EU dice que aún no se debe utilizar la técnica; en Gran Bretaña se votará si se usa ya en 2015

Considerado uno de los eventos más importantes de los últimos años, el diálogo interreligioso que reunió aquí durante tres días a dirigentes de 14 iglesias y creencias religiosas del mundo, concluyó su Coloquio Internacional “Complementariedad entre Hombre y Mujer” con una sentencia contundente: el matrimonio y la familia son insustituibles y las minorías que buscan su debilitamiento e incluso extinción van a fracasar porque la sociedad contemporánea la considera vital para el desarrollo de padres e hijos, pero sobre todo para la supervivencia de la especie humana.

Líderes judíos, anglicanos, baptistas, budistas, evangelistas, católicos, así como dirigentes de la religión induísta, del islamismo, jaoinistas, de la creencia Sikh y Sen, entre otras de las culturas oriental y africana, dejaron en claro que el matrimonio es una institución del Derecho Natural que está más allá de corrientes ideológicas, siglas partidistas, tendencias de gobierno e incluso determinaciones de grupos minoritarios, a quienes se les respeta a pesar del disenso.

Una de las conclusiones centrales de este evento, planteada en las diversas ponencias de académicos e investigadores de las ciencias sociales, es que el debilitamiento del matrimonio y los ataques a la institución social llamada familia sólo dañan a la sociedad misma y a las naciones puesto que se afecta la ecología humana, es decir se trastocan valores y principios de la conducta de los ciudadanos.

Queda claro que la destrucción del matrimonio y la desarticulación de la familia, entendida ésta como la célula básica de la sociedad, formada por padre, madre e hijos, es generadora de pobreza, desempleo, maltrato, abuso sexual, embarazo adolescente, abandono de menores, marginación y una clara afectación de los niveles de educación y desarrollo de niñas y niños.

Por ello el Estado y los gobiernos tienen que proveer herramientas legislativas e instrumentos de política pública para proteger a estas dos instituciones, puesto que son parte de la estructura misma de la sociedad, no de partidos, ni corrientes ideológicas y mucho menos de creencias o iglesias.

El Arzobispo Luis Ladaria, Secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, clausuró los trabajos que se llevaron a cabo en la Sala Sínodal de la Santa Sede en El Vaticano, a donde acudieron 350 académicos, religiosos, y representantes de la sociedad civil de 14 religiones y 23 países de los distintos continentes.

Se hizo énfasis en que si bien en las diversas regiones del mundo existen grupos minoritarios que actúan en contra del matrimonio, que es la unión consentida de un hombre y una mujer para complementarse, procrear hijos y formar una familia, la realidad es que en muchas ocasiones esos grupos minoritarios buscan o exigen supuestos derechos que en realidad representan la búsqueda de privilegios, creando con ello a su vez situación de discriminación o de supuesto estado de derecho.

Nadie puede discriminar a un niño o niña negándole el derecho a nacer, crecer y desarrollarse con una madre y un padre. La complementariedad que surge de los padres es vital para el desarrollo integral del menor porque de ambos recibe amor, cariño, enseñanza, sobre todo le forman un carácter y una personalidad que surge de la presencia física y espiritual de sus padres, una mujer y un hombre, expresaron.

La complementariedad mujer-hombre en el matrimonio, que fue el tema central del Coloquio Internacional, inaugurado por el Papa Francisco el pasado lunes, fue analizada desde la perspectiva del cambio de época, en la que, se aceptó, las iglesias y entre ellas la católica, debe generar nuevos paradigmas que reconocen los cambios de comportamiento y de relación en la sociedad actual, sin que ello represente la anulación o redefinición de instituciones fundamentales para el desarrollo mismo de las naciones, como lo es el matrimonio.

El Estado ha garantizado la atención de apenas decenas de casos de enfermedades como hepatitis C o el cáncer de colon, las cuales llegan a tener más de 4 mil casos anuales.

Hay enfermedades dentro del Seguro Popular que solo se cubren en el papel pues no hay suficientes hospitales acreditados, es decir, validados por la Secretaría de Salud, para garantizar que sus afiliados accedan a la atención en donde lo necesiten.

