Mientras Ford cancela inversiones millonarias y Fiat Chrysler y General Motors amenazan con hacer lo mismo ante las presiones de Donald Trump, una colaboración entre empresas mexicanas y un gran instituto surge en lo que promete ser la materialización de una nueva visión para el sector automotriz mexicano.

Podría marcar el rumbo de la industria en los años que vienen. Se trata de la construcción de un coche eléctrico con mano de obra 100 por ciento mexicana, para el mercado mexicano, con capital mexicano y 100 por ciento eléctrico. El proyecto está dirigido por Giant Motors, empresa controlada por Inbursa, el brazo financiero del millonario Carlos Slim, y será fabricado en colaboración con la empresa metal-mecánica Moldex, filial de Grupo Bimbo, y grupos académicos como el TEC de Monterrey.

El pasado 6 de febrero, la armadora mexicana Giant Motors anunció su expansión al segmento de automóviles ligeros con una inversión de 4 mil 400 millones de pesos para ampliar su planta en Ciudad Sahagún. La misión es fabricar automóviles de la marca china JAC en sus modelos SUV-S2 y SUV-S3 para venderlos en el mercado mexicano, así como exportarlos a países de Centro y Sudamérica.

Con ello, la industria podría dar un vuelco a la inercia en la que se ha visto envuelta en las últimas décadas, que ha colocado a las manufacturas automotrices en una situación de enorme dependencia del mercado estadounidense gracias a los beneficios de aranceles cero que llegaron con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Hoy, 80 por ciento de los vehículos que se producen en México se exportan a un Estados Unidos que, bajo la era Trump, podría establecer barreras al flujo comercial que ha dado sustento a 800,000 mexicanos que trabajan en las armadoras extranjeras establecidas en el país.

El magnate neoyorquino está realizando modificaciones sustanciales a la política migratoria que heredó de su predecesor, Barack Obama

Con apenas un mes al frente de la Casa Blanca, Donald Trump se perfila como el presidente estadunidense más represivo en materia de inmigración, a raíz de las nuevas directrices que su gobierno acaba de anunciar.

Aunque aún es muy pronto para comparaciones, el magnate neoyorquino está realizando modificaciones sustanciales a la política migratoria que heredó de su predecesor, Barack Obama.

El gobierno de Donald Trump estableció hoy nuevas directrices para reforzar el control migratorio en EU, con un agresivo plan que incluye acelerar el proceso de deportación de inmigrantes indocumentados y contratar a 15 mil nuevos agentes.

El memorando, divulgado hoy y firmado por el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, supone en la práctica un cambio de 180 grados respecto a las políticas del expresidente Barack Obama y abre la puerta a las deportaciones masivas en EU de inmigrantes indocumentados.

En concreto, precisa que no solo se perseguirá a los inmigrantes indocumentados con cargos criminales violentos, sino también aquellos que hayan "abusado" de los beneficios públicos o que, "a juicio de un agente de inmigración, puedan suponer un riesgo para la seguridad pública y seguridad nacional".

El gobierno de Estados Unidos señaló que serán deportados todos los indocumentados que, a juicio de un agente migratorio, supongan una amenaza

Todos los inmigrantes indocumentados que tengan un historial policial, aunque sea menor, serán sujetos a la deportación, al igual que aquellos que, a juicio de los agentes migratorios, supongan una amenaza para la seguridad del país, de acuerdo con los nuevos lineamientos del gobierno del presidente Donald Trump.

Las nuevas directrices, que se establecen en dos memorandos del Departamento de Seguridad Nacional divulgados ayer, señalan que Estados Unidos podrá expulsar a territorio mexicano a cualquier indocumentado (sin importar la nacionalidad) que intente entrar a territorio estadounidense por la frontera sur, mientras se realizan las audiencias migratorias o de petición de asilo correspondiente.

Estas medidas no aplican para los "dreamers".

Este 21 de febrero, en un juzgado del interior, la jueza actuante resolvió acceder a la demanda de un padre ante la decisión de su pareja de proceder a la interrupción del embarazo según lo establecido en la Ley 18,987. También se elevó la demanda a la Suprema Corte de Justicia por el recurso de inconstitucionalidad presentado.

Se trata de una situación única hasta el momento en Uruguay, luego que se promulgara la ley que permite la interrupción del embarazo.

Una pareja, en el marco de relaciones consentidas, produce un embarazo. La mujer no quiere seguir adelante con el mismo. Comienza las gestiones para interrumpirlo. El hombre no está de acuerdo con su pareja y le manifiesta que él si quiere tener a su hijo/a. Cuando ve que no puede convencer a su pareja le manifiesta que él se hará cargo de niño/a y todo lo que sea necesario. Su pareja no cambia de opinión.

Las diferencias entre ambos llevan al padre a interponer una acción legal que lo ampare en su derecho y en el derecho de niño/a en gestación.

Este 21 de febrero la jueza actuante resolvió "Hacer lugar a la demanda de amparo, disponiéndose la suspensión por parte de XXX XXXX (omitimos nombre de la institución de salud) del proceso previsto en la Ley 18,897 respecto de la Sra. xxxxxx, dirigido a la interrupción del presente embarazo atento a la falta de prueba por falta de registro en el cumplimiento de los requisitos previstos en Art. 3 Inc 1ª de de dicha ley" y agrega " Comuníquese al MSP- a la Dirección General de Secretaría del dicho ministerio lo resuelto a los efecto de ser tenido en cuenta si corresponde"