Los niños víctimas del maltrato infantil necesitan ser resguardados y tener atención psicológica durante y después en donde participe toda la familia.

La directora ejecutiva de la Defensoría de los Derechos de la Infancia, Mónica Angélica Ávila, señaló que un promedio diario de cinco a ocho menores de edad en el desamparo y víctimas de algún delito, como maltrato infantil, o discapacitados son llevados a la agencia 59 del Ministerio Público (MP), donde deben permanecer de tres a cinco días antes de que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) o el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) local los canalice a alguna institución que se haga cargo de su cuidado.

Entrevistada tras asistir a la entrega de padrones de beneficiarios de los 12 programas sociales que tiene en marcha el DIF a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la funcionaria dijo que los menores no debieran ser trasladados a una agencia del MP.

Señaló que los llevan a la agencia porque son víctimas de algún delito y la PGJDF es un primer filtro. Entendemos que no deben estar ahí. Por eso nosotros, en coordinación con la procuraduría, en cuanto nos notifica de un niño o una niña con determinado perfil, los canalizamos a las instituciones que los acojan y cuiden en tanto son reintegrados a sus familias o al DIF.

Refirió que estos niños víctimas de algún delito se encuentran en la agencia 59 en tanto la PGJDF realiza las investigaciones correspondientes, practica las diligencias de ley y nos da aviso de niños que no han sido reintegrados a sus familias. Aclaró que en ese momento no tenía el corte, pero todos los días son entre cinco, siete a ocho niños que la procuraduría los reintegra (a sus familias). Y cuando no es posible o no hay condiciones es cuando nosotros entramos para proporcionarles asistencia social.

Según la servidora pública, la PGJDF tiene un espacio para dar atención prioritaria básica a estos niños y nostros tenemos una excelente coordinación con la dependencia. Transcurridas 72 horas o cuatro días máximo, la procuraduría realiza las diligencias y nosotros canalizamos a los niños a instituciones de acuerdo con sus perfiles, que van en función de su edad y problemática social que tengan.

Entrevistado al término de ese acto, el director general del DIF-DF, Gustavo Gamaliel Martínez, declinó responder a las preguntas de los reporteros de si el DIF cuenta con cupo para atender a esos niños. Antes, el funcionario señaló que mediante 12 programas el DIF atiende a 3 millones de personas.

Indicó que conforme a la ley, los programas que ya son un derecho se mantendrán durante el proceso electoral, pero en cuanto se inicie la veda, el DIF no hará actos públicos. Hemos instruido a los directores ejecutivos para que evitemos hacer proselitismo y utilizar los centros de desarrollo para algún fin diferente al que cotidianamente desarrolla el DIF.

En junio de 2014, la entonces diputada del PRD Polimnia Romana Sierra denunció que más de una decena de niños en el desamparo permanecen en el Ministerio Público, sin presupuesto para comida, sin acceso a artículos personales, sin ropa y con sólo un baño con regadera eléctrica. Estos niños no tendrían por qué estar ahí, pero el DIF se ha negado a prestarles la guardia y custodia y a acomodarlos en algún albergue, según sea el caso.

La legisladora precisó que se trataba de cinco niñas y siete niños, pero que su número puede cambiar cada mañana.

El mandato abortista los obligaba a cubrir medicamentos y procedimientos de esterilización y anticoncepción, y que vulneraba además su derecho a la objeción de conciencia.

"Esta victoria final, una orden judicial permanente que nos protege de la píldora abortiva, la anticoncepción y la esterilización, ha mostrado a nuestra familia que hemos hecho bien en poner a Dios en el primer lugar y ser proactivos para proteger nuestro derecho a vivir y trabajar de acuerdo a nuestra fe. Los tesoros espirituales vienen antes que las herramientas de negocio", dijo a ACIPrensa William Newland, co-propietario de Hercules Industries.

Estos empresarios explicaron a ACI Prensa que lo más importante para ellos es poner a Dios en primer lugar. "A menudo las empresas pueden sentir que su dirección está determinada por las condiciones del mercado, a las que deben ser reactivos", señaló.

Hercules Industries es una empresa fabricante de unidades de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Sus dueños, William Newland, Newland Paul, James Newland y Christine Ketterhagen, son católicos que se esfuerzan por su vivir su fe en la vida cotidiana.

