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La mitad de los costarricenses ve inviable la práctica del aborto en casos de violación en Costa Rica y manifestó su desaprobación a esa técnica.


  

 

Así se desprende del reciente estudio del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR).


Según reveló el estudio, el 51 % de los costarricenses desaprueba la implementación del aborto en caso de una mujer haya sido abusada sexualmente.


Mientras tanto, el 41% de la población nacional afirmó estar de acuerdo con la práctica abortiva para este escenario planteado en el desarrollo de la encuesta.


Por su parte, el 7,9% de la ciudadanía de Costa Rica prefirió marcar la opción de “no sabe” o “no responde”.


Felipe Alpízar, director del CIEP, comentó que el principal hallazgo que puede verse con el estudio consiste en la polarización de los costarricenses ante este asunto.


“Vemos en general que estos términos, que forman parte de una agenda de derechos humanos, tienen a la población dividida, creo que ese el principal hallazgo que vemos aquí.


No hay una posición abrumadoramente firme para estar a favor o en contra de estas cosas, sino que el país está muy partido”, adujo.


Alpízar hizo hincapié en que, por grupo de edades, la población joven está más a favor de las iniciativas de implementar la práctica abortiva si hay violencia.


El estudio fue realizado del 27 de febrero al 18 de marzo entre la 1:00 p.m. y las 8:30 p.m. a 729 personas mayores de 18 años, tiene un nivel de confianza del 95 % y un margen de error de 3,5 %.

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En Europa hay varios países que contemplan el aborto en sus legislaciones pero aún existen argumentos en contra de este procedimiento considerado como arma de liberación de la mujer.


  

 

La ministra de sanidad francesa, Marisol Touraine, dijo a medios franceses en 2016 que el aborto "es un derecho que hay que defender" y así el mismo será universal y gratuito a partir de hoy, 1 de abril de 2017.


Actualmente existe un debate sobre los derechos de la mujer sobre su cuerpo. Muchos apoyan el aborto porque lo consideran una decisión previamente meditada y otros están en contra del mismo por motivos religiosos, políticos y de salud.


Hay diferentes argumentos a favor y en contra...


Entre los argumentos a favor:


La prohibición del aborto obliga a las mujeres a abortar en condiciones nulas, así lo afirmó el ginecólogo abortista, Santiago Barambio, quien aseguró que dicha prohibición provoca la muerte de mujeres por hemorragia e infección y la pérdida de la capacidad reproductiva, sin embargo se ha demostrado que esto no disminuye la cantidad de abortos si no que por el contrario aumenta y las condiciones aun siendo legales en muchos casos provocan la muerte de la madre...


El ser fecundado es un individuo irrepetible porque posee 23 cromosomas de la madre y 23 del padre, por lo tanto, la responsabilidad que contraen el hombre y la mujer al engendrar no conlleva un derecho de condenar a muerte al hijo.


La legalización del aborto permitirá al Estado continuar legislando sobre los cuerpos de las mujeres a través de la "imposición de mecanismos de control y de pasos a seguir para acceder a la interrupción del embarazo" y esto sería "una continuación de la vulneración por parte del Estado sobre nuestros derechos más básicos".


El aborto atenta contra la familia, unidad básica para el desarrollo de la sociedad donde prevalezcan los valores de la solidaridad, la justicia y la libertad. Además, provoca un "vacío existencial" en la mujer.

 

 

 

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En Malta se sigue queriendo atentar en contra de la vida, a pesar de que la mayoría de la población ha decidido defender la vida...


  

 

En Malta, el único país de la Unión Europea que prohíbe el aborto en todos sus supuestos —­incluidos los de violación y peligro para la vida de la mujer—­, la interrupción del embarazo sigue siendo el gran tabú mientras decenas de maltesas visitan cada año las clínicas de Londres o Sicilia para abortar. Los cambios en el país con más católicos de Europa son visibles pero lentos: el archipiélago fue el último Estado de la UE en aprobar el divorcio hace seis años, dio a las uniones civiles del mismo sexo los mismos derechos que los de un matrimonio en 2014 y legalizó la píldora del día después hace tres meses en la última victoria de los partidarios de renovar un sistema legal apegado a la religión cristiana.


