El repunte de la hepatitis A en todo el país se está dejando sentir con fuerza en la Comunidad de Madrid, donde los casos registrados han pasado de 73 durante 2015 a 223 en 2016 y a 372 solo en lo que va de 2017. Aunque no se trata de una enfermedad grave —los síntomas son leves, aunque en adultos pueden prolongarse durante meses—, la Consejería de Sanidad ha transmitido su preocupación a los centros de salud para que estén alerta y va a hacer una campaña de difusión de medidas de prevención a través de distintos colectivos LGTBI, pues la vía principal por la que se está transmitiendo el virus son las relaciones sexuales de riesgo, sobre todo, entre hombres.

El virus de la hepatitis A (una de las menos graves de los cinco tipos de hepatitis que existen) está presente sobre todo en heces y en sangre. Su presencia fue reduciéndose poco a poco hasta casi desaparecer, tanto en Europa como en el resto de países desarrollados, a medida que mejoraron las condiciones higiénicas, del cuidado de los alimentos y la calidad del suministro de agua. Hace unos 15 años, en España su incidencia era casi nula: la mayoría de casos eran importados por viajeros, explica el director general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Juan Martínez Hernández. "Sin embargo, desde entonces, su presencia se ha vuelto a hacer más frecuente siendo los contactos sexuales la principal vía de transmisión", añade. "Hay, no obstante, otras formas importantes de contagio, sobre todo entre personas que conviven al compartir baño o toallas", agrega.

A mediados de 2016, se produjo un fuerte aumento de casos de hepatitis A en toda España, según informó el mes pasado a las autonomías el Ministerio de Sanidad. En la Comunidad de Madrid, el repunte empezó a ser más marcado en diciembre. Así, a pesar de que en la última década ha habido varios picos —como en 2008 cuando se elevaron los casos a 361—, las cifras de este año prometen pulverizar todos los récords: solo en los primeros cuatro meses del año se han diagnosticado 372 afectados. En general, la prevalencia de contagios entre hombres es abrumadora (son nueve de cada 10) y, entre aquellos en los que los especialistas han conseguido determinar un factor de riesgo (no siempre se puede), el 62% se trató de hombres que habían mantenido sexo con hombres.

Por eso, la Consejería de Sanidad madrileña ha decidido, aparte de avisar del aumento a todos los centros de salud, poner en marcha una campaña de difusión, a través de distintos colectivos LGTBI, centrado en las medidas de prevención.

La vacunación es, sin duda, el método más eficaz para evitar los contagios. Pero en estos momentos hay una carencia mundial de la que sirve para inmunizar contra la hepatitis A.

La Asamblea Legislativa de El Salvador tiene la oportunidad "histórica" de rechazar la "criminalización" del aborto y "proteger la salud y la vida de millones de mujeres en el país", afirmó hoy Amnistía Internacional (AI).

Actualmente, en el Congreso del país centroamericano se debate sobre las posibilidades de despenalizar el aborto. El partido oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) ha propuesto la despenalización del aborto terapéutico y en casos de violación, mientras la oposición propone ampliar hasta los 50 años las penas para el aborto, similar a la del homicidio agravado.

El aborto en El Salvador está totalmente penalizado desde 1998, incluso cuando el embarazo es consecuencia de violación o incesto o cuando la vida de la mujer o la niña embarazada corran peligro.

Según AI, la ley actual obliga a mujeres y niñas a recurrir a abortos clandestinos para salvar sus vidas, y además crea una atmósfera de sospecha hacia las mujeres que sufren un aborto espontáneo u otras emergencias obstétricas.

"La prohibición total del aborto no es más que una forma de tortura que cada día pone la vida de millones de mujeres y niñas en peligro", dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI, en un comunicado.

La petición de la organización promotora de los derechos humanos se une a la que hizo este lunes un grupo de expertos de la ONU, quienes solicitaron al Congreso salvadoreño que aproveche una "oportunidad excepcional" para el progreso de la protección de los derechos de las mujeres y las niñas en el país y despenalice el aborto en casos específicos.

"Apoyamos firmemente la propuesta de reforma que actualmente considera el Congreso salvadoreño para permitir la interrupción del embarazo cuando implica un riesgo para la vida de las mujeres, cuando es el resultado de una violación y cuando el feto es inviable", indicaron en un comunicado.

Los expertos subrayaron que la criminalización de la interrupción del embarazo no reduce las tasas de aborto, como demuestran datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sino que suele aumentar el número de mujeres que buscan soluciones clandestinas e inseguras.

En octubre de 2016, el FMLN propuso al Congreso modificar el artículo 133 del Código Penal salvadoreño que establece penas de entre 2 y 8 años de cárcel a quien provoque, consienta o practique un aborto en cualquier condición.

La reforma propone añadir el numeral 133-A que haga la salvedad de que "no es punible" el aborto realizado "con el propósito de salvar la vida de una mujer", cuando el embarazo sea producto de una violación o estupro o sea "inviable la vida extrauterina".

El FMLN ha apoyado históricamente a las organizaciones sociales que buscan la despenalización del aborto terapéutico y en casos de violación, sin embargo, es la primera vez que toma medidas en el Congreso, a pesar de haber tenido diputados por más de 20 años.

