Es un riesgo para la salud de las menores. Padres de familia, gobierno y planteles educativos deben trabajar en conjunto en favor de las adolescentes.

La organización no gubernamental Provida, denunció que en Juárez, el Sector Salud a través del Seguro Popular, canalizan a menores de edad embarazadas al Hospital de la Mujer a que les realicen abortos.

María Elena Ceniceros, presidenta de dicha organización, informó que en la preparatoria y secundaria Altavista, las mismas estudiantes y maestros les han informado que en el baño de las mujeres, las estudiantes embarazadas se provocan los abortos.

Asimismo indicó que este tipo de situaciones se dan también en las secundarias y preparatorias, que están en Anapra y Puerto Anapra.

Ceniceros argumentó que trató de acercarse al sector educativo para dar a conocer esta problemática, pero nunca ha sido recibida.

Dijo que se ponían al exterior de los planteles a entregar información sobre el aborto y sus consecuencias, y eran corridos por los planteles.

En este mismo tema se trató de contactar al Sector Salud en Chihuahua capital a través de comunicación social, para obtener una respuesta con respecto a la denuncia que hace la organización Próvida, y hasta el momento no se ha obtenido su versión de los hechos.

Por su parte la Red por la Infancia a través de su integrante José Luis Flores, manifestó que este es un problema serio de salud pública que han mantenido invisible las autoridades.

Estudios realizados por la Red de la Infancia en México, dan a conocer que por cada mil niñas de 15 a 17 años el 63.1% están embarazadas y en los rangos de 10 a 14 años el 2.4% también esperan un bebé.

Por ultimo Flores agregó que en este problema tan serio deben intervenir los tres niveles de gobierno ya que se está incrementando el índice de menores de edad embarazadas, que realizan la práctica del aborto.

Las y los candidatos se comprometieron a velar porque en la entidad "se garantice el respeto, la protección, defensa y promoción de la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural.

Aspirantes a diputaciones locales y federales, así como a alcaldías en el estado de Morelos, se comprometieron a no legalizar el aborto en la entidad.

Esta semana, a petición de grupos Provida, 104 de las de los 194 aspirantes por los partidos Movimiento Ciudadano (MC), Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Nueva Alianza (Panal), Verde Ecologista de México (PVEM), Encuentro Social (PES), y Humanista (PH), signaron una "Carta Compromiso por la Vida y la Familia".

El pacto fue promovido por el Consejo Coordinador de Movimientos por la Vida y la Familia en Morelos, y tiene como objetivo que en caso de ganar los comicios las y los abanderados legislen para generar reglamentos, ordenamientos y políticas públicas a favor "del derecho a la vida, la protección y el desarrollo pleno de la familia".

Morelos es una de las 16 entidades que desde 2008 hicieron reformas constitucionales para "proteger la vida desde la concepción-fecundación", como una respuesta de la ultraderecha ante la despenalización del aborto en el Distrito Federal aprobada en abril de 2007.

Entre otros compromisos también está crear políticas públicas que ayuden "incondicional y eficazmente" a las mujeres embarazadas; dar apoyos a madres solteras y jefas de familia; promover la adopción como alternativa en casos de "embarazo inesperado y para los niños por nacer", así como promover que todas las organizaciones civiles trabajen "a favor de la vida".

Al mismo tiempo, se comprometieron a "defender los derechos de la familia", y elevar a rango constitucional el respeto, protección, defensa y promoción de la familia.

La enseñanza es clara: si no se quieren los «matrimonios» y las adopciones hay que parar las uniones civiles. Después es muy tarde.

La derrota del matrimonio, que fue equiparado entre personas del mismo sexo en Irlanda, ampliamente prevista, constituye una lección para quien defiende a la familia en otros países, y tiene que impulsar tanto a las organizaciones pro familia como a las comunidades religiosas contrarias al así llamado «matrimonio» homosexual a reflexionar sobre los errores que no se deben cometer. Al mismo tiempo – considerando que nadie se atreve a decirlo – es necesario explicar que en Irlanda un acto gravemente incorrecto ha manipulado sustancialmente la consulta.

