Como si se tratase de un "producto básico", y usando como excusa un evento cultural masivo, las autoridades de salud reparten píldoras abortivas.

En un evento totalmente ajeno al tema de la sexualidad, como lo es la Feria Nacional de San Marcos en Aguascalientes, las autoridades de Salud tomaron medidas para distribuir miles de píldoras del día siguiente (píldoras abortivas), esto con el fin de evitar embarazos no deseados que, según sus declaraciones, se dan durante la fiesta más importante del estado.

E Instituto de Salud del estado de Aguascalientes, dirigido por Javier Ruiz Esparza Medrano del área de programas de salud, se tomó la libertad para promover la sexualidad sin límites y "riesgos" entre los asistentes a un evento totalmente ajeno al tema alegando que durante dicho evento se incrementan los embarazos no deseados.

La campaña está dirigida específicamente a los adolescentes quienes son vistos como un "foco rojo" y a quienes, en lugar de capacitar, informar y educar, de manera integral y en familia, se les prefiere dotar de pastillas que promueven la práctica irresponsable de la sexualidad.

"Una pastilla del día después no representa ningún riesgo, aquí el riesgo si hay que aclararlo no es para tomarla cada vez que se tiene una relación de riesgo porque esta pastilla máximo debería ser cada mes y con control médico, si, si tiene sus riesgos y hay quien las utiliza cada vez que tiene una relación sexual. Si tiene sus riesgos".

Con declaraciones incongruentes el sector Salud reconoció que la pastilla, además de ser abortiva, también puede desencadenar alteraciones hormonales en la mujer.

Con la intención de que no vuelvan a embarazarse pronto y así no tener que cubrirles los gastos de maternidad, el Seguro Popular se impone ante una decisión que únicamente le compete a las familias.

Desde que el Seguro Popular cubrió de forma gratuita partos naturales y cesáreas, se registró un alza en embarazos de hasta 40 por ciento.

Esto ha sido visto como un efecto negativo y las autoridades de Salud, sin tener ningún derecho, han decidido frenar esta situación. Implementaron un programa que obliga a las mujeres recién aliviadas a adoptar un método de "planificación familiar".

"De no hacerlo, buscaremos la manera de que la mujer se haga responsable del pago del parto", declaró Rogelio Vázquez Cavazos, jefe de Ginecología y Obstetricia del Hospital General.

Dijo que "toda embarazada deberá traer firmado el compromiso, en el que autoriza salir del hospital con un método de anticoncepción, que no deberá ser ni pastillas ni inyecciones para que "funcione" la "planificación familiar".

Con esta declaración se da a entender que la intención es implementar un dispositivo que no requiera la voluntad diaria para ser usado por las mujeres. Uno de ellos podría ser el tan promovido DIU, que una vez implementado actúa automáticamente en el cuerpo de la mujer, incluso provocando abortos y embarazos de alto riesgo, como ya se ha demostrado anteriormente.

"Nos estamos apoyando con los médicos familiares de los módulos para que al venir al hospital ya vengan con ese compromiso firmado y no se embaracen a corto tiempo, ya que muchas en menos de una año vienen con un hijo en brazos y un embarazo avanzado", comentó.

Ante estas declaraciones no se da ningún argumento que valide tales acciones que violan la libertad de elección que tienen las parejas para ejercer una paternidad responsable, únicamente se menciona la "ventaja" de reducir los costos que implican los embarazos en el sector salud.

No conforme con esto mencionaron que se "trabajará" con los padres de las menores de edad, para que acepten este método para sus hijas, ya que en muchos de los casos son ellos los que se oponen. Es decir, que pretenden violar la patria potestad de los padres y obligarles a promover en sus hijas, menores de edad, el ejercicio de su sexualidad, poniendo en grave riesgo su salud física y psicológica.

Insistieron en la necesidad de verdaderas políticas públicas de apoyo a la mujer, como fomentar y garantizar el trato digno, la inclusión social, la atención de calidad en clínicas públicas y privadas especialmente a las embarazadas de mayor riesgo, madres solteras, adolescentes y de escasos recursos.

Por cuarta ocasión consecutiva y con la promesa de volver, año con año, hasta lograr la derogación de las leyes abortistas en el Distrito Federal, alrededor de diez mil personas convocadas por "Pasos por la Vida" realizaron la "4ta Marcha por la Vida".

En principio, la marcha finalizaría en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde hace ocho años los legisladores, perredistas en su mayoría, legalizaron el aborto hasta la doceava semana de gestación; sin embargo, de manera espontánea, los manifestantes decidieron marchar después de a Asamblea, con rumbo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los manifestantes guardaron un minuto de silencio frente al recinto legislativo, en memoria de los 140 mil pequeños que no pudieron nacer en los últimos ocho años.

"Aquí estamos, otra vez, para decirle a nuestros legisladores y al jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, que la muerte no es política pública. La discriminación, la segregación, no son políticas públicas".

"Este minuto será el único momento en que callemos. Es nuestra obligación hacer oír la voz de los que no tienen voz. Es imperativo continuar trabajando para evitar la muerte de más bebés".

