La Haya intenta reclutar a otros países para financiar la planificación familiar, incluido el aborto

Lilianne Ploumen, ministra holandesa de Comercio Exterior ha propuesto la creación de un fondo internacional destinado a financiar proyectos relacionados con la planificación familiar, incluido el aborto, en países en desarrollo. Trata con ello de contrarrestar la retirada de 600 millones en apoyo financiero a las ONG que lo mencionen -no hace falta que interrumpan embarazos- recién ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump. Conocido como Mexico City Policy, el decreto ha sido uno de los primeros en emanar de la nueva Administración de la Casa Blanca.

“Estamos hablando con unos 20 países, entre Europa, África y América Latina, además de fundaciones especializadas, para ampliar lo más posible el radio de acción del nuevo fondo”, ha dicho la ministra holandesa, que reaccionó de inmediato a la firma del Mexico City Policy.

Se va a condenar y multar a los sitios en Internet que “desinformen” sobre el aborto

El Parlamento francés adoptó hoy una propuesta de ley impulsada por el gobierno socialista para condenar y multar a los sitios en Internet que “desinformen” sobre el aborto.

El texto legal prevé condenas de hasta dos años de prisión y multas de más de 30 mil dólares contra las web que difundan “informaciones falsas” sobre la interrupción voluntaria del embarazo, práctica que en Francia es legal a nivel nacional desde 1975.

La norma fue aprobada en la Asamblea Nacional (cámara de diputados) en un votación celebrada a mano alzada con la oposición de una parte de la derecha francesa y de los movimientos denominados “provida”.

La iniciativa partió de diputados del Partido Socialista Francés (PSF), que denunciaron “la inquietante multiplicación de esas prácticas engañosas” en la actualidad en Internet.

El nuevo “delito” provocó controversia y fuertes debates entre los promotores del proyecto y parte de la oposición conservadora.

La UE insta a los países miembros a aportar más fondos para la financiación del aborto y contrarrestar así las políticas de Trump. Dice que la cruzada anti-aborto socavará el acceso a la salud de millones de personas. Pero omite el aborto destruye millones de vidas cada año.

El pasado 23 de enero, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump reactivó la ‘Política Ciudad de México’ que prohíbe la finnanciacón con fondos públicos de ONG que pormocionen el aborto fuera de las fronteras americanas.

Trump cumplía así una de sus principales promesas electorales contra la que la Unión Europea se ha manifestado esta semana al aprobar en el Europarlamento una resolución no vinculante al respecto.

El texto, aprobado el día 14, propone que la Unión Europea defienda la financiación de la industria del aborto como una prioridad en la 61ª sesión de la Comisión sobre las condiciones de la Mujer en la ONU como respuesta a la iniciativa de Trump.

Dicha sesión de la ONU prevé debatir cuestiones relativas al “empoderamiento económico de las mujeres en el cambiante mundo laboral”.

La UE se propone “condenar enérgicamente” la eliminación de fondos públicos de los Estados Unidos a las organizaciones que promueven el aborto y considerarlo como “un ataque directo a los derechos de la mujeres y las niñas”.

Además, la resolución “llama, como una cuestión urgente, a la Unión Europea y sus estados miembros a contrarrestar el impacto de la ‘regla mordaza’ aumentando significativamente la financiación” del aborto mediante fondos comunitarios y estatales.

Daniel Ramírez, protegido por el programa DACA, se encuentra detenido a la espera de una decisión sobre su deportación a México

“Esto es preocupante para todos. No se puede confiar en lo que te promete el Gobierno federal”. Las palabras de la abogada Marielena Hincapié transmitieron este miércoles la sensación entre los expertos legales en inmigración tras la detención de un inmigrante mexicano en Seattle que estaba legalmente protegido. Daniel Ramírez Medina se enfrenta a un posible proceso de deportación a pesar de contar con la promesa del Gobierno federal desde hace cinco años de que no sería deportado. Alrededor de 750.000 personas están en su situación.

Ramírez Medina, de 23 años y padre de un hijo, había obtenido un permiso de trabajo gracias al programa DACA, que puso en marcha el presidente Barack Obama para inmigrantes llegados a Estados Unidos cuando eran menores de edad, los llamados dreamers. El programa daba cierto estatus legal a estos inmigrantes, los sacaba de las sombras y suponía una promesa de que no serían deportados.