A partir del 19 de diciembre de 2016 los abortorios de Texas deberán asumir el coste del entierro de los bebés abortados. De esta manera, estos seres humanos dejan de tener la consideración de deshechos clínicos que acaban en un cubo de basura.

A partir del 19 de diciembre los centros abortistas y los hospitales que realizan abortos ya no podrán seguir tratando a los bebés abortados como residuos clínicos, tal y como se hacía hasta la fecha.

En su lugar, los restos de los pequeños deberán ser enterrados o incinerados, según dispongan los padres y no podrán ser arrojados a un contenedor, que era lo que ocurría hasta ahora en Texas y en gran parte del mundo.

El gobernador Greg Abbot incide en que estas nuevas normas tienen como principal objetivo que los bebés abortados “no sean tratados como desechos médicos y depositados en vertederos”.

La nueva ley texana obligará a los centros abortistas y a los hospitales a sufragar íntegramente el entierro o la cremación de los bebés.

Los grupos abortistas han puesto el grito en el cielo por tener que asumir estos costes y los funcionarios de la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC) les han respondido, tal y como recoge Texas Tribune, que es deber de este departamento “proteger la salud pública en consonancia con el respeto por la vida y la dignidad de los no nacidos”.

Sin embargo, los abortistas no aceptan que los restos de los bebés abortados no sean considerados basura, sino restos humanos y Heather Busby, directora del Naral Pro-Choice en Texas afirma que “la agencia estatal ha ignorado una vez más las preocupaciones de la comunidad médica y de miles de texanos por jugar a la política con las decisiones privadas de la salud de las personas”.

De hecho, esta ley no ha sido pionera en Texas sino que ya está vigente también en el estado de Indiana, que obliga a enterrar o incinerar los cuerpos de los niños abortados pero que también prohíbe a los médicos realizar abortos por razón del sexo o por una discapacidad como el Síndrome de Down.

Suma y sigue. Donald Trump ha incorporado a su gabinete al menos a seis convencidos defensores de la vida humana desde el momento de la concepción. Tom Price ha respaldado algunas de las más importantes medidas provida que se han votado en los últimos años.

Tom Price ha sido el elegido por Donald Trump para gestionar la cartera de Sanidad en su gabinete, una de las más complejas a tenor de la polémica que ha supuesto la implantación del llamado Obamacare y las imposiciones en materia de aborto que conllevaba.

Tom Price se suma así a un equipo de gobierno en el que ya figuran Nikki Halley, Ben Carson, Jeff Sessions, Mike Pence y Betsy DeVos, todos de un carácter marcadamente provida.

Price, cirujano ortopédico, se ha siginificado de manera muy precisa sobre diferentes leyes que afectan a la protección de la vida humana desde el momento de la concepción.

En los últimos años, se ha opuesto a la investigación con células madre de origen embrionario y ha apoyado la retirada de fondos federales a organizaciones como Planned Parenthood y al aborto en general.

Price también se hamostrado contrario a cualquier asistencia de planificación familiar que incluya el aborto y ha reclamado la igualdad en la protección legal del no nacido de acuerdo a la decimocuarta enmienda constitucional.

En promedio, se registró un acto racista y discriminatorio cada 15 minutos, informó el Centro Legal Sureño para la Pobreza

El Centro Legal Sureño para la Pobreza destacó que desde el 9 de noviembre, el día siguiente de la elección, registró en promedio un acto de racismo y discriminación en promedio cada 15 minutos.

El presidente de la organización, Richard Cohen, dijo que las cifras se actualizan a ese ritmo en todo el país.

"Se presentan en todas partes, en escuelas, en tiendas, en las calles”, dijo Cohen.

El presidente electo refirió en una entrevista con la cadena CBS sentirse triste por el cúmulo de agresiones y, mientras miraba a la cámara, ordenó a sus seguidores detenerse, pero los actos continúan.

Las autoridades definen como "crímenes de odio” las agresiones basada en diferencias raciales, como los actos vandálicos a la propiedad y ofensa a las personas. Han encontrado incidentes repetitivos, como swásticas pintadas con aerosol en vehículos junto con el apellido del presidente electo.

