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Con la contratación de un hermano, primos, yerno y sobrinos, el llamado "Jefe Apolo" incurre en un conflicto de interés y sería objeto de una sanción que podría ir desde una amonestación hasta la destitución del cargo.


  

Diez familiares del actual encargado de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, Luis Rosales Gamboa, están contratados en distintos puestos de dirección en la dependencia, con lo cual, incurre en un conflicto de interés y sería objeto de una sanción que podría ir desde una amonestación hasta la destitución del cargo, según la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los

Servidores Públicos Federales –que rige a los funcionarios capitalinos–.

Rosales Gamboa, conocido como “Jefe Apolo”, es titular de la Subsecretaría de Operación Policial, la más importante en la Secretaría, encargada prácticamente de todos los agrupamientos policiales y operativos realizados en la Ciudad de México.

En conjunto, los familiares del subsecretario (hermano, yerno, cuatro primos y cuatro sobrinos) reciben un sueldo mensual de 463 mil 812 pesos; los salarios por laborar en el área que Rosales dirige desde 2012, van de 23 mil pesos y hasta 94 mil pesos.

La legislación Federal, establece que los servidores públicos deben “abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción (…) de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar (…) o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para las personas a las que se refieren”.

Pero el “Jefe Apolo” sí interviene en el nombramiento de los cargos, pues entre las facultades como subsecretario está “proponer al Secretario la permanencia, adscripción o remoción de los mandos de las unidades que se encuentren bajo su adscripción”, según se explica en el reglamento interior de la dependencia.

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La documentación, que ha generado polémica en Estados Unidos y a nivel internacional, señala que en uno de los centros de detención, un prisionero murió en noviembre de 2002 posiblemente de hipotermia por haber permanecido semidesnudo y encadenado a un piso de concreto.


  

Mons. Oscar Cantú, presidente del comité internacional de Justicia y Paz de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, condenó los actos de tortura aplicados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) contra los acusados de terrorismo y que fueron revelados el martes en un informe del comité de inteligencia del Senado.

“Los actos de tortura descritos en el comité de inteligencia del Senado violan la dignidad humana dada por Dios, inherente a todas las personas”, señaló el también Obispo de las Cruces. “La Iglesia católica cree firmemente que la tortura es un ‘mal intrínseco’ que no puede ser justificado bajo ninguna circunstancia”, añadió en un comunicado difundido por la Campaña Religiosa Nacional contra la tortura.

El informe de 500 páginas reveló que los acusados de terrorismo eran torturados física y psicológicamente, con métodos que iban desde los golpes, permanecer despiertos hasta 180 horas, aislamiento prolongado, “hidratación y alimentación rectal”, hasta amenazas de muerte y de abuso sexual.

Uno de los torturados fue Khalid Sheik Mohammed, el cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001, quien estuvo a punto de ahogarse luego de haber sido sumergido en agua 183 veces.

Mons. Richard Pates, anterior presidente del Comité Internacional de Justicia y Paz de los obispos estadounidenses, apoyó a los senadores Susan Collins y Angus King en sus esfuerzos por desclasificar el estudio en una carta en abril.

“Es tiempo de que los Estados Unidos tome una posición clara contra la tortura. Publicar el informe completo sobre las prácticas de interrogación de la CIA ayudará a nuestro país a reforzar su credibilidad moral”, afirmó entonces.

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Según el informe del Senado, James Mitchell y Bruce Jessen fueron identificados como los autores intelectuales de las llamadas “técnicas de interrogación mejorada”


  

El gobierno de Estados Unidos pagó 80 millones de dólares a dos psicólogos militares que desarrollaron los programas de tortura utilizados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en contra de prisioneros sospechosos de terrorismo.

James Mitchell y Bruce Jessen, ex psicólogos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, fueron identificados por la prensa como los autores intelectuales de las llamadas “técnicas de interrogación mejorada” que incluyen ahogamiento simulado, privación del sueño o rehidratación anal, entre otras.

