" por lo que según DAV "el TC se suma a la ceremonia de la confusión orquestada por el Partido Popular".

La portavoz de Derecho a Vivir, Gádor Joya, ha declarado que "es muy grave que el Tribunal Constitucional haya sido incapaz de tutelar el derecho fundamental a la vida de cerca de 600.000 concebidos. Más aún cuando este organismo ya estableció con claridad en su sentencia de 1985 que el 'nasciturus' (no nacido) debe ser protegido jurídicamente para que se cumpla el artículo 15 de nuestra Constitución: todos tienen derecho a la vida".

Desde Derecho a Vivir se considera también que "el recurso que el Partido Popular presentó es un documento incómodo, porque deja en evidencia la traición de sus firmantes, entre los que se encuentran Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, de tal forma que la 'Ley Aído' es ya de facto la 'Ley Rajoy', puesto que han asumido sus postulados, pese a su cosmética actuación ante el constitucional hace cinco años".

Además la doctora Joya reclama al Tribunal Constitucional "que deje a un lado las consideraciones e intereses políticos que pueda tener, que no permita que se deteriore su buen nombre y el prestigio de una institución que debe estar al servicio de los españoles, de todos los españoles, incluidos los que ya viven en el seno materno".

Antecedentes

El PP interpuso un recurso a la ley del aborto en 2010 que fue firmado por Soraya Sáenz de Santamaría y Mariano Rajoy cuando eran parte de la oposición. Posteriormente, durante las elecciones anteriores prometieron en varias ocasiones y como parte de su programa electoral modificar el marco legal para mejorar la protección de la vida humana.

Sin embargo, una vez en el Gobierno y con el apoyo de la más amplia mayoría absoluta en el Parlamento aprobaron por unanimidad un proyecto de ley en Consejo de Ministros que posteriormente fue defenestrado junto al titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Finalmente el PP realizó una modificación legal que a pesar de ser beneficiosa para las menores, es a todas luces insuficiente.