Ante este hecho declaran que la legalización de las drogas aún no está en la agenda.

Opuesto a la legalización de la mariguana, el gobierno de Brasil aceptó facilitar el acceso del canabidiol a los pacientes que usan este medicamento extraído de la planta, tras retirarlo el miércoles de la lista de sustancias prohibidas.

Las autoridades ya habían dado el primer paso hacia la liberación de este compuesto al autorizar en diciembre su prescripción por parte de neurólogos, neurocirujanos y psiquiatras. Sin embargo, el canabidiol seguía en la lista de sustancias prohibidas por lo que su venta estaba prácticamente vetada.

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) decidió excluir el producto de esa clasificación al reconocer que no hay registro de dependencia relacionada con su uso, y que por el contrario, estudios científicos revelan que la sustancia ayuda al tratamiento de enfermedades como la epilepsia grave.

"Es una gran victoria, es un gran cambio para todos los niños que sufren epilepsia", dijo a la AFP Valdir Francisco Vaz, cuyo hijo utiliza el canabidiol a diario desde 2014 para sobrellevar la enfermedad.

El medicamento reduce casi a cero las crisis de convulsiones, y además mejora el sistema cognitivo de su hijo, comentó.

"Su calidad de vida es otra", señala. Junto a otros padres, Vladir llevó adelante una intensa campaña por las redes sociales para pedir la liberación del canabidiol.

El canabidiol todavía es recetado bajo estricto control como alternativa al tratamiento convencional de múltiples enfermedades.

Tras la decisión de Anvisa, se espera que se reduzcan sensiblemente los plazos para la importación del producto que podía tardar hasta 20 días, y se fomente la investigación para ampliar sus usos médicos.

Renato Porto, presidente de Anvisa, aclaró sin embargo que la decisión no debe trasladarse a la discusión sobre otros usos del cannabis u otros componentes que siguen siendo prohibidos.
"La legalización de las drogas no está hoy en la agenda", declaró el sábado el ministro de Justicia José Eduardo Cardozo al diario O Globo.

La presidenta de izquierda Dilma Rousseff admite tener una posición conservadora al respecto y no es partidaria de adoptar cambios, como lo ha hecho el vecino Uruguay con la despenalización y regulación del mercado de mariguana.

Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero han recibido 2.5 billones de pesos en los últimos 14 años, pero los índices de pobreza no cambian.

Los Estados pobres del Sur del País son un barril sin fondo.

Del 2000 al 2014, cuatro Estados recibieron transferencias de la Federación por 2.5 billones a pesos constantes del 2014, pese a que sus índices de marginación y pobreza no mejoraron sustancialmente.

En ese periodo, Chiapas ha recibido, a pesos constantes del 2014, un total de 754 mil 254 millones.

En orden decreciente, Oaxaca obtuvo 598 mil 767 millones; Michoacán, 572 mil 396 millones, y Guerrero, 565 mil 830 millones.

Para el 2015, tan sólo de participaciones y aportaciones federales, a las tesorerías de esos Estados llegarán otros 193 mil 712 millones, a los que se sumarán otros fondos regionales, proyectos y convenios que se detallarán en los próximos meses.

Aunado a ello, el Presidente Enrique Peña anunció en noviembre, a raíz de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, un Plan para el Desarrollo del Sur, donde destacó que, en obras de infraestructura como autopistas, hospitales y gasoductos, se invertirán 195 mil millones de pesos.

Con las transferencias a Estados y la obra pública federal, del 2000 al 2015 se habrán invertido en las cuatro entidades 2.9 billones de pesos, lo que contrasta con los avances marginales que han tenido en desarrollo y combate a la pobreza.

Según estadísticas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, entre el 2010 y el 2012, en Chiapas 3 millones 782 mil personas, aproximadamente el 74.7 por ciento de la población, aún se hallaban en situación de pobreza.

El Estado ocupó el primer lugar de pobreza extrema en el País.

Para Oaxaca y Guerrero, el panorama ha sido similar.

En el 2012, en Oaxaca había 2 millones 343 mil pobres, 61.9 por ciento de la población, cifra idéntica a la del 2008.

En Guerrero, entre el 2010 y el 2012, subió en 116 por ciento la carencia de la población a servicios básicos en vivienda, como acceso al agua, a la electricidad, al drenaje y al combustible.

Más de la mitad de los centros escolares requiere reparaciones mayores, debido a que superan una media de 30 años de haber sido construidas.

