Senadores de oposición al gobierno de Bachelet consideraron que este tipo de acuerdos civiles debilitan la familia.

Luego de su aprobación hace unos días en la Cámara de Diputados, el Senado ratificó, con 25 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones, la ley que permitirá las uniones homosexuales en Chile. Para que sea promulgada requiere ahora la firma de la presidenta Michelle Bachelet.

Esta ley tiene por objeto regular los efectos jurídicos de la convivencia de dos personas heterosexuales o dos personas homosexuales

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La iniciativa ha sufrido varias modificaciones, tanto en su fondo como en su forma. En un principio, se llamó Acuerdo de Vida en Pareja (AVP); luego se llamo Pacto de Unión Civil (PUC) y finalmente terminó llamándose Acuerdo de Unión Civil.

La comisión mixta que corrigió el proyecto hizo cambios en la regulación de la custodia de los hijos, y acordó que sería el juez de familia el encargado de velar por el interés superior del menor. En este sentido, el AUC otorga los mismos derechos de custodia tanto a los progenitores como a la pareja de la unión civil.

Asimismo, se estableció la posibilidad de disolución del acuerdo, se aclararon temas de patrimonio y se estableció que aquellas parejas homosexuales que contraigan matrimonio en el extranjero podrán ser reconocidas en Chile.

Las organizaciones pro gay en tanto celebraron esta aprobación y dieron a entender que sería el primer paso para otros cambios más radicales.

Al respecto, el senador Fulvio Rossi, del Partido Socialista, declaró a El Mercurio que: "éste es un paso muy grande para nuestra democracia. Avanzamos de manera decidida hacia el matrimonio igualitario. Esta votación es expresión de un cambio cultural profundo que ha venido experimentando la sociedad chilena".

La senadora del partido Unión Democrática Independiente, Jacqueline Van Rysselberghe, en entrevista con El Mercurio, anunció que votaría en contra del proyecto, porque "debilita la figura del matrimonio entre parejas heterosexuales".

En este sentido, Cristóbal Aguilera, asesor legislativo de Comunidad y Justicia, declaró a ACI Prensa que "el estado, al regular el AUC, lo que hace es promover ese tipo de uniones y, al promoverlas, compiten directamente contra el matrimonio, debilitándolo".

Agregó que "al ser tan superficial la unión que regula este acuerdo, probablemente muchas relaciones que se hubieran casado, ahora se irán por el AUC, afectando a la familia chilena y, principalmente, a los hijos".

Tanto Van Rysselberghe como el senador Iván Moreira, de la misma bancada UDI, denunciaron que las organizaciones promotoras de la norma han acusado de "homofóbicos" a quienes decidieron votar en contra del proyecto.

Al respecto Van Rysselberghe dijo que "se trata de caricaturizar a quienes no estamos de acuerdo con esto".

Moreira también declaró, en el mismo diario, "nadie odia a nadie, el clima de intolerancia lo imponen ustedes, la Nueva Mayoría (coalición de gobierno), porque incluso tienen todos los votos. Es una cuestión de conciencia para quienes creemos que el AUC no es bueno para la sociedad. Pero no pueden pretender que nosotros no defendamos nuestra visión distinta".

 EPN Lamenta los hechos y padres de normalistas no aceptan veredicto.

En conferencia de prensa, el titular de la dependencia, Jesús Murillo Karam, señaló que la confesión de Felipe Rodríguez, "El Cepillo", -jefe de sicarios del grupo criminal-, coincide con las versiones de otros detenidos sobre los hechos, lo que permite tener la certeza legal de que los estudiantes fueron asesinados.

"Esta detención y el relato de la misma, sumada a la confesión, es sólo una más de las pruebas y evidencias que hay en las investigaciones", indicó.

En tanto, Tomás Zerón, jefe de la Agencia Criminal de la PGR, dijo que "El Cepillo" confesó que él dio la orden de terminar con la vida de los estudiantes.

"Esta detención ha sido clave durante la investigación no solamente por testimonios. Lo señalan como quien dirigió la operación conduciendo a las víctimas al basurero, interrogándolas y dando la orden de ejecutarlas e incinerarlas", afirmó.

Murillo expuso que las confesiones, peritajes, declaraciones e inspecciones ministeriales, todas vinculadas y que ratifican de manera consistente los hechos, permiten establecer que los estudiantes fueron privados de la libertad, de la vida, y que sus restos fueron tirados al río San Juan.

"Dejan clara la dimensión y la profundidad de la investigación, dándonos la certeza legal de que los normalistas fueron muertos".

"Para poder hacer justicia, tenemos que usar todos estos instrumentos que demuestran claramente que estos fueron los asesinos y castigarlos para que estos hechos no vuelvan a repetirse", advirtió.

Señaló que los dictámenes científicos comprueban que hubo un gran incendio con diesel y gasolina, plástico, llantas, madera y otros materiales recolectados en la zona para calcinar los restos de los normalistas, lo que también coincide con las declaraciones de los detenidos.

"El hallazgo de los restos óseos humanos en el basurero y en el Río San Juan corrobora las versiones y comprueban la presencia de un numeroso grupo de personas que fueron privadas de la vida en el lugar", añadió el Procurador.

La PGR, sostuvo, cumplió con su responsabilidad de perseguir a los delincuentes y cumplirá con darles una pena que sea un ejemplo para que este caso no vuelva a suceder.

