En los últimos siete años, el movimiento internacional “40 Días por la Vida” ha salvado 8 mil 973 vidas y el cierre de 56 clínicas abortivas.

Ante esta terrible realidad y luego de que en el Distrito Federal se han realizado cerca de 130 mil abortos en los últimos siete años, los integrantes y simpatizantes del movimiento “40 Días por la Vida”, capítulo México, se declararon listos para comenzar la vigilia de oración y ayuno frente a la clínica Marie Stopes, de la colonia Roma, del 24 de septiembre al 2 de noviembre.

A menos de una semana de iniciar la campaña, Lourdes Varela, coordinadora de la misma, puntualizó que no se trata de una protesta, sino de una vigilia de oración y ayuno, exclusivamente, por los bebés que a diario son abortados en la capital del país.

Expuso que a nivel mundial la campaña ha ayudado a reducir los abortos hasta en un 28 por ciento, además de lograr la conversión de proabortistas.

Explicó que en los últimos siete años, el movimiento internacional “40 Días por la Vida” ha salvado 8 mil 973 vidas, la conversión de 101 abortistas y el cierre de 56 clínicas abortivas, además de sumar ya a un total de 625 mil participantes y 17 mil iglesias de 540 ciudades en 25 países, realizando 3 mil 38 campañas de concientización.

Subrayó que por todo lo anterior, “40 Días por la Vida” se ha convertido ya en el más grande movimiento internacional provida de la historia, al ayudar a la gente de las comunidades a terminar con la injusticia del aborto a través de tres acciones muy específicas: oración y ayuno, alcance comunitario y vigilia pacífica.

Por su parte, el padre Roberto Funes, de la Orden Cruzados de Cristo Rey, manifestó que el poder de la oración salva y transforma a las personas. “La oración dará testimonio de la tragedia que sucede delante de nosotros y que quizás se ha olvidado”, indicó, en referencia a la campaña que iniciará el próximo miércoles frente a la clínica Marie Stopes, ubicada en la calle de Manzanillo 49, colonia Roma.

Hizo un llamado a los participantes a transformarse para pedir a Dios que interceda ante la tragedia causada por la cultura de la muerte representada por el aborto.

Durante la presentación de la campaña, se hizo énfasis en que todos los participantes de la vigilia de oración y ayuno no responderán a provocaciones ni agresiones, ya que se trata de un movimiento cien por ciento pacífico.

“Nuestro único objetivo es pedir la misericordia de Dios para acabar con la tragedia que significa el aborto, el cual daña a las madres, a las familias y a la sociedad en su conjunto”, precisó el diácono Andrés López, de la Orden Cruzados de Cristo Rey.

Los investigadores observaron que el peligro aumenta con la frecuencia de uso de la marihuana y que los riesgos son significativos aunque los niveles de uso sean bajos.

Los adolescentes que fuman marihuana diariamente son un 60% más propensos a no terminar sus estudios secundarios o universitarios que quienes nunca consumieron, según afirmó un estudio publicado en la revista británica The Lancet Psychiatry.

"Estos resultados caen en el momento oportuno, ya que varios estados norteamericanos y países de América Latina han tomado medidas para despenalizar o legalizar el cannabis, lo que aumenta la posibilidad de que la droga se vuelva más accesible entre jóvenes", explicó Richard Mattick, profesor de la Universidad de Nueva Gales del Sur (Australia) y uno de los autores de la investigación.

El estudio se realizó juntando datos sobre la frecuencia de uso de cannabis entre 3.725 estudiantes de Australia y Nueva Zelanda de entre 13 y 30 años y comparando, a lo largo de los años, sus capacidades cognitivas, éxito escolar, uso de otras drogas, dependencia y estado emocional. Los resultados obtenidos son interpretados de la siguiente forma por los investigadores:

Las secuelas adversas del consumo de cannabis en los adolescentes son muy amplias y se extienden en la edad adulta joven. Prevenir o retrasar el consumo de cannabis en la adolescencia puede tener amplios beneficios en la salud y las prestaciones sociales. Los esfuerzos por reformar la legislación sobre cannabis deben ser evaluados cuidadosamente para asegurarse de reducir el consumo de cannabis entre los adolescentes y prevenir los efectos potencialmente adversos para su desarrollo.

Los adolescentes que fuman marihuana diariamente son un 60% más propensos a no terminar sus estudios secundarios o universitarios que quienes nunca consumieron y tienen siete veces más riesgos de suicidarse. Los investigadores observaron que el peligro aumenta con la frecuencia de uso de la marihuana y que los riesgos son significativos aunque los niveles de uso sean bajos.