Debemos exigir y poner todo de nuestra parte para lograr que ninguna madre se sienta sola, que todas las mamás que pasan por momentos complicados en su embarazo, cuenten con el apoyo de gobierno y sociedad, agregó.

Soubervielle recordó que la cifra oficial de alrededor de 140 mil abortos se queda corta, pues no contabiliza las miles de muertes que ocurren semana a semana en las clínicas privadas, que operan en total opacidad y sin regulación alguna a fin de enriquecerse de una situación

También la creación de bolsa de trabajo y acceso a programas sociales para embarazadas; reforzar la obligatoriedad legal del padre con su hijo por nacer; y promover y fortalecer la cultura de la adopción, entre otras.

Posteriormente, ya en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se realizó una exhortación a los Ministros, sobre la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Comisión de Derechos Humanos de Tlaxcala, para que los once ministros emitan un voto que respete la vida de todos los mexicanos por nacer, ya que si se votara de forma contraria se podría eliminar el delito de aborto en cualquier estado de la República y durante cualquier etapa de la gestación, incluso hasta los nueve meses.

"Ministros de la Corte, Fernando Franco, Olga Sánchez Cordero, Silva Mesa, Cosio y Arturo Zaldivar, no saben leer, porque no encuentran en la Constitución el derecho a la vida, en cambio dicen que existe un derecho a abortar", declaró Mario Romo, director de Red Familia.

Consuelo Mendoza, presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia, también llamó a los ministros a respetar el derecho a la vida.

En esta ocasión se sumaron a la Marcha por la Vida, distintas organizaciones y movimientos como: Unión Nacional de Padres de Familia, Red Familia, AMSIF, Alianza de Maestros, Coparmex, Derechos del Concebido, Worl Youth Alliance, 40 días por la Vida, Vifac y BeWoman, entre otras.

Lo que se debe hacer, es "fortalecer a la justicia para que persiga y castigue al violador así como fortalecer a la sociedad para que garantice los medios de ayuda y asistencia en favor de la madre tan dolorosamente sometida a una prueba tan tremenda".

Despenalizar el aborto por violación solo beneficia al violador y encubre la intención de un aborto libre, advirtió el Arzobispo Metropolitano de Piura y Presidente de la Comisión de Familia, Infancia y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), Mons. José Antonio Eguren.

Diversas organizaciones feministas presentaron al Congreso de Perú una iniciativa ciudadana para "despenalizar el aborto en los casos de violación sexual, inseminación artificial o transferencia de óvulos no consentidas". El proyecto de ley se encuentra en sus primeras etapas, y es debatido actualmente en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del parlamento peruano.

El Arzobispo de Piura expresó la solidaridad de la Iglesia "con todas las mujeres que han sufrido tan brutal agresión, por ellas oramos, y la Iglesia les brinda su acogida, atención y ayuda maternal".

Además, expresó, "quiero expresar una vez más mi defensa por aquel que tiene todo el derecho a vivir: el concebido no nacido, es decir el Niño por Nacer".

En el proyecto de ley presentado por las organizaciones feministas, criticó, "la vida del concebido no es tomada en cuenta en ningún momento".

"En una violación donde se haya producido una fecundación, es decir donde se ha concebido una nueva vida humana, hay dos víctimas: la madre (la mujer violada) y el hijo. El fruto de este acto violento es un 'niño inocente' que tiene derecho a la vida y que no tiene la culpa de tan brutal acción".

El Prelado subrayó que "no es al 'niño inocente' al que hay que castigar matándolo, sino más bien hay que procesar y castigar al violador con todo el peso de la ley".

"La experiencia nos demuestra que pruebas como éstas se superan con amor, acogida y acompañamiento", dijo, y recordó que "los programas de acompañamiento gratuito, sistemático y continuo hasta que el hijo cumpla el primer año de vida han demostrado gran eficacia al respecto".

El Presidente de la Comisión de Familia, Infancia y Defensa de la Vida de la CEP recordó además que "someter a una madre al trauma del aborto en caso de violación es hacer pasar a la mujer por más sufrimiento y más trauma. El aborto es un acto violentísimo que deja traumas y daños a todo nivel: físico, psicológico y espiritual en lo que hoy es conocido como 'Síndrome post aborto'".

"El aborto no repara la violación, sino peor todavía, la ahonda con mayores consecuencias y sufrimientos".

Además, indicó, "siempre está el recurso a la adopción".

Mons. Eguren advirtió que el aborto tras una violación agrava la violencia contra la mujer, pues "eliminando el embarazo que visibiliza el abuso sexual, el abusador se verá incentivado a perpetuar su repugnante conducta".

El Arzobispo peruano aseguró que lo que busca este proyecto de ley es "abrir aún más la puerta al aborto libre, puerta ya peligrosamente abierta con la aprobación del Protocolo de Aborto Terapéutico por parte del Ministerio de Salud el 27 de junio de 2014, cuya derogatoria pedimos nuevamente por ser una norma inmoral, inconstitucional e ilegal".