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Piden a Congreso eliminar derechos sexuales y reproductivos de Ley de Niños

Estos supuestos derechos, dejan a los menores vulnerables a el aborto, la esterilización, y el mal llamado cambio de sexo.


  

Organizaciones civiles de diversos estados del país solicitaron al Presidente Enrique Peña Nieto y a la Cámara de Diputados, eliminar lo que calificaron como “los inexistentes Derechos Sexuales y Reproductivos“ de la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que se discute en el congreso mexicanos.

En conferencia de prensa señalaron que dicho apartado no se contempla, “ni hay referencia alguna en nuestra legislación nacional ni en tratados internacionales”.

Consideraron que “en la constitución, en el artículo primero, párrafo primero señala que “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte…”

Por lo que al no existir los mencionados “derechos sexuales y reproductivos” en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, ni en ningún tratado internacional es improcedente que se incluyan en cualquier Ley.

Durante la conferencia de prensa, Mario Romo, Director Nacional de Red Familia, red de que agrupa a más de 860 instituciones de la sociedad civil, dijo que “estos supuestos derechos, dejan a nuestros hijos vulnerables a el aborto, la esterilización, y el mal llamado cambio de sexo”.

Además hizo un llamado a los senadores Alejandro Encinas y a Angélica de la Peña a que expliquen y definan públicamente a padres de familia del país que son y que acciones llevan los mal llamados “derechos sexuales y reproductivos y por que tanto interés en meterlos”.

“Incluir términos que violentan la salud de los menores mexicanos, ha causado tal indignación en los padres de familia e instituciones de la sociedad civil de todo el país, se han unido y llevado a cabo acciones en sus respectivos estados”, así lo informó, Romo.

Por su parte Teresita Gutiérrez, Directora de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, mencionó que “los legisladores deben retirar conceptos no reconocidos en el derecho internacional y más cuando estos representen un grave peligro para las niñas, niños y adolescentes de México ya que abre las puertas a la pornografía infantil, prostitución y turismo sexual infantil”.

ConParticipación, organización de Nuevo León, se hizo presente a través de su director Marcial Padilla, quien dijo que numerosas organizaciones de la sociedad civil del Estado, “celebramos que nuestro Congreso por decisión unánime haya hecho un exhorto al Congreso Federal para la corrección de dicha Ley y esperamos que las sugerencias de cambios solicitados sean tomados en cuenta”.

En el encuentro con medios de comunicación, los padres de familia de Yucatán representados por Víctor Chan, secretario de Red Proyucatán, hicieron un llamado a la Cámara de Diputados de no permitir “que esta Ley atente contra la salud física, psicológica y emocional de nuestros hijos, es paradójico que se quiera legislar con normas que los perjudican.”

También de Yucatán, Marcos Vera, vocero de Unión por la Familia, dijo que “los padres de familia son los primeros que se deben encargar de la educación de sus hijos y el estado apoyarlos con mejores prácticas de educación para tener una mejor sociedad sin sustituirlos, es inaudito que algunos grupos radicales quieran imponer los inexistentes “derechos sexuales y reproductivos” en esta Ley.

Juan Dabdoub Giacoman, Director del Consejo Mexicano de la Familia, A.B.P. (Confamilia), dijo que además de los problemas ya mencionados, existen más irregularidades como el hecho de que los padres “solo tenemos obligaciones y los hijos solo tienen derechos”.

Reina Suárez, directora de Acción con Sentido Común, institución del estado de Puebla y Marcela Vaquera, directora de Coalición de Grupos a Favor de la Vida y la Familia en Mexicali, reiteraron que los padres de familia de sus respectivas ciudades, están enterados de lo que se pretende aprobar y llamaron al Presidente de la República a hacer lo necesario para que estos supuestos derechos no se incluyan en la Ley.

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