En la investigación, de hecho, pusieron en paralelo la frecuencia del consumo de marihuana entre los jóvenes de menos de 17 años y sus comportamientos en la vida posteriormente. Los criterios usados fueron el éxito escolar, la utilización de drogas ilegales, la dependencia al cannabis, la depresión y las tentativas de suicidio. El resultado fue una relación "clara y consistente" entre la frecuencia de la utilización de cannabis antes de los 17 años y la mayoría de estos criterios, señala The Lancet.

El cannabis es la droga ilegal más extendida en el mundo. Estadísticas recientes indican que, en ciertos países, los jóvenes empiezan cada vez más temprano a consumirla. El último Informe Mundial de Drogas presentado por Naciones Unidas muestra que la marihuana es la droga de Latinoamérica ya que el 5,7 de la población adulta la consume. Una tasa superior al promedio global.

El Dr. Edmund Silins, autor responsable de la investigación, declaró que una disminución del uso de la droga sería beneficiosa para la sociedad. "Los esfuerzos para reformar la legislación sobre el cannabis deberían ser evaluados cuidadosamente para asegurarse de que reduzcan su uso entre adolescentes y prevenir efectos potencialmente adversos en su desarrollo", afirmó.

 A decir de la ONG, esto se debe a que la recaudación crece poco y bajan los ingresos petroleros.

A pesar de la reforma fiscal aprobada en 2013 para aumentar los impuestos, el gobierno federal carece de recursos suficientes para cumplir con las promesas que ha hecho en educación o seguridad social, según un análisis publicado este miércoles por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Para la organización civil, esto se debe a que con todo y los cambios fiscales que entraron en vigor este año, la recaudación ha crecido poco —alrededor de 1.1%— y los ingresos petroleros caerán aproximadamente 8.4%, a causa de una menor producción de crudo.

Lo anterior se refleja en que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2015 sea de 4.6 billones de pesos, es decir, un incremento de apenas 1.2% en términos reales respecto de los 4.4 billones de 2014.

Según el CIEP, esto implica que las autoridades federales cuenten con escasos recursos para emprender nuevas acciones —como las promesas de elevar la cobertura y la calidad en todos los niveles educativos, o de universalizar la seguridad social, por mencionar algunos ejemplos— o que tengan que redistribuirlos entre rubros.

"Tenemos un gobierno que quiere gastar más pero no puede. Todos estos programas que quisiera fondear, de educación, de seguridad social y todo, se tienen que conformar con reclasificación de cuentas. No tienen los recursos para hacer la expansión que se está prometiendo", dijo en rueda de prensa el investigador Héctor Villarreal, director del CIEP.

"El Presupuesto de Egresos termina siendo un juego de suma cero. Cuando hay unos ganadores, forzosamente de algún lado van a tener que haber algunos perdedores", señaló por su parte Sunny Villa Juárez, investigadora del CIEP.

Al respecto, citó como ejemplo el caso del gasto educativo, en el cual el gobierno plantea aumentar en 7% los recursos para la educación básica —un área prioritaria para la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto—, pero al mismo tiempo propone recortar ese porcentaje de fondos a la educación media superior.

También señaló que otra muestra es que la propuesta de Paquete Económico para 2015 no incluye dinero para avanzar en el establecimiento de la seguridad social universal, una de las promesas de campaña del mandatario, ni refleja un incremento significativo en la inversión para infraestructura.

Para Villarreal, la situación ha llevado al gobierno federal a volver a solicitar deuda pública equivalente a 1% del Producto Interno Bruto (PIB), y refleja que la "gran apuesta" de Peña Nieto es esperar los frutos de la reforma energética, que abrió el sector petrolero y eléctrico a la inversión privada nacional y extranjera.

"Pareciera ser que, por el lado de ingresos, la gran apuesta del gobierno, y tiene su lógica, viene por los ingresos petroleros, el Fondo Mexicano del Petróleo y eventualmente que la renta petrolera crezca", dijo el investigador.

"(Sin embargo), los grandes incrementos en los ingresos petroleros no van a ocurrir rápido. Lo más probable es que no le toque verlos a este sexenio", agregó el directivo de este centro de estudios en finanzas públicas.

