En Hidalgo ya se ofrece como un nuevo "servicio" sin importar que en ese Estado se respeta la vida y el aborto es un delito.

Con precios de hasta seis mil 900 pesos, se ofrecen servicios de interrupción de embarazos a través de anuncios espectaculares instalados en Pachuca y otras localidades hidalguenses.

Los abortos, de acuerdo con lo que se informa a través de un servicio telefónico gratuito 01 800, se practican en clínicas ubicadas en distintos puntos del Distrito Federal.

Como si se tratase de un servicio de salud orientado al bienestar de la mujer, se relata el doloroso proceso, sin informar sobre los riesgos físicos y psicológicos a los que se expone y sin mencionar que lo que se "extrae" del cuerpo es una vida, la cual en el estado de Hidalgo, si es reconocido.

"No hay problema alguno. Aquí son legales los abortos", señaló la operadora que atiende a las potenciales interesadas.

"Recibimos a mujeres de todos los estados de la República".

La firma que se identifica como "Marie Stoppes" ofrece detalles de los procedimientos que se ofrecen, y los mínimos exámenes a los que son sometidas las personas.

Una mujer que se hizo pasar por embarazada solicitó informes desde la capital hidalguense. "Vi un anuncio especular con este número telefónico", dijo.

Del otro lado de la línea le informaron: "Te puedo ofrecer desde un servicio de interrupción (de embarazo) VIP o plus, que tiene un costo de 6,900 pesos que te incluye una plática de asesoría para que sepas en qué consiste el procedimiento; una prueba de hemoglobina para comprobar el tiempo de gestación y si tienes anemia y un ultrasonido de lectura".

El sistema de aspiración, añade la informante, consiste en introducir una sonda de plástico flexible con punta redondeada. En este servicio "no sientes nada ni te das cuenta de nada y tiene una duración de 5 a diez minutos".

Con la técnica "tradicional", el costo es de 5 mil 500 pesos y hay otro servicio más económico de 3 mil 750 pesos, con la diferencia en este último que la paciente está todo el tiempo consciente.

Otro tipo de abortos, mediante la administración de medicamentos, que se practica de la semana a cuatro a diez de gestación, tiene costo de 2 mil 450 pesos.

Mediante cita y un número confidencial las interesadas pueden acudir a las clínicas Polanco, Coyoacán, Ixtapalapa y Perisur.

Expuso a las mujeres que provienen de Hidalgo se les ofrece la clínica que está cerca del Metro Camarones o Ferrería.

En otra interrogante de la aparente interesada, la operadora telefónica precisó: "No tienes problema legal. No si acudes al Distrito Federal."

En Hidalgo, el aborto es delito y se castiga con prisión, de acuerdo con la legislación vigente.

Rechazan legalización de uniones de parejas del mismo sexo y refuerzan la defensa a la esencia natural del matrimonio.

El Congreso del Estado de Nuevo León se opone nuevamente a legislar sobre las uniones del mismo sexo.

Entre los argumentos reconocen la procreación como una de las finalidades del matrimonio.

Rechazan que ante este hecho se esté violentando los derechos humanos y garantía a la igualdad, porque el principio de igualdad no implica que todos los sujetos de la norma se encuentren siempre en condiciones de absoluta igualdad, sino que dicho principio se refiere a la igualdad jurídica.

La Unión Nacional de Padres de Familia llama a proteger el derecho fundamental de la vida desde el momento de la concepción.

La Unión Nacional de Padres de Familia exigió a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no avale la acción de inconstitucionalidad que presentó la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala al Código Penal, que modificó el Congreso del estado sobre las causales que contempla el delito del aborto.

En conferencia de prensa, Consuelo Mendoza García, presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia, AC, destacó que el supuesto "derecho al aborto" nunca ha sido declarado como tal por ningún organismo internacional y de derechos humanos.

"Todo lo que se opone a la vida y viola la integridad de la persona es una forma de agresión contra la civilización humana", dijo.

Refirió que si se obtienen ocho votos en favor de la acción de inconstitucionalidad en sesión del Pleno se crea jurisprudencia.

