Esto podría influir en cómo es tratado ese paciente en su próxima visita al servicio de urgencias o en la petición de atención domiciliaria.

Los médicos de Familia catalanés llevan meses preocupados por la posible repercusión de un protocolo impulsado por la consejería de Salud de la Generalitat en el que se les obliga a señalar con una cruz, en un programa informático, a los pacientes crónicos más complejos que podrían fallecer en los próximos meses.

Las suspicacias las ha levantado una pregunta que las autoridades sanitarias catalanas han introducido en el Programa de Prevención y Atención a la Cronicidad (PPAC) para la atención a este tipo de pacientes. "¿Le sorprendería que este paciente muriera en los próximos 12 meses?", aparece en la pantalla del ordenador de los facultativos. Esta pregunta les obliga a marcar la casilla del "sí" o del "no".

Carga moral

"Tendría lógica si la premisa fuera evitar el encarnizamiento terapéutico, teniendo en cuenta únicamente el criterio médico, pero no es el caso", dice Arribas, quien reconoce que Salud quiere reforzar el control sobre este colectivo de pacientes "de forma específica". "No te da una instrucción explícita de que ahorres en medicación pero sí te dice que les observes más de cerca para evitar la polimedicación innecesaria", añade.

La doctora Martínez suscribe tal afirmación y acusa también al departamento de Salud, que dirige Boi Ruíz, de lanzar el plan "sin contar con la opinión de los profesionales que vamos a tener que desarrollarlo". "Nos imponen unas directrices que para nosotros nos suponen una carga moral y ni siquiera nos consultan", dice Martínez. Recuerda también a la consejería que los médicos de cabecera llevan "toda la vida" aplicando cuidados paliativos sin necesidad de marcarlo en un protocolo ni hacer ninguna clasificación.

"No se puede obligar a los profesionales a realizar ningún diagnóstico para hacer una discriminación negativa. Se debe ver con el tiempo la evolución de cada enfermo", afirma la facultativa del CAP de Sants. Ella y el resto de médicos que suscriben la denuncia y con los que ha contactado este diario aseguran que ya han elevado a la Generalitat su preocupación y malestar pero la pregunta sigue en los protocolos. Las autoridades sanitarias desmienten que eso suponga un empeoramiento del trato asistencial y médico a estos pacientes. Aseguran que el objetivo es evitar el encarnizamiento terapéutico y racionalizar las acciones.

Las agencias internacionales de subrogación pusieron su atención e interés en Tabasco, pues su código civil permite la maternidad subrogada desde 1998.

De acuerdo con la información presentada el día de hoy en el portal The Guardian, los extranjeros tienen una peculiar forma de ver a Villahermosa, Tabasco, debido a que en los últimos años esta ciudad se ha convertido en la capital del alquiler de vientres para gestación de bebés de parejas gay o de parejas que no son fértiles.

La maternidad subrogada, o alquiler de vientre, es legal en algunos estados de Norteamérica, desde 1980, sin embargo, los costos ahí son mayores a los 100 mil dólares, es decir, mayor a un millón de pesos.

Debido a esto, las agencias de turismo de salud tienen un nicho realmente lucrativo en aquellos países que lo permiten.

Durante años, la India fue la capital de la renta de úteros, pero esto cambió cuando las leyes de 2012 restringieron la renta de úteros a únicamente parejas heterosexuales casadas.
Después de esto, en tan sólo un par de meses, las agencias internacionales de subrogación pusieron su atención e interés en Tabasco, pues su código civil permite la maternidad subrogada desde 1998.

Primero, las agencias instalan sus bases en Cancún, a 720 kilómetros de Villahermosa.

De por sí, Cancún ya es un destino establecido para el turismo de salud, así que las agencias prometen sol, arena, mar y, ahora, maternidad subrogada.

Las agencias les dicen a sus clientes que no importa que el tratamiento de fertilización in vitro se haga en Cancún, sólo basta con que el bebé nazca en Tabasco.

Este mercado se anuncia mayormente en internet, y está principalmente enfocado a las parejas homosexuales: las agencias ofrecen redes de donadores, clínicas y mujeres deseosas de rentar sus úteros, por menos de la mitad del precio en Estados Unidos.

Las agencias se han multiplicado por todo Tabasco y por la Ciudad de México, sin embargo, aquellas mujeres que rentan sus úteros arriesgan bastante.

En la página, se da testimonio de varias mujeres mexicanas que han alquilado sus vientres, narrando verdaderas historias de terror, pues, en la mayoría de los casos, las agencias sólo buscan hacerse de dinero, y no les dan la atención ni les cubren los gastos como les prometen.

Muchas de estas mujeres aseguran que esta es una mejor forma de realmente ganar un buen dinero, sin tener que prostituirse, aunque ciertamente faltan mejores políticas, que les den una certeza legal, emocional y económica.

Para cuando llegan a recibir tratamiento, en 70 por ciento de los casos el tumor ya se encuentra en etapas avanzadas, de difícil control.

En el simposio Avances en investigación y lucha contra el cáncer, el especialista Abelardo Meneses, director general del Instituto Nacional de Cancerología (Incan), explicó que si no se toman medidas contra esa enfermedad, en seis años México puede requerir de al menos 25 torres como la del Incan —que se inaugurará el 23 de octubre— para poder atender a todos los pacientes y el Seguro Popular necesitaría más de 50 mil millones de pesos para seguir cubriendo los gastos.

