Los estados más vulnerables son Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, y los destinos turísticos como Acapulco, Puerto Escondido, Cabo San Lucas y Cancún.

De acuerdo con cifras oficiales, cada año 20 mil jóvenes y niños mexicanos son blanco del perverso turismo sexual en más de una veintena de entidades. Además, se trata de un delito impune y silencioso, ya que de 2 mil 100 averiguaciones sólo 7 por ciento (150) tuvieron sentencia condenatoria, indicaron dirigentes de los partidos Acción Nacional, Nueva Alianza y Verde Ecologista durante la firma de un convenio con la Comisión Unidos contra la Trata, en el que se comprometen a blindar sus procesos electorales a fin de evitar que se infiltren recursos provenientes de ese flagelo.

Señalaron que la trata de personas no se redujo, por el contrario, ha crecido y es el segundo negocio más redituable para la delincuencia organizada a nivel mundial, seguido del tráfico de armas o piratería, con ingresos calculados en 32 mil millones de dólares al año.

Estas actividades ilícitas, añadieron, se han visto favorecidas por la falta de homologación de la legislación vigente y la carencia de voluntad política para su combate, permitiéndoles a las mafias operar en la mayor impunidad.

Gustavo Madero, presidente nacional del PAN, dijo que el convenio es valioso para combatir este problema, pues es un reclamo de la sociedad rescatar la dignidad humana.

También estuvieron presentes Luis Castro Obregón, de Nueva Alianza; Carlos Madrazo, secretario general del PVEM-DF, y Rosi Orozco, presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata, que agrupa a más de 85 organizaciones de la sociedad civil, y quien dijo que es lógico suponer que las bandas del crimen organizado, que cometen delitos relacionados con estas formas de esclavitud, busquen actuar a través de organizaciones políticas y de personas que les garanticen protección necesaria para la continuidad de la impunidad en que se encuentran.

Hizo un llamado al resto de los partidos políticos a firmar el convenio.

De ser aprobada esta ley permitiría la eutanasia en Jalisco.

La vida es un derecho, pero también la forma en que se vive debe ser una decisión de las personas. Esa es la principal razón que esgrimió el diputado Roberto Mendoza Cárdenas, al explicar las razones por las que presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para crear en Jalisco una ley de muerte asistida.

El documento, que apenas fue remitido a comisiones para su estudio, y que el diputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) espera sea fortalecido con consultas y foros de discusión, recuerda en la exposición de motivos que eutanasia o "muerte dulce" tiene como única finalidad "terminar con una vida que sólo está llena de sufrimiento a causa de una enfermedad". Sin embargo, en la propuesta de ley no se incluye el concepto de "eutanasia", sino el de "muerte digna".

En entrevista, el legislador dijo que antes de presentar su propuesta, se reunió con pacientes en etapa terminal, especialmente en los Hospitales Civiles de Guadalajara, así como con médicos. Estos últimos están en contra, explicó, "porque ellos hacen un juramento hipocrático a la vida, pero se les hace interesante que se respete la voluntad del enfermo".

Mendoza Cárdenas señaló que él espera que en la discusión de la iniciativa participen los líderes de opinión de los diferentes sectores, incluidos los religiosos, para que se tome una decisión acerca de si es necesaria esta ley.

En la LVIII Legislatura, se hizo una reforma al artículo 4º Constitucional, para establecer la obligación del Estado de proteger la vida "desde el momento de la fecundación" y "hasta su muerte natural". Roberto Mendoza consideró que si es necesario, puede modificarse el texto de la máxima ley en la entidad, pues "una norma jurídica interpreta el problema social y señala una solución desde el punto de vista legislativo".

Afirmó que quienes se acercaron a él para pedirle que impulsara esta reforma, "también defienden su derecho a la vida, pero a una vida digna, mi derecho a que se me trate como ser humano y mi derecho a que mi voluntad pueda ser respetada". Consideró que debe ser un tema que se aborde desde el punto de vista legal y médico, pero sobre todo "el derecho de que cada quien decida".

En la exposición de motivos, se señala también que en la Declaración Universal de Derechos Humanos se establece que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, por lo que "la eutanasia resulta una opción, porque es más indigno prolongar la vida" con dolor y una mala calidad de la misma.

En cuanto a la ley, en esta se señala que tiene como objeto "regular el derecho de una persona a planificar los tratamientos y cuidados de salud que desea recibir o rechazar en el momento en que no sea capaz, por sí misma, de tomar decisiones".

También plantea la protección para que "nadie atente contra la integridad física, psicológica o moral, o someta a condiciones indignas a enfermos en situación terminal", con el reconocimiento de sus derechos y la asistencia sobre su situación médica y las consecuencias de aplicar o no cuidados paliativos, para los pacientes y sus familiares.

La voluntad deberá manifestarse a través de una "escritura pública de muerte asistida". La ley define como "muerte digna" el "proceso de fallecimiento de pacientes en situación terminal, contando con asistencia médica".

Se pretende cambiar por el concepto "unión civil" para favorecer a la minoría LGBT pasando por alto la naturaleza del matrimonio.

El concepto de matrimonio debe quedar fuera de las leyes civiles de México, considera el doctor en Derecho, Miguel Nava, Defensor de Derechos Humanos del estado de Querétaro.

Miguel Nava, presidente de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro, dijo: "La defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro hace una propuesta que transforma el sentido de lo que hoy se conoce como matrimonio, respetando esa figura dentro de la libertad de culto, para que cualquier persona o pareja, pueda optar por ella".