El gobierno irlandés – y los dos principales partidos políticos del país – eran tan favorables al «matrimonio» homosexual hasta expulsar de las propias filas a los contrarios. Por lo tanto encontraron un método muy simple para garantizar la victoria en el referéndum: con la fuerza de los números en el parlamento introdujeron la adopción homosexual antes del referéndum. En tiempo record el gobierno introdujo en enero de 2015 una ley que permitía a las parejas homosexuales – casadas o no, da lo mismo, y en esa época el «matrimonio» todavía no existía – el derecho pleno a cualquier tipo de adopción, fue aprobada en la Cámara en febrero y en el Senado en marzo. Se transformó en ley el 6 de abril de 2015. Así se desmontaba el principal argumento de la campaña contra el «sí» al «matrimonio» homosexual: «quieren votar "no" porque son contrarios a las adopciones? Pero si las adopciones ya están permitidas, y lo seguirán siendo con cualquier resultado del referéndum». Para que no les faltara nada el gobierno había anunciado también una ley para «regular» el arriendo de útero, precisando que también esta ley no sería influenciada por el resultado del referéndum.

Y por lo tanto así fue manipulado – no se me ocurre otra palabra – el referéndum. Sobre un tema que dividía tan profundamente a los irlandeses, el gobierno había anunciado una cosa nueva respecto al resto del mundo: sería el pueblo quien decidiría con el referéndum. Una gran cosa. Solo que el corazón del referéndum – desde el punto de vista sociológico y político, no obviamente del jurídico y cultural, porque la doctrina social de la Iglesia y el sentido común condenan el «matrimonio» homosexual y las adopciones – eran las adopciones. Cuando la idea del referéndum fue propuesta, «matrimonio» y adopciones formaban un conjunto políticamente indisoluble. Con la ley del 6 de abril 2015, la materia de las adopciones fue quitada de la voluntad de los ciudadanos y decidida antes del referéndum y por ley. Si esto no es vaciar el referéndum de su sustancia, me pregunta qué cosa lo sea.

De hecho, ¿qué les quedaba para decidir a los irlandeses? Solo si las uniones civiles entre personas del mismo sexo, introducidas en Irlanda en el 2010, debían llamarse «matrimonios» o no. Las uniones civiles irlandeses como aquellas que existían en Inglaterra antes que cambiaran de nombre a «matrimonio» en el 2013 y como aquellas que quiere introducir en Italia el diseño de ley Cirinà eran en todo igual al matrimonio, menos en las adopciones. Introducida la adopción por ley, las uniones civiles en Irlanda eran totalmente idénticas al matrimonio en todo, menos en el nombre. Es cierto, los que apoyaban el «no» al referéndum perdieron la voz de tanto repetir que los nombres son importantes. Pero una cosa es votar sobre la sustancia de las cosas, y otra sobre el nombre. El referéndum irlandés del 22 de mayo dejaba a los ciudadanos la posibilidad de decidir solo sobre el nombre. No sobre el resto.

Ahora los activistas LGBT exultan por el resultado irlandés. Pero es una batalla que ya habían ganado en el 2010 cuando introdujeron en Irlanda las uniones civiles en todo iguales al matrimonio, menos en las adopciones, introducidas forzadamente antes del referéndum. La enseñanza es clara: si no se quieren los «matrimonios» y las adopciones hay que parar las uniones civiles. Después es muy tarde. En Italia el diseño de ley Cirinà hay que pararlo ahora. Posponer la batalla a cuando cambien el nombre de las uniones civiles en matrimonio significa perderla. Por esto combaten los movimientos pro familia, y por esto vigilan los «Sentinelle in Piedi».

La sociedad debe manifestarse a favor del derecho a la vida de cualquier ser humano, y el gobierno debe garantizar un trato digno y acompañamiento a personas que padezcan enfermedades terminales.

El Partido Socialdemócrata reactivará la iniciativa de reforma a la Ley de Salud de Coahuila, para aprobar la eutanasia o muerte asistida, en los casos de enfermedad incurable o muerte cerebral, a petición del mismo paciente o de familiares.

Acevedo Flores consideró que si el paciente ya no quiere prolongar la agonía o sufrimiento, o si la familia también lo pide, la Ley de Salud debe contemplar la aprobación de la eutanasia o muerte asistida.

Las personas que viven una situación tan fuerte, como lo es una enfermedad terminal, deben ser asesoradas y acompañadas de manera que su integridad y dignidad se respete.