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Mostrando artículos por etiqueta: Aborto - ConParticipación Forbidden

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La Comisión de Salud del Senado aprobó la objeción de conciencia de los médicos en el marco de la discusión del proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales: inviabilidad fetal, riesgo de vida de la madre y violación.


  

 

Luego de que el Gobierno pusiera suma urgencia al trámite de la iniciativa, los miembros de la instancia parlamentaria programaron para hoy una sesión doble -mañana y tarde-, donde votaron decenas de indicaciones del texto.


Entre los aspectos resueltos se definió el respeto a la objeción de conciencia de los médicos que no deseen realizar un aborto. En el tema hubo discrepancia, ya que la senadora DC Carolina Goic apostaba por ampliar el derecho a la objeción a todo el equipo médico que está en un pabellón quirúrgico (enfermeros, matrones, arsenaleros).


Otros legisladores, en tanto, han planteado una objeción de conciencia institucional, por lo que el tema probablemente se zanjará de manera definitiva sólo en la Sala del Senado. En la Comisión se definió hoy que si no hay ningún médico dispuesto en una institución para realizar el aborto, ésta deberá hacerse cargo del traslado de la mujer a otro recinto.


"Eventualmente, si en un centro todos (los médicos) tienen objeción de conciencia, particularmente en el Hospital Clínico de la Católica, ellos tendrán que garantizar, a su responsabilidad, de su costo, desde el punto de vista de la gestión, que a esa mujer se le garantice el derecho", explicó el presidente de la Comisión de Salud, Guido Girardi (PPD).


"Tendrán que derivarla a una clínica alternativa, tendrán que garantizar que esa mujer pueda acceder a la interrupción del embarazo si ella así lo estima. Si no hicieran eso o si no pudieran establecer esa declaración, tendrían ellos que responsabilizarse de practicar y garantizar el derecho a la interrupción del embarazo", subrayó Girardi.

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El próximo 30 de junio cerrarán de forma definitiva otros tres centros abortistas de Planned Parenthood en California, 16 en 2017. La decisión de la Administración Trump de cerrar la finnaciación pública y el destape de sus negocios ocultos de ventas de partes de bebé, claves.


  

 

La mayor proveedora de abortos de los Estados Unidos sigue desmoronándose poco a poco al ver reducidos los fondos públicos con los que se sostiene su ruinoso y mortífero negocio. Planned Parenthood acaba de anunciar que cerrará tres abortorios más en California.


Con la clausura de estos centros ya son 16 los que han puesto el cartel de cerrado en lo que va de año. Se suman a cuatro establecimientos abortistas clausurados en Iowa, dos en Pennsylvania, uno en Maryland, tres en Nuevo México, uno en Wyoming y dos en Colorado, tal y como reporta LifeNews.com.


Se mantiene así una tendencia creciente en los últimos años. No en vano, entre 2011 y 2016 al menos 162 abortorios echaron el cierre en los Estados Unidos, mientras que sólo abrieron 21. Todo ello pese al apoyo económico de la Administración Obama.


El próximo 30 de junio quedarán cerrados los centros abortistas de Vacaville, Pittsburg y Richmond, especializados en la eliminación de vidas humanas que no habían cumplido 10 semanas de crecimiento intrauterino.


Wynette Sills, directora de la organización provida Californians for Life [Californianos por la vida] asegura que “cuanto más comprenden los californianos la humanidad del niño en el seno materno, las tasas de aborto continuan bajando“.


En este sentido, uno de los motivos más importantes para que se produzca esta serie de cierres de negocios abortistas está en la importante labor de investigación realizada por David Daleiden con la que, mediante cámara oculta, ha logrado destapar la cara más perversa -si cabe- de la multinacional abortista.


Entre otras cosas, los vídeos de Daleiden han desvelado cómo se negocia la venta de partes de bebés abortados. En el año 2015 Planned Parenthood realizó 328.348 abortos en los Estados Unidos.


