Una investigación realizada por diversas ONG muestra el modus operandi de doctores en hospitales públicos, quienes canalizan a mujeres con más de 12 semanas de gestación a clínicas privadas

Organizaciones civiles denunciaron que una presunta “red” de médicos de los hospitales de la Ciudad de México estaría facilitando que mujeres con más de doce semanas de embarazo son enviadas a clínicas privadas, donde les practican procedimientos quirúrgicos para abortar; lo anterior pese a que la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) sólo debe realizarse bajo lo estipulado por las modificaciones aprobadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en 2007.

Una investigación realizada por las ONG Centro de Estudios e Información Integral de la Mujer Cancún, Alianza por el Derecho a la Vida, Cuna de Cartón y Frente Nacional por la Familia revela que dicha “red” de médicos vinculados al Sector Salud y a clínicas privadas se aprovecharía de una libre interpretación de la normativa creada hace diez años para practicar abortos a mujeres más allá de su tercer mes de embarazo y, además, sin proporcionarles asistencia psicológica especializada tras la intervención.

Mediante una consulta simulada por una paciente, menor de edad y con un embarazo de cuatro meses, las ONG constataron que el personal médico del Hospital Materno Infantil de Inguarán, en la Ciudad de México, recomienda a las mujeres a acudir a clínicas privadas, incluso a un centro operado por una asociación civil que se jacta de hacer mil 500 abortos por año.

De acuerdo a las organizaciones, la doctora, identificada como Laura, hizo la recomendación a la paciente de acudir con un doctor que, desde 2009, ha realizado abortos en una clínica privada y le asegura que todos los médicos operan de manera conjunta: “Todos estamos en la red, nada más que nosotros estamos en la Secretaría [de Salud]”.

Desde abril del 2007, después de que se legalizara en la Ciudad de México esta práctica en mujeres embarazadas con hasta doce semanas de gestación, el sistema de salud capitalino ha realizado 175,104 procedimientos de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) pero aún está sancionado cualquier aborto fuera de ese periodo y sólo hay exención de responsabilidad penal para situaciones extremas.

Ese marco legal no impide, sin embargo, que médicos del sector salud capitalino –como comprueba el testimonio obtenido por medio de la investigación- refieran a sus pacientes directamente a una red de ejecutores de abortos que, de acuerdo a la legislación vigente, realizarían procedimientos fuera de la ley.

Las ONG constataron y verificaron los permisos sanitarios de dichas clínicas así como las cédulas profesionales del personal que atiende los ambulatorios, sin embargo, se reservaron el divulgarlos.