A partir del próximo año los servidores no tendrán la opción de reservar sus declaraciones
La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la ley que obliga a que existan versiones públicas de las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal de los funcionarios. Tras el fallo, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción será el que determine qué información será incluida en las versiones públicas y cuál quedará reservada por motivos de protección de datos personales.
Sin embargo, a diferencia de lo que sucede hoy, a partir del próximo año los servidores no tendrán la opción de reservar sus declaraciones, sino que el Comité emitirá las normas y decidirá la información que debe ser pública.
Pese a ser obligatorio, munícipes no publican su declaración patrimonial
De los 51 alcaldes del estado, sólo dos han hecho pública su declaración "3 de 3" en la plataforma de Internet, aunque es obligatorio.
Con ésta, los servidores públicos de todo el país, dan a conocer sus declaración patrimonial, sus intereses y su historial en el pago de impuestos, como medida para combatir la corrupción.
Dado que este requerimiento de la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas será obligatorio hasta el 19 de julio, sólo el priista Óscar Cantú, de Apodaca, y el panista Héctor Castillo, de Santa Catarina, son los únicos munícipes que han completado la información.
El 15 de julio de 2016, la iniciativa ciudadana "3 de 3", propuesta por la unión de cámaras empresariales y asociaciones civiles, fue aprobada en el Senado de la República, con el agregado en el artículo 29:
“Las declaraciones patrimonial y de intereses serán públicas salvo los rubros de publicidad que puedan afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución”.
