Los adultos mayores son un tesoro lleno de sabiduría y deben ser cuidados y tratados con respeto y dignidad por sus familias y la sociedad en general.
El *Senado de la República* aprobó este jueves un dictamen que reforma
la *Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores*, con la
finalidad de garantizar a las personas de la tercera edad una vida libre
de maltrato.
En el documento se señala que en *México*, 18.6% de adultos mayores
sufren algún tipo de maltrato, abuso familiar o abandono por parte de
sus familiares más cercanos.
Aunado a ello, se estima que las personas adultas mayores que padecen
algún tipo de maltrato no lo denuncian por diversas razones, además de
que desconocen a qué autoridad acudir para presentar sus quejas o debido
a que su condición físico-cognitiva no les permite levantar la demanda
correspondiente.
Al respecto, la senadora *Margarita Flores Sánchez*, comentó que la
erradicación del maltrato a las personas de la tercera edad debe ser una
política que impulse el Estado y que se refleje en todos los aspectos de
la convivencia social.
La senadora del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, *Lorena Cuéllar Cisneros*, expresó que la transformación
demográfica traerá consigo un número más alto de adultos mayores, por lo
que el Estado tendrá que contar con un marco jurídico que garantice el
goce de una vejez plena, digna e integral.
Que Conadis asesore jurídicamente a personas con discapacidad
Posteriormente, los senadores aprobaron un dictamen para establecer que
el *Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas*
(*Conadis*) pueda asesorar jurídicamente y coadyuvar con las autoridades
competentes en los supuestos de incumplimiento, transgresión de normas o
comisión de infracciones, referentes a la atención de este sector de la
población.
En el dictamen, que reforma la *Ley General para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad*, se destaca que esta medida complementará las
acciones iniciadas por la violación de algún derecho y apoyará a la
autoridad a supervisar que las resoluciones salvaguarden íntegramente
los derechos de los individuos con discapacidad