El reporte del Comité Selecto de Inteligencia del Senado que investigó el Programa de Detención e Interrogación de la CIA, dado a conocer la víspera, menciona a Mitchell y Jessen bajo el pseudónimo de Grayson Swigert y Hammond Dunbar.

Swigert y Dunbar desarrollaron el programa de técnicas de interrogación mejorada en contraposición al programa Sobrevivencia, Evasión, Resistencia y Escape (SERE) que forma parte del entrenamiento al que se someten algunos militares estadunidenses.

El SERE ofrece a los soldados estadunidenses técnicas de sobrevivencia ante la eventualidad de ser prisioneros de guerra.

Según el reporte, Swigert describió 12 técnicas similares a las aplicadas por SERE para ser usadas en sospechosos de terrorismo incluyendo abofetear, confinamiento múltiple, permanecer de pie, uso de pañales, insectos y entierro simulado.

Michael Hyden, ex director de la CIA de 2004 al 2006, ha defendido el uso de esas formas de tortura como legales porque se han aplicado a los militares estadunidenses también.

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El secretario de marina asegura que hay grupos que sólo están haciendo del problema más grande, en lugar de ayudar a las familias.


  

El secretario de marina, Vidal Soberón, criticó que algunos grupos hayan tomado como bandera a los normalistas de Ayotzinapa para beneficiarse.

El funcionario defendió las investigaciones del gobierno federal en torno a la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, de acuerdo con un reporte del diario Reforma.

A los “grupos beneficiados”, de quienes no dio ningún nombre, ni siquiera les interesa el dolor de los padres y el paradero de los normalistas, según Soberón. “Me enoja más todavía que manipulen a los padres de familia, que manipulen a esta gente, porque eso es lo que están haciendo para no reconocer o para seguir incrementando esto” dijo.

El almirante coincidió con las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), respecto a que atrás de la desaparición de los estudiantes existe la delincuencia organizada y la colusión de la Policía de Iguala con grupos del crimen.

Los padres los normalistas desaparecidos se reunieron este martes 9 de diciembre en el Senado para exigir a los senadores iniciar el proceso de desaparición de poderes y la cancelación de elecciones en el estado de Guerrero.

Los familiares entregaron por escrito un pliego petitorio en el que exigen a la PGR que no se conforme con la versión de que los jóvenes fueron asesinados y quemados en el basurero de Cocula, y que abra una línea de investigación sobre el ataque, secuestro y desaparición de 43 estudiantes la noche del 26 de septiembre en Iguala.

La primera reunión entre padres de los normalistas y senadores, se llevó a cabo en un salón del Senado y asistieron Angélica de la Peña, Javier Corral, Omar Fayad y Manuel Bartlet, entre otros, quienes se vieron obligados a ceder sus lugares a los padres de familia.

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Las directrices no se aplicarán a chequeos de seguridad en aeropuertos y fronteras y no serán de cumplimiento obligatorio para agencias policiales locales y estatales.


  

El gobierno del presidente Barack Obama emitió el lunes directrices que prohíben a las agencias federales del orden etiquetar a la gente por su raza, religión u otras características personales, en unos protocolos que el Departamento de Justicia espera sirvan de modelo para departamentos locales en momentos en que Estados Unidos lidia con cuestionamientos sobre el papel que la raza desempeña en las tareas policiales.

Las directrices, que expanden las establecidas hace una década bajo el gobierno de George W. Bush, requerirán además nuevo entrenamiento y compilación de datos.

Aunque las directrices —que han sido elaboradas desde hace cinco años— no fueron redactadas en respuesta a recientes casos de muertes de hombres negros desarmados a manos de policías blancos, son dadas a conocer en medio de un debate nacional sobre los estándares del uso de la fuerza por la policía, justicia racial y el tratamiento de minorías por las agencias del orden.

“Particularmente a la luz de ciertos incidentes recientes que hemos vistos a nivel local — y las abundantes preocupaciones sobre confianza en el proceso de justicia criminal que tanta gente ha mencionado en toda la nación — es imperativo que tomemos todas las medidas posibles para instituir prácticas policiales buenas y fuertes”, dijo el secretario de Justicia Eric Holder, en alusión a la muerte a tiros en agosto de un adolescente negro desarmado a manos de un policía blanco en Ferguson, Misuri, y la muerte por llave de estrangulamiento de un hombre negro semanas antes en Nueva York.

