Es positivo que hombre y mujer participen y repartan responsabilidades familiares, sin embargo es riesgoso cuando de fondo se busca imponer una perspectiva de género.

La Secretaría de las Mujeres (Semujer) imparte pláticas prematrimoniales con perspectiva de género.

La finalidad es fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en las relaciones de pareja, sin embargo se corre el riesgo de no tomar en cuenta que las diferencias entre hombre y mujer los hacen complementarios entre sí.

Las referencias que se usan para sustentar esta perspectiva son estadísticas del INEGI basadas en el número de hombres casados que cocinan, lavan y planchan.

Con estas pláticas la Semujer busca cumplir con las disposiciones estatales, nacionales e internacionales y reitera la obligación a ambos contrayentes de asistir a la sensibilización previa al enlace matrimonial para que sepan sus compromisos y derechos en la pareja. Pero claramente su intención prioritaria es promover la equidad de género.

El aborto es la puerta abierta para suprimir a las próximas generaciones que garantizan la permanencia de la sociedad.

El Arzobispo de Avignon, Mons. Jean Pierre Marie Cattenoz, manifestó su profunda preocupación por el grave daño que está ocasionando el aborto en Francia, una realidad cada vez más visible, que cuenta con el apoyo del gobierno para liberalizarlo aún más e instaurar políticas que faciliten su práctica.

ACI Prensa dialogó el 17 de abril con el Prelado luego que la asamblea parlamentaria francesa aprobara una ley que suprime los siete días de reflexión en el que una mujer decide si aborta o no.

Actualmente, se realizan cerca de 300 mil abortos anuales en Francia. "El drama de nuestra sociedad es que hay una pérdida de conciencia sobre el valor de la vida", comentó el Arzobispo, que dijo además que esta situación se agrava con liberalismo y el materialismo de la sociedad actual para la cual "ya no hay límites".

El Arzobispo denunció luego que "hay una contradicción entre lo que dicen los científicos y los legisladores. Los primeros dicen que el embrión es un organismo complejo y saben que ya hay una persona en él. En cambio, los últimos actúan como si no hubiera una vida humana en él y quieren acceder a las demandas de aquellos que tampoco lo consideran como un ser vivo".

"Cuando se realizan las votaciones en el parlamento se decide sobre la vida humana. No es un asunto que se deba tomar a la ligera. Este tipo de asuntos deben ser decididos por todo el mundo y no por un puñado de personas (que apoyan el aborto). En la asamblea legislativa no se oye la voz de toda la sociedad civil.", señaló a ACI Prensa.

Para concluir, el Arzobispo de Avignon alentó a todos los fieles a defender siempre la vida y a expresar su opinión con libertad en la esfera pública: "creo que los católicos y especialmente los jóvenes deben defender la vida desde su concepción. Los médicos, científicos y ginecólogos saben que en ese embrión hay vida; y los legisladores se niegan a reconocer que en el embrión hay vida humana. Tenemos que demostrarles que no es así".

La ley que suprime el tiempo de espera de siete días entre consultas fue propuesta por la ministra de salud Marisol Touraine. Antes de su aprobación, se requerían dos consultas médicas antes de practicar el aborto. Ambas citas estaban espaciadas por el plazo de una semana. Además, se consideraba que, si el caso era muy urgente, el tiempo de espera se reduciría a 48 horas. El objetivo de este tiempo era que la mujer decida si realmente quería abortar o no. Este tiempo se consideraba importante porque la ley francesa dicta que se puede abortar hasta las 12 semanas de gestación.

La situación de riesgo que viven en su país obliga a familias enteras a huir de su patria. En muchos de los casos se trata de persecución por creencias religiosas.

En los dos últimos años, el cruce de migrantes de manera ilegal hacia Europa ha roto récords, con cientos de miles de personas que prefieren subirse a precarias embarcaciones a sufrir abusos y perecer por conflictos en casa.

Con el aumento de cruces, también se han disparado las muertes: 3 mil 500 en 2014 y casi la mitad de esa cifra en lo que va de este año.

Por ello, el hundimiento, el domingo, de un barco en el que habrían fallecido al menos 700 migrantes no sólo es la peor tragedia en el Mediterráneo en la historia moderna, sino un síntoma de una crisis humanitaria que no está siendo atendida, señalaron expertos a REFORMA.

"La avalancha de inmigrantes que están llegando ahora es bíblica", destacó Roberto Zaccaria, presidente del Consejo Italiano para los Refugiados (CIR).

"Hasta hace poco, el sur de Europa recibía casi exclusivamente personas que emigraban por razones económicas, mientras que los que están llegando ahora huyen de persecuciones y guerras", agregó.