Miriam Sciberras coloca su móvil sobre la mesa y pulsa el botón de grabar. "A veces los periodistas me cambian las palabras", se excusa desconfiada. La principal líder antiabortista maltesa es dentista, y acaba de realizar un empaste en su clínica de Zabbar, una pequeña localidad de la que fue vicealcaldesa situada a 10 kilómetros de la capital, La Valeta


Como responsable de la Life Network Foundation —­Fundación Red de Vida—­ ha acudido a los tribunales para revocar la legalización de la píldora del día después argumentando que incumple el código penal y la ley de protección del embrión. "No es contracepción sino una forma de aborto encubierto. Y eso en Malta es ilegal", zanja.


La llegada del anticonceptivo a las farmacias del país con mayor porcentaje de católicos de Europa —­más del 90% de su población—­ tiene la firma de la Women Rights Foundation —­Fundación por los Derechos de las Mujeres—­. El pasado verano 102 mujeres se unieron en torno a la asociación para hacer causa común por su legalización. Su combate llevó a las autoridades médicas a aprobarla y se ha convertido en símbolo de cambio. Al frente de todas ellas está la abogada Lara Dimitrijevic.


Sciberras compara la interrupción del embarazo con el holocausto nazi, deslegitima su legalidad entre los vecinos europeos —­"la esclavitud también era legal"—­, y responde así ante la posibilidad de que alguien pueda no arrepentirse de haber abortado: "También hay asesinos en serie que no tienen remordimientos". Pese a ello, esgrime su título de máster en Bioética para peregrinar por los colegios malteses dando charlas en escuelas públicas y privadas a estudiantes de 15 y 16 años con el consentimiento de las autoridades para explicar los efectos nocivos de abortar

 

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Cada vez nacen menos niños con trisomía 21 en el mundo, ya que al ser diagnosticados en el vientre materno, los doctores sugieren asesinarlos y sus padres acceden a eliminarlos.


  

 

Es así como en Gran Bretaña, España y Dinamarca el 90% de lo niños no nacidos que padecen Síndrome de Down son abortados, mientras que en Islandia la cifra alcanza el 100%. La tendencia mundial lleva a preguntarse, ¿qué pasará en Chile si se aprueba la ley de aborto en tres causales?


Un estudio epidemiológico de malformaciones congénitas (ECEM) elaborado por el gobierno de España, arroja que hay un descenso “significativo” en la cifra de personas Down, ya que entre 1980 y 1985 la cifra era del 14,78 por cada 10.000 partos. Sin embargo, dicha cifra bajó a 10,04 entre 1986 a 2009. En 2010 fue del 7,23. En el 2011 —último dato oficial— fue del 4,84.


Cabe destacar que la trisomía 21 —comúnmente conocida como Síndrome de Down—se detecta a través de pruebas prenatales. En esa línea, el estudio explica que “estos descensos son atribuibles, fundamentalmente, al impacto del aborto, ya que tras el diagnóstico, muchos padres deciden tomar esta decisión”.


Es así, como desde la asociación “Down España” aseguran que actualmente están naciendo menos de un tercio de niños Down que a fines de los años 80.


En tanto, en Gran Bretaña cada año nacen 759 niños con Síndrome de Down y al igual que en España, el 90% de los niños que padecen este trastorno genético son abortados antes de nacer. Los porcentajes son similares en Dinamarca.


No obstante, en Islandia los niños Down no existen, ya que el 100% de ellos son abortados, convirtiéndose así en el primer país del mundo en erradicar el Síndrome de Down, sin embargo mediante un verdadero holocausto.


Por su parte, en Estados Unidos, el número de ciudadanos con este trastorno genético se ha reducido un 30% durante los últimos años.

 

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Esta ley pretende defender la vida de niños con discapacidad...e impedir que los médicos asuman responsabilidades por discapacidades que ellos no provocaron.


  

 

El Senado de Texas ha aprobado una ley que impide que los padres denuncien a los médicos en el caso de que su bebé nazca con malformaciones o discapacidad, incluso cuando éstas pudieron ser detectadas durante pruebas rutinarias a lo largo del embarazo. Numerosas organizaciones han expresado su rechazo a la legislación porque entienden que da permiso a los médicos para ocultar a las embarazadas información sobre el feto si creen que, al conocer esos detalles, considerarían la opción de abortar.


La normativa de Texas, que debe ser ratificada aún por la Cámara de Representantes estatal, es el último eslabón de una cadena de iniciativas estatales para regular el acceso al aborto en Estados Unidos. A pesar de estar legalizado desde 1973, el aborto es responsable de una de las mayores divisiones en la sociedad norteamericana y año tras años concentra ante los tribunales a sus defensores y detractores.


