Abortistas intentan promover la legalización de aborto usando este caso, sin tomar en cuenta la salud de la menor. La menor ha sido acogida por el gobierno y las instituciones de salud para ser atendida integralmente.

El gobierno de Paraguay expresó su rotundo rechazo a una campaña que busca que se ejecute un aborto a una niña de 10 años, embarazada tras ser violada por su padrastro, y advirtió que someter a la menor a esta práctica pondría en serio peligro su vida.

La madre de una niña de 10 años en Paraguay pidió recientemente que se someta a un aborto a su hija, embarazada tras ser violada por su padrastro. Las identidades de las dos mujeres son mantenidas en reserva por las autoridades, pero se sabe que la menor se encuentra en la semana 23 de gestación.

Amnistía Internacional ha encabezado la campaña #NiñaEnPeligro para que se someta a la menor a un aborto, y encabeza un pedido de recolección de firmas dirigidas al presidente del país, Horacio Cartes, y al fiscal general Javier Díaz Verón.

El ministro de Salud de Paraguay, Antonio Barrios, comentó: "Somos responsables del control de su embarazo", aseguró el ministro, y subrayó que "la justicia determinará lo demás, como con quién quedarán la madre y el hijo posteriormente".

Barrios lamentó que la situación de la menor "es compleja" debido a los constantes abusos que ha sufrido por parte de su padrastro, y lamentó que "hay una madre que esconde eso para que la justicia no llegue al fondo de la cuestión".

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Obstetras del Paraguay, Luz Torres, señaló a radio Monumental 1080 AM que "pasadas las 20 semanas no es recomendable el aborto para ningún caso".

"El embarazo en sí no es un riesgo, porque es algo fisiológico. Lo que hace que sea de riesgo es la implicancia que pueda tener en ese adolescente por la edad materna. Pero no se puede hablar de riesgo de muerte de la madre cuando hay un embarazo de transcurso normal", explicó.

Torres lamentó que "mientras no tengamos castigo a los responsables de abusos o violaciones, vamos siempre a querer eliminar el embarazo, que no es un problema; el problema es la consecuencia que pueda llevar eso".

A su turno, en un comunicado emitido el 3 de mayo, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción señaló que "en condiciones óptimas en el contexto de una atención con cuidados de primer nivel y que no disparen la aparición de otras complicaciones o patologías posteriores, el alumbramiento en esta pequeña puede darse de manera satisfactoria".

Adriane Salinas, abierta promotora de la píldora abortiva del día siguiente y representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, reconoció en declaraciones a ABC Color que la niña "está en una edad gestacional donde para ella el aborto no es una opción. Y el aborto en el país está penalizado en todas sus formas".

Por su parte, en un comunicado difundido el 30 de abril, el rector de la Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción", P. Dr. Narciso Velázquez Ferreira, puso el hospital universitario del centro de estudios a disposición de forma gratuita para la niña, así como "de otras mujeres niñas que se hallan en la misma situación".

La desintegración familiar sumada a una larga separación padre/madre-hijo, puede afectar gravemente la salud emocional de los implicados y comprometer el sano desarrollo del menor.

Recuperar a un niño sustraído de su entorno familiar es una tarea difícil, lenta y costosa para los padres afectados, amén de que se vuelve casi imposible cuando ambos progenitores tienen la patria potestad del menor.

Estadísticas elaboradas entre 2008 y 2010 por el Unicef sobre el número aproximado de menores mexicanos sustraídos de su domicilio habitual señalan que la cifra podría alcanzar hasta 230 casos anualmente.

En la práctica, el trámite legal para que un padre o una madre pueda recuperar a su hijo (a) que fue sustraído de manera ilegal (regularmente la sustracción la realiza un familiar y/o el padre o madre que no tiene la custodia del menor) es complejo, por lo que requiere de la labor de un abogado especializado en materia familiar.

Entre otras razones, las controversias para restitución internacional de menores son complicadas porque en ellas no se resuelve sobre la custodia, sino únicamente sobre la repatriación de niños que fueron sustraídos del país donde residían, explicó Víctor Manuel Gamboa Ruyán, abogado especialista en derecho familiar.

