ONU pide a Honduras legalizar el aborto..

Honduras debería permitir el aborto legal en caso de que esté amenazada la vida de la mujer, de anomalía del feto o de violación, así como considerar la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, según el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas examinó los pasados 5 y 6 de julio el cumplimiento que hace Honduras del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y ayer publicó las conclusiones de esa evaluación.

Ante esta realidad, el Comité sugiere a Honduras “modificar con carácter urgente su legislación para ayudar a las mujeres a evitar embarazos no deseados y asegurar que no deban recurrir a abortos clandestinos que pudieran poner en peligro sus vidas y salud.”

“En este sentido, el Estado parte debería asegurar el acceso a un aborto legal y seguro incluyendo en los casos de amenaza a la vida o a la salud de la mujer, violación o incesto, y de feto inviable debido a anomalía, y considerar la descriminalización del aborto”.

Por otra parte, los expertos se lamentan de las “extremadamente altas tasas de homicidio” y “del reclutamiento de niños por parte de las bandas criminales o maras”. Pero al mismo tiempo le preocupa la respuesta militarizada deHonduras y los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad.

La diputada local por Morena, Tanya Carola Viveros Cházaro, presentó una iniciativa de reforma a los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal para despenalizar el aborto

La iniciativa de reforma establece que la interrupción del embarazo no se pueda realizar después de la décima segunda semana de gestación.

La propuesta define que el embarazo comienza con la implantación del embrión (óvulo fecundado en las primeras etapas de su desarrollo) en el endometrio (membrana mucosa que recubre la cavidad del útero).

Especifica que quien cometa el delito de aborto con consentimiento de la mujer embarazada o consienta que otra persona la auxilie o la haga abortar se le aplicarán en libertad medidas específicas e integrales con respeto a sus derechos humanos en un plazo no mayor a dos años.

Estipula como excluyentes de responsabilidad penal cuando el aborto sea causado por una conducta culposa de la mujer embarazada, el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación artificial no consentida.

Asimismo, establece que cuando la mujer embarazada quede en peligro de muerte o en riesgo su salud a juicio del médico que la asista, escuchando éste la opinión de otro facultativo, siempre que ello fuere posible y la demora no aumente el riesgo.

También cuando a juicio de dos médicos exista razón suficiente de que el producto padece una alteración que dé por resultado el nacimiento de un ser con trastornos físicos o mentales graves y se practique con el consentimiento de la mujer embarazada.

La iniciativa prevé que las mujeres víctimas de violación no tengan que denunciar la agresión en un lapso de 90 días para poder acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE)

“Mientras más cercano se encuentre el agresor de la víctima, más difícil es superar los miedos a la represalia, el rechazo, la humillación o incluso la culpa que experimentan las mujeres víctimas de este tipo de violencia, aunado a las amenazas y la violencia continua que suele acompañar a estos delitos por parte del agresor para silenciar a la víctima. La consecuencia de eso, es que con frecuencia las mujeres no denuncian estos delitos o al menos tardan mucho tiempo más de 90 días para tomar la decisión de solicitar ayuda o denunciar”, especifica.

La norteamericana Anmarie Calgaro, descubrió demasiado tarde que la escuela de su hijo le estaba ayudando en secreto a conseguir tratamientos hormonales femeninos con fondos del gobierno.

Por increíble que parezca un juez federal rechazó la demanda de esta madre que interpuso contra el sistema escolar de Minesota por ayudar en secreto a su hijo de 15 años a empezar su tratamiento hormonal para cambiar de género a mujer.

Es el caso de Anmarie Calgaro, quien descubrió demasiado tarde -el pasado noviembre- que la escuela de su hijo le estaba ayudando en secreto a conseguir tratamientos hormonales femeninos con fondos del gobierno.

En cuanto fue consciente de la situación demandó al distrito escolar, al consejo de salud del condado y a una entidad local de atención médica por violar sus derechos como madre.

La respuesta de la escuela también fue rápida y directa en defensa del niño, y alegó que este estaba “emancipado” de su madre porque había estado viviendo por su cuenta, y por lo tanto era legalmente capaz de tomar sus propias decisiones médicas.

Pero este chico no se quedó con su padres, sino que terminó viviendo con unos amigos -no se sabe si con el permiso del padre o no-, lo que el colegio interpreta como emancipación. La madre no estaba al tanto de esto, como tampoco sabía que su hijo había rellenado un formulario para pedir formalmente esa emancipación que tanto deseaba.

Para Calgaro no se trata solo de su derecho como madre, sino el de todas las madres del condado, ya que existe una ley en Minesota que permite a los menores de edad acceder a estos tratamientos si son niños emancipados. Por lo que el juicio versaba más sobre esto que otra cosa.

Esta semana, el juez de distrito Paul Magnuson desestimó la demanda de Calgaro. Admitió que el niño no estaba legalmente emancipado, por lo que el derecho parental de Calgaro “permanece intacto”. A pesar de esto, el juez decretó que la escuela y el centro de salud “no pueden ser considerados responsables ... porque no actuaron en contra de la ley estatal”.

Esta sentencia deja abierta la cuestión sobre el acceso de los padres a los expedientes médicos y educativos de sus hijos, como reconoció el propio juez.

El equipo de defensa de la madre ya anunció que planean apelar el fallo ante la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos.

El Demócrata el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, no puede dejar pasar estas palabras. "Tengo una percepción contraria a lo que dice la Presidenta", asegura Sánchez, quien también considera estos días "históricos", pero "históricamente tristes para Chile", ya que "el país legisla la posibilidad de dar muerte a niños inocentes". Asimismo, enfatiza que aunque se promulgue la ley, en ninguno de sus centros de salud se realizarán abortos.

"Nosotros siempre hemos manifestado nuestra oposición a aprobar una ley de aborto en estas tres causales, porque creemos que hay otras maneras de apoyar a la madre y al niño en gestación, entregándoles apoyo integral que permita solucionar los problemas, tanto de enfermedad materna, como de inviabilidad fetal y en el drama que es la violación", afirma Ignacio Sánchez a El Demócrata.

En esa línea, el rector de la UC sostiene enfáticamente que "lo he dicho y lo reitero como rector: en nuestra universidad y en nuestros campus clínicos no se van a realizar abortos, no vamos a contratar personas que estén disponibles a hacer abortos y los que están hoy día trabajando ya han manifestado su voluntad de no participar en un procedimiento así".

Para cumplir está afirmación —considerando que se rechazó la objeción de conciencia para las instituciones— Sánchez explica que "en el proyecto está permitida la objeción de conciencia del equipo médico. Hoy día los profesionales que trabajan en nuestra red de salud han manifestado su oposición al proyecto y su objeción de conciencia a realizar un procedimiento de aborto".

En tanto, sostiene que "obviamente tendremos que cumplir con todas las disposiciones legales reglamentarias, como que esto se ratifique por escrito frente al director del hospital. Pero lo que sí está claro, es que a nosotros nos han ratificado los médicos de la Facultad de Medicina que están capacitados para hacer un procedimiento de este tipo, que van a ser objetores de conciencia, tanto los médicos como el personal de salud".

De esta forma, el rector de la Universidad Católica explica que cuando llegue a uno de sus centros de salud una paciente que quiera realizarse un aborto "partiendo de la base que sea una paciente estable, que no esté en riesgo de muerte por supuesto, vamos a derivarlo a otro centro hospitalario".