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ConParticipación

ConParticipación

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Algunos académicos critican esta postura porque consideran que afecta al sistema democrático.


  

 

Figuras públicas como el poeta Javier Sicilia y los sacerdotes Alejandro Solalinde y Miguel Concha llaman a la ciudadanía a no votar en las elecciones de este año, bajo el argumento de que ir a las urnas es avalar a partidos políticos corruptos o incluso ligados con el crimen organizado.


Este llamado hace eco a la demanda de los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre pasado en Iguala, Guerrero, quienes rechazan la versión de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre que los jóvenes fueron asesinados, y quienes dicen que no permitirán la celebración de los comicios hasta que sus hijos sean localizados con vida.


Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz, dijo al respecto que está trabajando en la creación de un comité que "refunde" el sistema político a través de la organización civil, no con métodos violentos, y cuyo primer objetivo sea boicotear las elecciones de este año, en las que se deben renovar la Cámara de Diputados y cientos de cargos a nivel local.


"Nuestra primera apuesta sería boicotear, en el buen sentido de la palabra, (...) las elecciones. Ya sea por el voto en blanco o por el voto nulo", señaló en entrevista.


Con esto, agregó, se busca que la inasistencia de los ciudadanos a las votaciones sea "un gran pliego petitorio" para los políticos, es decir, una muestra del rechazo social a su desempeño actual.


"(Ir a) esas urnas es decir sí al argumento de la PGR (sobre Ayotzinapa), sí a que nos sigan extorsionando, sí a que no haya justicia, sí a que siga el 95% de impunidad, eso es lo que vamos a ir a convalidar", dijo.


Lee: El INE aprueba medidas extraordinarias para las elecciones en Guerrero


La crítica al boicot


Algunos académicos rechazan este llamado a boicotear los comicios, porque lo consideran contrario a la democracia.


"Aquí lo importante es preguntar: no quieren la democracia electoral, ¿y entonces qué tipo de democracia quieren?, ¿cuál es la alternativa de régimen político que quieren? Varias de esas posturas requieren la implantación de un régimen o tipo chavista o tipo castrista. Hay que ir a una argumentación más elaborada. Dicen no a todo, ¿pero entonces, cuál es la propuesta?", dijo en entrevista el investigador José Fenández Santillán, del Tecnológico de Monterrey.


Mientras tanto, Javier Aparicio, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), afirma que es peligroso que un gobernante no llegue al cargo por la vía electoral, ya que tendría problemas de legitimidad.


"Sí me sorprende un poco que gente que está enterada del asunto como Javier Sicilia y demás, gente que está preocupada por el estado de derecho, te pida esas cosas que notoriamente van contra el estado de derecho", dijo.


Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), principal árbitro del país en la materia, han dicho que el organismo tiene la obligación constitucional de organizar los comicios y que tomarán las medidas necesarias para que así sea. También aseguran que los preparativos marchan con normalidad en la mayor parte del territorio, salvo en algunas localidades de Guerrero donde hay protestas sociales.


"Habría que preguntarnos a quién beneficiaría que no hubiera elecciones. Supongamos que a Guerrero lo gobierna el narco, entonces, ¿suspendemos las elecciones para que siga gobernando un narco?", comentó Aparicio.

 

 

 

En Ruanda se ha demostrado la eficiencia del sistema para la detección rápida del sida y la sífilis con esta tecnología sencilla y que no requiere mucha energía, algo esencial en regiones empobrecidas.


  

 

Uno de las pruebas más habituales para detectar el virus del sida y la bacteria Treponema pallidum de la sífilis es el test ELISA (del inglés Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay, ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas). Los equipos que se utilizan para esta prueba están en los laboratorios y cuestan alrededor de 18, 000 dólares.


Ahora, un grupo de investigadores dirigidos por el profesor Samuel K. Sia de la Universidad de Columbia (EU) ha desarrollado un accesorio para el teléfono que solo vale 34 dólares producirlo y realiza esa misma prueba en 15 minutos.


Por primera vez este dispositivo consigue replicar todas las funciones mecánicas, ópticas y electrónicas de un análisis de sangre con ELISA. En concreto, efectúa un test triple de anticuerpos: los del VIH, los específicos treponémicos para la sífilis y otros no treponémicos utilizados para detectar esta infección bacteriana.


El novedoso accesorio o dongle se conecta fácilmente a cualquier smarthphone, ya sea un iPhone o un teléfono con sistema Android, y cuenta con dos importantes innovaciones. Por una parte, un gran botón negro que, si se pulsa, acciona una cámara de vacío y una secuencia de reactivos prealmacenados en una casete. En esta se deposita la muestra de sangre del paciente, obtenida por un simple pinchazo en un dedo.


El otro avance es que el accesorio no necesita baterías. La energía y la transmisión de datos se realiza directamente a través del conector de audio que tienen todos los móviles. Los detalles del sistema se publican hoy en la revista Science Translational Medicine, pero el resultado final es que el usuario puede ver en la pantalla de su móvil los resultados positivos o negativos del análisis.


