En la mayor parte del país no se ha podido documentar cuántos mexicanos abandonaron sus hogares por la violencia; los casos conocidos se caracterizan por haber sido ignorados por las autoridades.
Durante años, los servicios de salud pública en EE.UU. han compartido la visión En enero de 2012, las familias de la comunidad de Ocurague, Sinaloa, tuvieron que elegir entre abandonar sus hogares, sus tierras, su ganado, sus huertos y todas sus pertenencias o unirse a las filas del crimen organizado.
Ya había pasado más de un año desde que grupos armados —se presume que de la organización de los Beltrán Leyva— se habían apoderado de la sierra. Los vecinos se acostumbraron a pasar la noche escondidos entre matorrales cada que escuchaban “el zumbar” de camionetas y metralletas.
“Ellos patrullaban como si fueran gobierno, nos amenazaban y decían que si no nos íbamos teníamos que ser reclutados a su servicio. El 10 de enero de 2012 asesinaron a un vecino de Ocurague y al día siguiente por la noche a una familia entera. Enloquecidos por el miedo tomamos la decisión de salir, dejarlo todo”, cuenta Esperanza Hernández, habitante de esa región y vocera de al menos 600 familias de 40 comunidades sinaloenses que han sido desplazadas por la violencia del crimen organizado en esa entidad.
Aunque ella misma ha presentado esos casos ante autoridades de los tres niveles de gobierno, el tema de los desplazados por violencia es invisible en el país, coinciden investigadores, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos.
“Es un fenómeno ignorado. No tenemos, no existen los mecanismos adecuados para poder medir el fenómeno y por lo tanto atenderlo. Nosotros tenemos evidencia de que por lo menos 30 mil personas han sido desplazadas de Chiapas. Sabemos por el censo de población que ha realizado Doña Esperanza que entre 6 mil y 8 mil personas han sido desplazadas en Sinaloa y es sólo de los municipios donde ella ha estado presente.
“Sabemos que en el Valle de Juárez han sido desplazadas 135 mil personas, pero no tenemos forma de contabilizar desplazados de Tamaulipas, Coahuila, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Estado de México y otros estados de la república con problema de desplazamiento.
“Entonces si me preguntan una cifra, no la tengo, no existe, pero tenemos certeza que al menos son 170 mil personas desplazadas por violencia en México”, explica Laura Rubio, investigadora del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y autora del libro “Desplazamiento interno inducido por la violencia: una experiencia global, una realidad mexicana”, presentado este jueves.
Sin cifras oficiales sobre cuántas personas han sido desplazadas por la violencia en el país, tanto la investigación de Laura Rubio como la del Centro de Vigilancia del Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés) coinciden que los estados más afectados por este fenómeno son Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.
Según los testimonios recabados, hasta antes de 2007 el desplazamiento ocurría por la disputa por tierras, conflictos comunales, intolerancia religiosa, la construcción de mega proyectos, catástrofes naturales y en la región de Chiapas y el sureste del país por el conflicto derivado del movimiento zapatista.
Sin embargo, después de ese año y con la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad del presidente Felipe Calderón, las causas principales del desplazamiento son la violencia criminal, la ejecución de operativos de seguridad, la corrupción y las violaciones a derechos humanos.
