La ley de voluntad anticipada debe ser llevada a consulta popular en la elección constitucional más próxima.

Diputados locales propusieron organizar foros de consulta y reuniones públicas de información y audiencia, para conocer la opinión de la ciudadanía tamaulipeca en relación con la necesidad de una Ley Estatal de Voluntad Anticipada y de Derechos de las Personas en Fase Terminal.

El diputado Alfonso de León Perales presentó una iniciativa de punto de acuerdo ante el Congreso del Estado, en la que recomienda llamar a consulta a expertos en medicina, organizaciones sociales y religiosas, así como organismos defensores de los derechos humanos y cualquier persona que pueda aportar información y opiniones atinentes al tema de la eutanasia.

Recordó que el 21 de marzo del 2013, la entonces bancada panista presentó una iniciativa para crear La Ley de Derechos de los Enfermos en Fase Terminal, mientras que el cuatro de abril del mismo año, el diputado priista Reynaldo Garza Elizondo promovió la creación de una Ley de Derechos de las Personas en Fase Terminal.

El 25 de agosto de ese mismo año, las Comisiones de Salud y Estudios Legislativos declararon improcedentes ambas iniciativas, bajo el siguiente argumento: "Las Comisiones dictaminadoras consideramos necesario que esta acción legislativa se reserve hasta en tanto se lleven a cabo foros de consulta ciudadana y de reflexión, a fin de allegarse propuestas y opiniones que permitan, en su oportunidad, implementar un proyecto de ley elaborado con la certeza plena de su viabilidad para cumplir eficazmente su propósito".

En base a ese resolutivo, señala de León Perales, de Movimiento Ciudadano, es que su representación parlamentaria está impulsando la realización de una consulta pública, para saber lo que opinan los tamaulipecos en relación con la necesidad de una Ley en la materia, y de encontrarse el consenso necesario, proceder a la emisión de la misma.

Dijo que otras entidades del país, como el Distrito Federal, ya cuentan con la Ley de Voluntad Anticipada, donde se define la "voluntad anticipada" como "La decisión personal de ser sometido o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos, que pretendan prolongar la vida cuando se encuentre en etapa terminal y por razones médicas sea imposible mantenerla de manera natural, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona".

Algunos beneficios de una Ley de Voluntad Anticipada son: respalda el derecho del paciente a decidir sobre los cuidados que recibirá en la última etapa de su vida; permite que los familiares y el personal de salud se enfoquen en la mejor atención disponible para el paciente, y ayuda a disminuir costos de atención hospitalaria para el paciente y sus familiares.

También ayuda a reducir el desgaste de familiares y cuidadores, y el enfermo tiene la posibilidad de morir en el lugar que más convenga, que puede ser el hospital o casa, recibiendo la mejor atención disponible.

De León Perales dijo que, por otra parte, "hoy día existen concepciones diversas y encontradas, acerca de cuál debe ser el alcance o límite natural, jurídico, ético, científico o moral del ejercicio del derecho humano a la vida hasta sus últimas consecuencias".

Y añadió: "el asunto cobra trascendencia, sobre todo en aquellos casos en que existe ya un pronóstico de enfermedad incurable, progresiva y mortal, a corto o muy corto plazo de las personas".