Los conflictos civiles en Siria, Libia, Sudán del Sur y República Centroafricana; la violencia yihadista en Irak, Afganistán, Nigeria y Siria; la falta de un Estado en Somalia y Yemen, y los abusos y la represión en países subsaharianos y asiáticos son algunos de los casos que han forzado la huída de miles de personas, dijo Itayi Viriri, portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Antes, mencionó Viriri, muchos de los migrantes se quedaban en Libia para trabajar en campos petroleros, pero la desintegración desde el año pasado del país -en pugna entre dos milicias- ha vuelto a la nación norafricana igual de peligrosa que los hogares que dejaron atrás.

Muchas de las personas rescatadas de naufragios --incluyendo a bebés y niños-- son halladas con quemaduras por bombas y heridas de latigazos, o han sido víctimas de abusos psicológicos y violación.

"En muchos casos, subirse a un barco que se está cayendo a pedazos es visto como una mejor opción que quedarse", agregó Viriri.

A la par del creciente flujo de migrantes -muchos de los cuales buscan refugio político-, se han fortalecido las redes de tráfico de personas.

"Hasta hace unos meses, estos traficantes pertenecían a bandas de criminales de poca monta", explicó Zaccaria, del CIR.

"En cambio, los de ahora son mucho más agresivos, forman parte de bandas bien organizadas y también han sido infiltrados por organizaciones yihadistas", añadió.

Quienes buscan escapar la situación de violencia llegan a pagar hasta mil dólares a los traficantes.

Por su parte, los actuales programas europeos son insuficientes, reprocharon los expertos.

Este hecho viola gravemente el derecho de libertad religiosa y el derecho a la libertad de conciencia, consagrados en la Constitución.

El Secretario Adjunto de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), P. Pedro Mercado Cepeda, denunció que el Ministerio de Salud de Colombia intenta legalizar la eutanasia sin aprobación del Congreso y violando la libertad religiosa y objeción de conciencia de los profesionales de la salud.

En una nota dirigida el 12 de abril al Ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria Uribe, el P. Pedro Mercado Cepeda, también representante del Episcopado para las Relaciones con el Estado, señaló que su despacho fue informado recientemente de la intención del ministerio colombiano de "reglamentar la práctica de la eutanasia en Colombia a través de una resolución".

El P. Mercado Cepeda expresó que ante este panorama "el Episcopado colombiano quiere reafirmar su clara, firme e inamovible condena ética y moral a la eutanasia directa, que constituye un grave atentado contra la dignidad del enfermo y contra la inviolabilidad del derecho fundamental a la vida, consagrado en el artículo 11 de nuestra Constitución".

Además, indicó, "en marzo de 2013, una sentencia del Consejo de Estado estableció que el Ejecutivo no puede excederse en su potestad reglamentaria desconociendo las competencias propias del poder Legislativo".

"La Corte Constitucional no está capacitada para atribuir a los organismos estatales –en este caso al Ministerio de Salud– competencias propias del Poder Legislativo. Tal acto, afectaría gravemente el orden y el equilibrio de poderes establecidos en la Constitución de 1991", advirtió.

El secretario adjunto de la CEC subrayó que "el Ministerio de Salud y Protección Social no está capacitado legalmente para reglamentar la eutanasia porque no existe, hasta el momento, legislación emanada por el Congreso de la República sobre esta delicada materia".

Por tanto, advirtió, la resolución planeada por el Ministerio de Salud, está "afectada por vicios de nulidad".

El representante del Episcopado para las Relaciones con el Estado criticó expresó la preocupación de los Obispos colombianos porque la resolución del Ministerio de Salud "llega incluso a legitimar la práctica de la eutanasia no voluntaria (aquella que se realiza sin el consentimiento expreso y actual del paciente)" y omite controles judiciales establecidos en la legislación colombiana.

"La normativa abriría así las puertas a numerosos abusos, que se sumarían a los que ya padece diariamente el pueblo colombiano, sometido a servicios sanitarios deficientes, gracias a un sistema de salud que privilegia el interés económico privado por encima de la dignidad y de los derechos de los pacientes", denunció.

La norma del Ministerio de Salud, señaló, "viola también gravemente el derecho de libertad religiosa y el derecho a la libertad de conciencia consagrados en la Constitución", pues desconoce "la obligación ética y moral de las personas e instituciones sanitarias católicas (o pertenecientes a otras confesiones religiosas) a no dar cumplimiento a esa norma por motivos de conciencia o de identidad religiosa, ética o moral".

El secretario adjunto de la CEC advirtió que aún en el caso de que el Ministerio de Salud la legalizara "ni el personal sanitario católico ni las instituciones de salud vinculadas a la Iglesia Católica practicarán la eutanasia bajo ninguna circunstancia".