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ConParticipación

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Oportunidades como estas ofrecen una perspectiva muy positiva del futuro a madres jóvenes y las pone a salvo ante el riesgo de un aborto.


  

 

Actualmente dos de cada 20 mujeres de la UJED, a nivel bachillerato y licenciatura, son madres de familia de hasta dos hijos que mantener, otro porcentaje están embarazadas, situación que las pone en desventaja para continuar su preparación académica, declaró el dirigente de la FEUD, Rodolfo Alonso Vidales, quien se pronunció por acudir ante los diputados locales para que las becas sean para estas estudiantes de manera permanente, además de incrementar el servicio de guardería, otorgar desayunos y asistencia médica.

 

El dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Durango, (FEUD) destacó que la población femenina día con día incrementa la matricula en la Universidad Juárez del Estado de Durango, y con ello ha crecido el número de estudiantes embarazadas, otras ya son madres de familia que tienen la responsabilidad de mantenerlos y acudir a prepararse para darle un mejor modo de vida a su familia.

 

Manifestó que la FEUD a través de la gestión ante Rectoría, otorga el 50 por ciento de descuento en la inscripción para las compañeras que son madres solteras, solo es cuestión de presentan ante la Federación, la o las actas de los hijos.

 

Indicó que aunque se tiene una guardería para darle servicio a casi 500 niños, no es suficiente, pues de los 23 mil estudiantes, más del 60 por ciento de la matrícula de la UJED, son mujeres y con ello el número de madres solteras y estudiantes con hijos se ha incrementado en los últimos cuatro años.

 

Puntualizo que se estima que de cada 20 mujeres que hay en las aulas cuando menos dos ya son madres, otra cifra similar son para las embarazadas.

La SCJN no tomó en cuenta a la sociedad al tomar la decisión de abrirle las puertas al matrimonio y ha puesto en un dilema a las autoridades.


  

 

Rito Padilla García, director general del registro civil de Guanajuato, está en contra de la adopción para parejas del mismo sexo.


Rito Padilla García, director general del registro civil de Guanajuato, afirmó que renunciaría a su cargo en caso de que lo obliguen a hacer un trámite de adopción por parte de parejas gay.


"Estoy a favor de toda la diversidad sexual, pero no en la adopción de niños porque se tienen que cuidar sus derechos fundamentales y no deben estar protegidos por dos personas del mismo sexo. Mantengo mi postura de renunciar si una autoridad me obliga a que lleve a cabo eso", dijo el funcionario para el semanario Proceso.


Padilla García señaló que un niño, que fuera adoptado por una pareja gay, violentaría sus derechos.


La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el artículo 19 de la Ley Regulatoria de Sociedades Civiles de Convivencia del estado de Campeche, en el que se prohibía que las parejas homosexuales pudieran adoptar. 

A pesar de que Chile posee la tasa de mortalidad materna más baja del continente después de Canadá, igualmente se busca legislar el aborto.


  

 

Diversos políticos rechazaron categóricamente los argumentos pro aborto de la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, que el domingo reiteró algunas de las falacias de los grupos anti-vida para seguir promoviendo la ley que presentó en enero y que su gobierno apoya incondicionalmente.


El domingo 23 la mandataria dijo que promueve el aborto para "preservar la dignidad de la mujer y su capacidad para tomar decisiones". "En Chile hay aborto, hay abortos clandestinos y la gente que tiene buenos recursos lo hace en buenas condiciones. La gente que no tiene recursos lo hace en malas condiciones, con riesgos para la salud de la mujer y, por cierto, también del riesgo, incluso, de poder morir", agregó.


"Por un lado nos estamos haciendo cargo de un tema de salud y también de los derechos de la mujer, para las cuales puede ser tremendamente doloroso mantener el embarazo y queremos que la mujer informadamente pueda tomar una decisión", dijo Bachelet.


Ante estas declaraciones el diputado Matías Walker de la Democracia Cristiana (DC) dijo al diario La Tercera que "el hecho de que se hagan abortos en Chile no puede significar que por eso haya que legalizarlo (...) El Estado, más que facilitar que las mujeres se puedan hacer un aborto, lo que tiene que hacer es fomentar que, aún en circunstancias tan dramáticas, siempre puedan optar por la vida".


Juan Antonio Coloma, senador del partido Unión Demócrata Independiente (UDI), declaró a CNN Chile que, si la Presidenta Bachelet sabe dónde ocurren los abortos clandestinos, debe denunciarlos "porque el derecho a la vida no puede tener excepciones".


También Jacqueline Van Rysselberghe de la UDI, que participa en la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores, dijo al mismo medio que ha sido "bastante superficial el diagnóstico que hace la Presidenta" y agregó que, "en Chile existe una política de anticoncepción que comenzó hace muchos años y permite que la tasa de embarazos no deseados sea bastante baja (...) No porque se produzcan abortos hay que legalizarlo".


Por su parte, el presidente del Senado, Patricio Walker (DC), dijo que si bien respeta las "convicciones" de Bachelet, es necesario recordar que "que la vida nace desde el momento de la fecundación, y pienso que la solución, más que facilitar el aborto, es generar un mecanismo de acompañamiento a la mujer".


En la misma línea, el médico ginecólogo obstetra con más de 20 años de experiencia en el rubro, Fernando Abarzúa, explicó en el programa televisivo Tolerancia Cero, que el argumento del aborto clandestino no es válido para legislar el aborto.


"Esto que dice que hay miles de abortos ilegales no tiene nada que ver con lo que se supone que este proyecto pretende controlar (...) Este proyecto de ley que dice ser restrictivo (riesgo de la madre, inviabilidad fetal y violación) no impacta en nada en la epidemiología del aborto provocado clandestino, como lo argumentan las personas que lo promueven", precisó.


En diciembre de 2014 la ex Ministra de Salud, Helia Molina, renunció a su cargo por dichos similares a los expuestos por Bachelet, los que fueron calificados por la cartera de salud como una opinión personal que "no representa el pensamiento" del Gobierno.


Los parlamentarios que discuten el tema deberán votar las observaciones al proyecto el 8 de septiembre y de ser aprobado, continuará a la Comisión de Constitución que revisará aspectos constitucionales. De ser rechazado en la votación, no se discute el tema hasta un año más.

La responsabilidad de gobierno y sociedad es ofrecer un ambiente de acogimiento para quienes se encuentran en la etapa final de sus vidas.


  

 

Un grupo de alrededor de ochenta médicos británicos han hecho pública una carta en la que aseguran que en caso de que su parlamento apruebe la eutanasia -suicidio asistido-, los ancianos serán presionados para que acepten que se les aplique. Los galenos advierten que reciben a muchas personas mayores que les manifiestan su preocupación porque se consideran una carga para sus familias debido a sus enfermedades y limitaciones.


Los médicos indican que aunque muchas familias cuidan y tratan bien a sus ancianos, hay otras en las que no ocurre tal cosa, lo cual provocará que muchos de ellos piensen en solicitar la eutanasia para dejar de ser un «problema».


Además explican que el aumento del número de ancianos en la sociedad, debido entre otras cosas a la baja natalidad, hará que aumenten considerablemente las situaciones en que las personas de más edad se sientan desamparadas y tentadas a poner fin a sus vidas.


En la carta enviada al Daily Telegraph, los doctores denuncian en relación a la anunciada legislación favorable a la eutanasia, que «este tipo de propuestas devaluan a los más vulnerables de nuestra sociedad».

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