Con los procesos de selección de candidatos en marcha, legisladores federales del PAN y PRI por Nuevo León empezarán en los próximos días a abandonar sus puestos.

Con los procesos de selección de candidatos en marcha, legisladores federales del PAN y PRI por Nuevo León empezarán en los próximos días a abandonar sus curules.

Tres Diputados federales panistas informaron ayer que se alistan para solicitar licencia y contender en la elección del próximo 7 de junio, cuando en el Estado elegirán Gobernador, Alcaldes y Diputados federales y locales.

Víctor Fuentes, único precandidato del PAN a la Alcaldía de San Nicolás, dijo que dejará el Congreso en unas dos semanas. "Si bien no hay ningún impedimento reglamentario ni legal para seguir en funciones", señaló Fuentes, "para no descuidar ni desatender mi responsabilidad como legislador, una vez que haya conflicto en los tiempos, pediré licencia".

El Diputado federal Alfonso Robledo adelantó que pedirá licencia en unos 10 o 15 días, si es designado como candidato a la Alcaldía de Guadalupe.

También Arturo Salinas dijo que se separaría si es nombrado para contender para la Diputación local por el Distrito 4. Aunque es precandidato del PAN a la Alcaldía de San Pedro, el Diputado federal Alberto Coronado dijo que no prevé dejar su cargo hasta que se defina la elección, que será el 15 de febrero.

Por el lado priista, los interesados en la candidatura a la Gubernatura deberán separarse de sus cargos públicos para poder registrarse el 14 de enero.

Entre los aspirantes están las Senadoras Cristina Díaz e Ivonne Álvarez, así como los Diputados federales Héctor Gutiérrez y Pedro Pablo Treviño, que concluyen su trienio este año.

Además, el PRI se prepara para lanzar las convocatorias para Alcaldes y Diputados locales, que podrán tener periodos de hasta seis años y 12 años, respectivamente, al permitirse la reelección a partir del 2018.

Marcela Guerra también podría dejar el Senado para disputar la Alcaldía de Monterrey.

Desde 1991, cuando existían 2.176 clínicas de aborto en Estados Unidos, el 75 por ciento han cerrado.

El presidente de la organización pro-vida estadounidense Operation Rescue (Operación Rescate), Troy Newman, aseguró que "seguimos testimoniando la implosión del cartel del aborto en Estados Unidos", al publicar un informe que reveló que 73 clínicas de abortos cerraron sus puertas en 2014.

Newman aseguró que "lo único que está evitando el colapso total (de las clínicas de aborto) son mandatos judiciales que están bloqueando que varias leyes estatales de protección de seguridad de abortos sean aplicadas".

"Una vez que esas leyes salgan de los tribunales, esperamos ver aún más centros de aborto cerrados".

Newman destacó que "estas son grandes noticias para las mujeres y bebés, porque cuando las clínicas de aborto cierran, vidas son salvadas".

El informe de Operation Rescue indicó que "en total, 73 centros de aborto cerraron por la totalidad o parte del año. El número total de clínicas de aborto en Estados Unidos es actualmente 739".

"De ese total, 551 son centros de abortos quirúrgicos, mientras que el restante 188 son centros de abortos solo de medicación".

Para Newman, "no importa cómo una vea los números, muestran que estamos ganando".

"Al tiempo que la verdad sobre los abusos del aborto y otros peligros se vuelve pública, y son seguidos por nuevas leyes que incrementan las protecciones para las mujeres y sus bebés, solo podemos esperar que continúe el declive del cartel del aborto hasta que se derrumbe por completo", señaló.

Las reglas de operación mencionan como una de las acciones dirigidas a mujeres en edad reproductiva la asistencia a talleres de información sobre salud sexual y reproductiva, así como a consultas médicas en las que se les dé orientación y consejería al respecto. La estrategia aun no ha sido estipulada.

Sin incluir la anunciada estrategia para detener los embarazos tempranos, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) emitió las Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 2015 del Programa de Inclusión Social Prospera.

Con la entrada en vigor de las reglas –publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado martes 30 de diciembre– se establecen las características y ámbitos de acción del programa y se define el procedimiento y requisitos que deben cumplir las familias que deseen beneficiarse con el programa que coadyuva a la implementación de la "Cruzada contra el Hambre".

De acuerdo con el documento, Prospera –que sustituye al programa Oportunidades– tiene como objetivos asegurar a las familias más pobres de México el acceso al Paquete Básico Garantizado de Salud, otorgar apoyos educativos crecientes en primaria, secundaria y educación media superior a niñas, niños y jóvenes de las familias beneficiarias, que serán representadas por una mujer o madre de familia.

También busca promover que la población atendida acceda a servicios financieros en condiciones preferenciales, "así como a la oferta institucional de programas sociales que incrementen sus capacidades productivas de las familias beneficiarias y sus integrantes, mejoren su bienestar económico o en otras dimensiones, a través de acciones de coordinación y vinculación institucional".

