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Kim Davis se negó a realizar ella licencias matrimoniales para personas del mismo sexo por objeción de conciencia. Ha sido encarcelada.


  

 

Un juez del estado de Kentucky (centro de EE.UU.) ordenó este jueves la detención de una funcionaria del condado de Rowan que en las últimas semanas se ha negado a emitir licencias de matrimonio para parejas del mismo sexo, alegando que su fe le impide cumplir con su obligación.


El juez federal David Bunning halló a Kim Davis en desacato y la mandó a prisión hasta que acceda a cumplir con su obligación como funcionaria pública.


Davis dejó de emitir licencias matrimoniales, tanto a parejas heterosexuales como a parejas del mismo sexo, desde que el pasado mes de junio la Corte Suprema de EE.UU. legalizó el matrimonio homosexual en todo el país.


En un comunicado hecho público esta semana, Davis aseguró que "emitir licencias matrimoniales que entran en conflicto con la definición de Dios del matrimonio, con mi nombre anexado al certificado, violaría mi conciencia".


"Es una decisión de cielo o infierno¨, dijo.


Decenas de partidarios y detractores de Davis se concentraron este jueves frente a la corte ante la que compareció portando pancartas a favor y en contra de la funcionaria.


Apoyo republicano


La funcionaria ha recibido el apoyo de varios candidatos republicanos a la presidencia de EE.UU., como Mike Huckabee, Bobby Jindal, Ted Cruz y Marco Rubio.


Otros como Carly Fiorina, Lindsey Graham y John Kasich han asegurado que la mujer debe cumplir con sus obligaciones.


En las últimas semanas varias parejas del mismo sexo han grabado cómo Davis se negaba a entregarles sus licencias de matrimonio argumentando que lo hacía "bajo la autoridad de Dios", apelando a la libertad religiosa, protegida por la Constitución estadounidense.


Cientos de personas se presentaron ante la corte para seguir el proceso.


Para que Davis llegara a destituida de su cargo, la decisión debería ser tomada por la legislatura de Kentucky, ya que ocupa un cargo público.

Esta segunda etapa en el proceso legislativo del proyecto de aborto puede tener tres desenlaces: Que se rechace el proyecto de ley, que se apruebe con observaciones, o que se apruebe como está planteado en cuyo caso pasaría al Senado.


  

 

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de Chile, con el respaldo del Ejecutivo, decidió posponer la segunda etapa de discusión y votación del proyecto de ley de despenalización del aborto prevista del 28 de agosto al 8 de septiembre para trasladarla del 8 al 15 de este mismo.


La razón de la postergación fue el retraso del documento de trabajo, conocido como "comparado", que debe reunir las más de 100 indicaciones (observaciones) de los parlamentarios al proyecto.


Otra de las razones por la que se habría postergado la votación, según la Subsecretaria General de la Presidencia, Patricia Silva, fue que se buscaría contar con más tiempo para negociar el apoyo del partido Demócrata Cristiano (DC) al proyecto. Este grupo ha condicionado su aprobación a cambio de que se presente un programa de acompañamiento integral a la mujer y su familia.


Si bien la DC tiene opiniones divididas respecto al proyecto, el parlamentario Jorge Sabag manifestó su preocupación ya que el partido no estaría representado en la Comisión de Salud.

"Lamento esta situación", dijo el diputado al diario El Mercurio, y agregó que "votar a favor de esta iniciativa no es representativo del humanismo cristiano".


En la misma línea, el diputado del partido Renovación Nacional (RN), Nicolás Monckeberg, mantuvo su rechazo al proyecto y afirmó al mismo medio que "el Gobierno insiste en legalizar en Chile, en forma injusta, la muerte de personas inocentes y permitir el aborto. Sin darse cuenta de que esa nunca ha sido la solución".


El pasado martes 4 de agosto la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de Chile ya había aprobado por ocho votos a favor y cinco en contra, el primer paso para la despenalización del aborto. A partir de ese día, los distintos partidos políticos investigaron y presentaron las modificaciones.