El recorte de la financiación pública a Planned Parenthood fue uno de los asuntos más disputados durante la pasada campaña electoral entre Donald Trump y Hillary Clinton. El hoy presidente prometió retirar esos fondos, mientras que la candidata demócrata pretendía aumentarlos.

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La Federación One of Us premia a este ex médico abortista que dirige ahora un centro defensor de la vida en Estados Unidos.


  

 

John Bruschalski era hasta unos años un reconocido médico abortista en el estado de Virginia (Estados Unidos). Este ginecólogo de 50 años se formó como médico en la Universidad de Alabama en la década de los ochenta donde aprendió a considerar el aborto como «un modo de promover la salud, la felicidad y la plenitud en la vida reproductiva de una mujer». Casi 30 años después, Bruschalski asegura que estaba «muy equivocado». Por ello decidió crear en 1994 en el sótano de su casa un centro médico de atención y ayuda a las mujeres que tienen dificultades para seguir adelante con sus embarazos.


Su trabajo en favor de la vida acaba de ser galardonado con el II Premio One Of Us «Un héroe de la vida». El médico recibió el reconocimiento ayer en Budapest, en el marco del foro que esta federación europea —presidida por Jaime Mayor Oreja— celebra cada año en una capital europea. «Recibir este premio es un honor inmerecido e incómodo porque supone un reconocimiento al hecho de haber dejado de matar a la familia humana», aseveró a ABC Bruschalski, quien reconoce abiertamente haber vivido durante décadas con «el corazón edurecido». «Quitarse los problemas de encima con un aborto, es decir, matando a las personas que los sufren es repugnante», indicó.


El centro llamado Tepeyac Family Centre y en el que trabajan seis médicos y una enfermera funciona como una especie de «refugio seguro» para las mujeres embarazadas que han sido abandonadas por sus parejas o carecen de recursos económicos para sacar adelante a sus hijos. «Ahora me doy cuenta de que trabajar con pacientes en situaciones difíciles, acompañándolos sin juzgar, es una forma mucho más sana de crecimiento, salud y felicidad», afirma.

 

En los 23 años que el centro lleva en funcionamiento, Bruschalski ha atendido a más de 10.000 partes, de las cuales un gran porcentaje de mujeres carecen de seguro médico. «Cuando las mujeres llegan a nuestro centro asustadas o avergonzadas y pensando en abortar les presentamos a otras mujeres que han decidido tener a sus hijos, les ofrecemos ayuda material y les brindamos un cuidado excelente con una atención médica de alto nivel», explica este médico, que está convencido de que la mujer necesita ver que «hay una vida después de tener un hijo, que hay una salida para esa circunstancia». Para este médico la mejor vía para reducir las elevadas cifras de abortos es «ayudar a las madres a poder acoger a sus hijos».

 

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La plataforma provida internacional CitizenGO denunció la injerencia del senador español José Antonio Rubio, del gobernante Partido Popular, para promover la legalización del aborto en El Salvador.


  

 

En una campaña de recolección de firmas, dirigida a la oficina de Rubio, CitizenGO expresó su preocupación por el viaje de Rubio a El Salvador “para hacer campaña en defensa de la legalización del aborto”.


Durante su visita a El Salvador, a mediados de mayo, Rubio declaró a elsalvador.com que “abortar no debe ser crimen en El Salvador”, y alentó a que la aprobación de esta práctica debe ser “un tema de acuerdo y consenso” entre las fuerzas políticas.


El aborto en El Salvador está completamente prohibido, y la Constitución vigente en el país reconoce “como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción”.


Desde octubre de 2016, el gobernante Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), de la mano de diversas organizaciones abortistas, ha promovido la legalización de esta práctica en el país.


CitizenGO cuestionó al senador español, médico de profesión, “¿por qué combatir un embarazo en dificultad con la muerte de un ser inocente e indefenso?”.


“En su calidad de médico debe de saber que ninguna mujer quiere abortar. Siendo así, ¿por qué no apoyar a la mujer, dignificarla, empoderarla y ofrecerle alternativas dignas ante su embarazo en dificultad?”, dijo la plataforma provida.


