Yemen afronta actualmente la hambruna más grave del mundo, de acuerdo a las conclusiones del informe de la ONU sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición de Emergencia de febrero de 2017, según un comunicado conjunto enviado por la ONU y otros organismos internacionales.

Unos 17 millones de yemeníes, dos tercios de la población de ese país, necesitan asistencia urgente para evitar el riesgo de morir de hambre en los próximos meses, alertó la ONU.

El número de personas en riesgo de hambruna en el país ha aumentado un 21 % desde junio pasado y la situación de “emergencia” alimentaria o de “crisis” ya afecta a 20 de las 22 provincias del país.

Cerca de 2.2 millones de niños padecen desnutrición aguda, de los cuales 462 mil están en estado “grave” y tienen diez veces más riesgo de muerte que los niños sanos y pueden sufrir problemas de desarrollo aunque reciban tratamiento, según la representante de Unicef en el Yemen, Meritxell Relaño, citada en el comunicado.

El conflicto armado, desatado en 2014, ha afectado la producción de alimentos, ha interrumpido la importación y ha contribuido al “colapso” de los servicios públicos y las redes de asistencia social, según el informe.

Las provincias de Taiz y Hodeidah, dos regiones productoras de alimentos, han sido objeto de una violencia intensa en los dos últimos años y ahora tienen las tasas más altas de malnutrición del país.

En la ciudad de Taiz, la tasa de malnutrición alcanza ya el 25 % de la población, diez puntos por encima del umbral de emergencia fijado por la Organización Mundial de la Salud.

La ONU reiteró su petición de que las partes permitan el acceso de la ayuda humanitaria, que ahora está restringido a las principales ciudades por la inseguridad.

El conflicto se recrudeció a comienzos de 2015, con la participación de la coalición árabe liderada por Arabia Saudí que interviene a favor del presidente, Abdo Rabu Mansur Hadi, y en contra de los rebeldes hutíes.

El empresario mexicano abrazará proyecto de la UNAM y de la CNDH para apoyar a los migrantes

La Fundación Carlos Slim, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Comisión Nacional de Derechos Humanos firmaron un acuerdo de colaboración para capacitar a los mexicanos que viven en los Estados Unidos sobre la forma de obtener la ciudadanía de ese país.

Para ello, la UNAM enviará a 50 instructores para impartir talleres en las ciudades de Los Ángeles, Seattle, Chicago, San Antonio y Tucson, Arizona, en tanto que la Fundación Carlos Slim difundirá los programas a través de la plataforma de internet denominada Acceso Latino.

Los talleres van dirigidos a quienes podrían cubrir los requisitos de naturalización pero que no han completado el proceso.

La máxima casa de estudios señaló en un comunicado de prensa que aunque no se conoce la dimensión real del problema de los migrantes, se estima que hay entre dos y tres millones de mexicanos en capacidad de obtener la ciudadanía estadounidense, pero en caso de ser deportados, ofrecerles alternativas.

Mientras tanto, la Cámara de Diputados anunció que este jueves aprobará la iniciativa preferente que les envió el presidente Enrique Peña Nieto para revalidar los estudios de los migrantes que sean repatriados e incorporarlos al sistema educativo nacional.

Los directores de los centros educativos han asegurado que los libros de texto “tienen como objetivo principal deformar la conciencia de los niños y niñas, haciéndoles creer que el sexo biológico es irrelevante y que cada uno puede construir su identidad sexual".

Decenas de directores y subdirectores de escuelas e instituciones educativas de Arequipa, al sur de Perú, han expresado su rechazo al Currículo Nacional promovido por el Gobierno, por contener “postulados de la llamada ideología de género”.

En un comunicado difundido en la prensa local, las autoridades educativas han indicado su “protesta por el nuevo Currículo Nacional de Educación Básica y los libros de tutoría que se aplicarán el año 2017 en todos los colegios del Perú”.

El Currículo Nacional de Educación Básica 2017 fue aprobado por el Ministerio de Educación a finales del año pasado, en medio de críticas por incluir la ideología de género.

El 23 de enero de este año, en un comunicado, la Conferencia Episcopal Peruana dijo que “urge la supresión en el nuevo Currículo Nacional de aquellas nociones provenientes de la ideología de género”.

El Gobierno ha negado repetidamente que el Currículo Nacional incluya ideología de género entre sus contenidos.

El 4 de marzo, de acuerdo a sus organizadores, más de millón y medio de peruanos se manifestaron en las 24 regiones del país contra la inclusión de esta ideología en la educación de los menores.

Los directores y subdirectores de escuelas de Arequipa advirtieron que tanto el Currículo Nacional como los libros de tutoría, que se usarán en la educación de los menores durante 2017, “tienen como objetivo principal deformar la conciencia de los niños y niñas, haciéndoles creer que el sexo biológico es irrelevante y que cada uno puede construir su identidad sexual, y cambiarla en el transcurso del tiempo, de modo independiente de su sexo”.

“Estos y otros son postulados de la llamada ideología de género, que promueve la homosexualidad y el aborto”, han asegurado.

Esas ideas, han advertido, “atentan gravemente contra la dignidad de los niños y contra el derecho de los padres a elegir la educación que desean para sus hijos, entre otros derechos humanos fundamentales”.

Con norma 046 quedará impune la violación sexual, dice; se prevé que esta semana diputados definan acciones

El Frente Nacional por la Familia invitó a la ciudadanía a firmar una petición que harán llegar a los diputados, para que se aplacen las modificaciones a la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, que pretenden elevar a rango constitucional la norma 046.

Dicha norma manifiesta que el aborto es un derecho y que puede practicarse en caso de abuso sexual, sin previa denuncia.

También establece que pueden abortar niñas menores de 12 años, sin en el consentimiento de los padres, hecho que deja en impunidad al violador, toda vez que al no existir denuncia no habrá delito que perseguir, esto de acuerdo con la organización civil.

El pasado jueves 9 de marzo el pleno de la Cámara de Diputados canceló la discusión y posible aprobación del dictamen que modifica los artículos 46, 49 y 50 de dicha ley, debido a que no hubo consenso entre los distintos grupos parlamentarios que convergen en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Por tal motivo, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó revisar el tema en su reunión del día de hoy, con la intención de que el dictamen se suba al pleno mañana martes 14 de marzo, así como el que obliga a trabajo igual, salario igual para mujeres.

Los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y Encuentro Social (PES) se opusieron a que el dictamen se discutiera en el pleno, debido a que argumentan que de aprobarse en sus términos los estados y municipios aplicarían la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046, sin que ello obligue a la víctima a denunciar el delito, dejando en libertad al abusador y poniendo en riesgo a más mujeres.

Además, los legisladores consideran en el tema que no habría un control en la realización de un aborto en caso de violación sexual.

Mediante sus páginas de redes sociales, el Frente Nacional por la Familia convoca a los ciudadanos a firmar en contra de las modificaciones a la ley, “no permitiremos más abusos en contra de la vida y de las mujeres que han sido víctimas de una violación, este delito no puede quedar impune”, señala dicha organización.