La empresa y sus propietarios habían presentado objeciones legales contra el mandato del Departamento de Salud y Servicios Humanos, el cual dicta que los planes de salud de los empleados deben considerar la cobertura para la esterilización y anticoncepción, los que incluyen algunos medicamentos que pueden causar abortos.

El no cumplir con el mandato hubiera significado fuertes multas, mientras que obedecerlo habría significado atentar contra la fe católica.

El mandato permanente que el juez John Kane acaba de establecer el 16 de marzo para el Distrito de Colorado dictó que los demandantes en el caso estaban protegidos por la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa.

La organización legal Alliance Defending Freedom (Alianza en defensa de la libertad) ayudó a Hercules Industries y sus dueños en la batalla judicial. Ellos aseguraron el primer interdicto judicial contra el mandato del Departamento de Salud y Servicios Humanos en julio de 2012.

Newland dijo que gracias a la ayuda de la Alliance Defending Freedom y las "oraciones y apoyo" de muchos otros, su familia y otras personas podrán "seguir siendo libres para trabajar y contribuir a la sociedad, sin temor a que el gobierno nos castigue por vivir nuestra fe".

Por su parte, el abogado principal de Alliance Defending Freedom, Kevin Theriot, aseguró que "no eres libre cuando tus creencias están confinadas a tu mente".
"Lo que hace único a Estados Unidos es nuestra libertad de vivir pacíficamente nuestras creencias, y la Constitución protege esa libertad", agregó.

Matt Bowman, principal asesor legal de la organización, afirmó que "los estadounidenses deben tener la libertad de vivir y trabajar de acuerdo a su fe sin temor a un castigo por parte del gobierno".

Añadió que en el país "los ciudadanos siempre han tenido la libertad de creer, de expresar esas creencias y desarrollar sus negocios de acuerdo a ellas".
Hasta la fecha, más de 300 demandantes han presentado objeciones de libertad religiosa en contra del mandato, entre las que se incluyen más de 100 instituciones sin fines de lucro.

Las elevadas cifras de divorcios muestran la gran necesidad de atender esta problemática y del alto riesgo del llamado "divorcio express".

Los problemas familiares y de pareja se agudizan y esto se refleja en el número de juicios familiares que resuelve el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) que atiende, en promedio, de 30 a 35 mil casos al día, entre divorcios, pensión alimenticia y custodia de los hijos.

En este sentido, el presidente del TSJDF, magistrado Edgar Elías Azar, reveló que desde que se implementó el proceso de divorcio encausado, las mujeres se han liberado de la "violencia procesal", donde el hombre llegaba con dinero y con abogados que victimizaban doblemente a la mujer.

Por lo tanto, según los registros del Tribunal, actualmente, de cada tres procesos de divorcios, dos son promovidos por mujeres y uno por el hombre, "el tema familiar ha ido creciendo de manera considerable, es decir, tenemos un decremento por los programas de mediación que hemos instaurado y las nuevas reformas, pero en general ha ido creciendo".

"A raíz del divorcio encausado, muchas personas venía al Distrito Federal y se domiciliaban para tener una sentencia favorable y más rápida; sólo en este edificio se recibe entre 30 y 35 mil personas por días, lo cual es una barbaridad y refleja el problema del que estamos hablando", explicó el magistrado después de presentar el libro Procesos orales familiares.

El incremento en los divorcios, según el magistrado, retrata la descomposición social que vive el país, donde los hijos son los que más sufren. De igual manera destacó la iniciativa de las mujeres que han tomado la decisión de iniciar el proceso penal en contra de sus parejas sentimentales.

"Es muy importante lo que se esta haciendo, sin duda las más beneficiadas fueron las mujeres. Lo que ocupa estas salas en un gran porcentaje son también las pensiones alimenticias, ahora la mujer sabe que tiene el derecho de exigir una estabilidad para ella y sus hijos".

"Ha quedado de lado la intimidación en la que vivía, actualmente sólo debe estar casada la que se sienta cómoda y contenta. Aquí solamente se les ayuda legalmente, hay otras instituciones que las ayudan con terapia y otras cuestiones que también son importantes para el sano desempeño de las mujeres", continúo Elías Azar.