Según Gamboa, el trámite judicial de restitución de menores "es de los más tardados y difíciles de litigar en los tribunales, pues llegan a tardar entre tres y ocho años".

A lo anterior hay que añadir que si bien los costos de honorarios de un bufete jurídico pueden variar, un despacho como el que encabeza la abogada Ana María Kudisch (con maestría en derecho familiar y una de las litigantes de mayor prestigio en México) no cobra menos de 50 mil pesos, tan sólo por estudiar un caso.

A esa cantidad hay que agregar el costo del juicio (copias, trámites, viáticos por viajes al extranjero, pago a peritos sicólogos) y los honorarios de los abogados, por lo que al final el padre o madre afectado podría llegar a pagar al menos 300 mil pesos, informaron a La Jornada abogados consultados.

De inicio, quien tiene la custodia del menor debe acudir a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para reportar la sustracción del menor, cuando se sabe que éste se encuentra en algún otro país.

A la par, el padre o madre debe reportar el incidente ante el juez de lo familiar de la entidad donde el menor tenía su residencia habitual, mediante un recurso que se denomina "incidente de restitución de menor". Entre 2008 y 2014 se han presentado ante la SRE 2 mil 14 solicitudes de restitución o retorno de menores que involucran a 2 mil 965 niños, niñas y adolescentes de origen mexicano.

Actualmente la cancillería mexicana tiene un registro de 397 casos activos que involucran a 587 menores, de los cuales 77 por ciento corresponde a disputas entre padres que residen en México y EU.

Estadísticas de la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior de la SRE refieren que, de estos casos activos, 143 son considerados como "entrantes", es decir, de niños que fueron trasladados del extranjero a México; en tanto que 254 son "salientes", es decir, implica casos de menores cuyos padres los llevaron del país a alguna otra nación.

Durante 2014, la cancillería recibió 295 nuevas peticiones; la mayoría involucran a padres con residencia en territorio estadunidense.

Lamentablemente en Tlaxcala se han aumentado las causales para que un aborto no sea penalizado. Aún tenemos la oportunidad de defender la vida ante la SCJN.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió eliminar temporalmente del enlistado de asuntos del Pleno, la revisión a Acción de Inconstitucional 41/2013 promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDH) que impugna el artículo 243 del Código Penal, relativo a las causales de aborto en la entidad aprobadas el pasado 2 de diciembre de 2013 por el Congreso de Tlaxcala.

Es así que el Pleno postergó indefinidamente, el análisis de la ponencia sobre el tema elaboró el Ministro José Fernando Franco González Salas, que hasta el pasado martes, previo al inicio de la sesión ordinaria, el asunto se ubicaba en el lugar número cinco de importancia, sitió que fue escalando desde el lunes 13 de abril cuando se encontraba en el lugar 10 del listado.

Sin embargo, en la lista del día el tema ya no apareció en el listado de 35 asuntos prioritarios a revisión.

Aún tenemos tiempo de seguir siendo más a favor la vida. La petición sigue estando activa en el portal CitizenGo.

Al permitir adopciones por parte de parejas del mismo sexo, se cede a un interés de dos personas, pero se ignora que es un derecho del menor tener padre y madre.

Las adopciones por parte de parejas homosexuales, legales en Coahuila desde marzo de 2014, serán una realidad este año en Coahuila.

Yezca Garza Ramírez, titular de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), informó que al finalizar 2015 se habrá concretado la primera adopción por parte de un una pareja del mismo sexo originaria del Distrito Federal.

La titular se mostró favor de las adopciones ya que comenta que las parejas del mismo sexo tienen mayor apertura en el tema de la edad y discapacidad de los niños. Ciertamente es positivo que la sociedad tenga un pensamiento humanizado y no discriminativo al momento de adoptar; sin embargo, el bienestar de los menores va más allá de la "aceptación" que pueda ofrecerle la pareja adoptante.

Todos los menores tienen derecho a crecer en un ambiente que sea ideal para su sano desarrollo. Investigaciones han comprobado que la mayoría de los niños educados por padres del mismo se enfrentan a dificultades en mayor grado en comparación con niños que han crecido bajo la tutela de un matrimonio hombre-mujer.