El Procurador afirmó que de manera contundente ha quedado acreditado que los restos y materiales encontrados en las bolsas del Río San Juan corresponden químicamente con los encontrados en el basurero, lo que comprueba a plenitud que del basurero fueron llevados en bolsas y tirados al río.

"Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente, y que ha permitido ejercer acción penal en contra de los involucrados que han sido detenidos hasta hoy, permitiendo el actuar del Ministerio Público", acotó.

Señaló que la dependencia cumplió con su responsabilidad de perseguir a los delincuentes y que velará porque se les imponga una pena ejemplar para que no vuelva a ocurrir un caso similar.

Cuestionado sobre si el caso se dará por cerrado, Murillo respondió que los elementos de la averiguación son suficientes, pero que aún falta por detener a algunos responsables.

Finalmente, aseveró que no hay una sola evidencia de que el Ejército haya participado de alguna manera en los hechos.

 Desde septiembre pasado, las casetas de la Autopista del Sol han sido tomadas al menos 250 ocasiones dejando ganancias de hasta 210 mil pesos por hora.

Durante los últimos cuatro meses, tras la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, las casetas en la Autopista del Sol se han convertido en oportuna caja chica para grupos sociales con las más distintas banderas, siempre bajo una máxima casi zapatista: aunque sea un delito federal, el peaje es de quien lo trabaja.
Desde el comienzo de las protestas en septiembre pasado, las casetas de dicha autopista han sido tomadas al menos 250 ocasiones, a razón de una por día en puntos como Palo Blanco y La Venta.

En Guerrero, estas casetas a las afueras de Acapulco y Chilpancingo, son de las que más incidencia de liberación, boteo e impuesto revolucionario han tenido. Con cobros que iniciaron en 20 pesos, pero que han ido escalando hasta los 100, han sido tomadas en múltiples ocasiones con el pretexto de apoyar a las familias de los normalistas.

Si bien en varios momentos han sido los propios estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos quienes las ocuparon —para llevar dinero a los familiares de los desaparecidos—, en otras aparecieron cobrando grupos paralelos sin vínculo alguno.

Entre otros que aprovecharon la oportunidad: el Partido Comunista de México, la Federación de Jóvenes Comunistas de México, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, la Coordinadora Estatal de Trabajadores Independientes del Estado de Guerrero, el Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero, el Frente Cívico Comunitario Lucio Cabañas, el Frente Atoyaquense, el Colectivo Ambiente Limpio, la Organización Campesina de la Sierra del Sur y el Frente Único de Normales Públicas.

De acuerdo con registros de prensa, pese a que enarbolaban la causa de Ayotzinapa, cada organización tenía también su respectiva demanda. Por ejemplo, el Partido Comunista llamó a la anulación de las reformas estructurales; la Organización Campesina del Sur pidió justicia por el asesinato de su lideresa, Rocío Mesino y los opositores a La Parota reclamaban la liberación de su dirigente, preso en un penal federal de Nayarit.

Otras causas tenían un corte menos social. La Ceteg, una organización de taxistas piratas, tomó la caseta en al menos tres ocasiones para pedir la aparición de los normalistas, pero al mismo tiempo aprovecharon para criticar el gasolinazo. Y para exigir nuevos permisos de circulación.

En la maltrecha garita de La Venta, en cuyas casetas han sido pintarrajeados cientos de grafitis, es posible ver otra de las demandas de los conductores, sin alguna relación con Ayotzinapa: "Larequi culero". Es un mensaje a José Maria Larequi, director de Transportes de Guerrero.

Si la toma de ayer en la caseta de La Venta se resolvió con la intervención de la Policía Federal, en otras se han utilizado vías menos convencionales, como un volado. El pasado 6 de enero, cuando taxistas y opositores a La Parota coincidieron en protestar en el mismo punto a la misma hora, sus representantes optaron por echar a águila o sol la decisión de quién cobraría el impuesto.

Quien controle el peaje puede ganar hasta 210 mil pesos por hora en el mejor de los casos.

 Casi la mitad de las mujeres que llevan a cabo esta práctica son menores de 25 años, mayoritariamente universitarias.

La cifra anual, no obstante, podría ser mucho mayor, ya que los datos de la Comisión Nacional de Planificación Familiar y Sanidad no incluyen los abortos no registrados y ni siquiera mencionan los forzosos, derivados de la política gubernamental del hijo único.

Entre las adolescentes que tienen sexo prematrimonial, más del 20 por ciento se quedan embarazadas sin desearlo y el 91 por ciento de éstas deciden abortar.

Según la Comisión, cada vez más jóvenes chinas "se toman el asunto sin seriedad" como si el aborto fuera "asequible, seguro y no tuviera ningún impacto en el trabajo", una actitud incentivada por "los panfletos" de hospitales privados en los que se promete un proceso "sin dolor".

La prensa oficial considera que esta "elevada cifra" se debe a la falta de educación sexual.

Un estudio reciente evidenciaba que más del 68 por ciento de las mujeres chinas no sabían la diferencia entre anticonceptivos orales y la píldora del día después.

Los embarazos no deseados no son el único problema derivado de la falta de educación sexual en el país asiático, donde el 86 por ciento de los jóvenes no conocen métodos para prevenir infecciones de VIH, de acuerdo a otra reciente encuesta.

"Los padres y las escuelas deberían replantearse su actitud respecto a la enseñanza de los jóvenes en el mundo del sexo", sostiene el Diario del Pueblo.