Jurados investigadores locales declinaron presentar cargos formales contra los policías involucrados. El departamento de Justicia investiga los dos casos.

Las directrices son aplicables a agencias federales bajo el Departamento de Justicia, incluyendo el FBI, la agencia federal antidrogas DEA y el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. SE extienden además a agentes de departamentos locales que integren fuerzas especiales conjuntas con agentes federales.

Su impacto práctico está por verse, especialmente porque los agentes policiales locales son mayormente los responsables por paradas de tráfico, respuesta a llamadas de emergencias e interacciones diarias con las comunidades que patrullan, pero el gobierno federal ve las reglas como posible modelo a seguir por las agencias policiales locales y Holder va a reunirse el lunes con funcionarios locales para alentarles a adoptar las directrices federales.

Holder, que hizo de la implementación de las directrices una prioridad antes de dejar el cargo el año próximo, las calificó de “un paso grande e importante para asegurar políticas policiales efectivas” por las agencias federales del orden.

Las directrices extienden una prohibición de la catalogación racial de rutina anunciada en 2003 por el entonces secretario de Justicia John Ashcroft. Grupos de derechos civiles han dicho desde hace tiempo que esas reglas dejaban demasiadas lagunas, al permitir exenciones por razones de seguridad nacional e investigaciones fronterizas y al no extender la prohibición a características más allá de raza y etnia.

Las nuevas directrices eliminarían la exención para las investigaciones fronterizas y de seguridad nacional y extenderían la prohibición de la práctica a razones religiosas, origen nacional género, orientación sexual e identidad sexual — aunque los agentes pueden considerar esos factores si tienen información que vincula a una persona de esas características a un delito o amenaza específica.

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El agravamiento de las desigualdades afectan el crecimiento de los países.


  

La desigualdad entre ricos y pobres en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) alcanzó su mayor nivel en 30 años, agravamiento que perjudica el crecimiento económico, afirmó la organización en un informe publicado el martes.

La OCDE cuenta con 34 países miembros, la mayoría desarrollados, como Estados Unidos, países de la Unión Europea, Australia o Japón, pero también emergentes como México, Chile o Turquía. China, Brasil e India no forman parte.

El actual informe refleja un aumento de la desigualdad entre ricos y pobres, cuando en los años 80 los más ricos ganaban máximo siete veces más.

En 30 años, la renta media de los hogares más adinerados progresó. En tanto, la renta de 10 por ciento de las familias más modestas también aumentó en varios países, "pero lentamente en los años de bonanza", antes de "retroceder en el periodo de crisis", precisa el informe.

En Grecia disminuye la brecha

El mayor aumento de las desigualdades se produjo en Estados Unidos, Finlandia, Israel, Nueva Zelanda, Suecia y, en menor medida, Alemania. Francia, Bélgica y Holanda conocieron durante este periodo leve variación de la desigualdad. Sólo en Grecia y Turquía disminuyó la diferencia entre ricos y pobres.

"El aumento de las desigualdades costó más de 10 puntos de crecimiento a México y a Nueva Zelanda, unos 9 a Reino Unido, Finlandia y Noruega, y seis a siete puntos a Estados Unidos, Italia y Suecia", estima la organización. En cambio, una "situación más igualitaria antes de la crisis" supuso un aumento del PIB por habitante en España, Francia e Irlanda.

Según la OCDE, el impacto negativo de las disparidades en el crecimiento es un foso que separa 40 por ciento de los hogares con los ingresos más modestos del resto de la población.

Una inversión insuficiente de estas familias en educación, que limita la posibilidad de instrucción de sus hijos, así como la movilidad social y el desarrollo de competencias, refuerza esta diferencia, añade.

