Mediante una reforma al Código Civil se busca garantizar que en los casos de fecundación asistida se cuente con el consentimiento de la mujer.

Será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien resuelva si el delito de aborto, tipificado en el artículo 149 del Código Penal del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, contraviene la Constitución, los Tratados Internacionales y la Ley General de Salud, informaron asociaciones civiles, en rueda de prensa.

Y es que en 2013, el Ministerio Público ejerció acción penal contra “Johana”, por su probable responsabilidad en la comisión de delito de aborto, esto porque la mujer veracruzana decidió interrumpir su embarazo con medicamento, pero que al tener complicaciones acudió al médico, mismo que la denunció, y por lo que fue encarcelada.

No obstante, Aracely González Saavedra, del Colectivo Equifonía por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres, A.C., y Verónica Cruz, del Centro Las Libres de Información en Salud Sexual Región Centro A.C., destacaron que dicho encarcelamineto fue arbitrario.

En ese contexto, refirieron que de manera puntual, al artículo 149 del código penal estipula que: “comete delito de aborto quien interrumpe el embarazo en cualquiera de sus etapas”, y cuya pena, de conformidad con el artículo 150, la mujer que comete aborto “será sancionada con tratamiento en libertad, consistente en la aplicación de medidas educativas y de salud”.

En el caso citado, “Johana” promovió un amparo, lo que derivó en un recurso de revisión, y del cual se consideró que el asunto cumple con las características de importancia y trascendencia para que lo conozca la Suprema Corte.

El caso de “Johana” es emblemático y podría crear jurisprudencia si se resuelve en favor de los derechos humanos de las mujeres.

Las integrantes de las citadas organizaciones civiles destacaron que la resolución a favor podría eliminar del Código Penal el delito de aborto hasta las doce semanas de gestación; incluso podría tener un alcance mayor y sacar de todos los códigos penales del país este delito –aborto-.

Señalaron que de acuerdo a estadísticas oficiales, como el aborto es considerado un delito, de manera anual más de un millón y medio de mujeres –sobre todo jóvenes- se practican un aborto de manera clandestina, lo que pone en riesgo su salud y su vida.

“Es por ello que la reasunción y el estudio del presente caso permitirá continuar desarrollando los criterios de la Suprema Corte de Justicia para construir jurisprudencia respecto de los temas de los cuales no se ha integrado, tales como el derecho a la no discriminación, derechos de las mujeres, derecho a la vida privada, a la libertad de pensamiento, al acceso a la información, entre otros, y su impacto en el derecho penal”.

Pretenden utilizar el caso de Johana para legalizar el aborto.

Será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien resuelva si el delito de aborto, tipificado en el artículo 149 del Código Penal del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, contraviene la Constitución, los Tratados Internacionales y la Ley General de Salud, informaron asociaciones civiles, en rueda de prensa.

Y es que en 2013, el Ministerio Público ejerció acción penal contra “Johana”, por su probable responsabilidad en la comisión de delito de aborto, esto porque la mujer veracruzana decidió interrumpir su embarazo con medicamento, pero que al tener complicaciones acudió al médico, mismo que la denunció, y por lo que fue encarcelada.

No obstante, Aracely González Saavedra, del Colectivo Equifonía por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres, A.C., y Verónica Cruz, del Centro Las Libres de Información en Salud Sexual Región Centro A.C., destacaron que dicho encarcelamineto fue arbitrario.

En ese contexto, refirieron que de manera puntual, al artículo 149 del código penal estipula que: “comete delito de aborto quien interrumpe el embarazo en cualquiera de sus etapas”, y cuya pena, de conformidad con el artículo 150, la mujer que comete aborto “será sancionada con tratamiento en libertad, consistente en la aplicación de medidas educativas y de salud”.

En el caso citado, “Johana” promovió un amparo, lo que derivó en un recurso de revisión, y del cual se consideró que el asunto cumple con las características de importancia y trascendencia para que lo conozca la Suprema Corte.

El caso de “Johana” es emblemático y podría crear jurisprudencia si se resuelve en favor de los derechos humanos de las mujeres.