Mendoza García señaló que se ha puesto en marcha a nivel nacional una campaña Un voto por la vida, que consiste en que niñas y niños realicen un dibujo acompañado por una frase donde se expresen a favor de la vida.

Los resultados de esta campaña se presentarán a todos los ministros de la Suprema Corte en una conferencia de prensa que dará en su propio recinto el próximo 23 de abril.

Concluyó al señalar que los padres de familia y la ciudadanía en general "han conferido a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación una gran responsabilidad que exige coherencia, que debe ser reflejada en el respeto a los derechos fundamentales de los mexicanos, como es el de la vida".

Cabe recordar que a principios del mes en curso la SCJN admitió el recurso de acción de inconstitucionalidad promovido por el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Francisco Mixcóatl Antonio, en contra de las recientes reformas al Código Penal de Tlaxcala, mediante las cuales se criminaliza aún más la interrupción del embarazo.

Las reformas a los artículos 238, 239 y 240 del Código Penal establecen una pena de tres a cinco años de prisión, más multa de 72 a 217 días de salario mínimo a quienes cometan el delito de aborto. Incluso por riesgos de salud de la mujer, y en caso de violación, se tendrá que dar parte al Ministerio Público para que autorice el procedimiento.

Es importante que se resguarde la salud psicológica del niño asegurando que esta iniciativa no ponga en riesgo su estabilidad emocional. Para un niño, decidir con quién prefiere vivir, madre o padre, podría representar un alto nivel de estrés, confusión y sentimiento de culpabilidad.

Diputados del Partido Nueva Alianza (Panal) presentaron una iniciativa de reforma al Código Civil de Tamaulipas, para que, en respeto al interés superior del niño, en los casos de divorcio ya no sea obligatorio que los hijos menores de siete años de edad queden al cuidado de la madre.

El legislador Rogelio Ortiz Mar explicó que para ello se propone reformar la fracción IV del artículo 259 del citado Código, que actualmente dispone que "los hijos menores de siete años quedarán en poder de la madre, salvo que se ponga en peligro la salud física o mental de los hijos".

La bancada parlamentaria del Panal propone un nuevo texto para la citada fracción, en la que impondría la obligación al juez de "fijar las reglas para el cuidado de los hijos oyendo el parecer de los cónyuges y considerando siempre el interés superior del menor, pudiendo los hijos e hijas permanecer de manera plena e ilimitada con cualquiera de ambos padres".

La excepción sería para los menores que se encuentren en periodo de lactancia, ya que ellos sí quedarán preferentemente al cuidado de la madre.

Actualmente son 18 estados del país los que ya eliminaron de su legislación civil esa disposición, que obligaba a los jueces a entregar obligadamente la custodia de los hijos a la madre cuando fueran menores de siete años.

En su exposición de motivos, Ortiz Mar refiere que en la actualidad el índice de divorcios se ha venido acrecentando, lo cual propicia una grave descomposición familiar en donde los hijos menores son los que sufren un perjuicio en su sano desarrollo y su sentimiento de seguridad al separarse de uno de sus padres.

En Tamaulipas, añade, el procedimiento correspondiente a la custodia de los hijos continúa realizándose de una manera en donde los menores de siete años permanecen en custodia de la madre, lo que conlleva una práctica discriminatoria para el padre.

"De acuerdo a la doctora Montserrat Pérez Contreras, dar automáticamente preferencia a la madre, o en su caso a cualquiera de los padres sobre el otro, bajo cualquier argumento de orden natural o de género en la custodia de los hijos genera problemas de índole constitucional y violenta la legislación específica respecto a los derechos de los padres y de los hijos al proceso justo, a la igualdad en el proceso, y a la igualdad en la protección en y ante la ley", explicó.

Además, cuando los jueces entregan por obligación legal los hijos al cuidado de la madre, incurren en violación a derechos humanos del padre y del mismo niño.

Los diputados del Panal exponen que considerando los tiempos contemporáneos, donde la mujer y el hombre tienen los mismos derechos y obligaciones y además la antigua práctica de la mujer al cuidado del hogar de tiempo completo ha quedado en el pasado, es importante que nuestra legislación no sea un obstáculo para lograr esta igualdad de derechos.

La iniciativa fue turnada a comisiones para ser estudiada y dictaminada.