Para la OCDE, "los resultados escolares de las personas, cuyos padres tienen nivel bajo de instrucción, se deterioran a medida que las desigualdades en los ingresos son más pronunciadas". Subraya que la lucha "contra las desigualdades mediante los impuestos y las transferencias no perjudica el crecimiento".

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Caen donativos en Monterrey

Este año, los regiomontanos han dado menos a los más necesitados.


  

Datos de la Secretaría de Hacienda evidencian que a agosto pasado, último registro disponible, las donatarias ubicadas en Nuevo León le reportaron haber recibido donativos, en efectivo y especie, por 2 mil 846 millones de pesos, 11 por ciento real menos respecto al mismo período del año anterior.

A nivel nacional, el monto bajó sólo 3.2 por ciento real, al sumar un total de 33 mil 111 millones de pesos.

En Nuevo León, de entre 10 tipos de instituciones, las mayores reducciones se registraron en la categoría de "bibliotecas privadas con acceso al público", con una caída del 96.3 por ciento; las "becantes", con 69.4 por ciento, y las "ecológicas", de 58.5 por ciento.

Las asistenciales sufrieron una baja del 9.2 por ciento.

Joana Chapa, catedrática de la Facultad de Economía de la UANL, atribuyó la caída en los donativos al golpe en los ingresos que tuvieron las familias a causa de la reforma fiscal.

"Los impuestos pegaron muy fuerte", dijo. "El poder adquisitivo disminuyó, pues hubo empresas que tuvieron que eliminar prestaciones, como el fondo de ahorro, a causa de la reforma fiscal.

"(Las familias) se vieron obligadas a tener que recortar gastos, y el altruismo es lo primero que eliminaron", detalló.

Por separado, Carlos Díaz, psicólogo, hizo notar que ya de por sí Monterrey es una ciudad cara.

"Y es evidente que este año hemos tenido un tremendo aumento de precios muy superior a lo que aumentaron los salarios.

"En lo personal, soy donante y he quedado mal con algunas instituciones porque ya no alcanza", manifestó.

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En la mayor parte del país no se ha podido documentar cuántos mexicanos abandonaron sus hogares por la violencia; los casos conocidos se caracterizan por haber sido ignorados por las autoridades.


  

Durante años, los servicios de salud pública en EE.UU. han compartido la visión En enero de 2012, las familias de la comunidad de Ocurague, Sinaloa, tuvieron que elegir entre abandonar sus hogares, sus tierras, su ganado, sus huertos y todas sus pertenencias o unirse a las filas del crimen organizado.

Ya había pasado más de un año desde que grupos armados —se presume que de la organización de los Beltrán Leyva— se habían apoderado de la sierra. Los vecinos se acostumbraron a pasar la noche escondidos entre matorrales cada que escuchaban “el zumbar” de camionetas y metralletas.

“Ellos patrullaban como si fueran gobierno, nos amenazaban y decían que si no nos íbamos teníamos que ser reclutados a su servicio. El 10 de enero de 2012 asesinaron a un vecino de Ocurague y al día siguiente por la noche a una familia entera. Enloquecidos por el miedo tomamos la decisión de salir, dejarlo todo”, cuenta Esperanza Hernández, habitante de esa región y vocera de al menos 600 familias de 40 comunidades sinaloenses que han sido desplazadas por la violencia del crimen organizado en esa entidad.

Aunque ella misma ha presentado esos casos ante autoridades de los tres niveles de gobierno, el tema de los desplazados por violencia es invisible en el país, coinciden investigadores, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos.

“Es un fenómeno ignorado. No tenemos, no existen los mecanismos adecuados para poder medir el fenómeno y por lo tanto atenderlo. Nosotros tenemos evidencia de que por lo menos 30 mil personas han sido desplazadas de Chiapas. Sabemos por el censo de población que ha realizado Doña Esperanza que entre 6 mil y 8 mil personas han sido desplazadas en Sinaloa y es sólo de los municipios donde ella ha estado presente.

“Sabemos que en el Valle de Juárez han sido desplazadas 135 mil personas, pero no tenemos forma de contabilizar desplazados de Tamaulipas, Coahuila, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Estado de México y otros estados de la república con problema de desplazamiento.