Las integrantes de las citadas organizaciones civiles destacaron que la resolución a favor podría eliminar del Código Penal el delito de aborto hasta las doce semanas de gestación; incluso podría tener un alcance mayor y sacar de todos los códigos penales del país este delito –aborto-.

Señalaron que de acuerdo a estadísticas oficiales, como el aborto es considerado un delito, de manera anual más de un millón y medio de mujeres –sobre todo jóvenes- se practican un aborto de manera clandestina, lo que pone en riesgo su salud y su vida.

“Es por ello que la reasunción y el estudio del presente caso permitirá continuar desarrollando los criterios de la Suprema Corte de Justicia para construir jurisprudencia respecto de los temas de los cuales no se ha integrado, tales como el derecho a la no discriminación, derechos de las mujeres, derecho a la vida privada, a la libertad de pensamiento, al acceso a la información, entre otros, y su impacto en el derecho penal”.

Según el informe del Senado, James Mitchell y Bruce Jessen fueron identificados como los autores intelectuales de las llamadas “técnicas de interrogación mejorada”

El gobierno de Estados Unidos pagó 80 millones de dólares a dos psicólogos militares que desarrollaron los programas de tortura utilizados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en contra de prisioneros sospechosos de terrorismo.

James Mitchell y Bruce Jessen, ex psicólogos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, fueron identificados por la prensa como los autores intelectuales de las llamadas “técnicas de interrogación mejorada” que incluyen ahogamiento simulado, privación del sueño o rehidratación anal, entre otras.

El reporte del Comité Selecto de Inteligencia del Senado que investigó el Programa de Detención e Interrogación de la CIA, dado a conocer la víspera, menciona a Mitchell y Jessen bajo el pseudónimo de Grayson Swigert y Hammond Dunbar.

Swigert y Dunbar desarrollaron el programa de técnicas de interrogación mejorada en contraposición al programa Sobrevivencia, Evasión, Resistencia y Escape (SERE) que forma parte del entrenamiento al que se someten algunos militares estadunidenses.

El SERE ofrece a los soldados estadunidenses técnicas de sobrevivencia ante la eventualidad de ser prisioneros de guerra.

Según el reporte, Swigert describió 12 técnicas similares a las aplicadas por SERE para ser usadas en sospechosos de terrorismo incluyendo abofetear, confinamiento múltiple, permanecer de pie, uso de pañales, insectos y entierro simulado.

Michael Hyden, ex director de la CIA de 2004 al 2006, ha defendido el uso de esas formas de tortura como legales porque se han aplicado a los militares estadunidenses también.

El secretario de marina asegura que hay grupos que sólo están haciendo del problema más grande, en lugar de ayudar a las familias.

El secretario de marina, Vidal Soberón, criticó que algunos grupos hayan tomado como bandera a los normalistas de Ayotzinapa para beneficiarse.

El funcionario defendió las investigaciones del gobierno federal en torno a la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, de acuerdo con un reporte del diario Reforma.

A los “grupos beneficiados”, de quienes no dio ningún nombre, ni siquiera les interesa el dolor de los padres y el paradero de los normalistas, según Soberón. “Me enoja más todavía que manipulen a los padres de familia, que manipulen a esta gente, porque eso es lo que están haciendo para no reconocer o para seguir incrementando esto” dijo.

El almirante coincidió con las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), respecto a que atrás de la desaparición de los estudiantes existe la delincuencia organizada y la colusión de la Policía de Iguala con grupos del crimen.

Los padres los normalistas desaparecidos se reunieron este martes 9 de diciembre en el Senado para exigir a los senadores iniciar el proceso de desaparición de poderes y la cancelación de elecciones en el estado de Guerrero.

Los familiares entregaron por escrito un pliego petitorio en el que exigen a la PGR que no se conforme con la versión de que los jóvenes fueron asesinados y quemados en el basurero de Cocula, y que abra una línea de investigación sobre el ataque, secuestro y desaparición de 43 estudiantes la noche del 26 de septiembre en Iguala.

La primera reunión entre padres de los normalistas y senadores, se llevó a cabo en un salón del Senado y asistieron Angélica de la Peña, Javier Corral, Omar Fayad y Manuel Bartlet, entre otros, quienes se vieron obligados a ceder sus lugares a los padres de familia.