En México, más de 42 mil aulas de planteles públicos donde se imparte educación especial, prescolar, primaria y secundaria carecen de energía eléctrica, mientras que 177 mil 719 presentan fisuras o cuarteaduras graves en techos, muros o pisos.

De acuerdo con el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (Cemabe), se registraron 924 mil 561 aulas en el país, de las cuales 167 mil 360, que corresponden a escuelas públicas, tienen goteras o filtraciones de agua. De estos espacios educativos, 20 por ciento (185 mil 389) tienen vidrios rotos, y 21 mil 397 salones de clase carecen de puerta.

Un diagnóstico del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) revela que de los 152 mil 895 inmuebles escolares públicos, 36 por ciento tiene construcciones precarias o adaptadas para fines formativos.

Inmuebles sin rehabilitar

Por lo que respecta a las acciones de rehabilitación o construcción, el Cemabe detectó que en los pasados tres años 53 por ciento de inmuebles educativos no ha realizado ninguna, mientras que 28 por ciento de las escuelas no llevó a cabo ninguna obra de mantenimiento regular en el ciclo escolar que acaba de terminar.

En cuanto a las aulas que dependen del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), donde se atiende a alumnos que viven en localidades rurales con baja densidad de población en municipios de alta y muy alta marginación, el registro identificó 28 mil 135.

De ellas, 13 mil 749 (48.9 por ciento) carecen de energía eléctrica, mientras 9 mil 886 presentan fisuras o cuarteaduras graves en techos, muros o pisos. Hay goteras en 11 mil 319 espacios escolares y 8 mil 741 tienen vidrios rotos.

El Cemabe destaca que del total de inmuebles educativos públicos con construcción (73 mil 301), casi seis de cada 10 (41 mil 265) carecen de espacios destinados a biblioteca, mientras 96.5 por ciento no tiene auditorio y en 95.5 por ciento no hay salas audiovisuales.

Se identificó que nueve de cada 10 instalaciones públicas edificadas con fines educativos carecen de espacios destinados a la reunión de maestros, sólo 1.1 por ciento cuenta con un área para gimnasio, 55.2 por ciento tienen canchas deportivas y casi 30 por ciento carece de juegos infantiles.

El Censo revela que al menos tres de cada 10 escuelas públicas del país no cuentan con barda perimetral completa, mientras que en los 23 mil 873 planteles del Conafe se identificó que 60 por ciento carece de esta protección o está incompleta.

Sólo 40 por ciento de los centros escolares públicos tiene barda perimetral de tabique, ladrillo, block de piedra, cantera, cemento o concreto, y 53.6 por ciento sólo cuenta con una protección edificada con malla ciclónica.

En las escuelas del Conafe, 64.3 por ciento tiene malla ciclónica, 9.9 cuenta con reja metálica y 17.5 por ciento con bardas de cemento o tabique.

Cambios en la respuesta inmune del cuerpo de la mujer, podrían incrementar el riesgo.

Una investigación publicada en la prestigiosa revista médica The Lancet apunta a que las mujeres que usan el anticonceptivo inyectable "Depo-Provera" podrían tener un 40 por ciento más de riesgo de infectarse con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), que las mujeres que usan otro método anticonceptivo o ninguno.

El estudio, titulado "El uso de anticonceptivo hormonal y el riesgo de contraer VIH: Un meta-análisis de estudios observacionales", fue realizado con más de 39.500 mujeres en el África subsahariana, que usaban el anticonceptivo inyectable acetato de medroxiprogesterona.

El nombre comercial del acetato de medroxiprogesterona es "Depo-Provera", de la empresa Pfizer.

En el estudio, los científicos encabezados por Lauren Ralph señalaron que "nuestros hallazgos muestran un moderado incremento del riesgo de contraer VIH para todas las mujeres que usan acetato de medroxiprogesterona".

"Si los riesgos de (contraer) VIH observados en nuestro estudio ameritan un retiro completo del acetato de medroxiprogesterona, necesita ser balanceado contra los beneficios conocidos de un alto efecto anticonceptivo", indicaron los científicos.

En declaraciones a Medscape Medical News, Lauren Ralph indicó que si bien su uso es poco común entre las mujeres de Estados Unidos, "es uno de los métodos anticonceptivos en el África subsahariana".

La científica señaló que las hormonas contenidas en la Depo-Provera podrían ocasionar cambios en la pared vaginal, cambiar las bacterias que se encuentran en la vagina o influenciar la respuesta inmune de una mujer. Cualquiera de estas razones, dijo, podría incrementar el riesgo de contagio de VIH.