En 2012 el Seguro Popular comenzó a cubrir enfermedades históricamente solicitadas por grupos de pacientes como la hepatitis C o el cáncer de colon y recto. Para hacerlo se les incluyó dentro del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos dedicado a financiar las enfermedades que por su alto costo son capaces de empobrecer a cualquier familia que las padezca, como el cáncer de mama, el cáncer infantil o el VIH/Sida, entre otras.

Sin embargo, desde entonces ha financiado apenas 14 casos de cáncer de colon y recto, la cual provoca alrededor de 4 mil muertes cada año en México, y cinco de hepatitis C, enfermedad que aumenta en 19 mil 300 casos anualmente, según cifras del Inegi y el Instituto Nacional de Salud Pública, respectivamente.

La principal razón de estas cifras es que para todos los pacientes con cáncer colorrectal el Seguro Popular cuenta solo con tres unidades acreditadas para atenderlos, ubicadas en Chihuahua, Yucatán y Campeche; mientras que para hepatitis C solo dos, en el DF y en Sinaloa. Los pacientes de otros estados del país pueden acudir a hospitales públicos cercanos a su casa, pero al no estar acreditados por el Seguro Popular tendrán que pagar el alto costo del tratamiento, y eso si está disponible.

Para que un usuario del Seguro Popular pueda acceder a cualquier tratamiento, independientemente de la complejidad o el costo que tenga, debe acudir a una unidad médica acreditada por la Secretaría de Salud, quien previamente verifica que el hospital o clínica cuente con estándares mínimos de seguridad, calidad y capacidad para atender a los pacientes.

Otras enfermedades tienen un destino similar a las dos mencionadas: aunque el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos también cubre el cáncer de ovario germinal, que afecta a 4 mil mujeres cada año, o el trasplante renal para menores de 18 años, en dos años solo pagó el tratamiento de dos pacientes con estos padecimientos, para los que solo cuenta con tres y cuatro unidades acreditadas en el país, respectivamente.

“Es una manera de distraer el proceso, por un lado el Seguro Popular te dice sí tenemos acceso universal a la salud y ya está incluido tu padecimiento, pero hay una dilación al prestar ese servicio. El ejemplo más claro es con la hepatitis C, este año se devolvió dinero porque no se ocupó el presupuesto porque las unidades no se han acreditado.

“Lo único que hacen es dilatar el proceso de atención, y las personas se siguen muriendo porque no hay acceso igualitario a la salud a pesar de que estás en Fondo (de Protección contra Gastos Catastróficos) no te puedes atender porque no tienes una unidad cercana, tienes que moverte, no tienes recursos para moverte y te mueres. Si eso no es obstaculizar el derecho a la salud, yo no sé qué es”, criticó Luis Adrián Quiroz, integrante de la organización Red de Acceso, dedicada a apoyar a pacientes con enfermedades crónico-degenerativas.

A pregunta expresa, el activista consideró que en el país hay pocos hospitales acreditados debido a que tienen que pasar por un proceso burocrático al que calificó de lento y engorroso.

Esto supone que sus perspectivas de vida son sombrías y sus aportaciones al desarrollo serán limitadas, apuntó este martes la ONU.

Titulado “Estado de la población mundial 2014”, el informe destacó que la cifra de jóvenes en el mundo es la más alta en la historia, lo que supone enormes retos y oportunidades, en especial para los países en desarrollo.

Indicó que los países en desarrollo con una numerosa población joven pueden dar gran ímpetu a sus economías si realizan serias inversiones en la educación y salud de los jóvenes, y si protegen sus derechos.

Sin embargo, apuntó que más de 500 millones de jóvenes tratan de sobrevivir con menos de dos dólares diarios, y que los derechos de las niñas y mujeres son constantemente vulnerados. Por ejemplo, cada día contraen matrimonio 39 mil niñas menores de 18 años.

El informe lamentó asimismo que a pesar de que su riesgo de pobreza es elevado, dos de cada tres países ignoran por completo a los jóvenes al diseñar las estrategias y los planes de desarrollo nacionales dirigidos a reducir la pobreza.