A mediados de julio de 2016, la opositora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) solicitó al mismo órgano de Estado ampliar hasta los 50 años las penas para el aborto, similar a la del homicidio agravado, iniciativa ampliamente criticada por organismos como Amnistía Internacional (AI).

El Salvador, Chile, Nicaragua, Honduras, Haití, Surinam, Andorra y Malta son los únicos países del mundo que mantienen una prohibición legal absoluta del aborto.

Al menos 58 personas resultaron heridas hoy por dos bombas que con poco tiempo de diferencia estallaron en un centro comercial de Pattani, en el sur de Tailandia, informaron fuentes oficiales.

El Hospital Provincial de Pattani confirmó los 58 heridos a través en un comunicado en el que solicita donaciones de sangre de todos los tipos.

La primera bomba, de baja potencia, explotó dentro del centro comercial a las 14.08 hora local (07.08 GMT) y la segunda, más potente, después en el aparcamiento, explicó a Efe por teléfono el capitán Preecha Prachumchai, de la policía provincial de Pattani.

Las imágenes del interior del edificio donde explotó el primer artefacto muestran daños menores, mientras que las imágenes del exterior presentan perjuicios mayores, con vehículos reventados y hierros negros.

El explosivo en el aparcamiento estaba escondido en un coche con matrícula de la vecina provincia de Yala que aparcaron unos desconocidos y cuya pista sigue la Policía.

Ningún grupo armado o persona se ha atribuido la autoría de las dos bombas en un principio.

Los atentados con armas ligeras, asesinatos y ataques con explosivos ocurren casi a diario en las provincias de Pattani, Yala y Narathiwat pese al despliegue de 40.000 miembros de las fuerzas de seguridad y la vigencia del estado de excepción.

Más de 6.700 personas han muerto en enfrentamientos en esa zona desde que el movimiento separatista musulmán reanudó la lucha armada, en 2004.

Los insurgentes denuncian la discriminación que sufren por la mayoría budista y exigen la creación de un Estado islámico que integre las tres provincias que formaron el antiguo sultanato de Patani y que Tailandia se anexionó hace un siglo.

El robo de combustibles en el país oscila entre los 15 y los 20 mil millones de pesos al año, aseguró el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade

El robo de combustibles en el país oscila entre los 15 y los 20 mil millones de pesos al año, aseguró el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade.

En entrevista para la Primera Emisión de Imagen Informativa, con Pascal Beltrán del Río, Meade reconoció que el robo de combustibles es un “fenómeno complejo”, que el gobierno federal enfrentará de manera integral.

“Tenemos que hace acciones desde Pemex en materia de control. Tenemos que utilizar información de inteligencia financiera, información de SAT. El robo del combustible tiene una dimensión fiscal. Necesitamos fuerza pública, necesitamos intervenciones sociales, porque es un fenómeno que corrompe el tejido social”, reconoció.

“Necesitamos combatir la oferta y la demanda. Si solamente nos concentramos en trabajar en la oferta, que es muy importante, se nos está yendo la otra mitad del fenómeno que es quienes compran la gasolina, el diésel, el combustóleo, el petróleo robado”.

Meade dijo que el gobierno federal analiza casos de éxito de otros países en el combate a este delito, como Colombia, donde al atacarlo de manera integral, lograron disminuirlo.

“En un plazo relativamente breve, se logró reducir de forma muy importante esta actividad delictiva, en parte, porque hicieron esto que nos sugirieron y que estamos haciendo nosotros: ver el problema de una forma más integral, atacar la oferta, atacar la demanda, meter tecnología, meter controles”, aseguró.

“No hay una bala de plata, no hay una solución mágica, no hay sola acción que nos ayude a resolver el problema”.

De enero a la fecha, se han registrado seis ataques con armas de grueso calibre de huachicoleros contra el Ejército, principalmente en dos municipios de Puebla: Palmar de Bravo y Palmarito; en este último, el 4 de mayo, cuatro soldados murieron en dos enfrentamientos contra ladrones de combustibles.

Días después del ataque, el presidente Enrique Peña Nieto ordenó combatir de frente este delito mediante una “estrategia integral”, enfocada en desarticular a las bandas criminales dedicadas al robo de combustibles.

El aumento al precio de los combustibles puesto en marcha por el gobierno a principios de 2017, no sólo desató violentas manifestaciones, sino que incrementó el robo organizado de combustible, ante el aumento de clientes de las gasolinas robadas.

Puebla es hoy el epicentro del fenómeno conocido como “huachicol”, en torno del cual miles de familias se sostienen. Sin embargo, en este tipo de hurtos participan grupos relacionados con los cárteles de la droga, que infligen a Pemex alrededor de dos mil millones de dólares en pérdidas anuales.

Con precios inferiores a siete pesos por litro, la gasolina de los huachicoleros es un atractivo para muchas personas del llamado Triángulo Rojo —entre ellos Quecholac, Acatzingo y Acajete— y sus alrededores, que alimentan un negocio que, según expertos, las autoridades dejaron crecer “irresponsablemente”.