Los críticos con el proyecto de ley de Texas argumentan que permite legalmente que los médicos que se oponen al aborto impongan sus creencias a la hora de informar a sus pacientes, ya que pueden ocultar malformaciones fetales o rebajar la gravedad de otras dolencias. Sus defensores, sin embargo, aseguran que es necesaria porque protegerá los derechos de niños con discapacidades así como a los médicos en el caso de demandas por negligencia.


La Cámara de Representantes de Texas también ha aprobado esta semana un segundo proyecto de ley que limita las técnicas que pueden emplear los médicos en el caso de abortos en el segundo trimestre. Este texto también ha sido criticado porque las alternativas suponen un mayor riesgo para la salud de las mujeres y aumenta la probabilidad de que deban seguir adelante con el embarazo incluso cuando el feto no pueda sobrevivir al parto.


Texas cuenta con algunas de las leyes más restrictivas en acceso al aborto. El Estado requiere que las mujeres se sometan a una ecografía antes de abortar y los médicos están obligados a mostrar y describir la imagen del feto antes de proceder con la interrupción del embarazo. Ésta sólo se puede realizar después de cumplir las 20 semanas de gestación en el caso de que haya peligro para la vida o la salud de la madre o si el embarazo es inviable. El Instituto Guttmacher asegura que esta limitación se basa en pruebas científicas cuestionables que defienden que el feto puede sufrir dolor en ese período de la gestación.

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La cámara de diputados pospuso por segunda vez, la discusión de la reforma NOM46; hace algunas horas fue retirada por las mismas diputadas que impulsaron dicha iniciativa que reformaba los artículos 46, 49 y 50 de la ley generald e acceso de las muejres a una vida libre de violencia, para facilitar el aborto...


  

 

La Cámara de Diputados pospuso por segunda vez la discusión de las reformas a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que incluyen cambios para reforzar la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046, con el fin de garantizar el derecho de mujeres que sufrieron violación a interrumpir un embarazo por vías legales.


La NOM ha recibido oposición de algunos grupos opuestos al aborto, mientras que sus promotores subrayan que en realidad se trata de una forma de garantizar derechos a las mujeres mexicanas.


La iniciativa prevé atribuir al Sistema Nacional de Salud, y ya no a la Secretaría de Salud, facultades de atención a mujeres víctimas de violencia, "en especial la norma oficial mexicana NOM-046-SSA2-2005", dedicada a enlistar los criterios para la prevención y atención de violencia sexual contra las mujeres.


Entre sus contenidos, la NOM 046 señala que en caso de violación las instituciones de salud deben ofrecer la anticoncepción de emergencia y, en caso de embarazo por esa causa, practicar el aborto si solicita la víctima, o bien sus padres o tutores en caso de tratarse de una menor de edad.


Otro punto incluido en la reforma son los cambios al artículo 25 de la misma ley, para que la Secretaría de Gobernación esté obligada emitir una alerta de violencia de género y notificar a la entidad involucrada en un plazo no mayor a 30 días.

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En el documental se abordan temas como el trasvase los abortos quirúrgicos hacia los denominados abortos químicos, el negocio del aborto o el aborto en las adolescentes.


  

 

En España se usa el aborto como un método anticonceptivo más. 8 de cada 10 niñas menores que se quedan embarazadas abortan. De cada 3 mujeres inmigrantes embarazadas, 1 de ellas aborta. 4 de cada 10 mujeres que aborta ya lo había hecho anteriormente.


Estos son algunos datos que muestra el nuevo vídeo publicado por el Instituto de Política Familiar (IPF) bajo el título “Radiografía del Aborto en España”...

 

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ONG pide aplazar discusión del aborto

Con norma 046 quedará impune la violación sexual, dice; se prevé que esta semana diputados definan acciones


  

 

El Frente Nacional por la Familia invitó a la ciudadanía a firmar una petición que harán llegar a los diputados, para que se aplacen las modificaciones a la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, que pretenden elevar a rango constitucional la norma 046.


Dicha norma manifiesta que el aborto es un derecho y que puede practicarse en caso de abuso sexual, sin previa denuncia.


También establece que pueden abortar niñas menores de 12 años, sin en el consentimiento de los padres, hecho que deja en impunidad al violador, toda vez que al no existir denuncia no habrá delito que perseguir, esto de acuerdo con la organización civil.