“El pleno ejercicio de los derechos humanos sigue siendo un sueño lejano para millones de jóvenes; las violaciones atroces son lo habitual para muchos de ellos”, enfatizó el Fondo de las Naciones Unidas para la Población (UNFPA).

Precisó que los países que no presten atención a la juventud pueden experimentar un incremento progresivo de la tasa de fecundidad y verse obligados a mantener a un elevado porcentaje de jóvenes y personas dependientes.

“Los jóvenes son los innovadores, creadores, constructores y líderes del futuro. Pero pueden transformar el futuro solo si cuentan con las aptitudes, la salud, la capacidad de adoptar decisiones y verdaderas opciones en la vida”, expresó Babatunde Osotimehim, director ejecutivo del UNFPA.

Osotimehim explicó que nueve de cada 10 de los jóvenes del mundo actual viven en países menos adelantados, lo que supone enormes retos para estas economías.

“Una fuerza de trabajo poco calificada atrapará a las economías en actividades de escaso valor e índices de crecimiento anémicos. La discriminación por razón de género provocará que estos problemas resulten aún más insolubles para las mujeres jóvenes y las adolescentes”, alertó el UNFPA.

Explicó que la manera de emplear el potencial de los jóvenes es explotando en llamado “dividendo demográfico”, que puede lograrse cuando la población de un país en edad de trabajar es mayor que la que es más joven y dependiente.

Sin embargo, esto sólo puede lograrse si se invierte en proteger derechos, incluidos los derechos reproductivos, así como en mejorar la salud y los niveles educativos de la juventud, asentó el UNFPA.

Proponen además que quienes aún no tengan 18 años, no podrán realizar tareas peligrosas.

La Cámara de Diputados aprobará esta semana una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para prohibir que laboren niños menores de 15 años y la contratación para tareas peligrosas de quienes tengan menos de 18; en este último rubro se incluirán actividades nocturnas industriales y en minas.

El dictamen de la Comisión del Trabajo señala que el objetivo es armonizar la reforma al artículo 123 de la Constitución, la cual prohíbe la contratación de menores de 15 años, y definir la protección de la niñez.

Señaña que "esta es una etapa fundamental en el desarrollo de las personas, por lo que es importante garantizar que los individuos en esta fase de la vida se encuentren lo menos expuestos a ciertos riesgos que puedan deteriorar o dañar su integridad física y emocional".

Sólo se excluye de la prohibición el trabajo doméstico.

Los cambios a la Ley Federal del Trabajo consideran impedir que menores de 18 años sean contratados en empleos peligrosos e insalubres, en cumplimiento del Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Sin embargo, la comisión legislativa consideró que los adolescentes puedan realizar ese tipo de trabajos si se garantiza su salud, seguridad y moralidad, además de haber recibido instrucción o formación profesional adecuada y específica, y que cuenten con la autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje o de Inspección del Trabajo.

Esa excepción no incluye la labor de pañolero o fogonero en buques, "que estará en todos los casos prohibido para menores de 18 años".

Asimismo, la reforma busca impedir el trabajo de niños en el círculo familiar en cualquier actividad que resulte peligrosa para su salud, seguridad o moralidad, o bien afecte el ejercicio de sus derechos y, con ello, su desarrollo integral.

Aclara que cuando los niños o adolescentes realicen trabajo de autoconsumo, bajo la dirección de familiares o tutores, éstos tendrán la obligación de respetar y proteger sus derechos humanos y otorgarles apoyo y facilidades para que concluyan, al menos, su educación básica obligatoria.

El documento de la citada comisión también define que en caso de declaratoria de contingencia sanitaria y, siempre que así lo determine la autoridad, no podrá utilizarse el trabajo de menores de 18 años.

Los diputados aclaran que no se considera trabajo las actividades que niños y adolescentes menores de 15 años realicen en la creación artística, desarrollo científico, deportivo o de talento, ejecución musical o interpretación artística.

Además, se obligará a los patrones que den empleo a menores de edad a tener a disposición de la autoridad registros y documentos que comprueben nombre, fecha de nacimiento, clase de trabajo, horario, salario y condiciones laborales, así como capacitación y formación profesional de éstos.