Peña Nieto, quien el 1 de diciembre cumple dos años en el cargo, defiende la apertura del sector energético argumentando que es necesaria para modernizar la industria e impulsar el crecimiento económico, que el gobierno federal espera que sea de 3.7% del PIB en 2015 y se eleve a entre 5% y 6% para finales de este mandato en 2018.

No obstante, el presidente reconoce que los efectos de esta reforma, así como los de sus otras reformas económicas —laboral, financiera, de competencia y en telecomunicaciones—, no serán rápidos.

En ese contexto, el Congreso mexicano prevé empezar en las próximas semanas la discusión de la primera parte del Paquete Económico, la iniciativa de Ley de Ingresos, la cual debe quedar aprobada por ambas cámaras a más tardar el 31 de octubre.

Para avalar la segunda parte, el PEF del año próximo, la Cámara de Diputados tiene hasta el 15 de noviembre como fecha límite.

El hecho facilita ilícitos, corrupción de servidores públicos y uso electoral de recursos, entre otros aspectos, advierte reporte de la Cámara de Diputados.

Los gobiernos de las 32 entidades federativas operan un total de mil 927 programas sociales locales, pero la mitad de ellos mantiene en la opacidad sus presupuestos y padrones de beneficiarios, lo cual facilita actos irregulares y corrupción de servidores públicos, el uso electoral de los recursos, la discrecionalidad en la asignación de beneficios y la distracción de fondos en fines ajenos a la política social.

Así lo advierte el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados en su reporte denominado “Integración y concatenación de padrones de beneficiarios como factores de transparencia y rendición de cuentas”, donde se precisa que las entidades con mayor número de programas sociales son Sinaloa, con 233; Distrito Federal, con 225; Guerrero, con 164; Tamaulipas, con 154; Jalisco, con 106, y Zacatecas, con 102.

El gobierno federal mantiene a su vez en marcha 102 programas sociales a cargo de 13 dependencias y con un presupuesto conjunto de 339 mil 277 millones de pesos para 2014, aunque en este caso el grado de transparencia en padrones y ejercicio presupuestal oscila entre 78 y 93 por ciento.

En dicho escenario, los legisladores integrantes de la Comisión Especial de Programas Sociales suscribieron un proyecto de reformas a la Ley de Transparencia para homologar la información de los programas sociales y obligar a los tres órdenes de gobierno a publicar y actualizar el listado de beneficiarios con nombres y apellidos.

“No hay claridad en las dependencias sobre los destinatarios de los programas sociales: la información es disímbola y no homogénea, genera confusión y limita la posibilidad de que cualquier persona pueda acceder, como consecuencia, a los programas”, afirmó José Francisco Coronato, presidente de la comisión legislativa.

Remarcó que el propósito de la iniciativa es asegurar la transparencia en los registros de beneficiarios, lo cual es condición no sólo útil y necesaria para la aplicación de los recursos, sino también para planeación y evaluación.

El análisis del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados detalla que solo 55.3 por ciento (mil 66) de los programas sociales de los estados cuenta con un padrón público de beneficiarios y apenas 53.6 por ciento (mil 32) da a conocer sus respectivos presupuestos.

Además, subraya el documento, solamente 57.1 por ciento (mil 101) de los programas sociales de las entidades federativas presenta un informe sobre el ejercicio de los recursos del erario y 66.9 por ciento (mil 289) entrega un informe anual de resultados.

El estudio pone así en entredicho la institucionalidad de la política social a escala de estados y municipios, e identifica como focos rojos la falta de transparencia en los trámites, gestión de recursos y el otorgamiento de apoyos a la población más vulnerable.

Enumera igualmente como consecuencias de la opacidad “la posible existencia de actos irregulares y corrupción por parte de servidores públicos; el posible uso electoral de los programas sociales; la discrecionalidad en la asignación de recursos, la distracción de recursos para fines ajenos a la política social y, sobre todo, la desatención a la población objetivo”.

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública acusa así la inexistencia de una política social integral, merced a la fragmentación y falta de coordinación de los programas sociales entre sectores y órdenes de gobierno.

“Los mayores problemas en materia de rendición de cuentas y transparencia se presentan en las políticas sociales de los estados, pues muchas veces no existen padrones públicos, no existen reglas de operación y no hay informes de cómo se han utilizado los recursos públicos”, remarca el reporte entregado a los diputados federales.

El gobierno federal creó en 2006 el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, pero la falta de transparencia y hasta los diferendos en la definición de programas sociales impiden establecer con precisión cuántos de ellos se mantienen vigentes en el país, concluye el informe.