El director general del Incan refirió que, ante dicho panorama, es indispensable efectuar reformas legislativas y del sistema sanitario para evitar que se dupliquen los gastos federales y se tripliquen los enfermos, considerando que en México se diagnostican 150 mil casos nuevos y fallecen 71 mil 500 afectados anualmente.

Sistema deficiente

En la conferencia Panorama general del cáncer en México, el directivo comentó que el país enfrenta una realidad que debe corregir al tener un sistema sanitario fragmentado (en varias instancias de seguridad social), con severas deficiencias de planificación y de intercambio de buenas prácticas.

La población carece de un acceso efectivo a los servicios de salud, situación que se pretende erradicar por medio del Seguro Popular; sin embargo, a pesar de contar con ese sistema de cobertura, aún se carece de medicamentos y de oncólogos para efectuar las valoraciones y diagnósticos a tiempo, especialmente en las áreas de hemato-oncología, radioterapia y oncología pediátrica.

El sistema de salud sanitario, afirmó Meneses, “es desigual e inequitativo”. Como ejemplo destacó que Zacatecas, Quintana Roo, Morelos, Hidalgo y Querétaro carecen de centros oncológicos y esto provoca saturación en el Incan y, de nueva cuenta, diagnósticos no oportunos.

No se trata, aclaró, “de abrir elefantes blancos en todo el país”, ya que “de nada sirven unidades, centros y hospitales inoperantes por carecer de equipo y, sobre todo, de médicos capacitados, de oncólogos certificados que ocupen esas plazas”.

Además, resaltó el especialista, la mayoría de las escuelas de medicina que hay en México (116) no tienen en su plan de estudio la asignatura de oncología.

Otras medidas importantes, a las que se comprometieron especialistas, académicos y legisladores en la reunión, son formar un frente común para el adecuado manejo de los recursos del Seguro Popular, efectuar políticas asociadas a control de la obesidad, consolidar plataformas tecnológicas para difundir el conocimiento, fortalecer la investigación y crear escuelas de enfermería en oncología.

Los alumnos denuncian que con la implementación del nuevo plan de estudios se les quitará el grado de ‘licenciado’ o ‘ingeniero’ a los alumnos que egresen de nivel superior, ya que solo recibirán el título de ‘técnico superior’.

Estudiantes y académicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) se manifestaron este jueves contra las modificaciones al reglamento interno de esta casa de estudios, realizando un paro de labores en cuatro planteles y una marcha que convocó al menos a 10 mil participantes.

De igual forma, los inconformes protestaron por el cambio del plan de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA).

En respuesta, el IPN aclaró que dicha reglamentación no ha entrado en vigor y "hay una serie de ajustes que realizar antes de ser publicado" en la Gaceta Politécnica, mientras que se anunció que la entrada en vigor de dicho plan de estudios fue aplazado hasta el próximo año.

De acuerdo con los inconformes, la reglamentación aprobada la madrugada del miércoles pasado "no está bien redactada" y afecta a toda la población del instituto, pues incluso prohíbe asociación de estudiantes, es decir, manifestaciones en los planteles.

"En este nuevo reglamento no hay una definición de qué es lo que nos va a regir. Absolutamente todos los puntos únicamente remiten a la reglamentación vigente para cuando tengamos algún problema.

"A los profesores se nos va a calificar, no con base en nuestros conocimientos, sino en un perfil que determine la abogada, yo no entiendo cómo una abogada puede determinar el perfil de un ingeniero. Ya no va a contar la antigüedad, la ley del ISSSTE se la pasan por donde quieren", explicó Itzalá Rabadán, académica del IPN.

Señaló que solicitaron a las autoridades del Politécnico se revisaran estos planteamientos; sin embargo, recordó la reunión extraordinaria del martes pasado en la que se aceptó el nuevo reglamento en lo general y que solo espera su publicación para entrar en vigor.

"De lo que tenemos miedo es que hagan un número extraordinario de la Gaceta Politécnica y se oficialice", subrayó la académica.

Rabadán entregó un pliego petitorio de nueve puntos de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Zacatenco, en el que destaca la abrogación del nuevo reglamento interno y la salida de la policía de las instalaciones del Politécnico.

De igual forma, el documento solicita la revisión para aprobación por parte de todas las academias de los nuevos planes de estudio y curriculares de las escuelas y carreras, la salida de la abogada general del IPN, a quien acusan de realizar estas modificaciones al reglamento.

"Pedimos garantías a todos los integrantes del movimiento. No a las salidas opcionales, no técnicos universitarios, reapertura de talleres en vocacionales y formación de técnicos en ellos.

Equipamiento de laboratorios en todas las escuelas y no a la descentralización del IPN", enlistó.

El documento fue entregado a Yoloxóchitl Bustamante, directora general del IPN, durante una reunión con estudiantes de diversas comitivas; no obstante, los alumnos dijeron que su respuesta fue que los inconformes tenían fundamentos erróneos sobre el tema.

El Instituto Politécnico Nacional puntualizó que el proceso de revisión del reglamento interno inició en octubre del año pasado y se desarrollaron más de 40 reuniones con diferentes grupos de trabajo.

La difusión y consulta del anteproyecto de reglamente interno, precisó, se llevó a cabo del 25 de agosto al 3 de septiembre pasado; posteriormente, se realizó sesión permanente de la Comisión de Estudios Legislativos para recabar y analizar las opiniones y propuestas de la comunidad politécnica, así como otras que fueron recibidas de manera directa.