Al culminar el mensaje que acompaña la recolección de firmas, CitizenGO exigió a José Antonio Rubio que “cese su campaña de injerencia ideológica en El Salvador”.

 

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"Protección de la Vida en la Asistencia de Salud Global".


  

 

Ayer, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció que el Secretario de Estado Rex Tillerson aprobó las nuevas directrices de implementación de la Política de la Ciudad de México recientemente restablecidas por el Presidente Trump a principios de este año. El Departamento de Estado ha retitulado la política, llamándola la política de "Protección de la Vida en la Asistencia de Salud Global".


Las nuevas directrices de implementación vienen después de que el Presidente Donald Trump emitió un memorándum presidencial [1] el 23 de enero de 2017 que restablece la Política de la Ciudad de México, una política del Gobierno de los Estados Unidos que prohíbe el financiamiento para organizaciones no gubernamentales extranjeras que realizan o promueven el aborto como método de planificación familiar.


La política de protección de la vida en la asistencia sanitaria mundial ampliará significativamente las versiones de la Política de la Ciudad de México implementadas en las administraciones anteriores. La nueva Política evitará que el Departamento de Estado y USAID financien organizacio nes pro aborto, como fue el caso de la Administración Bush (43), pero también varios otros departamentos gubernamentales y agencias involucradas en proveer asistencia sanitaria global incluyendo el Departamento de Defensa (DOD), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Cuerpo de Paz, de acuerdo con altos funcionarios del Departamento de Estado.


Según el Departamento de Estado, la nueva Política de Protección de la Vida en la Asistencia de Salud Mundial se aplicará a un total de $ 8,8 mil millones de asistencia sanitaria global proporcionada por varios departamentos y agencias del Gobierno de los Estados Unidos. Las versiones anteriores de la Política de la Ciudad de México sólo se aplican a la asistencia en materia de planificación familiar que, desde 2012, se ha situado en aproximadamente $ 575 millones en créditos anuales.


Las nuevas directrices de aplicación tampoco se aplicarán a las organizaciones multilaterales, como esperaban algunas instituciones a favor de la vida. Una versión anterior de la Política de la Ciudad de México, instituida por una ley del Congreso como parte del proyecto de presupuesto anual durante la administración Clinton para el año fiscal 2000, había aplicado la Política a las multilaterales extranjeras. Ciertas organizaciones multilaterales como la Organización Mundial de la Salud y la Unión Africana reciben una financiación significativa del Gobierno de los Estados Unidos y promueven fuertemente el aborto más allá de los casos exceptuados por la Política de la Ciudad de México.

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El proyecto deberá pasar por las comisiones de Constitución Hacienda para luego ser votado en la sala del Senado.


  

 

La Comisión de Salud del Senado aprobó este martes en la tarde las tres causales del proyecto que busca despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo. La senadora DC Carolina Goic votó a favor.


Por 3 votos contra 2 fueron aprobadas las causales de riesgo de vida de la madre, inviabilidad del feto y, la más polémica, de violación .


Según el proyecto, se considerará inviabilidad cuando el embrión o feto padezca una alteración estructural, congénita o genética de carácter letal, instancia en la que la mujer podrá decidir si lo interrumpe o no.


Además, el plazo para la interrupción del embarazo por esta causal será de 12 semanas de gestación y para las menores de 14 años se extenderá a las 14 semanas , ya que estas adolescentes tardan más tiempo en notar el embarazo .


Tras ser despachado por la comisión de Salud, el proyecto deberá pasar por las comisiones de Constitución Hacienda para luego ser votado en la sala del Senado.

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Las víctimas eran obligadas a trabajar con salarios bajos o como prostitutas en la región de Murcia


  

 

La Policía Nacional ha detenido en Murcia a 15 personas acusadas de trata de personas y de realizar abortos ilegales. El grupo engañaba a mujeres de Nicaragua con la promesa de conseguirles empleo en España a cambio de dinero. Una vez en España, las víctimas eran explotadas en trabajos domésticos o de prostitución, y si quedaban embarazadas, las obligaban a abortar y enterraban los fetos, según ha informado este viernes la policía.