"La gente está siendo blanco de agresiones por su apariencia, grupo étnico, raza, religión, idioma y origen”, explicó la regidora, "tenemos que ponernos de pie y hablar al unísono contra estos actos de abuso, discriminación y violencia racial”.

Las constantes son similares aunque no exclusivas: los agresores son personas anglosajonas, la víctimas son todos los demás residentes distintos a ese grupo étnico.

De acuerdo con estadísticas oficiales de la Oficina de Investigaciones Federales (FBI) los crímenes de odio incrementaron en un siete por ciento en el 2015, pero los dirigidos contra musulmanes en particular aumentaron en 37 por ciento, y este año se han disparado.

La Unión Americana de Libertades Civiles llamó a toda la comunidad a unirse en rechazo a agresiones a los musulmanes y contra cualquier otro grupo étnico, religioso o de preferencia sexual.

Percepción de inseguridad creció 11% desde noviembre de 2015, afirman mexicanos; sondeo también muestra que 30% de la población aprueba justicia por mano propia

Por primera vez desde febrero de 2012 siete de cada 10 mexicanos (69%) consideran que la violencia relacionada con el narcotráfico ha aumentado mucho/algo. Este dato representa un incremento de 11 puntos porcentuales respecto a noviembre 2015. La encuesta nacional El Universal/Buendía; Laredo también registra que 71% ve un país menos seguro como resultado de la estrategia de combate al narcotráfico del presidente Enrique Peña Nieto.

Esto representa un crecimiento de 12 puntos respecto a hace un año y, por mucho, el dato más alto del sexenio.

Prefieren instituciones. Recientemente se ha abierto la discusión sobre avalar la portación legal de armas para los ciudadanos. Mientras 30% está de acuerdo con que el gobierno facilite a la gente poseer armas de fuego en sus hogares y/o automóviles, 66% declara estar en desacuerdo. No obstante, 48% de los mexicanos reconocen que se sentirían más seguros si pudieran tener un arma de fuego en casa.

Cuando el gobierno no castiga a los criminales, 52% está muy de acuerdo con que la gente “haga justicia” por su propia cuenta; 42% dice no estar de acuerdo con eso, y 5% manifestó no estar de acuerdo ni en desacuerdo.

En el ejercicio también se pidió a los encuestados que imaginaran que un secuestrador fuera atrapado por un grupo de vecinos y se les preguntó si preferirían que lo entregaran a las autoridades o que se castigara directamente al criminal: 60% se dijo partidario de la vía institucional; 37% optó por castigarlo directamente.

Ven más corrupción en gobierno federal. Sobre el tema de la corrupción, como parte de la encuesta se preguntó a la ciudadanía en qué nivel de gobierno (municipal, estatal o federal), desde su punto de vista existe un nivel más alto de corrupción.

Para 42%, la mayor corrupción se observa en el gobierno federal, seguido de los gobiernos municipales (22%), y, en un cercano tercer lugar, los gobiernos estatales (20%).

Al preguntar sobre los casos recientes de corrupción, en primer lugar aparece el del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa (PRI), con 14% de las menciones; la segunda respuesta con mayor número de menciones fue “el gobierno actual”, con 9%, y “Enrique Peña Nieto” con 8%.

Entre las opciones, la ciudadanía también eligió los “robos al país”, con 5% de los señalamientos. Políticos, inseguridad, los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y los policías corruptos aparecen en la lista, cada uno con 4% de las menciones.

Cualquier gobierno es sensible a los temas de seguridad y corrupción. La administración del presidente Enrique Peña Nieto se sitúa con máximos históricos en la percepción negativa de violencia e inseguridad.

Lo anterior puede explicar que un porcentaje importante de ciudadanos apoye medidas como la proliferación de armas de fuego en domicilios o la llamada “justicia ciudadana”.

Finalmente, a pesar de que el evento de corrupción con más menciones es el de Javier Duarte —un fenómeno claramente de ámbito estatal—, el nivel de gobierno en el que se percibe mayor corrupción es el federal

El narcotráfico también aparece como un fenómeno que la ciudadanía aprecia que forma parte de la corrupción. Esa actividad registró 2% de las menciones, al igual que la desviación de recursos en todo el país, con 2%.