Es de recordar que según la medición de la pobreza realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) –con información de 2012–, en México 45.5 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza. Ello significa que 53.3 millones de personas carecen de las condiciones necesarias para el goce efectivo de sus derechos.

Las mujeres titulares de las familias que sean beneficiarias de Prospera tendrán como responsabilidad "apoyar a las y los integrantes de la familia en edad escolar para que asistan en forma regular a clases y mejoren su aprovechamiento", y a "participar en las acciones de salud acordadas por la asamblea comunitaria, dirigidas al autocuidado de la salud y fomento de los entornos favorables para la salud", entre otros aspectos.

De igual forma es responsabilidad de la titular, así como de cualquier integrante mujer de la familia, "acudir a valoración cuando tenga planeado embarazarse, e iniciar su control desde el primer trimestre del embarazo", recibir y consumir suplementos alimenticios que le serán entregados en la unidad de salud de manera bimestral para niñas y niños y mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, así como mantener actualizados los datos de la familia.

Según las reglas de operación, los apoyos se podrán suspender, entre otras causas, si una alumna o alumno falta más de cuatro veces durante un mes a la escuela, si la familia se cambia de domicilio a una localidad donde no hay cobertura de los servicios de salud, y si no brinda la información socioeconómica y demográfica de su hogar para ser evaluada.

Es de mencionar que el monto máximo al que pueden acceder las familias beneficiarias que tengan becarios en primaria y secundaria (tres máximo) es de mil 825 pesos al mes, mientras que si tienen becarios en educación máxima el monto máximo es de 2 mil 945 pesos.

Cabe recordar que tras el decreto presidencial que creó la Coordinación Nacional de Prospera Programa de Inclusión Social –publicado el pasado 5 de septiembre–, Daniel Aceves Villagrán, director del Programa Oportunidades del Seguro Popular, anunció que Prospera arrancaría con una fuerte campaña de planificación familiar, principalmente dirigida a comunidades indígenas y rurales, ya que se consideraba "preocupante" el incremento en el índice de embarazos en niñas y adolescentes.

Ante el temor de que la política que da asilo a los cubanos desaparezca, la migración a Miami ha incrementado en 235%

Los rumores de otro cambio en la política entre Cuba y Estados Unidos ha detonado la migración de cubanos en días recientes, de acuerdo con la Guardia Costera estadounidense.

Los oficiales de la agencia dijeron a CNN que los cubanos creen que la vieja política de "pie mojado, pie seco" va a desaparecer el 15 de enero, por lo que muchos aprovechan para llegar a Estados Unidos.

Esta política, puesta en vigor en 1995, asegura asilo a los cubanos que lleguen a suelo estadounidense, o con "pies secos". Pero aquellos encontrados en el mar, serían deportados a Cuba.

Cualquier cambio en esa política, que es parte de la Política de Ajuste Cubano, necesitaría aprobación del Congreso, lo que es poco probable.

"Reconocemos que cuando estos rumores se propagan, crecen. La gente cree en ellos. Se desesperan. Tratan y se embarcan en el océano", dijo el capitán Mark Fedor, jefe de respuesta de la Guardia Costera en el séptimo distrito, que patrulla la mayoría de las aguas cercanas a la isla.

Desde que la administración de Obama anunció la renovación de las relaciones con el gobierno de Castro el 16 de diciembre, la Guardia Costera dice que el número de cubanos encontrados en el mar se ha incrementado en 235%, comparado con las primeras dos semanas de diciembre. En especial, el último mes de 2014 se vio un incremento de 117% en el número de inmigrantes de la isla comunista.

"Tener a tanta gente en el mar, en balsas tan poco confíales—sólo genera riesgos ambientales", indicó Fedor.

La fuente de los rumores se desconoce. Pero, los oficiales de la Guardia Costera creen que los fabricantes de botes y balsas tienen parte de la culpa.

"Estos botes no solo están ahí. A esta gente le pagan por construirlos. Ese es el motivo económico detrás de esto", dijo Fedor. "Hay gente lucrando con esto. Y no les importa la seguridad de estos chicos. Creo que es por su beneficio que se siguen esparciendo estos rumores. Estamos intentando combatirlo".

Desde que Fidel Castro tomó el poder en Cuba, en 1959, han existido periodos de migración masiva desde Cuba —el más famoso fue en 1980, cuando se permitió a los cubanos salir de la isla desde el puerto de Mariel. Casi 125,000 cubanos llegaron a las costas de Miami en un periodo de seis meses—.

A pesar de que este repunte no es considerado como migración masiva, Fedor dice que "estamos siempre atentos a eso. Hay una variedad de factores que pudieran llevar a una migración masiva. Pero ahora no estamos en ese nivel".

Pero, solo por si acaso, Fedor dijo que la Guardia Costera ha destinado recursos adicionales para lidiar con la situación actual.