Las líderes del grupo eran dos hermanas nicaragüenses que traían a las mujeres de su propio pueblo; incluso con algunas tenían relaciones de parentesco, ya que las contactaban a través de familiares, amigos o directamente. En todos los casos, se trataba de personas con una precaria situación económica y cargas familiares.


El engaño consistía en animar a las víctimas a viajar a España para conseguir un trabajo como empleadas del hogar. Las sospechosas ofrecían prestarles entre 3.000 y 3.500 dólares (entre 2.700 y 3.100 euros) para comprar el billete de avión y para acreditar los medios de vida necesarios para entrar en el país como falsas turistas. Como compromiso de pago, a algunas de las mujeres las hacían firmar un contrato de venta de alguna propiedad en Nicaragua, a favor de la madre de las supuestas tratantes.


Las víctimas empezaban a trabajar bajo estricto control y con un salario precario, del que tenían que entregar una parte para supuestamente pagar su alojamiento y para cubrir la deuda. Las tratantes argumentaban que los intereses hacían cada vez más alta la deuda, así que era impagable.


La investigación dejó al descubierto que si las jóvenes que se prostituían quedaban embarazadas, eran obligadas a tomar pastillas que, en ciertas circunstancias, provocan abortos. Las cabecillas del grupo falsificaban recetas médicas o las obtenían a través de las personas mayores a las que cuidaban. En domicilios privados, sin cuidados médicos y a veces cuando las embarazadas ya tenían cuatro meses de gestación, las hermanas las obligaban a tomar los medicamentos y luego enterraban a los fetos.


Los 15 arrestados serán procesados por los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, tráfico ilegal de mano de obra, favorecimiento de la inmigración irregular, relativos a la prostitución, contra la salud pública, falsedad documental, aborto ilegal y omisión del deber de perseguir delitos.

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La despenalización del aborto en la Ciudad de México representa el fracaso de las políticas públicas de prevención del embarazo, afirmaron organizaciones civiles.


  

 

A diez años de que se aprobó la interrupción del embarazo, el número de gestaciones en adolescentes ha incrementado, por lo que organizaciones consultadas por EL UNIVERSAL coincidieron en que se requiere implementar una política de educación sexual integral, que considere no sólo el aspecto biológico de la sexualidad sino también factores sociales.


Consuelo Mendoza, presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), señaló que la edad en que se inicia la vida sexual se ha ido reduciendo y que los padres de familia han sido relegados de la educación de sus hijos en esta materia.


Pidió a las autoridades implementar una política en educación sexual más integral, que no sólo se centre en el reparto de preservativos.


“El aborto es un fracaso de las políticas de la Ciudad, porque lejos de resolver problemas y prevenirlos con la muerte de tantos niños, no se ha logrado bajar el índice de embarazos en adolescentes. Las medidas que se han tomado de repartir anticonceptivos y dar información sin autorización de los padres de familia lo único que ha hecho es inducir a los adolescentes a que viva a pasos adelantados”.


Lamentó que las actuales políticas no brindan otras opciones a las mujeres embarazadas, ni dan un seguimiento a quienes que decidieron interrumpir la gestación.


Destacó que la prevención de los embarazos juveniles también debe abarcar la educación a los hombres, para concientizarlos de la responsabilidad que implica esta situación.



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A 10 años de aprobada la ley que permite el aborto en la Ciudad de México, el Partido Encuentro Social (PES) hizo un llamado a la sociedad en todo el país y a las diferentes fuerzas políticas a unir esfuerzos para defender lo que dijo es el derecho de los nonatos, pues consideran legislación vigente en la capital del país inconstitucional y violatoria de los tratados internacionales.