Entre las indicaciones sugeridas se encuentran la eliminación de palabras confusas, el deber de denunciar delitos por violación, aclarar el ejercicio de la objeción de conciencia por parte del equipo médico, reducir el plazo de aborto para las menores de 14 años de 18 a 14 semanas de gestación hasta la imposibilidad de lucrar con el aborto y realizar publicidad, entre otras. 

De aprobarse la ley la vida de muchos niños y mujeres estaría a salvo.


  

 

La lucha contra la ley de Texas que restringe el aborto, al imponer a las clínicas que proveen este procedimiento los estándares de un hospital, llegó esta semana a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos.

 

La ley, actualmente suspendida, podría obligar al cierre del 75 por ciento de las clínicas que proveen aborto en Texas, al no poder cumplir con los estándares del estatuto.

 

La ley, obliga a las clínicas de aborto a cumplir con los estándares de un hospital, incluidos tamaños mínimos de habitaciones y puertas, tuberías de anestesia y otras infraestructuras.

 

Solo un puñado de clínicas de aborto de Texas, todas ellas ubicadas en las principales áreas metropolitanas, cumplen con esos estándares.

 

El Procurador de Texas, Ken Paxton, señaló al defender la ley, que fue promulgada para 'proteger a los no nacidos y asegurar que las mujeres de Texas no sean sometidos a condiciones inseguras e insalubres'.

Importante investigar que afiliados a PP no realicen las mismas prácticas delictivas.


  

 

La Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), organismo del Estado peruano, confirmó ante el Congreso que tres organizaciones no gubernamentales (ONGs) han recibido dinero de Planned Parenthood Federation of America y de su matriz, la International Planned Parenthood Federation (IPPF).


Develados por ACI Prensa y la prensa local los vínculos entre las ONGs peruanas Promsex, INPPARES y Católicas por el Derecho a Decidir con Planned Parenthood, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú inició una investigación y han sido citadas las autoridades gubernamentales encargadas de supervisar la cooperación internacional.


La primera en comparecer en el Congreso para explicar el ingreso de dinero extranjero para promover la legalización del aborto en el Perú fue Rosa Herrera Costa, directora ejecutiva de APCI, el 31 de agosto.


En declaraciones recogidas por el diario La Razón, Rosa Herrera Costa señaló que "Planned Parenthood no está inscrita en el país y por lo tanto no tengo conocimiento sobre sus actividades. Pero sí sabemos que hay tres ONG peruanas que han indicado que sí han recibido aportes de esta ONG".


"Nosotros solo fiscalizamos los proyectos de cooperación de las ONG, más no a la institución misma, al igual que sus fondos y no conozco a esa ONG Planned Parenthood", se excusó.
En declaraciones al diario Expreso, el parlamentario Julio Rosas lamentó que la representante de la APCI cayó en contradicciones durante su presentación en el Congreso.


3 millones de dólares para promover el aborto


Según consta en los documentos oficiales de la APCI –información confirmada ahora por su directora ejecutiva– Promsex, INPPARES y Católicas por el Derecho a Decidir recibieron en los últimos dos años más de 3 millones de dólares de Planned Parenthood Federation of America y de su matriz, la International Planned Parenthood Federation (IPPF).


INPPARES es miembro de IPPF desde la década de 1970, mientras que Promsex y Católicas por el Derecho a Decidir han patrocinado el proyecto de ley para despenalizar el aborto por violación en Perú y la campaña mediática "Déjala Decidir".


En esta campaña también participa la ONG Manuela Ramos, que recibió 25 millones de dólares de USAID (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo) para apoyar la política de planificación familiar y esterilizaciones impulsada por el expresidente Alberto Fujimori en la década de 1990.


En recientes declaraciones a ACI Prensa, el director financiero de Promsex, George Hale, defendió incluso el aborto en casos de bebés con síndrome de Down.


"Yo creo que la mujer tiene una serie de razones para poder abortar y no solamente es el síndrome de Down", dijo Hale.

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