“Entonces si me preguntan una cifra, no la tengo, no existe, pero tenemos certeza que al menos son 170 mil personas desplazadas por violencia en México”, explica Laura Rubio, investigadora del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y autora del libro “Desplazamiento interno inducido por la violencia: una experiencia global, una realidad mexicana”, presentado este jueves.

Sin cifras oficiales sobre cuántas personas han sido desplazadas por la violencia en el país, tanto la investigación de Laura Rubio como la del Centro de Vigilancia del Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés) coinciden que los estados más afectados por este fenómeno son Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.

Según los testimonios recabados, hasta antes de 2007 el desplazamiento ocurría por la disputa por tierras, conflictos comunales, intolerancia religiosa, la construcción de mega proyectos, catástrofes naturales y en la región de Chiapas y el sureste del país por el conflicto derivado del movimiento zapatista.

Sin embargo, después de ese año y con la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad del presidente Felipe Calderón, las causas principales del desplazamiento son la violencia criminal, la ejecución de operativos de seguridad, la corrupción y las violaciones a derechos humanos.

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Ni autoridades ni CNDH apoyan a migrantes que se animan a denunciar a extorsionadores.


  

Edwin Alexander Medina Rosales, quien declara ser hondureño y tener 30 años, fue capturado en flagrancia, en Tierra Blanca, Veracruz, el 12 de enero de 2014, junto con otros dos delincuentes, cuando extorsionaba a migrantes centroamericanos en las vías del tren. Diez meses después, el mismo sujeto reaparece –lunes 24 de noviembre– en Hidalgo, libre y en acción, es decir, asaltando a más migrantes, en la misma ruta que siguen los trabajadores que buscan llegar desde la frontera sur al norte por las rutas ferroviarias. Esta vez actuaba junto con el guanajuatense Roberto Sotelo Govea.

Los dos presuntos secuestradores fueron internados ayer en el Cereso de Tula, gracias a que los migrantes que sobrevivieron al asalto insistieron en levantar una denuncia ante el Ministerio Público de Tlaxcoapan, comunidad aledaña, donde se inició la averiguación previa 16/TLAX/973/2014 por los delitos de robo y lo que resulte.

Pero a pesar de que los migrantes manifestaron desde un principio su determinación de denunciar penalmente a sus agresores –decisión nada fácil, en su condición de indocumentados–, las autoridades locales tardaron 16 horas (desde las 2.30 de la tarde hasta las cuatro de la madrugada) en abrir la averiguación previa. En ningún momento los migrantes, hondureños y guatemaltecos, entre ellos una mujer y dos menores, fueron asistidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), aunque se solicitó su intervención a través de Javier Tapia, de la Quinta Visitaduría. Tampoco fueron notificados sus representantes consulares.

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Revelan otra desaparición masiva de estudiantes

Los familiares aseguran no haber denunciado los hechos por estar bajo amenaza.


  

Un grupo de más de 30 alumnos de secundaria habrían sido retenidos a plena luz del día, el pasado 7 de julio, en este municipio, donde se presume fueron asesinados los 43 normalistas de Ayotzinapa.

De acuerdo con una investigación realizada por la agencia France 24, los habitantes fueron amenazados por delincuentes para que no denunciaran el ilícito. La madre de una de las víctimas relató a esta agencia que desde aquel día no se sabe nada del grupo de alumnos, entre quienes había hombres y mujeres.

Explicó que el 7 de julio, último día de clases, un grupo de sujetos encapuchados llegó en vehículos de la policía y se llevó a los jóvenes, no sin antes amenazar de muerte a los residentes de Cocula que atestiguaron el hecho, para que no hablaran sobre esto.

La mujer reconoció que la identificación de los secuestradores se torna difícil, pues todos tenían capuchas, pero un dato importante, es que los menores fueron llevados en vehículos de la policía.

Según France 24, este caso parece ser uno más de complicidad entre los policías locales y miembros del crimen organizado, que operan con impunidad en la región, razón por la cual los pobladores guardaron silencio. (Con información de SDP, France 24)

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