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Cultura de la Legalidad - ConParticipación Forbidden

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Cultura de la Legalidad

Cultura de la Legalidad es la actitud que tiene una sociedad hacia sus leyes. Una sociedad tiene cultura de la legalidad cuando la mayoría de sus miembros conoce y entiende los principios que rigen el derecho de su país, está de acuerdo con seguir las leyes y hace que se cumplan. Están de acuerdo en denunciar a quien no cumpla las leyes y a acatar los castigos por romperlos. Es un bien común que todos estamos llamados a promover, porque hoy la práctica y la cultura de la corrupción deben ser sustituidas por la práctica y la cultura de la legalidad.
Es necesario considerar que la autoridad debe emitir leyes justas, es decir, conformes a la dignidad de la persona humana y a los dictámenes de la recta razón, de no ser así, podemos decir que es una ley inicua, una ley injusta, se convierte en un acto de violencia y no estamos como ciudadanos obligados a seguirla.

Existen cuatro principios que deben existir para que exista un estado de derecho

 

1. Todos participan en la elaboración de las leyes
2. Las leyes deben proteger a todos por igual
3. Las leyes se aplican a toda la sociedad
4. Se cumplen los mecanismos legales

Todos estamos llamados a construir y asegurar un estado de derecho, es decir una cultura de la legalidad.

Es por eso que no debemos acostumbrarnos a vivir en una comunidad de violencia, inseguridad y miedo, en un entorno no favorable para el pleno desarrollo de las personas: robos, asaltos, secuestros, agresividad al manejar, irritabilidad con quienes nos rodean, etcétera. Este fenómeno es resultado principalmente de tres factores: la desintegración de la familia que lleva a una desintegración de la sociedad y de una pérdida de la cultura de la legalidad que se traduce en la corrupción.

La corrupción priva a los ciudadanos de un bien común fundamental, el de la legalidad. Siendo esta un bien común universal y una de las claves para el desarrollo (porque permite establecer relaciones correctas entre sociedad, economía y política), dispone el marco de confianza en el que se inscribe la actividad económica.

 

 

 

 

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