  

 

José Manuel Muñoz Castellanos, presidente del comité estatal del PES en Jalisco, aseguró que esta iniciativa daña los principios y valores de la sociedad mexicana, tema que aseguró no se le ha dado el peso que corresponde por parte de todos los habitantes del país.


“Vemos una ley que ha sido impuesta por un pequeño grupo parlamentario que afecta no únicamente a la ciudad de México sino a toda nuestra nación, vemos con total desagrado y le dimos mucha nota a la desaparición de los 43 normalistas en Guerrero; sin embargo, están sucediendo miles y miles de asesinatos cada año y nosotros debemos empezar como sociedad a darnos cuenta de lo que está sucediendo” expresó Muñoz Castellanos.


Por su parte, Edith Martínez Guzmán, diputada federal por el PES, aseguró que detrás de esta legislación existe únicamente un oportunismo electorero, (pese a que ella más que hablar del tema de la ley aprovecho su participación para tratar de posicionar a su partido como la única oportunidad electoral de México), pues dijo se han olvidado de las verdaderas necesidades de las mujeres, por lo que pedirán a diversas instituciones se haga algo al respecto.


Sin presentar datos reales el PES aseguró que en los diez años que tiene activa la ley en la Ciudad de México se han practicado más de un millón de abortos (los datos oficiales señalan 176 mil) por lo que pidieron que este 24 de abril se dé un minuto de silencio en todo el país por los neo natos que aseguraron en su gran mayoría las mujeres fueron llevadas a la fuerza a realizarse este procedimiento.

 

 

 

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Una investigación realizada por diversas ONG muestra el modus operandi de doctores en hospitales públicos, quienes canalizan a mujeres con más de 12 semanas de gestación a clínicas privadas


  

 

Organizaciones civiles denunciaron que una presunta “red” de médicos de los hospitales de la Ciudad de México estaría facilitando que mujeres con más de doce semanas de embarazo son enviadas a clínicas privadas, donde les practican procedimientos quirúrgicos para abortar; lo anterior pese a que la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) sólo debe realizarse bajo lo estipulado por las modificaciones aprobadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en 2007.


Una investigación realizada por las ONG Centro de Estudios e Información Integral de la Mujer Cancún, Alianza por el Derecho a la Vida, Cuna de Cartón y Frente Nacional por la Familia revela que dicha “red” de médicos vinculados al Sector Salud y a clínicas privadas se aprovecharía de una libre interpretación de la normativa creada hace diez años para practicar abortos a mujeres más allá de su tercer mes de embarazo y, además, sin proporcionarles asistencia psicológica especializada tras la intervención.


Mediante una consulta simulada por una paciente, menor de edad y con un embarazo de cuatro meses, las ONG constataron que el personal médico del Hospital Materno Infantil de Inguarán, en la Ciudad de México, recomienda a las mujeres a acudir a clínicas privadas, incluso a un centro operado por una asociación civil que se jacta de hacer mil 500 abortos por año.


De acuerdo a las organizaciones, la doctora, identificada como Laura, hizo la recomendación a la paciente de acudir con un doctor que, desde 2009, ha realizado abortos en una clínica privada y le asegura que todos los médicos operan de manera conjunta: “Todos estamos en la red, nada más que nosotros estamos en la Secretaría [de Salud]”.


Desde abril del 2007, después de que se legalizara en la Ciudad de México esta práctica en mujeres embarazadas con hasta doce semanas de gestación, el sistema de salud capitalino ha realizado 175,104 procedimientos de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) pero aún está sancionado cualquier aborto fuera de ese periodo y sólo hay exención de responsabilidad penal para situaciones extremas.


Ese marco legal no impide, sin embargo, que médicos del sector salud capitalino –como comprueba el testimonio obtenido por medio de la investigación- refieran a sus pacientes directamente a una red de ejecutores de abortos que, de acuerdo a la legislación vigente, realizarían procedimientos fuera de la ley.


Las ONG constataron y verificaron los permisos sanitarios de dichas clínicas así como las cédulas profesionales del personal que atiende los ambulatorios, sin embargo, se reservaron el divulgarlos.



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