Del año 2000 a la fecha, nuestro país acumula al menos 2 mil 28 casos de ataques sexuales contra menores de edad en escuelas.
De los ataques a menores de edad dentro de centros educativos de nivel básico y medio-superior (educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria), una tercera parte nunca fue investigado por la autoridad, a pesar de haber sido denunciados, mientras que en el resto de los casos la sanción contra los agresores consistió en simples llamadas de atención, suspensiones temporales o, a lo sumo, la reubicación del atacante en otro plantel.
Tal como revela la Recomendación General 21 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos –publicada el pasado 20 de octubre en el Diario Oficial de la Federación–, dirigida a la Secretaría de Educación Pública y a los poderes ejecutivos de las 32 entidades del país, los centros educativos en donde más agresiones sexuales se cometen en contra de niños y niñas son las secundarias (con 42.5% de las denuncias), seguido de las primarias (36% de las denuncias), los planteles de educación preescolar (10% de las agresiones) y por último el nivel medio superior (con 9% de los reportes); mientras que las entidades federativas con mayor incidencia de este tipo de delitos son Distrito Federal, Veracruz, Estado de México, Jalisco y Guanajuato.
“La violencia sexual infantil escolar –explicó la CNDH– es un fenómeno que ocurre de manera más frecuente de la que se piensa” y, basándose en estadísticas de la Secretaría de Educación Pública, el ombudsman nacional asegura que “en el último ciclo escolar se han incrementado (los casos de agresión sexual escolar) tanto en número como en complejidad”.
De hecho, destaca la CNDH, “del año 2011 a agosto de 2014 se presentaron más de la mitad del total de quejas interpuestas ante este organismo nacional, por este tipo de abusos, durante los últimos 14 años“.
Así, tras detectar este incremento en el número de casos de violencia sexual dentro de planteles educativos, tanto públicos como privados, y basándose en información proporcionada tanto por gobiernos estatales como por el gobierno federal, la CNDH elaboró una radiografía sobre esta problemática que deja ver cuál es el perfil de las víctimas, cuál es el perfil de los agresores, así como cuáles son las omisiones gubernamentales que han permitido que este fenómeno vaya en aumento.