El pasado jueves 9 de marzo el pleno de la Cámara de Diputados canceló la discusión y posible aprobación del dictamen que modifica los artículos 46, 49 y 50 de dicha ley, debido a que no hubo consenso entre los distintos grupos parlamentarios que convergen en el Palacio Legislativo de San Lázaro.


Por tal motivo, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó revisar el tema en su reunión del día de hoy, con la intención de que el dictamen se suba al pleno mañana martes 14 de marzo, así como el que obliga a trabajo igual, salario igual para mujeres.


Los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y Encuentro Social (PES) se opusieron a que el dictamen se discutiera en el pleno, debido a que argumentan que de aprobarse en sus términos los estados y municipios aplicarían la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046, sin que ello obligue a la víctima a denunciar el delito, dejando en libertad al abusador y poniendo en riesgo a más mujeres.


Además, los legisladores consideran en el tema que no habría un control en la realización de un aborto en caso de violación sexual.


Mediante sus páginas de redes sociales, el Frente Nacional por la Familia convoca a los ciudadanos a firmar en contra de las modificaciones a la ley, “no permitiremos más abusos en contra de la vida y de las mujeres que han sido víctimas de una violación, este delito no puede quedar impune”, señala dicha organización.

 

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La iniciativa también plantea despenalizar la interrupción del embarazo en las primeras ocho semanas cuando la mujer ya haya sido madre de al menos tres hijos o sea estudiante.


  

 

El Parlamento de Bolivia ha comenzado a debatir un proyecto de ley presentado por el oficialismo para legalizar el aborto en nueve casos, tres de los cuales ya eran reconocidos por la legislación boliviana (riesgo para la salud o la vida de la madre o que haya habido violación o incesto). El proyecto contempla que las mujeres con menos de ocho semanas de gestación puedan abortar en caso de pobreza extrema o no cuenten con recursos propios para la manutención de su familia.


La iniciativa también plantea despenalizar la interrupción del embarazo en las primeras ocho semanas cuando la mujer ya haya sido madre de al menos tres hijos o sea estudiante. La normativa solo permite que las mujeres que apelen a una de estas cuatro causas se practiquen un único aborto. Los cinco casos restantes en los que la interrupción es legal, en los cuales no interesa la etapa de gestación en que se encuentre la mujer, ni si se trata o no del primer aborto, son la grave malformación del feto, que la embarazada sea niña o adolescente, o las ya contempladas de que el parto pueda poner en riesgo la salud o la vida de la embarazada, o que sea el resultado de violación o incesto.Las mujeres que se sometan al aborto en los casos mencionados no requerirán cumplir otro trámite que el de llenar un formulario en el que expresen su “consentimiento informado” para la operación. Los médicos estarán obligados a guardar secreto sobre la identidad de quienes se sometan al mismo.Esta regulación ha sido introducida al Parlamento por los sectores progresistas del partido de gobierno, el Movimiento al Socialismo, pero no cuentan con la aquiescencia de toda la bancada oficialista. La oposición también se halla dividida frente al asunto, sobre el cual se han producido disputas legales y políticas en el pasado reciente.


La Iglesia Católica y otras confesiones han comenzado a hacer llamamientos en contra de la disposición propuesta y “en defensa de la vida de los más vulnerables”. Según el proyecto legislativo, las mujeres que interrumpan su embarazo sin contar sin ninguna de las nueve excepciones serán castigadas con uno a tres años de prisión.

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La iniciativa She decides, lanzada por Holanda, logra donaciones de Canadá, Suecia o Finlandia


  

 

La iniciativa lanzada por Holanda para contrarrestar las políticas anti aborto de Donald Trump avanza. El fondo She decides (Ella decide), destinado a ayudar a las organizaciones que tienen programas relacionados con la interrupción del embarazo en distintos países y que tras el veto de la Administración estadounidense ya no podrán recibir fondos federales, ha recaudado más de 180 millones de euros. A la aportación inicial de Holanda, Dinamarca, Bélgica y Noruega —que habían reunido 40 millones— se han sumado este jueves otros países, como Suecia y Finlandia —con 20 millones cada uno—, o Canadá, que aportará 22 millones de euros.


Organizaciones privadas, como la Fundación Bill y Melinda Gates también han prometido aportaciones a She Decides, según se ha anunciado en la conferencia celebrada en Bruselas, en la que se han participado más de 50 países y entidades especializadas en derechos reproductivos. Un donante privado, que ha decidido permanecer en el anonimato ha aportado 50 millones de euros, según ha informado el ministro de Desarrollo belga, Alexander De Croo.

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