Para ir "desahogando" los juzgados familiares, el presidente del TSJDF dio a conocer que se buscará incrementar a los mediadores y facilitadores en estos temas, para que así al igual que en los delitos menores con la implementación de la nueva reforma penal, a través de dialogo se puedan solucionar los casos de divorcio, pensión alimenticia y custodio de los menores.

"Estamos trabajando con los magistrados familiares para el tema de la oralidad y reducir los procedimientos familiares a una tercera parte de su tramitación, pero se busca ampliar el abanico tanto en oralidad penal como familiar", puntualizó el presidente del TSJDF.

Miles de vidas ha cobrado la legalización del aborto, sobre todo en el GDF y se sigue promocionando como una "solución" ante un embarazo no deseado.

La Secretaría de Salud capitalina precisó que del 27 de abril de 2007 al 30 de enero de 2015 (7 años y 9 meses) se practicaron 135 mil 460 abortos en 20 unidades médicas a cargo del Gobierno de la Ciudad de México, lo que representa un promedio de 48 diarios.

Es importante destacar que dicha información no incluye los abortos que diariamente practican las clínicas privadas que están autorizadas por el GDF, cuyas cifras siempre se han mantenido ocultas desde que la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) aprobó, en abril de 2007, con 46 votos a favor (PRD, Panal, PRI y Coalición Socialdemócrata), 19 en contra (PAN, PVEM) y una abstención (del priísta Martín Olavarrieta), la reforma de ley que legalizó el aborto hasta la doceava semana de gestación en la Ciudad de México (pues a partir del inicio de la semana 13, la cancelación inducida de embarazos sigue siendo un delito).

Métodos utilizados

De acuerdo a la dependencia capitalina, a cargo de Armando Ahued, los métodos utilizados en los 135 mil 460 abortos fueron: por medicamento, 97 mil 603; por aspiración, 34 mil 827; y por legrado, 3 mil 030.

Las unidades médicas que más abortos realizaron en la fecha de referencia, son: el Centro de Salud T-III Beatriz Velasco de Alemán, ubicado en la Delegación Venustiano Carranza, con 47 mil 956; en la Clínica Comunitaria Santa Catarina, de la Delegación Iztapalapa, con 17 mil 248; y el Hospital Materno Infantil de Inguarán, de la Delegación Venustiano Carranza, con 10 mil 817.

El mayor grupo de edad de mujeres que se han practicado abortos en el DF se ubica entre los 18 18 a 29 años (69.8 por ciento de los casos). Destaca, también, que en el lapso referido han abortado en la Ciudad de México 5.6 por ciento de niñas y adolescentes de entre 11 y 17 años.

La escolaridad del 39.6 de las jóvenes que abortaron fue de preparatoria; 32.9 por ciento con secundaria; 17.2 por ciento con estudios superiores; 8.2 por ciento con primaria; 1.7 sin ninguna educación y 0.4% con nivel técnico.

Principales lugares de procedencia

Las principales entidades de procedencia –después del DF, con98 mil 485 casos-, fueron: México, 32 mil 487; Puebla, 743; Hidalgo, 590; y Morelos, con 432. En esos 7 años y 9 meses, 47 mujeres extranjeras acudieron a alguna unidad médica del GDF a practicarse también un aborto.

Por lo que se refiere al estado civil de las mujeres que abortaron, la Secretaría de Salud indicó que 53.2 por ciento manifestaron ser solteras; 28.1 por ciento en unión libre; 14.5 por ciento casadas; 3.1 por ciento divorciadas; 0.3 por ciento viudas y 0.8 por ciento no especificó.

El 35.2 por ciento de las mujeres que se practicaron un aborto argumentó que se dedicaba al hogar, 25 por ciento estudiantes; 23.5 por ciento empleadas; 5.4 por ciento desempleadas y 4.9 por ciento comerciantes.

La mayor parte de los abortos se practicaron en la séptima semana de gestación (21.1 por ciento), en la sexta (17.6 por ciento), en la octava (16.1 por ciento), en la novena (12.7 por ciento), en la quinta (10 por ciento), en la décima (9.4 por ciento), en la onceava (6.9 por ciento), en la cuarta (4.5 por ciento) y en la doceava semana (1.7 por ciento de los casos).