La maternidad subrogada es una práctica comercial muy extendida en los últimos años en Tailandia, gracias a un vacío legal.

El proyecto de ley, que prevé penas de hasta 10 años de prisión para quienes obtengan beneficios de una gestación por cuenta ajena, fue adoptada el jueves “casi por unanimidad”, explicó el viernes a la AFP el diputado Wallop Tungkananurak.

“Queremos poner fin a la idea de los extranjeros de que Tailandia es una fábrica de bebés”, añadió.

La junta en el poder desde un golpe de Estado el pasado mayo anunció su intención de acabar con el comercio de las madres de alquiler tras una serie de escándalos mediáticos, como el de una pareja australiana que abandonó a un niño con síndrome de Down a la joven de 21 años que lo había gestado mientras se llevaba del país a su hermana gemela sana.

Según el consejo médico de Tailandia, más de un centenar de clínicas privadas se han especializado en la reproducción asistida, por medios que incluyen los vientres de alquiler.

La junta ha prometido estudiar caso por caso los expedientes de cientos de bebés que se habrían quedado bloqueados en Tailandia con sus padres biológicos, muchos de los cuales proceden precisamente de Australia.