Dice que el nuevo término que debe ser usado para sustituir al matrimonio, es el de unión civil, más acorde con el respeto a los Derechos Humanos y la no discriminación que establece México en su Constitución.

Miguel Nava, presidente de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro, agregó: "Es un término que tiene que ser para todas las personas: unión civil".

La Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro presentó la iniciativa de uniones civiles y dos iniciativas en materia de adopciones y familia en el 2014, ante el Congreso del estado, que hasta el momento no han tenido avance.

Miguel Nava, presidente de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro, explicó: "Erróneamente se denomina matrimonio y digo erróneamente, porque en su etimología, matrem monium en latín, quiere decir calidad de madre, sería inviable que dos personas del mismo sexo masculino, pudieran ser madre".

Aclara que el concepto de matrimonio seguiría existiendo en el ámbito religioso.

Francisco Robledo Sánchez, activista de los Derechos de una comunidad gay, comentó: "Si le pudiéramos llamar de una manera diferente, le deberíamos de llamar, porque le quitaríamos toda la connotación histórica religiosa a la palabra".

Activistas señalaron que en México el avance de los matrimonios del mismo sexo ha sido lento en comparación con otras regiones del mundo.

Francisco Robledo Sánchez, activista de los Derechos de una comunidad gay, señaló: "Desde el punto de vista conservador en el que no quieren que se reconozca la unidad de matrimonio o de familia, a dos personas que no sean un hombre y una mujer".

Los entrevistados dicen que el concepto de la familia tradicional ha cambiado en México, por lo que las leyes deben evolucionar.

Francisco Robledo Sánchez, activista de los Derechos de una comunidad gay, agregó: "Ha evolucionado tanto que ya no hay un nivel de compromiso de hasta que la muerte nos separe, de que hay un hombre, una mujer, una procreación de hijos, ese estándar ya quedó muy atrás, la movilidad, la migración hacia el norte, la violencia y las muertes que ha habido en el país".

En México se han celebrado cuatro mil 900 matrimonios del mismo sexo en el Distrito Federal y 150 más en el resto del país, cifra menor respecto a los 500 mil matrimonios que se celebran cada año en el país.

Hoy les toca a ustedes tomar las riendas de su matrimonio, y decidir la mejor forma de llevar, pero siempre con comunicación, con respeto.

Únicamente será permitido que las parejas homosexuales adopten a los menores cuando estos son hijos biológicos de alguno de los dos.

La Corte Constitucional de Colombia decidió ayer por la noche rechazar la adopción por parte de parejas homosexuales por 5 votos a 3.

El magistrado que terminó con el empate a 4 votos, con el que concluyó el debate el pasado 4 de febrero, fue el llamado "conjuez" José Roberto Herrera a quien se convocó justamente para dirimir el asunto.

Tras un debate de 10 horas, la Corte decidió el 18 de febrero que el artículo 68 de la Ley de Infancia y Adolescencia quede redactado así: "Las parejas del mismo sexo solo pueden adoptar cuando la solicitud recaiga en el hijo biológico de su compañero o compañera permanente", que ratifica lo decidido por el tribunal en 2014 en el caso de una pareja de lesbianas en la que una de las mujeres era madre biológica de una niña.

Sobre esta decisión, el director ejecutivo de la organización Colombia Diversa, Mauricio Albarracín, dijo que "el país demostró que es maduro y está listo para la igualdad" pero indicó que "la Corte tiene una deuda pendiente con la igualdad plena en su decisión sobre la adopción conjunta. La Corte avanzó un paso, pero dejó pendiente el otro".

Algunos analistas de este tema han expresado su preocupación ya que habría otra demanda de parte de los grupos promotores de la adopción gay que podría presentarse dentro de poco.

A su turno, el Presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Mons. Luis Augusto Castro, dijo sobre el fallo que "no estamos totalmente de acuerdo, ni totalmente contentos, ya que siempre queda una fallita y es que en definitiva un niño tendrá dos papás y dos mamás".

Tras señalar que respetan la decisión de la Corte, el Prelado dijo que seguirán trabajando por los derechos de los niños y afirmó que "la decisión tomada como que disminuye en una forma significativa el daño que pudiera ver en la adopción, en el sentido que reduce la adopción al caso donde haya un papá o una mama biológica".

Según indica el diario El País, el también Arzobispo de Tunja resaltó que "evidentemente hay que anotar que en este caso, falta siempre mirar la otra figura materna o paterna, dos mamás no hacen un papá, o tres mamás no hacen un papá y tres papás no hacen una mamá".

Javier Suárez, presidente de la Fundación Marido y Mujer, dijo sobre la decisión que con ella "la Corte Constitucional envía un mensaje contundente a las parejas del mismo sexo, al decirles que no son competentes ni idóneas, así como no lo es su espacio ni contexto y ambiente para la formación, la crianza y la educación de un menor de edad".

El día 17 de febrero y en declaraciones a la cadena radial RCN, Mons. Luis Augusto Castro había señalado sobre este tema que con la adopción homosexual, los niños terminan siendo sometidos a un experimento.

"Experimentemos con los ratones, con las plantas, con todo lo que no es humano para sacar cosas buenas de esos experimentos, no se puede experimentar con los humanos y menos con los niños. Tiene que ser una decisión donde con mucha claridad se garantice el derecho de los niños de tener una mamá y un papá", dijo el Prelado.