La iniciativa también plantea despenalizar la interrupción del embarazo en las primeras ocho semanas cuando la mujer ya haya sido madre de al menos tres hijos o sea estudiante.

El Parlamento de Bolivia ha comenzado a debatir un proyecto de ley presentado por el oficialismo para legalizar el aborto en nueve casos, tres de los cuales ya eran reconocidos por la legislación boliviana (riesgo para la salud o la vida de la madre o que haya habido violación o incesto). El proyecto contempla que las mujeres con menos de ocho semanas de gestación puedan abortar en caso de pobreza extrema o no cuenten con recursos propios para la manutención de su familia.

La iniciativa también plantea despenalizar la interrupción del embarazo en las primeras ocho semanas cuando la mujer ya haya sido madre de al menos tres hijos o sea estudiante. La normativa solo permite que las mujeres que apelen a una de estas cuatro causas se practiquen un único aborto. Los cinco casos restantes en los que la interrupción es legal, en los cuales no interesa la etapa de gestación en que se encuentre la mujer, ni si se trata o no del primer aborto, son la grave malformación del feto, que la embarazada sea niña o adolescente, o las ya contempladas de que el parto pueda poner en riesgo la salud o la vida de la embarazada, o que sea el resultado de violación o incesto.Las mujeres que se sometan al aborto en los casos mencionados no requerirán cumplir otro trámite que el de llenar un formulario en el que expresen su “consentimiento informado” para la operación. Los médicos estarán obligados a guardar secreto sobre la identidad de quienes se sometan al mismo.Esta regulación ha sido introducida al Parlamento por los sectores progresistas del partido de gobierno, el Movimiento al Socialismo, pero no cuentan con la aquiescencia de toda la bancada oficialista. La oposición también se halla dividida frente al asunto, sobre el cual se han producido disputas legales y políticas en el pasado reciente.

La Iglesia Católica y otras confesiones han comenzado a hacer llamamientos en contra de la disposición propuesta y “en defensa de la vida de los más vulnerables”. Según el proyecto legislativo, las mujeres que interrumpan su embarazo sin contar sin ninguna de las nueve excepciones serán castigadas con uno a tres años de prisión.

Juan Martín Pérez García, director de la Redim, criticó que las condonaciones de impuestos que el Gobierno mexicano hace a las empresas refresqueras y de comida chatarra representan una pérdida de dinero para la atención de niños y niñas con obesidad y sobrepeso

Los derechos de la infancia son violados por el ambiente obesogénico en el que se desenvuelven las niñas y los niños en México, reveló un nuevo estudio realizado por especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Mientras, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) denunció que ante este panorama el Estado mexicano permanece omiso, no vela por la salud de los menores y sí por los intereses de las grandes empresas refresqueras y de comida chatarra.

Durante la presentación del libro Los derechos de los niños y niñas en México frente al ambiente obesogénico, realizada la tarde de este lunes en Casa Lamm, las autoras Mónica González Contró e Issa Luna Pla reconocieron que el tema de la obesidad de las y los niños mexicanos ha sido tratado por la opinión pública desde el punto de vista científico, antropológico y económico, pero ha dejado a un lado el aspecto de los derechos humanos, cuando existen violaciones a los derechos a la información y a la salud de los menores.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) arrojaron que hasta 2014 la población infantil de 0 a 17 años en México era de 40.2 millones: 19.7 millones de niñas y 20.5 millones de niños.

Mientras, el país gobernado por el Presidente Enrique Peña Nieto ocupa el primer lugar en índices de obesidad infantil, lo cual, según especialistas, representa un grave problema de salud y un colapso financiero en la atención médica a futuro.

El mexicano Alejandro González recorrerá Estados Unidos en bicicleta para llevar un mensaje de esperanza a los inmigrantes del país, que están atemorizados ante las políticas migratorias del actual presidente de este país, Donald Trump.

Designado “Embajador de la Buena Voluntad” por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Alex González se hizo popular cuando a fines de la década de 1990 inició un periplo en bicicleta por más de 45 países, travesía que a partir de julio buscar replicar pero ahora sobre la geografía estadounidense.

El mexicano transmitirá durante su viaje en dos ruedas su convencimiento de que un muro jamás detendrán los “sueños de la humanidad” y por ello, en entrevista con Efe en Phoenix, Arizona, hizo un llamado al presidente Trump para que practique “la compasión y la tolerancia”.

“Debe de apostarle al ser humano, no a la nacionalidad (...) Un muro no va a resolver las cosas, lo que necesitamos como países vecinos es buena voluntad y cooperación”, dijo.

En el recorrido que iniciará a comienzos del próximo julio buscará acercarse a las comunidades de inmigrantes, que viven en las sombras por el temor a las deportaciones y sufren consecuencias económicas por ello.

El mexicano comenzará pronto a rodar una “película inspiracional” que llevará por título “Vive” y que describe su viaje en bicicleta, el que repetirá este año para recordarles a los inmigrantes en Estados Unidos que son más fuertes de lo que piensan.

Los senadores amenazaron con paralizar el gobierno de Estados Unidos si Trump decide continuar con los planes de construcción

Los demócratas buscan a toda costa evitar que el presidente Donald Trump consolide su pretensión de construir un muro en la frontera de Estados Unidos con México.

Ayer, el líder de la minoría demócrata del Senado amagó a los republicanos con paralizar el Gobierno Federal si avalan el presupuesto tanto para el muro, como para deportaciones y otras "píldoras venenosas" en la ley de gastos.

La advertencia se plasmó en una misiva que se hizo llegar al líder republicano, Mitch McConnell, en la que el dirigente de los demócratas del Senado, Charles Schumer, dijo que si se incluyen esos temas no tendrán los votos que requieren de la oposición para mantener abierto el gobierno después del próximo 28 de abril.

"Si los republicanos insisten en insertar píldoras venenosas tales como el financiamiento Planned Parenthood, construir un muro fronterizo o poner en marcha una fuerza de deportación, estarán paralizando al gobierno y dándole un duro golpe a la economía", señaló Schumer.

Y es que la aprobación de la ley de gastos requiere 60 de los 100 votos del Senado. Los republicanos tienen 52 escaños, pero requieren el apoyo de al menos ocho votos demócratas.

Si no se logra un acuerdo entre republicanos y demócratas, el Gobierno Federal quedaría paralizado, porque por el momento sólo cuenta con un presupuesto de emergencia que mantiene los gastos al nivel del año fiscal 2016.