Acoplando los últimos avances en electrónica de consumo con los microfluidos, los diagnósticos de laboratorio se pueden hacer accesibles para casi cualquier población que tenga acceso a un teléfono inteligente", subraya Sia, "y esta capacidad puede hacer que los servicios de salud lleguen a todo el mundo".

 

 

 

Suprema Corte pone límite al cobro excesivo de abogados en divorcios.


  

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso ayer límite a los cobros excesivos e indiscriminados de los abogados que entienden de juicios de divorcio, en razón de que un costo irracional de sus emolumentos impacta negativamente en el interés superior del niño, quien es el beneficiario de la pensión alimenticia.


Los ministros de la primera sala ampararon a una mujer que contrató a un abogado, con quien había acordado inicialmente pagarle 50 por ciento de un seguro de separación individualizado, contratado por su ex pareja con la empresa Metlife.


Sin embargo, hubo un desacuerdo entre las partes por la forma de pago (estaba estipulado que sería en una sola exhibición) y se inició un juicio sobre el monto a pagar. La quejosa se opuso a pagar 138 mil 522 pesos de los 370 mil 966 que recibió, con el argumento de que el monto impactaba negativamente en la pensión asignada a su hijo menor.


El litigante exigió además 10 por ciento de interés mensual y réditos moratorios hasta que cobrara el adeudo.


La sala señaló que el cobro desmesurado es contrario a la dignidad humana y ordenó a un tribunal colegiado establecer una contraprestación razonable.


Señaló que la finalidad de la pensión de alimentos es satisfacer las necesidades básicas del acreedor alimentario, lo cual toma especial relevancia tratándose de menores de edad, pues el interés superior del niño exige una efectiva protección para procurar la mayor cobertura de sus derechos.


El proyecto de dictamen elaborado por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrrea fijó, por primera vez, los criterios que deben seguir los tribunales para que el pago corresponda al trabajo realizado, y garantice el interés superior del niño al recibir su pensión alimenticia.

 

 

 

Lejos de evitar el encarnizamiento terapéutico, se busca que sea práctica común quitarle la vida a alguien.


  

 

La eutanasia es un tema que en muchas partes del mundo genera grandes discusiones. En algunos lugares ya ha sido legalizada y reivindicada como un derecho que todo ser humano debe gozar, mientras que por algunos grupos conservadores es algo condenable que no debe permitirse.


EN Nueva York, Estados Unidos, un grupo de médicos, una enfermera y cuatro pacientes desahuciados acudieron el día de hoy a un tribunal para solicitar que se legalice la eutanasia en el estado.


Una de las abogadas que representan a los demandantes, Kathryn Tucker, dijo tras presentar la demanda en la Corte Suprema de Nueva York que algunos enfermos viven atrapados en un proceso terminal que consideran "insoportable". La eutanasia aliviaría el dolor de cada uno de ellos y les garantizaría el respeto al derecho de decidir su vida y también su muerte.


En la querella, solicitan a las autoridades que pongan fin a las barreras legales entre los médicos y enfermos que impiden a las personas desahuciadas obtener una muerte "digna y pacífica" y por decisión propia.


"Uno nunca sabe cuándo es el momento de tomar una decisión así, pero saber que tienes otra opción no significa que vayas a usarla", aseguró Sara Myers, quien es una de las demandantes que padece "el mal de Lou Gehrig", una amiotrofia lateral esclerótica que le ha causado severos y largos malestares.


En concreto, los médicos y los enfermos piden que se deje de considerar delito provocar o ayudar a una persona a cometer un suicidio asistido. En el caso de los médicos, pesan penas para quienes prescriben dosis mortales de fármacos a enfermos terminales y mentalmente competentes aunque así lo soliciten.


El "suicidio asistido" por un médico solo es legal en los estados de Montana, Washington, Nuevo México, Oregon y Vermont, mientras que en Nueva York solo se permite en algunas circunstancias, como cuando el doctor retira el soporte vital a un paciente, sin embargo la regulación es férrea y brinda pocas posibilidades.


Por su parte, el médico Timothy Quill, jefe de la unidad de cuidados paliativos del Centro Médico de la Universidad de Rochester, recordó el caso reciente de un paciente enfermo de cáncer al que se le rompían los huesos. El enfermo de manera consciente dejó de comer y beber.


"Le llevó diez días morir [...] y hay que ser increíblemente disciplinado para poder hacerlo", lamentó el doctor, que también forma parte de la querella y que se ha caracterizado por ser uno de los pioneros del movimiento en favor de una muerte digna.


Sin embargo, algunos sectores de la sociedad estadounidense consideran que legalizar la eutanasia atentaría contra una de las funciones principales del médico: sanar. Con ello, cambiaría "para siempre" la relación entre ambos.


"Nosotros distinguimos entre dejar que alguien muera por causas naturales y provocar de forma deliberada la muerte de una persona suministrándole una dosis letal de fármacos", dijo la directora de la Conferencia Católica de Nueva York, Kathleen Gallagher.


Al margen de la discusión, los médicos y enfermos ya realizaron su petición. Tocará a las instancias correspondientes darles cause y la sociedad discutirlo y decidir.

 

 

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